Corte Suprema acoge recurso de casación declarando que no concurre falta de servicio de municipio en proceso licitatorio

Recientemente la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto por municipio contra el fallo de segunda instancia que acogió la acción indemnizatoria por falta de servicio interpuesta en su contra al producirse un error, expresando en el decreto que adjudicó la oferta de la actora, un valor inferior a la de su propuesta económica; toda vez que de acuerdo a los hechos asentados en autos, la municipalidad en cumplimiento de lo ordenado por el tribunal de contratación pública, llamó a ratificar la prestación de servicio de la actora, quién la rechazó por su propia voluntad, sin que se perfeccionara el acto, por lo que no existió falta de servicio. Consulte fallo analizado por Microjuris a continuación

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – LICITACIÓN PÚBLICA – OFERTA PÚBLICA – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – EXTINCIÓN DEL CONTRATO – LUCRO CESANTE – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Ecoverde S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Recoleta s/ Licitación pública – Lucro cesante

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Ha sido infringido el artículo 1545 del Código Civil al establecerse por su mérito que solo sería posible reconocer un «derecho adquirido» en favor de la actora en tanto ésta y su contraparte hubiesen «celebrado legalmente» el contrato de provisión de que se trata. Dicho evento, sin embargo, no se verificó, desde que los actos administrativos, relacionados con la adjudicación de la licitación, que permitirían justificar tal expectativa fueron dejados sin efecto por el Tribunal de Contratación Pública y porque, con posterioridad la propia actora decidió no participar del nuevo proceso de licitación.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que revocó el fallo de primera instancia, acogiendo la acción de responsabilidad de la municipalidad y condenándola al pago del lucro cesante. Esto, dado ha sido infringido el artículo 1545 del Código Civil, mediante su falsa aplicación, al establecerse que, en su mérito, solo sería posible reconocer un «derecho adquirido» en favor de la actora en tanto ésta y su contraparte hubiesen «celebrado legalmente» el contrato de provisión de que se trata, evento que, sin embargo, no se verificó, desde que los actos administrativos, relacionados con la adjudicación de la licitación, que permitirían justificar tal expectativa fueron dejados sin efecto por el Tribunal de Contratación Pública y, además, porque la propia actora rechazó, con posterioridad a ello, suscribir tal convención.

2.- Habiendo dejado sin efecto el Tribunal de Contratación Pública los actos resolutivos de mayor trascendencia del proceso licitatorio y ordenado, a su vez, la continuación del mismo a partir de una nueva evaluación de las ofertas, resulta evidente que la actora sólo cuenta con una mera expectativa de obtener en el concurso de que se trata, pues la nueva evaluación y las decisiones que a partir de ella se adopten son completamente independientes de aquellas acordadas en el certamen original, máxime si, como ya se dijo, la adjudicación que la favoreció en esa ocasión fue el resultado de un grueso error fáctico, de modo que, examinada a la luz de su propio mérito, nada podría garantizar que la propuesta de la actora resultara nuevamente vencedora.

3.- En la especie, no se ha verificado ningún «motivo de orden legal o reglamentario» cuya concurrencia impida cumplir lo resolutivo del fallo pronunciado por el Tribunal de Contratación Pública. Por el contrario, han sido los propios participantes, y, en especial, la actora, quienes han declinado seguir adelante con el desarrollo del proceso licitatorio, descartando que el incumplimiento del mentado fallo derive de una condición ajena o extraña a la voluntad de las partes, como lo requiere dicha sentencia al reconocer el derecho de la actora a entablar las «acciones civiles y administrativas que estimare pertinentes». En consecuencia, no cabe sino concluir que no concurre la condición impuesta por los sentenciadores de Contratación Pública para reconocer a la actora el derecho a demandar los perjuicios derivados de los hechos de que se trata.

4.- La imposibilidad de cumplir lo ordenado por el Tribunal de Contratación Pública no deriva de un «motivo de orden legal o reglamentario», sino que, por el contrario, es consecuencia de la decisión de la actora de no seguir participando en el proceso licitatorio. De ello se sigue, naturalmente, que la imposibilidad de ejecutar el contrato de provisión de que se trata, como culminación eventual de dicho concurso, no radica en la falta de servicio atribuida a la demandada, sino que es una consecuencia de la actuación de la propia actora, evento que, a su vez, excluye la concurrencia del lucro cesante demandado, pues ningún perjuicio de este orden ha podido producirse si la propia parte interesada se ha negado a suscribir el contrato del que, según sostiene, derivarían las ganancias que dice haber dejado de percibir.

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