Jurisprudencia Destacada Año 2019 N10

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 10 DE 2019

 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD – CONTRATOS A PLAZO SUCESIVOS

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Carvajal Aguilera, Claudia c/ Corporación Municipal de Desarrollo Social Iquique

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO – TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO DE PLAZO INDEFINIDO – DESPIDO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

La contratación de personal a plazo fijo para desempeñarse en funciones de la atención primaria de salud municipal regulado en la Ley 19.378, corresponde a una modalidad que no tiene la aptitud de conducir al funcionario a un estadio que le permita acceder a la carrera funcionaria y gozar de estabilidad en sus funciones, como resultaría de la aplicación supletoria de la transformación del contrato prevista en el artículo 159 nº 4 del Código del Trabajo. Esto es así, en la medida que la única vía prevista para tal efecto por la citada ley que rige este tipo de contratación, pasa por ingresar a través de concurso público de antecedentes, tras el cual la vinculación con la entidad empleadora se materializa por medio de la contratación indefinida

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad, desestimando la acción declarativa de relación laboral y despido injustificado. Esto, dado que la contratación de personal a plazo fijo para desempeñarse en funciones de la atención primaria de salud municipal regulado en la Ley 19.378 , es una de las formas de ingreso a dicho sistema, por un período limitado, modalidad que no tiene la aptitud de conducir al funcionario a un estadio que le permita acceder a la carrera funcionaria y gozar de estabilidad en sus funciones, en la medida que la única vía prevista para tal efecto, pasa por ingresar a través de concurso público de antecedentes, tras el cual la vinculación con la entidad empleadora se materializa por medio de la contratación indefinida.

2.- La ausencia de regulación, en la Ley 19.378, respecto al régimen aplicable a una persona que celebra sucesivos contratos a plazo fijo por períodos iguales o inferiores a un año, es más aparente que real, ya que el sistema está diseñado de esa forma, al ser trabajadores que tienen la calidad de funcionarios del sistema público de atención primaria de salud municipal, circunstancia que impide generar una vía no contemplada en el estatuto vigente para transformar un contrato de plazo fijo en uno de carácter indefinido, pues implicaría alcanzar dicha condición estatutaria obviando los requisitos legales previstos para hacerlo.

3.- Si bien se ha entendido que cabe aplicar supletoriamente el Código del Trabajo a los funcionarios de la atención primaria de la salud municipal en la hipótesis del artículo 1°, inciso 3° de dicho cuerpo legal, en el evento de considerarse que la materia en estudio, efectivamente, es una que no se encuentra regulada en el estatuto que rige a los mencionados trabajadores de la salud, la conclusión sería la misma que ya se ha señalado, desde que no resulta procedente aplicar la normativa del derecho foral común, que permite transformar los contratos a plazo fijo en indefinidos bajo ciertas circunstancias, puesto que, como se ha dicho, ello se opone al sistema de conformación de la dotación previsto en la citada Ley N° 19.378.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

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Gutiérrez y otros c/ Ilustre Municipalidad de Villa Alemana y otro

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – MEDIOAMBIENTE – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – PERMISO DE EDIFICACION – CONTAMINACIÓN ACÚSTICA – RUIDOS MOLESTOS – ORDENANZA MUNICIPAL – FACULTADES FISCALIZADORAS – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: MJ

La municipalidad recurrida, ha incurrido en una omisión que ha significado una vulneración del derecho de los recurrentes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al no haber fiscalizado -debiendo hacerlo- si la faena constructiva de la Inmobiliaria cumple con la norma nacional de emisión de presión sonora, lo que determina su ilegalidad, sin perjuicio que a la vez no se ha actuado en cumplimiento con lo previsto en la Ordenanza Municipal sobre la materia, dictada por la propia autoridad municipal.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido en contra de la Municipalidad y de la Inmobiliaria por un grupo de vecinos en contra de la emisión de ruidos molestos producto del movimiento de maquinarias de construcción y la descarga de materiales durante todo el día a raíz de la construcción de un proyecto inmobiliario. Al respecto, la controversia no pasa por establecer si la Inmobiliaria reclamada realiza sus faenas dentro o fuera de los horarios establecidos en la Ordenanza Municipal Medio Ambiental, sino por determinar si produce con su actividad constructiva, ruidos o vibraciones que afecten el derecho de los recurrentes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En este sentido, ni la Municipalidad recurrida -correspondiéndole velar por el cumplimiento de su Ordenanza, y en lo que atañe al recurso, por la prevención y fiscalización de la emisión de ruidos perjudiciales para su población- ni la Inmobiliaria, denunciada en varias ocasiones por la comunidad por generar ruidos molestos- han procedido a realizar una medición técnica de los niveles de emisión acústica. Además, fue un hecho asentado que a los pocos meses de empezar las obras, los vecinos y Carabineros habían efectuado tres denuncias por ruidos que alteran la tranquilidad de los pobladores del sector, existiendo una condena en el Juzgado de Policía Local por hechos de esta misma naturaleza en contra de la Inmobiliaria. Por ello, se concluye que la municipalidad recurrida ha incurrido en una omisión que ha significado una vulneración del derecho de los recurrentes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al no haber fiscalizado -debiendo hacerlo- si la faena constructiva de la Inmobiliaria Progreso cumple con la norma nacional de emisión de presión sonora, lo que determina su ilegalidad, sin perjuicio que a la vez no se ha actuado en cumplimiento con lo previsto en la Ordenanza Municipal sobre la materia, dictada por la propia autoridad municipal. Además, no debe olvidarse que las Municipalidades tienen entre sus finalidades satisfacer las necesidades de la comunidad local como lo dispone el artículo 1° de la Ley N°18.695.

2.- La materia pertinente a la emisión de ruidos molestos se encuentra regulada por el Decreto Supremo Nº 38 del año 2011 que establece los máximos permitidos para las emisiones acústicas dependiendo del sector o zona en que se efectúe la medición. Sin embargo, la tarea de prevención y fiscalización de estas emisiones, no depende ni está entregada única y exclusivamente a los particulares que puedan verse afectados con la producción de ellos, como así parecen entenderlo las recurridas. Así la misma Ordenanza a la que se ha venido aludiendo, norma de aplicación general en la comuna recurrida, oportunamente publicada en el Diario Oficial y, en consecuencia, de conocimiento público, establece claramente que sin perjuicio de la acción de los particulares, quienes deben ocuparse de velar por el cumplimiento de dicha preceptiva son, entre otros organismos, la propia Municipalidad a través de su Dirección Ambiental y de su Dirección de Obras, pudiendo incluso solicitar la medición del nivel de ruido al organismo técnico que corresponda.

3.- Se ordena a la Municipalidad recurrida que deberá controlar, una vez por semana, que la Inmobiliaria no traspase el nivel máximo de emisiones de ruido dispuesta por la norma nacional, en el desarrollo de su faena constructiva, para lo cual deberá coordinar su actuación con los siguientes organismos: a) Superintendencia del Medio Ambiente, b) Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región respectiva, y c) Juzgado de Policía Local competente.

 

PERMISO DE EDIFICACIÓN

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Iglesia desde las Escrituras c/ Ilustre Municipalidad de Laja

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – IGLESIAS Y ENTIDADES RELIGIOSAS – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – PERMISO DE EDIFICACION – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – PLAZO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – MJ

La Dirección de Obras Municipales ha tardado más de un año en dar respuesta a la presentación de la actora, que en el marco de un procedimiento administrativo de solicitud de permiso de edificación, acompañó una solicitud destinada a subsanar las observaciones formuladas, dicha circunstancia, por sí sola, constituye un acto ilegal y arbitrario, pues no sólo vulnera el deber que tiene la Administración de resolver las solicitudes de los interesados con la debida celeridad, sino que, además, carece de razonabilidad, toda vez que responde al desorden administrativo interno del ente edilicio. Así, se torna evidente que la recurrida ha actuado al margen de la ley al omitir pronunciamiento, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley y derecho de propiedad de la recurrente.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección interpuesto por la comunidad religiosa en contra de la Municipalidad por no emitir pronunciamiento respecto del reingreso de la actora de la solicitud de permiso de edificación, acompañando un escrito tendiente a subsanar las observaciones de la Dirección de Obras Municipales, el que hasta la fecha de la acción de protección no había sido resuelto por la recurrida. Al respecto, se concluye que dado que la Dirección de Obras Municipales ha tardado más de un año en dar respuesta a la presentación de la actora, dicha circunstancia, por sí sola, constituye un acto ilegal y arbitrario, pues no sólo vulnera el deber que tiene la Administración de resolver las solicitudes de los interesados con la debida celeridad, consagrado en los artículos 4 y 7 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, y en el artículo 3° letra 9 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; sino que, además, la omisión carece de razonabilidad, toda vez que responde al desorden administrativo interno del ente edilicio, según se advierte de lo expuesto por la recurrida. De este modo, se torna evidente que la recurrida ha actuado al margen de la ley al omitir pronunciamiento, por más de un año, con lo cual se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 Nos. 2 y 24 de la Carta Fundamental.

2.- Resulta contrario a derecho que la recurrida desconozca los efectos que la ley le asigna al certificado de informaciones previas otorgado a la recurrente, sin perjuicio de la controversia de fondo entre las partes relativa al uso y destino del lote N° 135, de propiedad de la actora. En efecto, dentro de la estructura que fija la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como la Ordenanza respectiva, el organismo técnico encargado de precisar frente a los particulares las normas relativas a la planificación urbana, como las demás exigencias relativas a las nuevas construcciones, es la Dirección de Obras Municipales en cuya comuna se encuentra situado el inmueble. Así, el particular debe solicitar un certificado de informaciones previas, el que está resguardado de diferentes formalidades y menciones básicas, que le permitirá al interesado saber las condiciones bajo las cuales podrá construir en los inmuebles de su propiedad o las que deberá satisfacer previamente. Dicho instrumento hará claridad en relación a las condiciones que afectan al inmueble y su propietario tendrá la certeza de que, obrando conforme al mismo, podrá desarrollar su proyecto, el cual deberá presentar a esa autoridad, la que no podrá desconocer las condiciones indicadas en la certificación otorgada previamente.

 

ESTATUTO DOCENTE – BONO PROPORCIONAL

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Copa c/ Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – Laboral

La Ley N° 19.933, así como las leyes que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad, desestimando la excepción de prescripción, y acogiendo la demanda de cobro del aumento del bono proporcional mensual. Esto, dado que la correcta interpretación corresponde a aquella que determina que la Ley N° 19.933 , así como las que le antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los profesionales de la educación del sector municipalizado. Así, el recurso de nulidad en virtud de la infracción a lo dispuesto en el artículo 1 y 9 de la Ley N° 19.933, debió ser acogido, por cuanto los actores carecen de la calidad jurídica necesaria para reclamar la prestación objeto del juicio.

2.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad, acogiendo la acción de cobro del bono proporcional mensual. Esto, dado que la sustitución de la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual que establecida en las leyes dictadas con posterioridad a su consagración, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N°19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado. Tal prerrogativa fue instaurada e incorporada a las disposiciones permanentes del Estatuto Docente en sus artículos 63 y 65 , consagrándose, entonces, como un derecho para los docentes tanto del sector municipal como del particular subvencionado (Del voto en contra de los Ministros señor Blanco y señor Biel (S)).

3.- Las acciones que derivan de los derechos contemplados en la Ley N°19.933 -como el aumento de la bonificación proporcional mensual-, prescriben conforme lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, por cuanto la calidad jurídica que ostenta dicho emolumento, es compatible con el de las remuneraciones consagradas en el artículo 41 del Estatuto Laboral; para ello, se debe tener en consideración que, si bien en cuanto a su base de cálculo, el incremento reclamado se sustenta en las disposiciones de una ley especial -la Nº 19.933-, constituye un estipendio contemplado en el Estatuto Docente en su artículo 63, que únicamente ha sido incrementado por la ya referida Ley N° 19.933, lo que hace aplicable la norma de reenvío contenida en el artículo 71 del cuerpo normativo docente, que consagra al Código del Trabajo como norma supletoria, de manera, que al no contempla la ley especial regulación expresa de la prescripción extintiva, debe acudirse al compendio laboral (Del voto en contra de los Ministros señor Blanco y señor Biel (S)).

 

TUTELA LABORAL

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Soto c/ Ilustre Municipalidad de Longaví

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – MUNICIPALIDADES – DISCRIMINACIÓN LABORAL – AFILIACIÓN POLÍTICA – INDICIOS – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – DESPIDO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – DEMANDA ACOGIDA
Tribunal: Segundo Juzgado de Letras de Linares
Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

Independiente que el municipio haya querido justificar el despido en la existencia de un déficit presupuestario, el que si bien se pudo establecer, al igual que el despido de otras funcionarias de planta, las explicaciones de la demandada no son suficientes para destruir la sospecha en cuanto a la verdadera motivación del despido, lo cual permite presumir que el cese fue motivado por su orientación política, concretamente, por haber apoyado abiertamente la candidatura opositora al alcalde en actual ejercicio, pues el municipio denunciado no ha podido explicar los fundamentos de su medida ni su proporcionalidad, en la arista constitucional del reproche, conforme se exige en el procedimiento de tutela laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por la funcionara en contra de la municipalidad, por haber presentado indicios suficientes de su despido por motivos políticos. Esto, dado que, en la especie, la actora prestó servicios de forma ininterrumpida para el municipio demandado por más de dos años, mediante contrataciones a plazo fijo. Luego, se aprobó el nombramiento indefinido de la actora y al año siguiente se puso término a su nombramiento. Al respecto, la demandante ha fundado el ejercicio de su acción de tutela en una presunta vulneración, con ocasión de su desvinculación fundada en una situación financiera deficitaria, de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 12 y 24 de la Constitución Política de la República y la del artículo 2 del Código del Trabajo, ya que el verdadero motivo de su desvinculación fue haber apoyado abiertamente la candidatura opositora al alcalde en actual ejercicio. Ante esto, es dable entender que la demandante se encuentra dentro de lo que se denomina «categoría sospechosa», es decir un grupo que por sus particulares características se encuentra propenso a ser objeto de vulneración de garantías fundamentales. Se encuadran estas personas dentro de una categoría especial, pues dada su exposición resulta factible que la disputa de poder -propia de la política -traiga como consecuencia la sanción a aquellos que no comparten la misma posición o ideología de aquel que resulte ganador. Tales circunstancias, unidas a la desvinculación de la demandante, permiten establecer que efectivamente existen indicios suficientes y que generan en esta sentenciadora una sospecha razonable de que ha existido una conducta lesiva por parte del demandado.

2.- Habiéndose acreditado que la demandante participaba de forma activa en un sector político, ideológicamente contrario al que actualmente se encuentra a cargo de la Municipalidad, y que ingresó a la planta mediante un concurso público realizado por el contendor electoral del actual alcalde, el que además fue impugnado por éste, dando conocimiento de que la mayoría de los seleccionados eran partidarios ideológicamente del anterior alcalde, no resulta plausible entender que el demandado no tenía conocimiento de la tendencia política de la actora.

3.- De la prueba incorporada en juicio se desprende que, en la realidad, las motivaciones que llevaron a la desvinculación de la actora, corresponden a una decisión política, atendido a que la demandante no era partidaria del alcalde, participando en la campañas políticas de la colación opositora, lo que quedó en evidencia al apoyar al contendor del alcalde en las elecciones de 2016. Basta con tener por acreditada la motivación antes señalada, independiente que se haya querido justificar en la existencia de un déficit presupuestario, el que si bien se pudo establecer, al igual que el despido de otras funcionarias de planta, y la eliminación del cuarto turno, las explicaciones de la demandada no son suficientes para destruir la sospecha en cuanto a la verdadera motivación del despido.

4.- En sede de tutela, no basta con que se acredite la efectividad de los hechos imputado en la carta de despido, o en este caso, en el acto que pone término a la designación de la actora, sino que la justificación requerida va más allá del reproche legal de la desvinculación. En efecto, frente a las justificación entregada por la demandada, pervive la gravedad de los indicios acreditados, ya que no se entregó antecedente alguno que permita establecer por qué se despidió a la actora y no a otra de las prácticamente cien funcionarias que trabajaban en las mismas funciones para el departamento de salud, teniendo presente que la actora ingresó de forma indefinida mediante un concurso público que fue impugnado atendiendo a razones políticas por la misma autoridad que ahora la desvincula. Por otro lado consta de los decretos incorporados y singularizados en el acta de audiencia preparatoria con los N°.54 a 62, que todos los técnicos en enfermería desvinculados ingresaron a prestar sus servicios de forma indefinida en la misma fecha que la demandante, esto es, mediante el concurso público cuya ineficacia persiguió la actual autoridad edilicia.

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UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO

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Toncio c/ Ilustre Municipalidad de Rengo

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – OMISION DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

Por tratarse de una cuestión evidente que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral es de naturaleza declarativa, la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base. Sin embargo, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, pues, en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra del fallo que acogió una demanda declarativa de relación laboral y nulidad del despido en su contra. Esto, dado que por tratarse de una cuestión evidente que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base. Sin embargo, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado – entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, pues en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. De este modo, es evidente que el fallo impugnado yerra en la aplicación del artículo 162, incisos quinto a séptimo del código laboral, al desestimar el recurso de nulidad deducido por la demandada, debiendo darse lugar al mismo, por cuanto no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

2.- La aplicación -de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado-, de la sanción de nulidad del despido, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor.

3.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia, pues de acuerdo a la modificación introducida por la Ley N° 19.631 al artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo, se impuso al empleador la obligación, en el caso que proceda a despedir a un trabajador, de mantener íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales, de lo contrario, dicho despido carece de efectos -es nulo-,correspondiendo entonces que el empleador, no obstante la separación del trabajador, siga pagando las remuneraciones y capítulos pertinentes hasta que se subsane el incumplimiento referido, convalidando el despido. Entonces, atendida la naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la existencia de un vínculo de trabajo, no depende de sí el empleador retuvo o no lo correspondiente a las cotizaciones de seguridad social, ni de la naturaleza jurídica del empleador, por lo tanto, procedía acoger el recurso, invalidar el fallo de base en el extremo referido, y dictar sentencia de reemplazo que declare que la demandada también queda obligada al pago de los emolumentos devengados desde la separación del trabajador hasta la convalidación del despido (Del voto en contra de la Ministra señora Chevesich).

 

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