Jurisprudencia Destacada Año 2019 N5

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 5 DE 2019

 

URBANISMO – OBRAS ESTRUCTURALES  

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Garfe Yusari, Elena y otros c/ Ilustre Municipalidad de Providencia

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – AUTORIZACIONES MUNICIPALES – CONDOMINIO – ORDEN DE DEMOLICION – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La sentencia impugnada infringe el inciso 1° del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en relación con el artículo 5.1.2 de su Ordenanza General, al desconocer que la autoridad administrativa debía autorizar las obras realizadas, puesto que siendo uno de los supuestos fácticos de la demolición ordenada por el municipio, la realización de obras que tuvieron por objeto la fusión de un bien de dominio común, esto es, el subterráneo, con el departamento de uno de los copropietarios de la edificación, no resulta posible que se les exonere del permiso que deben solicitar ante la autoridad administrativa.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la municipalidad reclamada en contra de la sentencia que acogió el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la orden de demolición de las obras ejecutadas sin permiso municipal. Al respecto, la sentencia recurrida infringió el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en relación con el artículo 5.1.2 de su Ordenanza General, al desconocer que la autoridad administrativa debía autorizar las obras que tienen por finalidad la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, toda vez que en el caso concreto siendo uno de los supuestos fácticos de la demolición ordenada por el municipio, la realización de obras que tuvieron por objeto la fusión de un bien de dominio común, esto es, el subterráneo, con el departamento de uno de los copropietarios de la edificación, no resulta posible que se les exonere del permiso que deben solicitar ante la autoridad administrativa. En efecto, los términos del artículo 5.1.2 de la mencionada normativa urbanística son claros al establecer que el mentado permiso no es necesario, entre otras razones, cuando las obras al interior de una vivienda no son estructurales, de manera que al poseer dicha cualidad, la solicitud de la autorización respectiva, es ineludible para el propietario del inmueble. En el caso, a pesar de haberse constatado por el Departamento de Catastro e Inspección de la Dirección de Obras, la realización de obras que permiten una fusión entre un bien de dominio común y la unidad de uno de los copropietarios, sin más, es considerada por los jueces del grado, como obras que pretenden aprovechar de mejor manera el espacio interior del inmueble, sin alteración de su superficie y, como tal, exentas del permiso del municipio respectivo, en tanto no son obras que revistan la calidad de estructurales.

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PARALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS – DESCUENTO EN LAS REMUNERACIONES 

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Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal La Florida c/ Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida

Voces: RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PUBLICOS – ATENCION DE SALUD MUNICIPAL – DESCUENTO EN LAS REMUNERACIONES – SUMARIO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Para proceder al descuento de remuneraciones contemplado en el artículo 69 de la Ley Nº 18.883, no es indispensable la tramitación previa de una investigación sumaria o sumario administrativo, pero sí resulta necesaria la aplicación de un procedimiento objetivo que permita comprobar de manera fehaciente y con un alto grado de certeza, la inasistencia o el no desempeño efectivo de las funciones propias del cargo, lo que sólo resulta posible si se determina con precisión la identidad de cada uno de los funcionarios involucrados, así como el tiempo efectivamente no trabajado y la ausencia de justificación en los términos del señalado artículo.

Doctrina:

1.- Corresponde confirmar la sentencia apelada y rechazar el recurso de protección deducido por la Asociación de Funcionarios en contra de la Corporación Municipal por el acto consistente en los descuentos en las remuneraciones de los funcionarios que participaron en una movilización. Lo anterior, por cuanto, para proceder al descuento de remuneraciones contemplado en el artículo 69 de la Ley Nº 18.883, no es indispensable la tramitación previa de una investigación sumaria o sumario administrativo, pero sí resulta necesaria la aplicación de un procedimiento objetivo que permita comprobar de manera fehaciente y con un alto grado de certeza, la inasistencia o el no desempeño efectivo de las funciones propias del cargo, lo que sólo resulta posible si se determina con precisión la identidad de cada uno de los funcionarios involucrados, así como el tiempo efectivamente no trabajado y la ausencia de justificación en los términos del señalado artículo 69 de la ley Nº 18.883. En la especie, la orden de realizar los descuentos en las planillas de remuneraciones de los recurrentes por el día no trabajado, no es ilegal, toda vez que individualiza detalladamente a los trabajadores que el día de la paralización no desempeñaron en forma efectiva las funciones propias del cargo, pese a haber marcado sus respectivas tarjetas al inicio y término de la jornada laboral, y establece con precisión el tiempo de la no prestación de los servicios, así como la circunstancia de no encontrarse los trabajadores en alguna de las situaciones de excepción contempladas en el inciso primero del artículo 69 de la Ley Nº 18.883; por último, se cumple en la especie con el requisito formal de haberse requerido el descuento por parte de los jefes inmediatos de los Centros de Salud Familiar en los que prestan servicio los trabajadores en cuyo favor se interpuso la acción constitucional.

2.- La actuación recurrida no resulta arbitraria pues no obedece al mero capricho ni es la consecuencia de un arrebato o una actuación irracional de la recurrida, sino que por el contrario se circunscribe a dar cumplimiento al artículo 69 del Estatuto Administrativo, en relación con el artículo 58, letras a) y d), del mismo texto legal, y a los dictámenes de la Contraloría General de la República sobre el particular.

3.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección, por cuanto las circunstancias que motivaron la medida cuestionada no consisten en el incumplimiento de la obligación de los recurrentes de asistir a su jornada de trabajo, sino que en la paralización de actividades con ocasión de una manifestación de mayor envergadura convocada por diversas organizaciones en el área de la salud pública. De este modo, los descuentos realizados por la Corporación recurrida revisten una manifiesta antijuridicidad, puesto que no hubo una indagación previa a fin de determinar la identidad precisa de aquellos que tuvieron participación en los hechos denunciados en el recurso de protección, en cuya resolución firme y una vez afinada se basaran los descuentos a sus remuneraciones, debiéndose haber dilucidado los hechos que originaron la sanción a través de la instrucción de una investigación en la que se determinaran completamente las identidades de los involucrados y los hechos constitutivos de la infracción y de aquellos elementos que agraven o mitiguen la falta cometida o que los eximieran de responsabilidad, en su caso. Así con tal omision´ aparece claro que el servicio recurrido vulnero ´ la garantía del Nro. 24 del articulo´ 19 de la Constitucion´ Politica´ de la Republica,´ desde que se privo´ a los recurrentes de una parte de sus remuneraciones al atribuirseles´ una presunta responsabilidad administrativa que no fue previamente establecida mediante una completa investigacion´ disciplinaria.

 

 

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS – HORARIO DE FUNCIONAMIENTO  

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Sociedad Gastronómica Santiago SpA c/ Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – DECRETO ALCALDICIO – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Novena

Producto: Municipalidades – Microjuris

El artículo 21 de la Ley 19.925 solo contempla la posibilidad de reducción horaria del funcionamiento de expendios de bebidas alcohólicas, que sean consumidas en el mismo local, de forma excepcional y según las características y necesidades de las distintas zonas de la comuna o agrupación de comunas, y no como una atribución facultativa del Alcalde. Por tanto, es ilegal el decreto alcaldicio que reduce dos horas del horario señalado aludiendo genéricamente a la tranquilidad y sana convivencia de los vecinos, toda vez que ese mismo supuesto es el que ya se consideró como sustrato para la dictación de la Ley Nº 19.925.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra del decreto alcaldicio que redujo los horarios de funcionamiento de los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas de la recurrente. Esto, dado que, con esta decisión, el Alcalde recurrido hace uso de una facultad discrecional que la ley no le ha otorgado para reducir de manera arbitraria, al carecer de motivos, los horarios de funcionamiento de los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas de la recurrente. Es más, de la letra c) del Decreto impugnado, en que se hace una alusión genérica a una afectación a la normal tranquilidad de los habitantes y vecinos provocadas por el funcionamiento y concurrencia de los consumidores a diversos establecimientos comerciales que expenden bebidas alcohólicas el lugar, alterando con ello la sana convivencia y normal desarrollo de vidas, cuestión que califica de pública y notoria, tanto para las autoridades como para los dueños de los establecimientos comerciales, sin explicitar de qué forma ello se ha producido o materializado en la práctica, sin que puedan establecerse tampoco de la documentación acompañada la efectividad de tal aseveración.

2.- El artículo 21 de la Ley 19.925, señala como regla general horaria para el tipo de establecimientos comerciales como los de la recurrente, su funcionamiento hasta las 04:00 horas, y determina la posibilidad de reducción, como una regla excepcional que se decrete de acuerdo a las características y necesidades de las distintas zonas de la comuna o agrupación de comunas. Así, se advierte que no se trata de una facultad discrecional de la que pueda hacer uso de manera automática el respectivo Alcalde, sino que se trata de un acto que debe estar debidamente fundado, además de contar con el consentimiento motivado del respectivo Concejo Municipal. Por tanto, la referencia en el Decreto impugnado, respecto de la tranquilidad y sana convivencia de los vecinos, en ningún caso permite cumplir tal exigencia normativa, toda vez que ese mismo supuesto es el que ya se consideró como sustrato para la dictación de la Ley Nº 19.925.

3.- No aparece el debido fundamento de la medida de reducción horaria en las Actas de Sesiones del Consejo en relación a la exigencia legal, desde que ni el Director Jurídico ni el Alcalde en la sesión se refirieron a algún caso concreto, lo que no se complementa en el acto reclamado o en el Acta de las sesiones del Concejo que supuestamente sirvieron de fundamento a aquél, siendo que los únicos partes y denuncias de establecimientos comerciales del sector lo habían sido en contra de un teatro, que sólo tiene patente de turismo y bar, y ello debido a no contar con recintos cerrados que aíslen el ruido producido.

4.- En la creación del Decreto impugnado, no se cumplió con el mandato del artículo 8 de la Ley 19.925, en atención a que no precedió una solicitud a Carabineros de Chile, no existiendo antecedente que compruebe la existencia del mismo. Además de vulnerarse, el artículo 50 de la Ley 19.880, al darle a la Ordenanza aprobada un carácter indefinido, incumpliendo con ello el acuerdo expreso del propio Concejo Municipal que le sirvió de antecedente, ya que lo aprobado fue que su extensión sería solo por seis meses conforme se advierte de las intervenciones de los Concejales, lo que no fue respetado por el mismo acto.

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ARANCELES SOBRE CONCESIONES MUNICIPALES 

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Nuñez Urrutia, Paulina y otros c/ Ilustre Municipalidad de Antofagasta

Voces: RECURSO DE PROTECCION – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – CEMENTERIOS – CONCESION ADMINISTRATIVA – PERMISOS – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La propuesta de modificación y nuevos aranceles para el Cementerio Municipal contenida en el decreto de la ordenanza municipal fue tratada en Sesión Ordinaria y aprobada por el Honorable Concejo Municipal, normativa que junto a esta modificación afecta otros derechos municipales por permisos, concesiones y servicios municipales. Por ello, no se vislumbra el carácter arbitrario, caprichoso o irracional con que pretenden los recurrentes sea calificado el acto administrativo impugnado, toda vez que se basa en informes técnicos, tiene por objeto dar sustentabilidad al Cementerio Municipal y fue tratado en dos sesiones de Concejo, además de una reunión de trabajo por parte de los ediles destinada sólo al análisis y discusión de la propuesta de la Administración del Cementerio Municipal.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por emitir una propuesta de modificación y nuevos aranceles para el Cementerio, previo procedimiento administrativo legalmente tramitado. Esto, dado que, la propuesta de modificación y nuevos aranceles para el Cementerio Municipal, fue tratada en la Sesión Ordinaria y aprobada por el H. Concejo Municipal según da cuenta Certificado del Sr. Secretario Municipal, citado en los vistos de la Ordenanza Municipal, normativa que junto a esta modificación afecta otros derechos municipales por permisos, concesiones y servicios municipales. Por ello, no se vislumbra el carácter arbitrario, caprichoso o irracional con que pretenden los recurrentes sea calificado el acto administrativo impugnado, toda vez que se basa en informes técnicos, tiene por objeto dar sustentabilidad al Cementerio Municipal y fue tratado en dos sesiones de Concejo Municipal, además de una reunión de trabajo por parte de los ediles destinada sólo al análisis y discusión de la propuesta de la Administración del Cementerio Municipal.

2.- En relación a la vulneración de derechos constitucionales alegada por los recurrentes, referida en primer lugar, a la igualdad ante la ley, en cuanto sería afectada pues existirían diferencias arbitrarias de arancel entre quienes habrían hecho uso de los servicios del cementerio antes de la modificación, en relación a aquellos que harían uso luego de su entrada en vigencia. Se concluye que la citada argumentación carece de todo sustento, en primer término, porque no se vislumbra cómo una normativa que por definición tiene el carácter de general podría establecer diferencias arbitrarias, y en segundo término, porque acoger la citada argumentación involucraría que toda modificación de arancel, impuesto, o el establecimiento de nuevos tributos afectaría la garantía 3- Respecto del derecho de propiedad, los recurrentes señalan que se afectaría el dominio sobre los nichos, por cuanto involucra el pago de derechos municipales que inicialmente no se habrían tenido contemplados, incluso pudiendo involucrar la pérdida de éste por el no pago de los nuevos valores. Dicha alegación también carece de sustento, pues siguiendo la argumentación anterior, involucraría que cualquier nuevo tributo o su aumento importaría afectar el derecho de dominio sobre el bien gravado, como por ejemplo, un bien raíz por el aumento de las contribuciones, o un vehículo por el aumento del valor del permiso de circulación, alegación que también es desestimada.

 

TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONVENIO 

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Ilustre Municipalidad de Calbuco c/ Sename Los Lagos

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – SERVICIO NACIONAL DE MENORES – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – RESOLUCIÓN ANTICIPADA – HOGAR DE MENORES – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO – MEDIDAS DE SEGURIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Puerto Montt

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La decisión de cierre del Centro Residencial de la Municipalidad por la supuesta terminación anticipada de los convenios, sin perjuicio de tratarse de una materia propia de un procedimiento de lato conocimiento o bien de carácter administrativo y no de un recurso de protección, no resulta, además ilegal ni arbitraria, pues se justifica en las competencias públicas que la Ley ha radicado, tanto en el Servicio Nacional de Menores como en los Tribunales de Justicia con competencia en materias de Familia. Lo anterior, sobre todo, habiéndose verificado falencias graves en el funcionamiento del Centro Residencial que han puesto en peligro la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes que allí han residido atendidas las inidóneas condiciones de habitabilidad que han sido constatadas en inobservancia al interés superior de aquéllos.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por la municipalidad en contra de la decisión del Servicio Nacional de Menores de cierre del Centro Residencial de la municipalidad por la supuesta terminación anticipada de los convenios sobre programa de intervención especializado en intervención residencial y residencias para mayores con programa especializado adosado. Lo anterior, por cuanto, se justifica en las competencias públicas que la Ley ha radicado, tanto en el Servicio Nacional de Menores como en los Tribunales de Justicia con competencia en materias de Familia. Lo anterior, sobre todo, habiéndose verificado falencias graves en el funcionamiento del Centro Residencial que han puesto en peligro la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes que allí han residido atendidas las inidóneas condiciones de habitabilidad que han sido constatadas en inobservancia al interés superior de aquéllos; no sólo por el Servicio Nacional de Menores, sino también, por el Tribunal. En efecto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, consiste en la consideración primordial de respeto y protección especial que ellos gozan para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, para estar completamente preparados para una vida independiente con participación en la sociedad y de ser educados en los ideales y espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, basado en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

2.- La acción de protección no resulta idónea para la defensa de cualquier interés, sino sólo para defender y garantizar frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales que requieran una excepcional e inmediata protección, frente a la concurrencia de una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial indubitado producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de otro; lo anterior conlleva a concluir que los hechos y reclamaciones contenidas en el recurso son propias de resolver en un procedimiento de lato conocimiento, o bien de carácter administrativo, desde que la controversia principal nace de la validez o no de la terminación anticipada de un convenio celebrado entre las partes litigantes, que permitía el funcionamiento de la Casa Residencial antes indicada, decisión que la recurrente cuestiona tanto en su validez formal, por una presunta falta de solemnidades en su ejecución y plazo, como en cuanto al debido cumplimiento de las obligaciones que se estipularon en dicho Convenio, todo lo requiere de un proceso de prueba complejo, que no es propio a la naturaleza de la acción cautelar excepcional.

 

 

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