JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 6 DE 2019

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 6 DE 2019

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL  

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Carache c/ Ilustre Municipalidad de Villa Alemana

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO – MÉDICOS – BUENA FE – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso

Sala: Tercera

Producto: Laboral

Es la propia Municipalidad demandada quién vulneró lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 18.883, puesto que celebró no uno, sino tres contratos de trabajo sucesivos con la demandante, sometiéndose a sí misma a un régimen que le estaba vedado acordar para los médicos cirujanos que se desempeñan en los gabinetes psicotécnicos. Esta falta genera efectos administrativos, pero no puede afectar los derechos de la particular que, de buena fe, y como parte más débil de la relación, contrata con ella, correspondiendo el reconocimiento de la relación laboral como tal.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que declaró la existencia de una relación laboral, desestimando la existencia de una vulneración a los derechos fundamentales de la trabajadora. Esto, dado que la alegación de la recurrente no se refiere realmente a la vulneración de ninguna ley, pues lo que impugna es la concurrencia de hipótesis o supuestos fácticos considerados en las disposiciones señaladas, y no defectos en su interpretación o aplicación. Todo se reduce, en suma, a sostener que la demandada no ha probado ciertos hechos que, para la actora, debía probar. Ello sin reparar, además, en que el fallo establece que no se acreditó el hostigamiento que refiere la demanda, sino que se desprende de la prueba que no hubo tal, por lo que tal conclusión, evidentemente fáctica, es inamovible para la Corte.

2.- La causal de nulidad contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo no puede invocarse, ni aun de forma subsidiaria, si se esgrime luego de la causal del artículo 477 , pues esta última supone aceptar todos los hechos establecidos por el fallo atacado, como base para reclamar el error jurídico. Si se ha aceptado todo el contenido fáctico no puede luego decirse que ya no se le admite, lo que inevitablemente ocurre al pretenderse esgrimir la segunda causal. La lógica imponía obrar a la inversa: primero atacar las conclusiones fácticas, suponiendo error en la valoración de la prueba, y en subsidio, para el caso de que la Corte mantuviera esas premisas de hecho, reclamar que el derecho aplicado sobre ellas había sido, de todos modos, equivocadamente dicho o interpretado.

3.- La reclama la nulidad de la sentencia invocando la causal de infracción de ley,al haber fallado la juez supuestamente contra texto legal expreso al determinar que el procedimiento administrativo anulatorio iniciado por la Municipalidad, respecto de la contratación de la demandante, no impide la aplicación de la normativa laboral. Al respecto, no fue la Sra. Juez quien vulneró el artículo 3 de la Ley 18.883, sino la propia Municipalidad demandada, puesto que celebró no uno, sino tres contratos de trabajo sucesivos con la demandante, sometiéndose a sí misma a un régimen que le estaba vedado acordar para el servicio de que se trataba, falta que ciertamente genera efectos administrativos, pero que no puede afectar los derechos de la particular que de buena fe, y como parte más débil de la relación, contrata con ella.

4.- No existe vulneración del artículo 53 de la Ley 19.880, porque lo que se pretende anular no es un acto administrativo, sino tres contratos de trabajo. Por cierto que hay consecuencias jurídico-administrativas derivadas de la falta cometida por quien celebrara esos contratos a nombre de la Corporación. Por cierto, además, que puede predicarse la nulidad de lo obrado fuera de las facultades legalmente conferidas a una autoridad, pero nada de ello afecta los derechos laborales adquiridos por una contratante que no es administración, sino particular, y que obra de buena fe. La potestad invalidatoria ahora esgrimida se refiere a actos administrativos, no a contratos laborales. El Municipio no puede alegar desconocimiento de una normativa que le afecta directamente, de manera tal que, si decide infringirla para celebrar contratos laborales con una particular, no es admisible que invoque luego esa falta en su favor, para poner término al contrato de trabajo sin sujetarse a las reglas de protección que la normativa acuerda a los trabajadores.

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PERMISO DE CIRCULACIÓN – COBRO – PRESCRIPCIÓN  

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Alvarado Ojeda, Sandra c/ Ilustre Municipalidad de Aysén

Voces: DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – IMPUESTOS MUNICIPALES – PERMISO DE CIRCULACIÓN – PRESCRIPCION – CÓMPUTO DEL PLAZO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Coyhaique

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris – Tributario

Tratándose el pago del permiso de circulación, de un impuesto municipal y atendido lo dispuesto en los artículos 12 y 21 de la ley de rentas municipales y 2521 del Código Civil, se concluye que habiendo transcurrido más de tres años para el cobro de estos derechos, corresponde acoger la demanda y declarar prescrita la acción para perseguir su cobro.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que no dio lugar a la demanda declarativa de prescripción extintiva de impuestos derivados del permiso de circulación asociados al vehículo de la demandante, devengados entre el período comprendido entre los años 2010 a 2015. Al respecto, Tratándose el pago del permiso de circulación, de un impuesto municipal y atendido lo dispuesto en los artículos 12 y 21 de la ley de rentas municipales y 2521 del Código Civil, se concluye que habiendo transcurrido más de tres años para el cobro de estos derechos, corresponde acoger la demanda y declarar prescrita la acción para perseguir su cobro.

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AMBIENTAL – CONTAMINACIÓN – CABLEADO ELÉCTRICO  

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Rojas c/ Director de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Puerto Montt

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – RESIDUOS PELIGROSOS – DESPERDICIOS Y BASURAS – ELECTRICIDAD – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Puerto Montt

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La Municipalidad recurrida, efectivamente ha incurrido en una conducta ilegal al omitir adoptar acciones para disponer el retiro del cableado en desuso, a pesar que cuenta con atribuciones para aquello, las que se relacionan con la mantención del aseo dentro del territorio de la comuna y de las labores de fiscalización y deber de velar por el medio ambiente. En efecto, resulta insuficiente la defensa invocada por la recurrida por cuanto sin desconocer su obligación legal, aduce haber adoptado las acciones necesarias para evitar la situación denunciada, pero ellas datan de tres años atrás, perdiendo toda actualidad; y que por otra parte, si bien consta el oficio del Administrador Municipal que busca reactivar las acciones desplegadas previamente, pero por su data, ello no es sino reactivo a la interposición de la acción de protección.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto en contra de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad al permitir por inactividad la existencia de un «enjambre de cables» en desuso. Al respecto, aun cuando la recurrida ha acreditado haber llevado a cabo un plan de remoción de cableado basura durante el año 2015, logrando la eliminación de cerca de tres toneladas de cables, lo cierto es que ello no permite tener por establecida la actualidad de las acciones desplegadas por la denunciada para la consecución del fin que se le reprocha, máxime si en años posteriores se ha manifestado la voluntad de la Administración central por reactivar y mantener las medidas necesarias para evitar situaciones como las que se invocan como fundamento del recurso. Un reconocimiento tácito de lo anterior es el hecho que seis días después de interpuesta la acción de protección, el Administrador Municipal dicte un acto administrativo tendiente a reactivar las mesas de trabajo que persiguen obtener la remoción de los cables en desuso en la superficie comunal. Ello, si bien es una acción que altera el statu quo denunciado como omisión ilegal o arbitraria, puede entenderse que es una reacción a la denuncia incoada, lo que no es sino un reconocimiento de la recurrida de la omisión que se le reprocha. Así, la Municipalidad recurrida, efectivamente ha incurrido en una conducta ilegal al omitir adoptar acciones para disponer el retiro del cableado en desuso, a pesar que cuenta con atribuciones para aquello, las que se relacionan con la mantención del aseo dentro del territorio de la comuna y de las labores de fiscalización y deber de velar por el medio ambiente conculcando la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental.

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NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO – ESTATUTO DOCENTE  

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Varas Acosta, Heber c/ Ilustre Municipalidad de Lonquimay

Voces: MUNICIPALIDADES – NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO – DECRETO ALCALDICIO – DESPIDO – ESTATUTO DOCENTE – SUMARIO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: s/ Nulidad de derecho público – Despido

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Debe acogerse la acción de nulidad de derecho público respecto del decreto alcaldicio que resolvió despedir al docente, desde que ha resultado debidamente acreditado que en, su dictación, el municipio demandado no observó la forma que prescriba la ley, especialmente los artículos 72 del Estatuto docente y 134 de la Ley 18.883, para tal actuación. Esto, pues omitió sustanciar previamente un sumario administrativo encaminado a establecer si efectivamente el profesor demandante incurrió en la conducta que se le reprocha.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación interpuesto por el demandante en contra de la sentencia que revocó el fallo de primera instancia, desestimando la acción de nulidad de derecho público. Esto, dado que la sentencia ha infringido lo dispuesto en el artículo 72, en su letra c) y en su inciso final , de la Ley N° 19.070 y el artículo 134 de la Ley N° 18.883, que rigen en el caso en examen, respecto de un docente despedido de un liceo municipal. Esto, pues en lugar de exigir la sustanciación de un sumario administrativo como paso previo a la desvinculación del actor, los jueces estimaron que dicha exigencia no era aplicable en la especie, vulnerando de esta manera los derechos del demandante, quien se vio privado de su empleo, en circunstancias que no existen razones que avalen semejante determinación de la Municipalidad correspondiendo acceder a la acción de nulidad de derecho público respecto del decreto alcaldicio impugnado.

2.- Resulta evidente que la ley estima indispensable, en el caso en examen, que la responsabilidad del profesor respectivo quede asentada de una manera indiscutible, y el modo más idóneo para lograr tal fin está constituido por una pesquisa que se sujete a los parámetros propios de un sumario administrativo, considerando que la investigación sumaria ha sido establecida con el objeto de indagar en torno a la ocurrencia de hechos de menor entidad, mientras que en la especie se trata de sucesos de la suficiente gravedad como para justificar el término de un vínculo laboral.

3.- Debe desestimarse la defensa de la demandada consistente en que la causal de término en estudio requiere únicamente la acreditación del incumplimiento y no supone una investigación o un sumario administrativo previo. Aun cuando la anotada exigencia no se encuentra formulada en los términos explícitos y manifiestos que espera la Municipalidad, tal pretensión no permite desvirtuar la existencia del requisito en comento, puesto que, para arribar a una conclusión como la descrita se debería entender que el legislador, de manera contradictoria, faculta al fiscal que instruye el sumario para «suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma municipalidad y ciudad» al profesor inculpado, a la vez que descarta la realización de semejante pesquisa a su respecto. Una conclusión de ese tipo conduce a un resultado absurdo e incoherente, que no se ajusta a la pretensión de correspondencia y armonía que se debe esperar de todo ordenamiento jurídico (De la sentencia de reemplazo).

4.- Si bien la terminación de la relación laboral existente entre un profesor y el municipio para el que se desempeña puede obedecer al incumplimiento grave de las obligaciones que a aquél impone su función, en tal caso la Municipalidad se encuentra obligada, por así exigirlo la disposición que regula esta terminación, a instruir un sumario administrativo a fin de establecer, como consecuencia de las indagaciones que le son propias, si el profesional de cuya desvinculación se trata incurrió, o no, en la inobservancia que se le imputa (De la sentencia de reemplazo).

5.- En la especie, se ha acreditado la concurrencia en la especie de los supuestos de la nulidad de derecho público establecida en el inciso final del artículo 7 de la Constitución Política de la República, como sanción a la vulneración de lo estatuido en los incisos primero y segundo de la misma disposición, con respecto a la resolución impugnada, desde que ha resultado debidamente acreditado que en su dictación el municipio demandado no observó «la forma que prescriba la ley» para tal actuación, pues omitió sustanciar previamente un sumario administrativo encaminado a establecer si efectivamente el profesor demandante incurrió en la inconducta que se le reprocha, motivo suficiente para acoger la acción intentada. (De la sentencia de reemplazo).

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PERMISO MUNICIPAL – COMERCIO AMBULANTE  

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Aranda c/ Ilustre Municipalidad de Santiago

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – PATENTE MUNICIPAL – VENTA AMBULANTE – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La municipalidad recurrida, enfrentada a permisos igualmente precarios, que deben ser renovados semestralmente, ha optado por autorizar a ciertas personas para vender comestibles en la Plaza de Armas y en su entorno más cercano, mientras que ha prohibido semejante actividad a otras, sin que se advierta una razón que justifique semejante proceder. De este modo, la recurrida, en cuanto aplica estrictamente la normativa que regula la situación a un grupo de personas, entre las que se incluye la actora, prohibiéndoles vender alimentos en dicho sector, mientras que autoriza expresamente a otros para realizar la misma labor en idéntico ámbito territorial es, evidentemente, discriminatorio y, por lo mismo, resulta arbitrario, desde que aparece como fruto del mero capricho de quien adopta la decisión censurada.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido por la comerciante contra la sentencia que rechazó el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por su resolución que le prohíbe ejercer comercio ambulante en la Plaza de Armas de la municipalidad. Esto, dado que, la recurrida, enfrentada a permisos igualmente precarios, que deben ser renovados semestralmente, ha optado por autorizar a ciertas personas para vender comestibles en la Plaza de Armas y en su entorno más cercano, mientras que ha prohibido semejante actividad a otras, sin que se advierta una razón que justifique semejante proceder, máxime si se considera que todos los beneficiarios de tales permisos se hallan en la misma situación, pues sus respectivas autorizaciones pierden eficacia al cabo de un determinado período de tiempo, momento en el cual cada uno de ellos debe solicitar al municipio que le otorgue, para un nuevo y distinto período, un permiso diverso del anterior. Semejante proceder de la recurrida, en cuanto aplica estrictamente la normativa que regula la situación en examen a un grupo de personas, entre las que se incluye la actora, prohibiéndoles vender alimentos en el sector tantas veces citado, mientras que autoriza expresamente a otros para realizar la misma labor en idéntico ámbito territorial es, evidentemente, discriminatorio y, por lo mismo, resulta arbitrario, desde que aparece como fruto del mero capricho de quien adopta la decisión censurada.

2.- La actuación de la entidad recurrida conculca el derecho que la recurrente tiene asegurado, de acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a un trato igualitario ante la ley, puesto que, sin fundamento que lo justifique, se le ha impedido ejercer su actividad comercial en la Plaza de Armas de la comuna, mientras que otras personas, beneficiarias de permisos precarios como el de la actora, han sido autorizadas expresamente por la recurrida pare ejercer una actividad económica similar en el mismo entorno público.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL  

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González c/ Ilustre Municipalidad de Maipú

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE DEPENDENCIA – RELACION DE SUBORDINACION – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Décima

Producto: Municipalidades – Laboral

La actora se desempeñaba en la Dirección de Desarrollo Comunitario, servicio de carácter permanente de todo municipio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Además, dentro de dicha unidad la actora ejecutaba labores administrativas y de atención de público en la oficina del adulto mayor, las cuales no pueden ser calificadas de accidentales o de cometidos específicos adscritos a un programa determinado, por lo que no quedan regidos por el artículo 4 de la Ley 18.883, concluyéndose que, por tratarse de una relación de carácter laboral, se rige en su integridad por el Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió parcialmente la demanda declarando la existencia de la relación laboral. Lo anterior, por cuanto, no incurre en error la sentencia impugnada, toda vez que la actora se desempeñaba en la Dirección de Desarrollo Comunitario, servicio de carácter permanente de todo municipio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En segundo lugar, dentro de dicha unidad la actora ejecutaba labores administrativas y de atención de público en la oficina del adulto mayor, las cuales no pueden ser calificadas de accidentales o de cometidos específicos adscritos a un programa determinado, por lo que no quedan regidos por el artículo 4 de la Ley 18.883. Así, no estando la situación regida por un estatuto especial, no cabe otra opción para calificar la relación existente entre la actora y la demandada, como una de carácter laboral regida en su integridad por el Código del Trabajo.

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TUTELA LABORAL  

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Ramírez c/ Ilustre Municipalidad de Chillán

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – ACOSO LABORAL – PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PÚBLICA Y HONRA DE LA PERSONA Y LA FAMILIA – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DE LA DEMANDA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

A pesar de comprobarse que el clima de trabajo en el grupo donde se desempeñaba el actor no era óptimo, no logró acreditar la existencia de maltratos reiterados que se encuentren tipificados como acoso laboral por el artículo 2º del Código del Trabajo. Así, los testigos declararon que el traslado de los muebles de la oficina del actor se debió a trabajos de pintura en el lugar y el supuesto aislamiento por parte de una de sus compañeras de trabajo, se debió a un conflicto previo que tuvo lugar entre ellos.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela por vulneración del derecho fundamental a la integridad psíquica del actor. Esto, dado que la falta de corroboración de los hechos enunciados como indicadores de acoso con los elementos de convicción incorporados en el juicio y dada la entidad de los mismos, no es posible formarse convicción acerca de la presencia de actos de acoso u hostigamiento en los términos definidos en la ley. A lo anterior se debe agregar que los antecedentes del juicio, dan cuenta de un clima laboral lejos de ser óptimo en el grupo multidisciplinario de trabajo en el cual se desempeñaba el demandante. De esta manera, y considerando además la insuficiencia de los antecedentes para derivar una situación prolongada de hostigamiento, no puede concluirse en la especie, una situación acoso laboral en los términos establecidos por la ley.

2.- Respecto de la alegación de desalojo del actor de su oficina, esta situación aparece en parte corroborada por la declaración de uno de los testigos quien manifestó que no es usual hallar la oficina desocupada de un día para otro, sin embargo no explicó con precisión, si se trató de una situación permanente, pues los testigos de la demandada, declararon que ello tuvo lugar cuando pintaron la oficina, precisando la última de las nombradas, que todos los muebles de la oficina ocupada por el equipo multidisciplinario fueron retirados del lugar.

3.- En lo concerniente a la situación de aislamiento del denunciante, cabe observar que no es posible formar convicción de que se esté en presencia de actos de esta naturaleza. Si bien una de las testigos, admite que no le dirigía la palabra al actor, justifica su actitud en una circunstancia en la cual el actor habría empujado una silla en contra de su escritorio que la golpeó en forma leve. El hecho referido es corroborado por la orientadora del colegio, a quien la testigo relató el suceso, quien sostiene que se llegó a esta situación por falta de diálogo y comunicación entre los miembros del equipo multidisciplinario. También corrobora el hecho, la prevencionista de riesgo de la institución, quien ordenó el protocolo a seguir de acuerdo a la situación.

4.- Las conductas de acoso y hostigamiento han sido concebidas como conductas constitutivas de agresión por cualquier medio y que se ejercen en forma reiterada. Si se relaciona ésta última característica al resultado mencionado por el artículo 2° del Código del Trabajo, esto es, menoscabo, maltrato o humillación para el afectado, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo, se llega a la conclusión que debe tratarse de varias actuaciones o conductas capaces de causar los efectos recién indicados por su repetición prolongada en el tiempo. Lo dicho permite, por un lado, descartar las actuaciones que tengan el carácter de únicas. Por otro, si el acoso está constituido por pocos actos éstos deben ostentar mayor envergadura y gravedad, bastando prácticamente por sí solos, para ocasionar los efectos ya indicados.

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