Corte de Apelaciones confirme condena a cadena de supermercados por actuar ilegal de guardia de seguridad

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a Hipermercados T. a pagar una multa de 50 UTM (unidades tributarias mensuales) y una indemnización de $4.000.000 (cuatro millones de pesos), por infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores, al retener ilegalmente a cliente, en junio de 2017.

Respecto a la culpa o negligencia, el fallo señala que se ha de remarcar que el artículo 15 de la ley del consumidor establece: ‘Los sistemas de seguridad y vigilancia que, en conformidad a las leyes que los regulan, mantengan los establecimientos comerciales están especialmente obligados a respetar la dignidad y derechos de las personas.

En caso que se sorprenda a un consumidor en la comisión flagrante de un delito los gerentes, funcionarios o empleados del establecimiento se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de las autoridades competentes.
Cuando la contravención a lo dispuesto en los incisos anteriores no fuere constitutiva de delito, ella será sancionada en conformidad al artículo 24′.
Como se ve la ley, ha puesto especial responsabilidad en el establecimiento comercial, ya que la actividad del particular, pone en juego derechos fundamentales del ciudadano, como son la honra y la libertad del ciudadano», detalla el fallo.

En el caso, en cuestión se le imputó un robo, y consecuentemente fue detenido. Pues bien, en primer término, de acuerdo a la contestación, en su página 3 fojas 73 de autos, no se habría sospechado la comisión de un delito. Con lo que la aplicación del procedimiento de detención habría sido completamente arbitraria, ya que la ley exige que sea sorprendido en delito flagrante, lo que vuelve de extrema gravedad su acción y su trato al Francisco Javier Mendoza Torres y su familia.

Por su parte la testigo M. Silva reconoce que se decidió aplicar el procedimiento, lo que es concordante con el trato que indican los testigos del demandado. Asimismo, debe considerarse que el protocolo de ‘Procedimientos operacionales Hipermercados T.», acompañado por el demandado, señala el fin último es proceder a la detención de un individuo ante la comisión de un ilícito’, y a fojas 66 que ‘Nunca podrá dejar en libertad a un detenido, una vez que haya ingresado a la sala de espera.

«Pero, además, respecto de dicha actividad intencionalmente realizada, la teoría del caso del empleador fue que se debió a que habrían avisado de la sustracción o carga de productos por las cámaras, pero al no acompañarse cámara alguna, la justa causa de error que pretende el recurrente no fue acreditada, y la conducta aparece como desprovista de la justificación necesaria en el proceder», añade.

«Por lo demás, el mal trato que recibió el actor y su cónyuge y su hijo, según los relatos de los testigos, en ningún caso se enmarcan en un actuar diligente y respetuoso de la dignidad de éstos. Con lo que se configura la culpa en su actuar fuera del marco de racionalidad que la ley le exige», afirma la resolución.

Por último, los testigos del demandante,  señalan expresamente que fueron registrados tanto el actor como su señora e hijos. Sin embargo, el propio protocolo de Procedimientos señala que el personal de seguridad NO DEBE registrar a sospechosos ni detenidos, cuestión que sí ocurrió, y que el demandando si quiso desvirtuar no acompañó los videos de seguridad para ello. Por lo que el personal del demandado tampoco se ciñó a su propio protocolo.

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