Corte Suprema acogió recurso de casación en el fondo contra sentencia que rechazó reclamo de ilegalidad de decreto alcaldicio que declaró desierto proceso de licitación de servicios de recolección de residuos

Recientemente, la Tercera Sala de la Corte Suprema, de forma unánime acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto por una empresa oferente en contra de la sentencia que desechó un reclamo de ilegalidad del decreto alcaldicio que declaró desierto un proceso de licitación por una concesión de Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios y Aseo de Ferias, al no contar con el quórum de dos tercios de parte del Concejo Municipal para aprobar el proceso, toda vez que los sentenciadores yerran al calificar el acto licitatorio de «prestación de servicio» exigiendo un quórum de aprobación especial , toda vez que de la naturaleza jurídica del acto debe entenderse que se trata de una concesión debiendo perfeccionarse con la suscripción de un contrato administrativo.

El máximo tribunal razona en torno a que «una vez despejado lo anterior cabe precisar que la afirmación contenida en la sentencia impugnada respecto que en el caso de autos no se estaría en presencia de una concesión sino que de un contrato de prestación de servicios, es errada, pues la concesión es un contrato administrativo que se rige por sus propias estipulaciones y por normas de derecho público. Lo anterior queda en evidencia pues una vez terminado el proceso de licitación que adjudica la concesión, ésta se perfecciona en todos los casos a través de la suscripción de un contrato administrativo. No obsta a ello la circunstancia de no ser la empresa concesionaria quien directamente cobre una tarifa o tasa a los habitantes de la comuna de Cerro Navia por el retiro de los residuos, ni cobre directamente los derechos de aseo domiciliario, pues lo decisivo aquí es que la empresa presta un servicio público que en principio debería ser proporcionado por la Municipalidad, puesto que conforme con el artículo 3 letra f) de la Ley Nº 18.695 es el ente edilicio quien está a cargo del aseo y ornato de la comuna.Es así como aquella a través de un proceso licitatorio externaliza el servicio, pagando a una empresa -que en este caso bien pudo ser la reclamante-, una determinada cantidad de dinero para que desarrolle tal labor, todo ello conforme las facultades que le otorga el artículo 8° del mencionado cuerpo legal, norma que autoriza a las municipalidades a celebrar contratos y otorgar concesiones para la prestación de determinados servicios municipales o para la administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier título».

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Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – LICITACIÓN PÚBLICA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – SERVICIOS PÚBLICOS – CONCEJO MUNICIPAL – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Cerro Navia s/ Licitaciones – Naturaleza de la contratación

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Atendido que el servicio que se pretendía contratar por la Municipalidad, de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y aseo de ferias de la comuna, aun cuando fuese proveído por un privado, corresponde a un servicio público, el contrato correspondía a una concesión y no a una prestación de servicios. Por lo tanto, el quorum de aprobación del Consejo Municipal exigible era de mayoría absoluta, según lo dispone el artículo 86 de la Ley 18.695, y no el de dos tercios que señala la letra j) del artículo 65 del mismo cuerpo normativo, disposición que fue erradamente aplicada por los jueces de grado.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la reclamante en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad. Esto, dado que los jueces del grado han vulnerado el artículo 151 de la Ley N° 18.695 en relación al artículo 65 letras j) y k) del mismo cuerpo normativo, toda vez que no resultaba procedente declarar desierto el proceso de licitación pública iniciado por la Municipalidad, a causa de no obtener la propuesta de adjudicación, la aprobación de dos tercios del Concejo Municipal y, al haberlo resuelto así, los sentenciadores han alterado las condiciones de aprobación de las concesiones municipales que requieren para su conformidad de la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva y no los dos tercios del Concejo Municipal.

2.- La afirmación contenida en la sentencia impugnada respecto de que no se estaría en presencia de una concesión, sino que, de un contrato de prestación de servicios, es errada, pues la concesión es un contrato administrativo que se rige por sus propias estipulaciones y por normas de derecho público. Lo anterior se reafirma por cuanto, una vez terminado el proceso de licitación que adjudica la concesión, ésta se perfecciona en todos los casos a través de la suscripción de un contrato administrativo. No obsta a ello el que no sea la empresa concesionaria quien directamente cobre una tarifa o tasa a los habitantes de la comuna por el retiro de residuos, ni cobre directamente los derechos de aseo domiciliario, pues lo decisivo aquí es que la empresa presta un servicio público que en principio debería ser proporcionado por la Municipalidad, puesto que conforme con el artículo 3 letra f) de la Ley Nº 18.695 es el ente edilicio quien está a cargo del aseo y ornato de la comuna.

3.- La interpretación de los sentenciadores, calificando al contrato como de prestación de servicios, ha desnaturalizado la licitación pública y el consecuente contrato de concesión, por cuanto se desprende inequívocamente que través del proceso licitatorio en cuestión, se persigue la externalización del servicio público, pagando a una empresa una determinada cantidad de dinero para que desarrolle tal labor, acorde con la facultad legal que autoriza a las municipalidades a celebrar contratos y otorgar concesiones para la prestación de determinados servicios municipales o para la administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier título.

4.- El servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y aseo de ferias de la comuna, responde a lo que doctrinariamente se conoce como un «Servicio Público», puesto que es el Estado o la Municipalidad que decide satisfacer un interés general básico de la sociedad. Tal calidad la conserva sin importar que quien realice en la práctica tal función sea un órgano de la Administración del Estado o un particular. Este último ejecutará el servicio por cuanto el primero habrá delegado el ejercicio de tal función en virtud de una concesión u otra figura jurídica. Lo importante es destacar que la naturaleza jurídica del servicio no cambia por haber sido entregada a manos de los particulares. Lo esencial es la satisfacción del interés general, mediante el procedimiento del servicio público decidido por el Estado, y este interés común, debe primar decisivamente sobre el interés de los particulares.

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