Corte Suprema acogió recurso de casación contra resolución de tribunal ambiental que declaró que municipio carecía de legitimación activa para reclamar la calificación de proyecto

La Tercera sala de la Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto por un municipio contra la resolución de tribunal ambiental que estableció que la municipalidad carecía de legitimación activa para reclamar administrativamente la calificación ambiental de un proyecto de conformidad al Artículo 20 de la Ley N° 19.300, ya que la ley exige el agotamiento de la vía administrativa, los que no fue efectuado por la Municipalidad, dado que no formuló observaciones en el curso del procedimiento de participación ciudadana, sino que las presentó a través de los oficios. En el caso de marras, se trataba de la ejecución de un proyecto fotovoltaico sobre terrenos que comprendía un humedal. El máximo tribunal, acogió el recurso considerando que la municipalidad tiene la calidad de interesada, conforme al artículo 8 de la ley N° 19.300 y «al 21 de la Ley N°19.880, que expresa que: «Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
3.- Aquellos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no hay recaído resolución definitiva.» Decimoséptimo:Que, así como se viene razonando, se debe arribar a la conclusión que la Municipalidad de San Felipe estaba legitimada para interponer la reclamación de marras y que el Segundo Tribunal Ambiental, al negarle tal calidad, ha incurrido en una infracción de las disposiciones previamente citadas que sólo puede ser corregida a través de la invalidación del fallo, de manera que se acogerá el recurso de casación en el fondo que se ha venido analizando».
Consulte sentencia analizada a texto completo en Microjuris.

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – AMBIENTAL – EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – TERCEROS – LEGITIMACION ACTIVA – RECURSO DE RECLAMACIÓN – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO

Partes: Ilustre Municipalidad de San Felipe c/ Servicio de Evaluación Ambiental s/ Legitimación activa – Municipalidades
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – MJ

Los municipios pueden ostentar la calidad de interesados en los procedimientos ambientales y, en consecuencia, ejercer las acciones pertinentes en los casos y formas que la ley señala. En la especie, la Municipalidad estaba legitimada para interponer la reclamación establecida en el artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, por lo que el Tribunal Ambiental, al negarle tal calidad, ha incurrido en un error de derecho. En efecto, los motivos concretos invocados por la autoridad edilicia otorgan a la impugnante la calidad de interesada, pues la obligación de proteger los humedales se encuentra establecida en la normativa general, de manera que no cabe considerar justificado el argumento adicional invocado por el tribunal para rechazar la consideración de la observación formulada por la Municipalidad.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la municipalidad en contra de la sentencia del tribunal ambiental que declaró inadmisible la reclamación fundada en la ausencia de presupuestos de procesabilidad, dado que el artículo 17 N°6 de la Ley N°20.600 exige el agotamiento de la vía administrativa, los que no fueron cumplidos por la Municipalidad, dado que no formuló observaciones en el curso del procedimiento de participación ciudadana y en relación a la legitimación activa, consideró que carecía de ella, pues sostiene que el rol de las municipalidades en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido expresamente reglado en la Ley N°19.300, restringiéndolo a la actividad indicada en los artículos 8°,inciso 3° y 9° ter, inciso 2° , vale decir, a emitir informe sobre la compatibilidad territorial y al pronunciamiento relativo a la relación del proyecto de que se trate con las políticas, planes y programas de desarrollo comunal. Al respecto, yerra la sentencia impugnada, toda vez que siendo un hecho no controvertido que, en el lugar de emplazamiento del proyecto en cuestión, existe un humedal, la obligación de proteger los humedales se encuentra establecida en la normativa general, de manera que no cabe considerar justificado este argumento adicional invocado por el tribunal para rechazar la consideración de la observación de la Municipalidad. Así, los motivos concretos invocados por la autoridad edilicia, otorgan a la impugnante la calidad de interesada, conforme al artículo 23 del Código de Procedimiento Civil y al 21 de la Ley N°19.880. De este modo, la Municipalidad estaba legitimada para interponer la reclamación, por lo que el tribunal ambiental, al negarle tal calidad, ha incurrido en una infracción que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

2.- La Ley N°19300, al señalar en su artículo 11 qué clase de proyectos requiere evaluación de impacto ambiental, no exige la declaración de pertenencia a la Convención de Ramsar sobre Conservación y Uso Racional de los Humedales para otorgarles protección.

3.- Los municipios pueden ostentar la calidad de interesados en los procedimientos ambientales y, en consecuencia, ejercer las acciones pertinentes en los casos y formas que la ley señala. En este sentido, si bien la Corte Suprema, al resolver recursos de protección ha negado tal legitimación activa a las Municipalidades, lo resuelto no se contradice con lo afirmado por cuanto lo decidido al respecto dice relación con la legitimación activa para recurrir de protección invocando el amago de la garantía constitucional contemplada en el numeral primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de forma tal que era procedente exigir al alcalde compareciente la individualización de alguna persona natural cuyo derecho se encontrara amagado en los términos descritos en el artículo 20 del Texto Constitucional.

4.- Para esclarecer aquellos casos en los que las entidades edilicias pueden ejercer acciones ambientales, es necesario distinguir, por una parte, el tipo de resolución de que se trate, y la clase de competencias atribuidas a los distintos órganos participantes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

5.- En la especie, la sentencia recurrida debió ser anulada, como se ha hecho y, además, haberse dictado una de reemplazo, que resolviera la totalidad de las alegaciones y defensas planteadas por las partes. En este sentido, en la sentencia recurrida, se sostiene que no se deben evaluar las materias cuestionadas, refiriendo, en síntesis, al impacto del proyecto en el humedal, por carecer de reconocimiento RAMSAR pero, al mismo tiempo, se afirma que se consideró la consulta del observante particular. Tales afirmaciones resultan ser contradictorias y, asimismo, determinan que el tribunal no esté en lo cierto al expresar que existe certidumbre que tales impactos no se producirán, circunstancia que resulta contraria al principio de precaución que debe primar en materia ambiental. En las condiciones señaladas, corresponde acoger la impugnación para efectos de disponer que la autoridad ambiental tome medidas para la realización de los estudios pertinentes con el fin de evaluar la necesidad o conveniencia de resolver lo pertinente y, a lo menos, decretar medidas de mitigación respecto del humedal, tal como ha sido indicado por el legislador en los artículos 2° , 12 y 16 de la Ley N° 19.300. (De la prevención del Ministro señor Muñoz).

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