Jurisprudencia Destacada Año 2019 N14

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 14 DE 2019

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

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Ilustre Municipalidad de Quillón c/ Consejo para la Transparencia

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – TRANSPARENCIA – ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – DECRETO ALCALDICIO – REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA – RECURSO DE QUEJA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Como la petición formulada por el requirente consistía en la entrega del acto que vinculaba al funcionario con la Municipalidad al momento del requerimiento, pues se utilizó el vocablo «vincula» en presente indicativo, la entrega de un decreto caduco, como ocurrió en la especie, no resulta satisfactoria para cumplir con la obligación de publicidad establecida en la Constitución y la ley.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de queja interpuesto por la reclamante en contra de los ministros que dictaron la sentencia que acogió el reclamo de ilegalidad, rechazando la solicitud de entrega de la información por la Municipalidad. Esto, dado que, siendo evidente que la petición formulada por el requirente consistía en la entrega del acto que vinculaba al funcionario con la Municipalidad al momento del requerimiento, pues se utilizó el vocablo «vincula» en presente indicativo, la entrega de un decreto caduco, como ocurrió en la especie, no resulta satisfactoria para cumplir con la obligación de publicidad establecida en la Constitución y la ley.

2.- Habiéndose afirmado reiteradamente por la Municipalidad reclamada que la persona respecto de la que se solicita información, en su calidad de Juez de Policía Local, en la práctica, no registraba asistencia, resulta impertinente ordenar su entrega, cualquiera sea la posición que se adopte respecto de la corrección de la exención de aquella obligación. La determinación de si un determinado funcionario ha debido o no registrar asistencia, así como el establecimiento de la responsabilidad administrativa que eventualmente se derive de su incumplimiento, es una materia que resulta absolutamente ajena al procedimiento administrativo y judicial de acceso a la información pública, pues éste se estructura sobre la base de la real existencia de los antecedentes requeridos que, en la especie, no existen.

3.- La Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública tiene por objeto el regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. Para ello, presupone, en su artículo 10 inciso segundo , que la información solicitada exista y se encuentre contenida en «actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos…, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales».

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CONTRATA – RELACIÓN LABORAL INDEFINIDA 

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Barría c/ Corporación Municipal de Castro

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO – TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO DE PLAZO INDEFINIDO – DESPIDO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

La contratación de personal a plazo fijo para desempeñarse en funciones de la atención primaria de salud municipal, aparece como una de las formas para ingresar al sistema por un período limitado, modalidad que no tiene la aptitud de conducir al funcionario a un estadio que le permita acceder a la carrera funcionaria y gozar de estabilidad en sus funciones. De manera que la ausencia de regulación respecto al régimen aplicable a una persona que celebra sucesivos contratos a plazo fijo por períodos iguales o inferiores a un año, es más aparente que real, ya que el sistema está diseñado de esa forma, al ser trabajadores que tienen la calidad de funcionarios del sistema público de atención primaria de salud municipal, circunstancia que impide generar una vía no contemplada en el estatuto vigente para transformar un contrato de plazo fijo en uno de carácter indefinido, pues implicaría alcanzar dicha condición estatutaria obviando los requisitos legales previstos para hacerlo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que, acogiendo el recurso de nulidad deducido por la demandante determinó que el último de los sucesivos contratos regulados por la ley 19.378 , aplicando supletoriamente el Código del Trabajo, se transformó en uno de naturaleza indefinida. Al respecto, yerra la sentencia impugnada por cuanto la contratación de personal a plazo fijo para desempeñarse en funciones de la atención primaria de salud municipal, aparece como una de las formas para ingresar al sistema que nos ocupa, por un período limitado, modalidad que no tiene la aptitud de conducir al funcionario a un estadio que le permita acceder a la carrera funcionaria y gozar de estabilidad en sus funciones, en la medida que la única vía prevista para tal efecto, pasa por ingresar a través de concurso público de antecedentes, tras el cual la vinculación con la entidad empleadora se materializa por medio de la contratación indefinida. De manera que la ausencia de regulación respecto al régimen aplicable a una persona que celebra sucesivos contratos a plazo fijo por períodos iguales o inferiores a un año, es más aparente que real, ya que el sistema está diseñado de esa forma, al ser trabajadores que tienen la calidad de funcionarios del sistema público de atención primaria de salud municipal, circunstancia que impide generar una vía no contemplada en el estatuto vigente para transformar un contrato de plazo fijo en uno de carácter indefinido, pues implicaría alcanzar dicha condición estatutaria obviando los requisitos legales previstos para hacerlo.

2.- El sistema contemplado respecto del personal que conforma la dotación de los establecimientos municipales de atención primaria de salud, resulta ser uno que prevé la presencia de funcionarios con contrato indefinido, que deben ingresar, necesariamente, a través de concurso público de antecedentes y que, de esa manera, accederán a la carrera funcionaria y gozarán de estabilidad en el empleo; y la de otros, contratados a plazo fijo, para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario, cuyo porcentaje total no podrá ser superior al 20% de la dotación. En ese porcentaje no se incluye a quienes están contratados meramente de «reemplazo», para realizar, transitoriamente, las funciones del reemplazado.

3.- No resulta procedente aplicar la normativa del derecho común, que permite transformar los contratos a plazo fijo en indefinidos bajo ciertas circunstancias, puesto que ello se opone al sistema de conformación de la dotación previsto en la Ley N° 19.378.

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DEPÓSITO DE ESCOMBROS 

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Sociedad de Manejo Integral de Residuos Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Villarrica

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DESPERDICIOS Y BASURAS – AUTORIDAD SANITARIA – AUTORIZACION SANITARIA EXPRESA – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

La municipalidad recurrida, al realizar la explotación de un depósito de escombros sin contar con autorización sanitaria, conculca el derecho de la actora a la igualdad ante la ley, pues la Municipalidad desarrolla idéntica actividad económica, pero se ha ubicado, en la práctica, en una ilegítima posición de privilegio al incumplir flagrantemente los requisitos que la ley exige para su ejercicio.

Doctrina:

1- Corresponde confirmar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección interpuesto en contra de la municipalidad por el acto de la recurrida consistente en la explotación de un depósito de escombros sin contar con autorización sanitaria. Esto, debido a que, la Municipalidad actúa en abierta infracción a la ley, al haber reconocido que no cuenta con autorización sanitaria, y mediando informe de la SEREMI de Salud que afirma haber dispuesto en dos oportunidades la prohibición de funcionamiento del recinto. De este modo, la actuación de la recurrida conculca el derecho de la actora a la igualdad ante la ley, pues la Municipalidad desarrolla idéntica actividad económica, pero se ha ubicado, en la práctica, en una ilegítima posición de privilegio al incumplir flagrantemente los requisitos que la ley exige para su ejercicio. Por ello, no basta con instruir a la Municipalidad el realizar, en el más breve plazo, la tramitación de las autorizaciones administrativas pertinentes, como lo señala la sentencia apelada por la sociedad recurrente, sino también se debe instruir a la recurrida el dar inmediato y estricto cumplimiento a la prohibición de funcionamiento decretada por la SEREMI de Salud, por cuanto cualquier acción menos intensa resulta manifiestamente ineficaz.

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PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

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Defensoría del Adulto Mayor de la Municipalidad de Peñalolén c/ Servicio Nacional Del Adulto Mayor

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA – ADULTO MAYOR – LOCURA O DEMENCIA – SERVICIOS PÚBLICOS – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Sexta

Producto: Municipalidades – MJ

El Servicio recurrido tiene una función clara y precisa, cual es proteger a los adultos mayores en caso de abandono e indigencia. Por ello, corresponde acoger el recurso de protección interpuesto frente a la falta de respuesta del Servicio, a la solicitud de incorporación de la adulta mayor en un establecimiento de larga estadía, debiendo adoptar el recurrido, las medidas que pongan fin a la situación de abandono en la que se encuentra la persona por quien se recurre, que no cuenta con una red de apoyo que le permita tratar la demencia que padece.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por la Defensoría del Adulto Mayor de la municipalidad en contra de la falta de respuesta ante la solicitud de incorporación de la Adulta Mayor a un Establecimiento de Larga Estadía Adulto Mayor (ELEAM). Al respecto, el Servicio recurrido tiene una función clara y precisa, determinada por la ley 19.828 , cual es proteger a los adultos mayores en caso de abandono e indigencia. Por ello, dada la situación de abandono en la que se encuentra la afectada, quien no cuenta con red de apoyo que le permita tratar la demencia que padece, circunstancias de una gravedad extrema que afectan claramente el derecho a su integridad psíquica y física, situación que no puede ser aceptaba por la sociedad, representada en este caso por sus vecinos próximos, que han conferido a sus autoridades las facultades para el diseño de políticas públicas que apunten a enfrentar, de manera eficaz mediante acciones concretas, estas situaciones límites,se acoge el recurso, debiendo el Servicio recurrido adoptar en forma urgente las medidas que correspondan para hacer frente a la situación que afecta a la pensionada.

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RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL 

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Donoso c/ Ilustre Municipalidad de La Pintana

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – DESPIDO INDIRECTO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

Los servicios prestados por la actora (labores de jardinería relativas al cuidado del vivero municipal), además de no coincidir con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, dan cuenta de elementos que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de lo realidad concreta tuvo dicha relación. Dicha conclusión se refuerza si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo por 19 años, sin solución de continuidad, lo que impide considerar que su incorporación se haya desplegado conforme las exigencias del artículo 4° de la Ley N° 18.883, desde que el ejercicio de labores que se extienden por ese período bajo la prestación de servicios que revela una relación de subordinación y dependencia, no pueden considerarse como sujetas a las característica de especificidad que señala dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que indica.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad de la municipalidad demandada rechazando la demanda de declaración de existencia de relación laboral, despido indirecto y nulidad del despido en todas sus partes. Al respecto, el fallo impugnado no debió haber acogido el recurso de nulidad planteado por la parte demandada, toda vez que los servicios prestados por la actora (labores relativas al cuidado del vivero municipal, rindiendo cuenta diaria de sus acciones al Jefe de Áreas Verdes, cumpliendo horario y jornada laboral, sometida a control electrónico de asistencia, y con beneficios como vacaciones, descanso pre y post natal, pago de licencias y permiso, servicios por los cuales percibía mensualmente una contraprestación) además de no coincidir con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, dan cuenta de elementos que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de lo realidad concreta tuvo dicha relación, surgiendo indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía en cambio una remuneración. Tal conclusión adopta mayor vigor si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo -19 años-, sin solución de continuidad, lo que impide considerar que su incorporación se haya desplegado conforme las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, desde que el ejercicio de labores que se extienden durante más de 19 años y en las condiciones señaladas en razonamiento cuarto que antecede, no pueden considerarse como sujetas a las característica de especificidad que señala dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo, concluyendo que el vínculo existente entre las partes, es de orden laboral.

2.- El artículo 4° de la Ley N° 18.883, que contiene el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece la posibilidad de contratación a honorarios, como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la administración municipal puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. De este modo, corresponden a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato. Sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto, excedan o simplemente no coincidan con los términos que establece la normativa en comento, sino que revelan caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en la hipótesis estricta que contempla el artículo 4º señalado

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