Corte Suprema acogió recurso de casación manteniendo la responsabilidad por falta de servicio de municipio al denegar injustificadamente la solicitud de traslado de patente de alcoholes

La Tercera Sala de la Corte Suprema, acogió recurso de casación en el fondo interpuesto por un municipio en contra de la sentencia que dio lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio, por infracción al artículo 1698 del Código Civil, pero determinando la obligación de indemnizar perjuicios por lucro cesante al haber denegado la municipalidad la solicitud de traslado de patente de alcoholes del actor. Consulte a continuación sentencia analizada por Microjuris.

Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN – CONCEJO MUNICIPAL – PATENTE MUNICIPAL – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – PESO DE LA PRUEBA – LUCRO CESANTE – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Cornejo Guajardo, Bernardo c/ Ilustre Municipalidad de San Bernardo y otros s/ Falta de servicio – Denegación de traslado patente

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Se tiene por configurada la falta de servicio de la municipalidad demandada al haber dispuesto, el Concejo Municipal, el rechazo de la solicitud del actor, en orden a trasladar la patente de alcoholes sin cumplir con el deber de motivación de toda decisión administrativa. En efecto, el Concejo Municipal actuó de manera irregular al denegar la solicitud de traslado pues dicha determinación se pretendió fundar en antecedentes vagos, inciertos, subjetivos e imposibles de verificar, tales como información que ciertos Concejales habrían obtenido que daría cuenta de la venta clandestina de alcohol, afirmación que resultaba contradictoria con el informe favorable tanto de la Junta de Vecinos del Sector como del Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, quien concluyó que el contribuyente cumplía con todos los requisitos que la ley exige para la procedencia del traslado.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado,en cuanto a la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en contra de la municipalidad por falta de servicio, reguló prudencialmente el monto de la indemnización por lucro cesante. Al respecto, el artículo 1698 del Código Civil impone a la parte que la alega probar las obligaciones o su extinción. Concretamente, la procedencia de la obligación reparatoria derivada de la responsabilidad civil extracontractual depende de la acreditación de una serie de presupuestos fácticos, siendo uno de ellos la real existencia y entidad del daño que se pretende sea reparado. De esta manera, cuando los juzgadores del fondo han renunciado a considerar la profusa prueba documental rendida para acreditar el lucro cesante sufrido por el actor, limitándose a invocar su «prudencia» o «criterio» a la hora de regular su monto, han transgredido, por falta de aplicación, la norma que se ha invocado. Así, el recurso de casación debe acogerse pues dicha omisión ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto el pronunciamiento cuestionado se circunscribe a un monto que no guarda necesaria relación con el mérito del proceso o, en caso de concordar, ello no ha sido debidamente justificado.

2.- Se tiene por configurada la falta de servicio de la municipalidad demandada al haber dispuesto, el Concejo Municipal, el rechazo de la solicitud del actor, en orden a trasladar la patente de alcoholes sin motivar la decisión. En efecto, el Concejo Municipal actuó de manera irregular al denegar la solicitud de traslado pues dicha determinación se pretendió fundar en antecedentes vagos, inciertos, subjetivos e imposibles de verificar, tales como información que ciertos Concejales habrían obtenido que daría cuenta de la venta clandestina de alcohol, afirmación que resultaba contradictoria con el informe favorable tanto de la Junta de Vecinos del Sector como del Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, quien concluyó que el contribuyente cumplía con todos los requisitos que la ley exige para la procedencia del traslado. De esta manera, el actuar irregular del organismo demandado deviene de la flagrante infracción al deber de motivación de toda decisión administrativa, estatuida en los artículos 11 inciso 2º y 41 inciso 4º de la Ley Nº 19.880 (De la sentencia de reemplazo)

3.- En lo que respecta al daño son tres los conceptos cuya reparación pretende el demandante: El daño emergente, consistente en ciertas obligaciones que no pudo pagar y le fueron cobradas ejecutivamente, el valor de ciertos productos incautados por la Gobernación Provincial, y los gastos en que ocurrió con motivo de una serie de padecimientos médicos agudizados con motivo de la privación de su actividad económica; el lucro cesante, entendido como el dinero que buenamente pudo obtener a través de su ejercicio comercial durante el periodo en que se vio impedido de hacerlo; y el daño moral que le fuere ocasionado, en virtud de las innumerables molestias, rabia, frustración, pena, y desmejoramiento de su vida y salud con ocasión del hecho dañoso. En cuanto a la primera pretensión, aquellas obligaciones cobradas por la vía ejecutiva eran exigibles con anterioridad al hecho dañoso, debiendo hacerse notar que ellas responden a prestaciones que -no se ha demostrado lo contrario- le fueron efectivamente bridadas por terceros al actor quien, por tanto, no puede pretender desentenderse de su pago imponiendo tal carga a los demandados. Acto seguido, tampoco podrá resarcirse al demandante por la pérdida de productos incautados por la autoridad administrativa, ya que, primeramente, aquella conducta fue ejecutada por la Gobernación sin intervención de la Municipalidad, en tanto que, desde otra perspectiva, de haber existido detrimento al patrimonio del actor éste responde a la incompatibilidad entre su obrar y la legalidad vigente, al haber almacenado bebidas alcohólicas durante el periodo en que no contaba con autorización para ello. Finalmente, tal como se afirma por el Juez de primera instancia, no existe antecedente alguno que permita vincular los padecimientos físicos sufridos por el actor con la negativa a autorizar el traslado de la patente de alcoholes que fuera por él adquirida, sin que en la demanda siquiera se hayan esbozado los supuestos fácticos de tal conexión. (De la sentencia de reemplazo)

4.- En lo relativo a la indemnización del lucro cesante, éste se condice con la natural consecuencia de la ilegal denegación del traslado de la patente de alcoholes, pues la finalidad última de aquella petición era parte, precisamente, de las exigencias que la ley prevé para el desarrollo de una actividad económica. En efecto, se trata de un ejercicio comercial específico (venta y depósito de bebidas alcohólicas) que debería haberse iniciado en un momento determinado (6 de mayo de 2014) expectativa que fue frustrada hasta el momento en que la Corte de Apelaciones dispuso el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema que acogió el recurso de protección incoado por el actor (27 de agosto de 2014) ordenando a la Municipalidad acceder a su petición de traslado. En este sentido, yerra la sentencia apelada al haber concedido la indemnización por lucro cesante hasta el 25 de junio de 2015, época en que el demandante transfirió el establecimiento comercial a un tercero, error que queda de manifiesto si se considera que en la demanda se circunscribe temporalmente esta clase de perjuicio hasta la reapertura del establecimiento, siendo evidente, por lo demás, que por su naturaleza el lucro cesante no pudo extenderse más allá de aquel momento.(De la sentencia de reemplazo)

5.- Para se genere la responsabilidad que se pretende resulta fundamental que exista una relación de causalidad entre la conducta del demandado y las consecuencias lesivas o dañosas, de modo que, de no haber existido tal vínculo, el resultado no se habría provocado. En la especie, ha sido fehacientemente asentado que el lucro cesante que se ha tenido por concurrente -entendido como aquello que el actor dejó de percibir con motivo de la imposibilidad de explotar el establecimiento comercial- encuentra su origen en la inmotivada y, por tanto, ilegal decisión adoptada por el Concejo Municipal, pues de haberse ajustado aquel pronunciamiento al mérito de los antecedentes que obraban en poder de dicho órgano colegiado, la petición de traslado de la patente de alcoholes habría encontrado respuesta favorable, circunstancia que hubiere obstado o impedido la producción del perjuicio antes señalado. (De la sentencia de reemplazo)

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