“Ley Corta” antiterrorista: buscan reforzar sistema de control de las medidas intrusivas

Las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Pública escucharon la opinión de cuatro expertos en derecho penal y en la próxima sesión comenzarán a despejar las indicaciones pertinentes a la iniciativa.

La falta de un sistema regulado de control sobre las medidas intrusivas es uno de los temas que surgió durante la discusión de las indicaciones presentadas al proyecto conocido como “ley corta” antiterrorista.

Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en general por la Sala el 7 de agosto y busca permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas. De este modo, se podrían permitir intervenciones telefónicas, grabaciones, fotografías y agentes encubiertos entre otros.

De ahí, una de las principales inquietudes surgidas durante la discusión en las comisiones, puesto que de las 15 indicaciones presentadas, varias de ellas abordan la necesidad de regular legalmente el sistema de control de las pruebas obtenidas con las medidas intrusivas.

Según explicó el presidente de las comisiones unidas, “se ha planteado que tenemos un problema en el control de esas medidas intrusivas entonces cómo darle esas mismas medidas intrusivas para otros delitos, si sabemos que en los actuales se está haciendo un uso inadecuado.”

En tal sentido, dijo que lo más probable es que se presente una propuesta de redacción que contemple las medidas intrusivas para los delitos terroristas y un sistema de control mucho más específico.

El senador comentó que el Ministerio Público remitió la información sobre las interceptaciones telefónicas, que se habían solicitado.

“Se registran cerca de 119 mil interceptaciones de teléfono. Multiplique por cinco o por seis la cantidad de personas involucradas, porque se pincha un número de teléfono, pero ese teléfono habla con 5, 10 o 20 personas… estamos hablando de cerca de un millón de personas cuyas comunicaciones han sido interceptadas y el problema está principalmente que el Ministerio Público no ha cumplido con la ley, porque la ley dice expresamente que una vez terminada la investigación debe notificar a la persona a la que le interceptó el teléfono y eso nunca ha ocurrido”, dijo el senador.

Agregó que “lo más delicado es que nos enteremos a raíz del caso de Rancagua cuando se allana la casa del fiscal Elgueta se encuentran cd con interceptaciones telefónicas y la pregunta es si los fiscales andan con los cd con las interceptaciones, no será posible de repente que alguien se las robe o que las vendan o que esto sirva para chantajes políticos o chantajes emocionales”.

Fuente: Cámara

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