Corte Suprema: funcionarios públicos a contrata pueden denunciar la afectación de derechos constitucionales mediante el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo

Recientemente, la Cuarta Sala de la Corte Suprema, en fallo unánime acogió un recurso unificación de jurisprudencia interpuesto por un grupo de funcionarios a contrata de un hospital, luego que un juzgado del trabajo se declarara incompetente para conocer una denuncia de procedimiento de tutela laboral, y que impugnada la resolución vía recurso de nulidad, éste fuera desestimada por la Corte de Apelaciones respectiva. El máximo tribunal unificó la jurisprudencia contenida en interpretaciones anteriores, en el sentido que los funcionarios públicos a contrata pueden denunciar la afectación de sus derechos constitucionales ocurrida con ocasión de su relación funcionaria mediante el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.

Parra arribar a dicha conclusión, se entiende que «Que, para los fines de asentar la recta exégesis en la materia, debe tenerse presente lo ya resuelto por esta Corte en las sentencias acompañadas al recurso, cuyos razonamientos se comparten.
Al efecto, corresponde señalar que el procedimiento de tutela laboral tiene por objeto la protección de los Derechos Fundamentales de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito.
Los Derechos Fundamentales están reconocidos a toda persona por la Constitución Política, que es jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como a la normativa específica referida a la administración pública.
No se plantea, por tanto, a este respecto una cuestión que deba ser examinada en los términos del inciso segundo del artículo primero del Código del Trabajo. En efecto, este artículo tiene por objeto establecer el ámbito de aplicación del Código del Trabajo en relación con estatutos especiales. Pero esta necesidad de delimitación no surge cuando se trata de Derechos Fundamentales constitucionalmente reconocidos, los que tanto por su naturaleza como por la fuente de su reconocimiento resultan aplicables a todas las personas»…(Considerando séptimo).

Además agrega en su Considerando Octavo: «por su parte, el recurso de protección, como propone la sentencia impugnada, por su naturaleza, sólo permite un conocimiento sumario, con el fin de cautelar, con urgencia y celeridad, conculcaciones concretas de Derechos Fundamentales, esencialmente para garantizar el statu quo proscribiendo la autotutela, pero que dejan a salvo la interposición de una acción de plena cognición para revisar el fondo del asunto debatido, como provee el procedimiento laboral ordinario.
Por otro lado, si bien es posible discernir la existencia de arbitrios administrativos útiles para reclamar de situaciones de discriminación, es palmario que aquellos no ocupan el mismo lugar ni preponderancia que los judiciales en la garantía de los derechos de las personas. Esto es algo que la propia Carta Fundamental reconoce, al garantizar en su artículo 38 que cualquier persona puede reclamar ante los tribunales que determine la ley».

Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación:

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – FUNCIONARIOS PUBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – EXCEPCION DE INCOMPETENCIA – JUZGADOS DEL TRABAJO Y DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO

Partes: Palma y otros c/ Hospital Militar de Santiago s/ Tutela laboral – Funcionarios públicos

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Microjuris – Laboral

Los funcionarios públicos a contrata pueden denunciar la afectación de sus derechos constitucionales ocurrida con ocasión de su relación funcionaria mediante el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra del fallo que acogió la excepción de incompetencia absoluta al estimar que los juzgados de letras del trabajo son incompetentes para conocer de las denuncias que en procedimiento de tutela laboral deduzcan los funcionarios empleados a contrata. Al respecto, yerra la sentencia impugnada, toda vez que los funcionarios públicos a contrata pueden denunciar la afectación de sus derechos constitucionales ocurrida con ocasión de su relación funcionaria mediante el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.

2.- El procedimiento de tutela laboral tiene por objeto la protección de los Derechos Fundamentales de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito. Los Derechos Fundamentales están reconocidos a toda persona por la Constitución Política, que es jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como a la normativa específica referida a la administración pública. No se plantea, por tanto, a este respecto una cuestión que deba ser examinada en los términos del inciso segundo del artículo primero del Código del Trabajo. En efecto, este artículo tiene por objeto establecer el ámbito de aplicación del Código del Trabajo en relación con estatutos especiales. Pero esta necesidad de delimitación no surge cuando se trata de Derechos Fundamentales constitucionalmente reconocidos, los que tanto por su naturaleza como por la fuente de su reconocimiento resultan aplicables a todas las personas.

3.- El procedimiento de tutela laboral se aplica «…a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales». Al respecto, la relación funcionaria es también una relación de índole laboral, pues el inciso tercero del artículo primero del Código del Trabajo denomina en términos genéricos «trabajadores» a los funcionarios públicos. En cuanto a la expresión «normas laborales», esta debe entenderse referida a aquellas que sean aplicables a la relación específica de que se trate.

4.- Si bien la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan recurrir al procedimiento de tutela laboral en ningún caso importa per se la aplicación de normas sustantivas del Código del Trabajo, no hay duda de que los funcionarios a contrata de la Administración del Estado están facultados para utilizar el procedimiento de tutela para denunciar la infracción de sus Derechos Fundamentales sufrida a consecuencia de su relación funcionaria por aplicación de las normas que las regulan.

Consulte sentencia a texto completo

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: