Corte Suprema acoge recurso de casación y anula fallo que condenó a supermercado por retención de supervisora por eventual hurto

En fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal  acogió el recurso de casación en el fondo deducido, anuló la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, y dictó sentencia de reemplazo en la que exime de responsabilidad a la empresa  por el actuar de los guardias de seguridad del local, quienes retuvieron a supervisora de supermercado y acusada de hurto de mercaderías.

El fallo señala que no es deber de los particulares el juzgamiento de los hechos que revisten caracteres de delitos, ni determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados, función privativa de los tribunales de justicia, por lo que, a falta de prueba de abuso o fraude, no es posible atribuir responsabilidad por daño a quien ejerce un derecho cuyas consecuencias jurídicas están determinadas por la intervención de organismos autónomos e independientes, como el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.

Asimismo sostiene que el hecho de no atender los trabajadores de la demandada las explicaciones con las que ella pretendía justificar lo que calificó como un descuido por venir concentrada en su teléfono y tampoco acceder a su petición de pagar las especies que portaba en su bolso no puede considerarse una infracción a deber de cuidado alguno, pues determinar si las explicaciones respecto de un hecho que reviste caracteres de delito son suficientes o no para establecer la inocencia de los imputados es una función entregada por el ordenamiento jurídico exclusivamente a los Tribunales de Justicia con la mediación del Ministerio Público en la investigación, formalización y posterior acusación.

«tampoco constituye una infracción a deber de cuidado alguno la inexistencia de protocolos para el cumplimiento de la ley en casos como el de la regulación de la detención por flagrancia, delimitados con precisión en la legislación aplicable sin que ella contemple obligación alguna para los particulares de establecer protocolos específicos al efecto», añade la Corte.

Finalmente, se concluye que la sentencia vulnera los artículos 2329, 2314 y 2320 del Código Civil puesto que de acuerdo a los hechos establecidos correspondía rechazar la demanda no sólo por falta de culpa sino también por la ausencia de relación causal entre el hecho ilícito imputado y el daño causado, de modo que sin la concurrencia de tales elementos no era posible establecer la responsabilidad de la demandada que sirve de fundamento a la acción deducida en su contra, infracción que debe ser enmendada privando de valor al fallo que la contiene mediante el acogimiento del arbitrio anulatorio.

Fuente: PJUD.

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