Jurisprudencia Destacada Año 2019 N11

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 11 DE 2019

 

LABORAL – FINIQUITO – RESERVA DE ACCIONES

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Olave c/ Ilustre Municipalidad de Santiago

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – EXCEPCIONES – FINIQUITO – FORMALIDADES DEL FINIQUITO – RESERVA DE ACCIONES – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Duodécima
Producto: Laboral

No puede exigírsele al trabajador que, al ejercer el derecho a reservarse derechos del finiquito, utilice palabras sacramentales, sino que basta que esta reserva se realice en términos precisos y concretos. Por ello, la reserva de derechos de autos se debe entender extendida a la acción de despido injustificado, toda vez que, a pesar de no señalarlo de forma textual, el trabajador manifiesta no estar conforme con las prestaciones pagadas que dicen relación precisamente con la causal invocada para el término de los servicios.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que acogió la acción subsidiaria de despido injustificado, desestimando la excepción de finiquito. Esto, dado que no se verifica la infracción al artículo 177 del Código del Trabajo, toda vez que la reserva hecha por el actor es suficientemente comprensiva de la acción por despido injustificado pues, a pesar de no señalarlo de forma textual, si manifiesta no estar conforme con las prestaciones pagadas que dicen relación precisamente con la causal invocada para el término de los servicios. Así, no puede pedirse al trabajador que al ejercer este derecho utilice palabras sacramentales, advirtiéndose claramente que, en lo atinente al despido no está de acuerdo, pues en lo que se refiere a la tutela de derechos, manifestó expresamente su intención de recurrir a la vía judicial.

2.- La reserva de derechos es un acto unilateral del trabajador, por el cual manifiesta que no está de acuerdo con alguno de los puntos indicados en el finiquito, por lo que, en este aspecto, el poder liberatorio no es pleno o completo. Así, entonces debe entenderse que esta reserva de derechos debe formularse por el actor, en términos precisos y concretos, debiendo indicarse específicamente, en qué puntos del finiquito corresponde el derecho al que se reserva. Lo anterior no quiere decir que deba expresarse algunas palabras sacramentales sino solo qué rubros de los pagados no está de acuerdo y que, por ellos, recurrirá a la vía judicial.

3.- Debe desestimarse la causal invocada del artículo 478, letra c) del Código del Trabajo, que dice relación estrictamente con una cuestión de derecho, pues debe determinarse si un hecho establecido en el proceso, se encuentra regulado por una determinada norma legal para lo cual el tribunal debe realizar un juicio de valor, pero con la limitación que no pueden alterar las conclusiones fácticas del tribunal inferior. Así, conforme a los hechos ya establecidos y al tenor del arbitrio en examen, el recurrente en realidad lo que pretende, no es solo alterar la calificación jurídica de los hechos establecidos en la sentencia que se impugna, sino que también modificarlos, alegaciones que son ajenos a la causal invocada.

 

DERECHOS DE ASEO – PRESCRIPCIÓN

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Luo Weichad c/ Ilustre Municipalidad de El Bosque

Voces: DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – TRIBUTO – NATURALEZA JURIDICA – IMPUESTOS MUNICIPALES – RESIDUOS DOMICILIARIOS – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PRESCRIPCIÓN – CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – MJ – Tributario

En el concepto de impuesto a que se refiere el artículo 2.521 del Código Civil no se encuentra incluida la suma de dinero que se cobra por el servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios, porque existe una correlación directa entre el servicio prestado por la municipalidad y el cobro de la tarifa, y tal contraprestación descarta toda posibilidad que se trate de un impuesto. De este modo, a la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo corresponde aplicar el artículo 2.515 del Código Civil y no el artículo 2.521 del mismo cuerpo legal.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, acogió la demanda de declaración de prescripción extintiva de cobro de derechos domiciliarios por servicios de aseo, pero no aplicó el plazo de prescripción del artículo 2521 del Código Civil, por lo que se acogió sólo en cuanto, declaró extinguida las acciones de cobro, respecto de los derechos de aseo devengados entre el 30 de septiembre de 1998 y el 30 noviembre de 2011 y no hasta el año 2013 como pretendía el demandante. Al respecto, en el fallo atacado se dio correcta aplicación a las normas que rigen el caso, pues en el concepto de impuesto a que se refiere el artículo 2.521 del Código Civil no se encuentra incluida la suma de dinero que se cobra por el servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios, porque precisamente existe una correlación directa entre el servicio prestado por la municipalidad y el cobro de la tarifa, y tal contraprestación descarta toda posibilidad que se trate de un impuesto. Así, se concluye que a la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo corresponde aplicar el artículo 2.515 del Código Civil y no el artículo 2.521 del mismo cuerpo legal.

2.- Si bien el concepto de impuestos consignado en el artículo 2521 del Código Civil no ha sido definido por el legislador, la doctrina ha conceptualizado el término como el gravamen que se exige para cubrir los gastos generales del Estado, sin que el deudor reciba otros beneficios que aquel indeterminado que obtienen todos los habitantes de un país por el funcionamiento de servicios públicos. Es decir, emerge como característica fundamental del impuesto, la falta de contraprestación directa por parte del Estado.

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO

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Domínguez c/ Ilustre Municipalidad de Hualpén

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – NULIDAD DEL DESPIDO – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ACCIÓN DECLARATIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – Laboral

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que, acogiendo el recurso de nulidad deducido por la parte demandante, dio lugar a la demanda por declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado y nulidad del despido. Al respecto, y en relación a la aplicación de la sanción de nulidad del despido, yerran los sentenciadores al aplicarla al caso, pues no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

2.- Por tratarse de una cuestión evidente que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base. Sin embargo, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado – entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, pues concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

3.-La aplicación -en estos casos-, de la sanción referida, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público.

4.- Corresponde rechazar el recurso de unificación interpuesto por la demandada, por cuanto atendida la naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la existencia de un vínculo de trabajo, no depende de sí el empleador retuvo o no lo correspondiente a las cotizaciones de seguridad social, ni de la naturaleza jurídica del empleador, por lo tanto, procedía declarar que la demandada también queda obligada al pago de los emolumentos devengados desde la separación del trabajador hasta la convalidación del despido. (Del voto en contra de la Ministra señora Chevesich)

 

EDUCACIÓN – BONO PROPORCIONAL

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Ballesteros y otros c/ Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – Laboral

La Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes (docentes del sector municipal) pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad interpuesto por los docentes en contra de la sentencia que acogió la excepción de pago opuesta por la demandada, y, consecuencialmente, rechazó íntegramente la demanda deducida por noventa y seis docentes adscritos a establecimientos educacionales del sector municipalizado en contra de la Corporación Municipal, reclamando ser titulares del incremento remuneracional dispuesto por Ley Nº 19.933 . Esto, dado que la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410 instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», pero la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

3.- La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador, pues la sustitución de la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual establecida en las leyes dictadas con posterioridad a su consagración, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N°19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado. (Del voto en contra del ministro señor Blanco)

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – CONTRATO A HONORARIOS

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Soto c/ Ilustre Municipalidad de Rengo

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – ACCION DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – Laboral

Los hechos acreditados revelan la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que tuvo dicho relación, en los términos descritos en el artículo 7 del Código del Trabajo, pues se trató de una prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual el demandante recibía a cambio una remuneración. Inferencia que se obtiene con mayor fuerza si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, lo que impide considerar que su incorporación se haya desplegado conforme a las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, desde que el ejercicio de las labores se extienden durante más de cinco años y, en las condiciones señaladas, no pueden considerarse como sujeta a las características de especificidad que indica dicha norma.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la municipalidad en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración de existencia de relación laboral y despido injustificado del funcionario, por estimarse que la relación entre las partes se ejecutó al margen de una relación a honorarios. Esto, dado que, no yerra la sentencia impugnada, pues concurren, en la especie, circunstancias que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, al constituir indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7 del Código del Trabajo, en efecto, se determinó que el actor se desempeñó como profesional de apoyo de programa sobre drogas en la municipalidad, bajo la modalidad de contrato a honorarios, desarrollando funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario y en virtud de convenios celebrados con el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, SENDA, cumpliendo una jornada de trabajo, registrando asistencia, siendo supervisado por un Director de la Municipalidad quien debía emitir un informe de cumplimiento de las labores contratadas, realizando funciones de entrevista y determinación de daño a personas con problemas de alcohol o drogas, efectuando seguimiento de programas de tratamiento ambulatorio o residencia; labores que realizaba en dependencias de la Municipalidad, sujeto a un horario y que los programas continuaron desarrollándose. De este modo, se trató de una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual el demandante recibía a cambio una remuneración. Inferencia que se obtiene con mayor fuerza si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, lo que impide considerar que su incorporación se haya desplegado conforme a las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, desde que el ejercicio de las labores se extienden durante más de cinco años y, en las condiciones señaladas, no pueden considerarse como sujeta a las características de especificidad que indica dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que refiere, por lo que correspondía aplicar, en la especie, el Código del Trabajo.

2.- El artículo 4° de la Ley N°18.883 establece la posibilidad de contratación a honorarios, como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. De este modo, corresponden a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato. Sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto, excedan o simplemente no coincidan con los términos que establece la normativa en comento, sino que revelen caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en la hipótesis estricta que contempla el artículo señalado.

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