Jurisprudencia Destacada Año 2019 N12

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 12 DE 2019

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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Grandon Lagunas, Héctor c/ Ilustre Municipalidad de Talcahuano

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – ACCION DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – FUNCIONARIOS PUBLICOS – APLICACION DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

Las labores desarrolladas por el funcionario bajo la modalidad de contrato a honorarios, desarrollando funciones en la inspección fiscal y revisión de las obras financiadas por la alcaldía para controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las construcciones, como mantención de semáforos, demarcación de vías, retiro de señaléticas y vallas peatonales, cumpliendo una jornada de trabajo, registrando asistencia, siendo supervisado; labores que realizaba en dependencias de la municipalidad, revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, al constituir indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7 del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que acogió una demanda declarativa de relación laboral en su contra. Esto, dado que las labores desarrolladas por el funcionario bajo la modalidad de contrato a honorarios, desarrollando funciones en la inspección fiscal y revisión de las obras financiadas por la alcaldía para controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las construcciones, como mantención de semáforos, demarcación de vías, retiro de señaléticas y vallas peatonales, cumpliendo una jornada de trabajo, registrando asistencia, siendo supervisado; labores que realizaba en dependencias de la municipalidad, revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, al constituir indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7 del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual el demandante recibía a cambio una remuneración. Inferencia que se obtiene con mayor fuerza si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, y que corresponde a funciones propias y habituales de una municipalidad, lo que impide considerar que su incorporación se haya desplegado conforme a las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, desde que el ejercicio de las labores se extendieron en las condiciones señaladas, no pudiendo considerarse como sujeta a las características de especificidad que indica dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que refiere, por lo que correspondía aplicar, en la especie, el Código del Trabajo.

2.- El artículo 4° de la Ley N°18.883 establece la posibilidad de contratación a honorarios, como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. De este modo, corresponden a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato. Sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto, excedan o simplemente no coincidan con los términos que establece la normativa en comento, sino que revelen caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en la hipótesis estricta que contempla el artículo señalado.

 

PERMISO DE EDIFICACIÓN

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Inmobiliaria Vivaceta S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Conchalí

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – PLAN REGULADOR COMUNAL – CONDOMINIO – ESTACIONAMIENTO – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – MJ

No habiendo controversia en cuanto a que la solicitud de permiso de edificación se encuentra sometida a las regulaciones de la Ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, la Municipalidad no actuó de forma ilegal al denegar el permiso, en razón de que el proyecto no contemplara un espacio destinado a estacionamiento por cada una de las viviendas que se propone construir, tal y como lo exige el Plan Regulador Comunal para este tipo de viviendas. Sin embargo, igualmente se acoge la reclamación de ilegalidad a fin de que la Municipalidad otorgue el permiso de edificación si la reclamante cumple con la observación relacionada con los estacionamientos del proyecto.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la reclamada en contra de la sentencia que acogió la reclamación de ilegalidad municipal por denegación del permiso de edificación. Esto, dado que la sentencia ha infringido lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, así como el 14 del Plan Regulador de la comuna. En efecto, dichas disposiciones facultan a la autoridad municipal se hallaba facultada para rechazar la solicitud de permiso de edificación presentada por la reclamante en tanto su proyecto no contemplara un espacio destinado a estacionamiento por cada una de las viviendas que se propone construir. Así, la Municipalidad obró precisamente de esa forma al desestimar la autorización de construcción pedida, en razón, precisamente, del insuficiente número de plazas de aparcamiento, pues, en lugar de considerar uno por cada vivienda, su plan sólo prevé la construcción de uno cada dos unidades habitacionales, debiendo haber sido desestimada la reclamación de ilegalidad.

2.- Las partes no han controvertido que el proyecto a que se refiere la solicitud de permiso de edificación de autos se encuentra sometido a las regulaciones de la Ley N° 19.537 , sobre Copropiedad Inmobiliaria, hasta el punto de que, incluso en el Informe de Revisión aparejado a la antedicha petición se señala de manera explícita que, entre otras, resulta aplicable a la propuesta en comento la citada disposición legal. En estas condiciones, entonces, forzoso es concluir que, por hallarse acogidas a las prescripciones de la Ley N° 19.537, las viviendas de cuya construcción se trata deben cumplir con la exigencia establecida en la primera línea del cuadro inserto en el artículo 14 del Plan Regulador Comunal de la especie, debiendo considerar el constructor, por consiguiente, un estacionamiento por cada vivienda, con independencia de la extensión de su superficie en metros cuadrados.

3.- Tal como se decidió correctamente en la sentencia anulada, en consideraciones que no fueron afectadas por el vicio de nulidad declarado, la Municipalidad obró de manera ilegal y arbitraria al rechazar el permiso de edificación de que se trata fundada en dos observaciones incorporadas recién en un Ordinario, y que no habían sido incluidas en el Acta de Observaciones original, correspondientes a las signadas con los números 7 y 10. En efecto, al decidir de ese modo no sólo impidió al interesado exponer a su respecto lo que estimara más conveniente a sus derechos, pues no lo escuchó, sino que, además, infringió lo estatuido en el artículo 1.4.9 inciso primero de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que ordena formular todas las observaciones a la solicitud de un permiso de edificación en un solo acto (De la sentencia de reemplazo).

4.- La reclamación de ilegalidad debería ser acogida, toda vez que las observaciones formuladas por la Municipalidad a la solicitud presentada por la reclamante, y signadas con los números 1, 3, 5, 6, 7 y 10, resultan improcedentes, sea porque fueron oportunamente corregidas, sea porque la autoridad no las incluyó en el acta original pertinente. Sin embargo, y por el contrario, en lo que atañe a la observación singularizada con el N° 4 la reclamada lleva razón, puesto que el titular del proyecto sólo estará en condiciones de obtener el permiso de edificación tantas veces referido si da cabal y estricto cumplimiento a la normativa que regula la situación de los estacionamientos de su propuesta (De la sentencia de reemplazo).

5.- Es posible establecer, a partir del claro tenor literal del artículo 14 del Plan Regulador Comunal, que la exigencia de un estacionamiento por cada vivienda acogida a las disposiciones de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria supone, además, que si cada unidad habitacional lleva asociada la presencia de un espacio destinado para aparcamiento, por fuerza dicho espacio ha de entenderse vinculado indisolublemente a la vivienda respectiva. En efecto, del texto del artículo se desprende que la unidad habitacional y el estacionamiento, deben entenderse como unidad, máxime si se considera que el artículo 2.4.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, dispone que las “exigencias de estacionamientos deberán cumplirse en el predio en que se emplaza el edificio que genera la obligación, o en otros predios o edificaciones”, mientras que el mencionado artículo 14 preceptúa que los “edificios que se construyan, habiliten, cambien de destino o se regularicen en la comuna, deberán cumplir en el mismo predio que genera la obligación con las normas y estándares mínimos de estacionamiento” (De la sentencia de reemplazo).

6.- Considerando que, según el artículo 3° de la Ley N° 18.695, las funciones encomendadas a la Municipalidad en materia urbanística se vinculan con la planificación y regulación de la comuna, de acuerdo con las normas legales vigentes; con la promoción del desarrollo comunitario y con la aplicación de las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, resulta evidente, entonces, que tales objetivos, emparentados estrechamente con el bien común, pueden ser igualmente satisfechos si el interesado, cumpliendo cabal y estrictamente con la normativa aplicable, ofrece construir, y efectivamente lo lleva a cabo, un sitio de aparcamiento por cada unidad habitacional contemplada en su proyecto (De la sentencia de reemplazo).

7.- Corresponde rechazar la reclamación de ilegalidad municipal por denegación del permiso de edificación, debiendo rechazarse la reclamación de ilegalidad. Esto, dado que la Municipalidad que rechazó el permiso de edificación está resolviendo sobre la base de las normas vigentes en relación a la cantidad de estacionamientos por unidad habitacional, exigiendo un lugar por departamento. Dicha exigencia no cumplida por el actor permite negar lo solicitado por éste, en el actual estado de las cosas y según la prueba reunida, los hechos establecidos y la normativa legal vigente. Debido a la permanencia de tal reparo la decisión administrativa no es posible que se varíe por la jurisdicción, con menos razón de manera eventual y ante hechos futuros e inciertos (Del voto en contra del ministro señor Muñoz).

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NULIDAD DEL DESPIDO

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Aguilera Castex, Flaviano c/ Ilustre Municipalidad de Illapel

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PUBLICOS – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

En la especie, las circunstancias en que se desarrollaron las labores revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, al constituir indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7 del Código del Trabajo, un vínculo sometido a su regulación. Por otro lado, tratándose de la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que acogió una demanda de nulidad del despido en su contra. Esto, dado que tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido. De esta manera, yerran los sentenciadores cuando al fallar el recurso de nulidad interpuesto por la demandante -y recurrente- resuelven que la sentencia del grado no incurrió en error de derecho al acoger la demanda por nulidad de despido.

2.- La aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

3.- Respecto a la declaración de relación laboral solicitada por la parte demandante, se concluye que las circunstancias del caso (en que el actor ingresó a prestar servicios por dos años y medio bajo la modalidad de contrato a honorarios, desarrollando funciones en la Oficina de Protección de Derechos de la entidad edilicia, cumpliendo una jornada de trabajo, registrando asistencia, siendo supervisado; labores que realizaba en dependencias de la Municipalidad, sujeto a un horario y que los programas de la Oficina de Protección de Derechos continuaron desarrollándose) revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, al constituir indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7 del Código del Trabajo, una vínculo sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual el demandante recibía a cambio una remuneración. Inferencia que se obtiene con mayor fuerza si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, lo que impide estimar que su incorporación se haya desplegado conforme a las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, desde que el ejercicio de las labores se extienden durante dos años y medio, en las condiciones señaladas, no pueden considerarse como sujeta a las características de especificidad que indica dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que refiere, por lo que correspondía aplicar, en la especie, el Código del Trabajo.

4.- La controversia central de la cuestión discutida no se vincula propiamente con la naturaleza de la sentencia, esto es, de si es declarativa o constitutiva. El punto es diverso, tal como mantuvieron las partes la relación antes del despido, más allá de sus características, ninguna pareció entender que la demandada debía descontar de la remuneración (u honorario) la cotización respectiva. Y aun cuando así lo hubieran entendido, así no se condujeron, que es lo que cuenta para el derecho. El artículo 162 del Código del Trabajo, parte de la base de que esta obligación existe, no de que surja de una relación indisputada pero que puede disputarse y por ende, develarse como una relación laboral. Lo que tanto el artículo 13° de la Ley N°17.322 como el artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, razonan, es castigar la apropiación o distracción de los dineros provenientes de las cotizaciones que se hubieren descontado de la remuneración del trabajador, lo que en este caso no ha ocurrido. Por otro lado, el artículo 3° de este último cuerpo legal citado, establece una presunción de derecho de que se han efectuado los descuentos por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores. Y en caso de omisión por parte del empleador, la ley dispone que será de su cargo el pago de las sumas que por este concepto se adeuden. Esto es lo que prevé la ley para el caso de omisión y aquello lo que presume la ley si se han pagado las remuneraciones. Además, el artículo 19 del ya referido Decreto Ley N° 3.500, establece el modo en que deben declararse y pagarse las cotizaciones, señalando plazos que, obviamente la demandada no estaba en condiciones de cumplir, para que se fueran generando las distintas consecuencias, una de las cuales, la más gravosa es la que establece el artículo 162, inciso séptimo, del Código del Trabajo. (De la prevención del Ministro señor Silva Cancino)

Consulte sentencia a texto completo

 

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