Corte Suprema acoge protección en contra de universidad por desvincular a alumna que no cumplió con los requisitos de admisión a la carrera

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, y acogió la acción de protección deducida en contra de Universidad, por una alumna regular, desvinculada de la carrera de pedagogía en educación diferencial, so pretexto de que no habría cumplido con los requisitos de admisión a la misma.

La recurrente estimó vulneradas las garantías a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley, a la igual protección de sus derechos y a la propiedad.

En su sentencia, el máximo tribunal indicó que, sin necesidad de analizar la aplicabilidad de los requisitos contenidos en el artículo 36 transitorio de la Ley Nº 20.903 a las personas que, en posesión del grado académico de licenciado en pedagogía, desean cursar nuevos estudios en el área, así como tampoco si un error en la verificación de los requisitos de admisión puede derivar en la desvinculación del alumno como única medida de enmienda a tal yerro, pero teniendo necesariamente en consideración que, en el caso concreto, la recurrente posee la calidad de alumna regular de la Universidad, ha de concluirse que la conducta reprochada a es ilegal.

A continuación, manifiesta que, de la lectura del artículo 1º de la Ley Nº 21.091, sobre educación superior, se puede apreciar con claridad que, aun materializándose a través de un vínculo contractual, las potestades de las instituciones de educación superior en el desarrollo de prestaciones de servicios educaciones encuentran como límite el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de los educandos, según lo prescrito en la Carta Fundamental y en los instrumentos internacionales sobre la materia. Por ello, concluye que, en esta especial relación jurídica, la mera vulneración de derechos fundamentales de los alumnos conlleva la inherente ilegalidad de la conducta.

Finalmente, aduce que, de esta manera, la recurrida ha conculcado el derecho de la actora a un justo y racional procedimiento previo a la aplicación de una medida expulsiva, garantía que, a pesar de no estar comprendida dentro del catálogo del artículo 20 de la Constitución Política, ha de entenderse, como un límite en la relación contractual entre las instituciones de educación superior y sus alumnos, y trasunta, en el caso concreto, en la privación del derecho de propiedad de la recurrente sobre su calidad de alumna regular de la Universidad de Las Américas, prerrogativa obtenida concurriendo la expresa voluntad de la recurrida.

Fuente: Diario Constitucional.

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