Jurisprudencia Destacada Año 2019 N8

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 8 DE 2019

RECURSO DE NULIDAD – ENFERMEDAD – ACOSO  

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Jara c/ Ilustre Municipalidad de Rengo

Voces: LABORAL – ENFERMEDAD PROFESIONAL – ACOSO SEXUAL – ACOSO LABORAL – DAÑO MORAL – PONDERACIÓN DE LA PRUEBA – SANA CRÍTICA – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades

No constan en la causa medios de prueba que permitan acreditar la existencia de actos constitutivos de acoso sexual o laboral perpetrados en contra de la actora, ni cómo estos habrían devenido en la enfermedad profesional que sufre. En este sentido, no se explica siendo el cargo de la actora de la confianza del Director del colegio municipal, conforme el artículo 34C del Estatuto Docente, haya sido víctima de un presunto acoso laboral, normalmente destinado a expulsarla de su cargo, sin que se le pidiera simplemente la renuncia.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que acogió la acción indemnizatoria del daño moral, por enfermedad profesional. Esto, dado que la sentencia incurre en el vicio contenido en el artículo 478, letra b) del Código del Trabajo por cuanto fueron infringidas las reglas de la sana crítica en la determinación de los hechos. En este sentido, no se hizo un examen de toda la prueba rendida, los considerandos exponen conclusiones de modo genérico, sin analizar el contenido de las declaraciones de testigos recibidas y por qué se le da más credibilidad a unas que a otras, nada se dice del sumario administrativo aportado como prueba, no se observa un examen acucioso de la ficha médica de la actora, que es crucial para la determinación de lo decisorio de la sentencia. En parte alguna se dice que la prueba demuestre una relación de causa a efecto entre la conducta atribuida a la empleadora y el resultado dañoso extrapatrimonial, cuya compensación se ordena. Nada se dice acerca de las bases o pruebas mediante las cuales la sentenciadora de primer grado determina el monto ordenado pagar.

2.- La juez a quo no expresa cómo se explica que habiendo la actora comenzado a prestar servicios en mayo de 2015, solo a fines de 2017 hubiera denunciado los abusos o acosos eventualmente sufridos, ni cómo se entiende que siendo el cargo de la actora de la confianza del Director del colegio municipal, conforme el artículo 34C del Estatuto Docente, haya sido víctima de un presunto acoso laboral, normalmente destinado a expulsarla de su cargo, sin que se le pidiera simplemente la renuncia. No se observa en el fallo, entonces, que la juez a quo haya expuesto ni tomado en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que la convence, como lo dispone el art. 456 del Código del Ramo.

3.- La apreciación de la prueba nos conduce a creer que solo en el segundo semestre de 2017 la actora se sintió afectada por el nombramiento del Inspector General de la Escuela, el cual se ajusta a derecho, pues tal designación le restó autoridad a la demandante, lo que pudo conducirla a sentirse maltratada, pero de un modo equivocado, porque la autoridad educacional hizo uso de una facultad que le pertenece. Es muy razonable considerar, además, que la ausencia de sus hijos desde su hogar, por vivir en Paraguay, haya influido en su salud, provocándole reacciones inapropiadas que condujeron a la enfermedad profesional que la afecta.

4.- El examen de la prueba testifical conduce a que la demandante presentó solo dos testigos, uno de ellos el cónyuge de la actora, y la otra, una persona muy cercana, lo que permite ponderar el contenido de sus dichos, conforme las máximas de la experiencia, como necesariamente poco objetivos y comprometidos con la demandante. A su vez, la parte demandada presentó cuatro testigos, cuyos dichos son contestes, se trata de testigos presenciales y su ponderación con la prueba testifical de la demandante permite concluir que se trata de un número mayor, por lo cual sus declaraciones nos convencen en cuanto a la exacta verdad de los hechos imputados.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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Arteaga y otra c/ Ilustre Municipalidad de Pinto

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – HONORARIOS – PRESTACION DE SERVICIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – PRIMACIA DE LA REALIDAD – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades

Si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico.
Tribunal Materia Relacionados

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los funcionarios a honorarios en contra de la sentencia que rechazó su demanda de declaración de existencia de relación laboral contra la Municipalidad. Esto, dado que del análisis de los contratos de honorarios suscritos entre las partes, se desprende que los demandantes se desempeñaron para realizar labores administrativas de asesoría a los agricultores de la comuna en el marco de un convenio celebrado entre Indap y la Municipalidad, recibiendo pagos mensuales, iguales y sucesivos y una serie de prestaciones que sólo pueden tener su origen en una relación de orden laboral como control de registro horario, feriado, licencias médicas, permiso de matrimonio, etc. En otro orden de consideraciones se dejó asentado que los demandantes debían seguir instrucciones y reportarse ante determinadas autoridades, tanto de la Municipalidad como del Instituto de Desarrollo Agropecuario. De este modo se concluye que se trata de una modalidad a través de la cual la Municipalidad cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello, sino que a aquellos que sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión, en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual sirve, que en este caso se ejecuta por medio de la demandada en forma permanente y habitual, tarea de ordinario cumplimiento que por ley se le encomienda, de modo que no puede sostenerse que la relación existente entre las partes se enmarcó dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 4 de la ley N° 18.883. Así, si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico. Lo anterior, porque el Código del Trabajo constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.
2.- La acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el código del ramo.
3.- el contrato a honorarios se ha erigido como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. Los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales y no habituales del órgano respectivo aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo.

 

PATENTE MUNICIPAL  

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Inversiones Melincue S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Pirque y otro

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – PATENTE MUNICIPAL – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La no renovación de las patentes de la sociedad recurrente, resulta ser contradictoria con la situación de hecho que en conjunto con la normativa aplicable en la especie, dieron pábulo al ejercicio de las actividades comerciales por la recurrente, toda vez que el funcionamiento del centro de eventos operaba sobre la base de las autorizaciones y permisos otorgados en forma previa por las distintas autoridades administrativas que intervinieron en su oportunidad, a fin de conciliar el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar por la sociedad recurrente, con los requisitos de emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; ejercicio que ahora se torna imposible dada la paralización del funcionamiento.

Doctrina:

1.- Corresponde confirmar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por su decisión de no renovar la patente comercial de la sociedad recurrente. Esto, debido a que, la decisión de la municipalidad tiene por causa la obligatoriedad del Dictamen de la Contraloría General de la República, a través de los cuales se establece en términos generales la necesidad del municipio de arbitrar las medidas que resulten del caso, debido a que el centro de la sociedad recurrente no se enmarca en los usos de suelo fijados para el área -de interés agropecuario exclusivo- por el Plan Regulador Metropolitano. Así, lo obrado por el municipio es el resultado de considerar, sobre la base de la interpretación del órgano contralor, la inviabilidad de las actividades comerciales desarrolladas hasta ese entonces por la sociedad recurrente, a través de la explotación del centro de eventos, debido a que el mismo no se enmarca en los usos de suelo fijados para esa área por el artículo 8.3.2.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, de 1994. Por esa razón, con el claro propósito de superar la discordancia anotada, es que el órgano municipal determinó la medida impugnada impidiendo sin más el uso comercial del proyecto. Al respecto, es concluye que la no renovación de las patentes de la sociedad recurrente, resulta ser contradictoria con la situación de hecho que en conjunto con la normativa aplicable en la especie, dieron pábulo al ejercicio de las actividades comerciales por la recurrente, toda vez que el funcionamiento del centro operaba sobre la base de las autorizaciones y permisos otorgados en forma previa por las distintas autoridades administrativas que intervinieron en su oportunidad, a fin de conciliar el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar por la sociedad recurrente, con los requisitos de emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; ejercicio que ahora se torna imposible dada la paralización del funcionamiento comercial del establecimiento.

2.- No es viable la afectación de una situación jurídica previamente reconocida por los órganos competentes, puesto que tratándose del uso del territorio rural, la localización espacial de las actividades con fines distintos al agrícola, se determinó sobre la base del cambio de uso de suelo requerido por la sociedad recurrente, de conformidad al artículo 55 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, actos administrativos que surtieron plenos efectos desde su emisión. En esas condiciones, el ejercicio del giro comercial de la recurrente a través de la renovación de las patentes respectivas, debe ser analizado por el municipio al amparo de las resoluciones emitidas por los órganos competentes en la materia, las cuales permitieron la construcción e instalación en la comuna del Centro de eventos, puesto que de lo contrario todos los derechos logrados en razón del pronunciamiento de la autoridad administrativa, fundamentado en la normativa vigente, se tornarían estériles.

3.- Lo concluido no se contradice con la fuerza obligatoria que tienen los dictámenes de la Contraloría General de la República para los organismos de la Administración Estatal afectos a su control, según lo señala el artículo 9º de la Ley N° 10.336, y en el caso de los entes municipales, con arreglo a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley N° 18.695. Más bien lo concluido es el reconocimiento expreso de los derechos obtenidos por el titular del proyecto, sin que éstos puedan ser desconocidos sobre la base de estimar, sin más, que las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa, contravienen el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, teniendo en cuenta, además, que la Contraloría General de la República en su actuación debe respetar la Constitución y la ley y se encuentra sometida al principio de legalidad, correspondiendo a los tribunales de justicia verificar y ejercer el control jurisdiccional de sus actos a través de las acciones que se interpongan.

 

COBRO DE PRESTACIONES – LABORAL  

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Fuentes c/ Ilustre Municipalidad de Peumo

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – ASIGNACIONES Y PRESTACIONES – INTERESES – REAJUSTE – REMUNERACIÓN – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Laboral

La sentencia incurre en el vicio contenido en el artículo 478, letra e) del Código del Trabajo, en relación al artículo 459 del mismo cuerpo legal, al haber omitido todo pronunciamiento respecto de las prestaciones que se devenguen durante la duración del juicio, a pesar de que aquello fue efectivamente solicitado por el actor en el libelo de la demanda.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por el demandante en contra de la sentencia que acogió la acción declarativa de titularidad docente, ordenando el pago de los conceptos devengados durante el periodo señalado. Esto, dado que la sentencia incurre en el vicio contenido en el artículo 478, letra e) del Código del Trabajo, en relación al artículo 459 del mismo cuerpo legal. En efecto, del análisis de la demanda aparece que efectivamente ésta contiene la expresa petición de condena por parte del actor respecto de todas las prestaciones que se indican como adeudadas, así como aquellas que se devenguen durante el juicio. Sin embargo, se advierte que la sentencia no se pronuncia respecto de esta última petición.

2.- Se ha configurado la causal del artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, toda vez que el explicitación de las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime, no ocurrió respecto de la prueba confesional, siendo el actor pidió la aplicación del apercibimiento del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, pero nada se dijo en la sentencia sobre ello. Así, según lo que se decida sobre tal petición, también puede influir substancialmente en la decisión adoptada por el tribunal, pues a partir de tal probanza la recurrente alega que se produjo una interrupción natural de la prescripción alegada por la demandada, lo que, de acogerse, alteraría los períodos y montos otorgados por el tribunal al actor.

3.- Aun cuando el artículo 478 inciso 2° del Código del Trabajo refiere que en un caso como el que se analiza debe dictarse sentencia de reemplazo, en la especie ello no resulta posible, por cuanto la falta de pronunciamiento en la sentencia sobre los dos aspectos expuestos por el recurrente impone que sea el tribunal del grado quien se pronuncie al efecto, con lo que se resguarda el derecho al recurso, pues de dictarse sentencia por esta Corte pronunciándose sobre las materias omitidas, ello constituiría un primer pronunciamiento sobre las mismas, sin posibilidad de revisión.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO  

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Ayala Sotelo, Priscilla c/ Ilustre Municipalidad de Maipú

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACION DE DEPENDENCIA – PRIMACÍA DE LA REALIDAD – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

Si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de existencia de relación laboral y de despido injustificado. Lo anterior, por cuanto, yerra la sentencia impugnada al rechazar la demanda, toda vez que en la especie, las labores desarrolladas por la demandante como actuaria en el Juzgado de Policía Local y en labores administrativas en otros departamentos del ente municipal y el carácter de los contratos de honorarios suscritos entre la demandada y la demandante, permite concluir que se trata de una modalidad a través de la cual la Municipalidad cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello, sino que a aquellos que sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión, en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual sirve, con un claro propósito de promoción social que en este caso se ejecuta por medio de la demandada en forma permanente y habitual, tarea de ordinario cumplimiento que por ley se le encomienda, de modo que no puede sostenerse que la relación existente entre las partes se enmarcó dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 4 de la ley N° 18.883. Así, por ser funciones propias, habituales y permanentes de la demandada, ordenadas y reguladas por la normativa que la creó, y en ningún caso, accidentales o ajenas a ella, mal puede sostenerse que la relación laboral, se trate de una relación contractual amparada por la norma aludida, sino más bien, una que, dado los caracteres que tuvo, sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que así, encuentra amplio cobijo en la hipótesis de contra excepción del artículo 1 de dicho cuerpo legal.

2.- La acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el Código del ramo. Bajo este prisma debe uniformarse la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

3.- El contrato a honorarios se ha erigido como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.Los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales y no habituales del órgano respectivo aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – NEGATIVA A VACUNACIÓN DE MENOR  

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Ilustre Municipalidad de Arica c/ Tebes

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A LA VIDA – DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – VACUNACION – PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD – ATENCION DE SALUD MUNICIPAL – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Arica

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La negativa de los padres recurridos de vacunar a su hijo, conforme al calendario de vacunas que ha establecido el Ministerio de Salud, resulta ilegal y constituye una vulneración a la garantía constitucional consagrada en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues el niño se encuentra expuesto a contraer enfermedades inmunoprevenibles, que podrían acarrearle discapacidades, e incluso la muerte.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por la municipalidad en contra de los padres del menor de siete meses de edad por la conducta consistente en rechazar la administración de las vacunas que corresponden al niño de acuerdo a su edad, y que forman parte del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Esto, debido a que, el actuar de sus padres constituye una vulneración a la garantía constitucional consagrada en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, respecto de su derecho a la vida y su integridad física, toda vez que resultó manifiesto que la negativa de los recurridos, en vacunarlo, conforme al calendario de vacunas que ha establecido el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, ha sido ilegal, esto es contrario al ordenamiento jurídico, en el caso, al decreto exento N°6 de 29 publicado el 19 de abril de 2010 en el Diario Oficial, habiendo amenazado el legítimo derecho a la vida del menor, el cual, al no ser vacunado, se encuentra expuesto a contraer enfermedades inmunoprevenibles, que podrían acarrearle discapacidades, e incluso la muerte.

2.- De la normativa aplicable al caso se desprende la vacunación obligatoria en contra de las enfermedades respecto de las cuales la recurrente impetra su administración al niño, sin que sea aplicable lo previsto en el artículo 14 de la Ley N° 20.584 (referido a el derecho a otorgar o denegar la voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud), en atención a lo estatuido en el artículo 15 de la misma ley por riesgo a la salud pública, y principalmente a la del niño, teniendo en consideración su interés superior.

 

RECLAMO DE ILEGALIDAD – PATENTE MUNICIPAL  

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Concesiones Recoleta S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Recoleta

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – CONCESIÓN ADMINISTRATIVA – CONCESIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS – ESTACIONAMIENTO – PATENTE MUNICIPAL – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Quinta

Producto: Municipalidades – Microjuris

No es posible estimar que el actuar del Alcalde de la Municipalidad reclamada revista los caracteres de ilegalidad y arbitrariedad que se le atribuyen en la dictación de los actos administrativos que se impugna, desde que no es posible que la Municipalidad perciba ingresos en sus arcas municipales en forma de pagos de la explotación de una actividad lucrativa, consistente en la participación mensual por explotación de estacionamientos, que se encuentra al margen de la legalidad tributaria establecida en los artículos 23 y 25 de la Ley de Rentas Municipales.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el Director de Tránsito y Transporte Público, así como el Alcalde de la Municipalidad reclamada. Esto, dado que no es posible estimar que el actuar del Alcalde de la Municipalidad reclamada revista los caracteres de ilegalidad y arbitrariedad que se le atribuyen en la dictación de los actos administrativos que se impugna, desde que no es posible que la Municipalidad perciba ingresos en sus arcas municipales en forma de pagos de la explotación de una actividad lucrativa, consistente en la participación mensual por explotación de estacionamientos, que se encuentra al margen de la legalidad tributaria establecida en los artículos 23 y 25 de la Ley de Rentas Municipales.

2.- Sobre el supuesto desconocimiento por parte del Alcalde de la Municipalidad del contenido de resoluciones judiciales que se encuentran firme y ejecutoriadas, por cuyo efecto la reclamada se encontraría amparada, incluso obligada, a continuar explotando los estacionamientos concesionados y efectuar el cobro a los usuarios de las tarifas de estacionamiento a tiempo controlado acordadas en el contrato, dicha circunstancia no puede constituir vicio de ilegalidad alguno. Esto pues, precisamente la vigencia de dicho contrato de concesiones es el objeto de la litis en el juicio sobre nulidad de derecho público llevado los tribunales civiles, en el que se discute la validez de los actos administrativos en los que se decretó el término unilateral.

3.- En cuanto a que no existe ley alguna que autorice a la municipalidad reclamada para emitir pronunciamiento respecto de los actos administrativos impugnados bajo el pretexto de existir procesos judiciales pendientes. Lo cierto es que lo pretendido por el reclamante por esta vía, es ordenar al Alcalde a que dé cumplimiento al Contrato de Concesión de Estacionamientos Subterráneos y de Superficie, suscrito entre las partes, al que dicha autoridad edilicia puso término unilateralmente, conflicto que actualmente se encuentra sometido a un juicio de lato conocimiento, por lo que esta no es la vía para obtener la declaración del derecho que se irroga. En consecuencia, no existe ilegalidad alguna que subsanar por dicho capítulo.

4.- Una primera aproximación a los actos administrativos objeto de impugnación, permite señalar que cuentan con la debida fundamentación racional de la decisión que contienen, puesto que los mismos envuelven la decisión de la autoridad edilicia y han permitido a la recurrente poder impugnar su legalidad con los recursos que contempla precisamente la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que no se logra vislumbrar la ilegalidad que plantea el recurrente en base a dicho capítulo de impugnación, cosa distinta es la valoración que conforme a sus pretensiones pretenda atribuirle el recurrente a las razones que motivan los actos administrativos que impugna.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO  

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Vivanco c/ Ilustre Municipalidad de Rengo

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – NULIDAD DEL DESPIDO – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ACCIÓN DECLARATIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Laboral

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que acogió la demanda por despido injustificado, pero rechazó la aplicación de la sanción de nulidad del despido. Esto, debido a que, si bien resulta procedente la sanción de nulidad del despido cuando es la sentencia del grado la que reconoce la existencia de la relación laboral, atendida la evidente naturaleza declarativa de dicho pronunciamiento considerando que el fallo sólo constata una situación preexistente, debe entenderse que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, esto es, desde la data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral. Sin embargo, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

2.- La aplicación – en estos casos- de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

3.- La sanción que se contempla en el artículo 162 del Código del Trabajo procura la observancia de la normativa previsional, por cuanto determina que el despido que se verifica fuera de las condiciones legales para ello, en lo que al pago de las cotizaciones previsionales se refiere, obliga a que el empleador mantenga el pago de las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato, en tanto no se regularice la situación previsional del dependiente y ello le sea comunicado. El aludido castigo ha sido previsto para el empleador que ha efectuado la retención correspondiente de las remuneraciones del dependiente y no entera los fondos en el organismo respectivo, es decir, no cumple su rol de agente intermediario y ha distraído dineros que no le pertenecen en finalidades distintas a aquéllas para las cuales fueron retenidos. En el caso en análisis, la demandada desconoció el hecho que haya existido entre su parte y el demandante un contrato de trabajo, controversia que aparece dirimida a favor de éste sólo en la sentencia atacada, de modo que con anterioridad no hubo retención de cotizaciones en los organismos de seguridad social, y por ende no procede invocar la nulidad del despido prevista por la norma antes citada. (De la prevención del ministro señor Silva Cancino)

4.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante, por cuanto el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicarle la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la de su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas, desde que el fallo recurrido de nulidad, que dio por establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, sólo viene a declarar o constatar un hecho preexistente -relación laboral- y del cual emanan todas las obligaciones y derechos que el ordenamiento jurídico contempla en esta materia, por lo que al no decidirse así en la sentencia impugnada se ha hecho una errada interpretación y aplicación de la normativa en estudio. (Del voto en contra de la Ministra señora Chevesich)

 

DERECHOS DE ASEO  

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Vejares Fuentes, Vivian c/ Ilustre Municipalidad de La Cisterna

Voces: DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – TRIBUTO – NATURALEZA JURIDICA – IMPUESTOS MUNICIPALES – RESIDUOS DOMICILIARIOS – PAGO DE TRIBUTOS – PRESCRIPCION – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA
Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel
Sala: Quinta
Producto: Municipalidades – Microjuris – Tributario

Los derechos emanados de los servicios de aseo municipal, se enmarcan jurídicamente dentro de la noción de «tributos» que se define como alusiva a todas las prestaciones que los particulares se encuentran obligados a efectuar a favor del Estado, en virtud a la potestad dispositiva de la Carta Fundamental y la ley confieren, con la finalidad de cubrir el gasto público. Por ello, basta para subsumir el tipo de contribución de cuya prescripción extintiva se trata, en el ámbito del inciso primero del artículo 2.521 del Código Civil, conclusión ésta que se ve subrayada al atender a que dicha prescripción especial es relativa a las acciones provenientes de «toda clase» de impuestos.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger la demanda de prescripción extintiva de las acciones de cobro de los derechos de aseo municipal. Esto, debido a que, los derechos emanados de los servicios de aseo municipal, se enmarcan jurídicamente dentro de la noción de «tributos» que se define como alusiva a todas las prestaciones que los particulares se encuentran obligados a efectuar a favor del Estado, en virtud a la potestad dispositiva de la Carta Fundamental y la ley confieren, con la finalidad de cubrir el gasto público. De este modo, un somero análisis semántico, conduce a una inteligencia de las voces «servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios», «tarifa anual por el servicio de aseo», «derecho de aseo» o «tarifa de aseo», utilizadas por los artículos 7 , 8 y 9 del Decreto Ley N° 3.063, según la cual ésas conforman tributos, de aquellos que llevan incorporada la especie «impuesto», lo que basta para subsumir el tipo de contribución de cuya prescripción extintiva se trata, en el ámbito del inciso primero del artículo 2.521 del Código Civil, conclusión ésta que se ve obviamente subrayada al atender a que dicha prescripción especial es relativa a las acciones provenientes de «toda clase» de impuestos.

 

 

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