Corte Suprema rechaza recurso de protección en contra de municipalidad por dictar ordenanza que determinó zonas libres de humo en sus parques y plazas

La Corte Suprema acogió el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de las Condes y en consecuencia, rechazó el recurso de protección entablado por don J.H.L, en contra de la Municipalidad por la dictación de una Ordenanza Ordenanza Municipal que Determina Áreas o Zonas Libres de Humo en Parques y Plazas de la comuna.

El fallo descartó el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, explicando que ninguna libertad individual se desplega de manera absoluta, pues en este caso el acto de fumar encuentra sus limites en la afectación y protección de los derechos constitucionales de otros, especificamente de la vida, salud, y un medio ambiente libre de contaminación, los cuales se pueden ver afectado por fumar en determinados recintos.

Asimismo señala que las razones del municipio expresan que el ejercicio de las facultades relacionadas con la administración de los bienes nacionales de uso público que se emplazan en el territorio municipal, en virtud de la cual se proponen medidas tendientes al resguardo de la conservación del medio ambiente y salud de la comunidad local.

En razón de lo anterior La Corte razona que aunque los actos de fumar, beber alcohol, no realizar actividad física o no alimentarse adecuadamente, todo lo que implique la afectación a su integridad física, tal espacio de decisión no puede transformarse en ocasión de afectar los derechos de otros y, en el evento en que ello pudiere ocurrir, es deber del Estado o de los organismos de administración local poner los límites del caso. Por lo tanto no es posible constituir un derecho a fumar, sino una facultad individual para hacerlo, respetando la libertades y derechos de otros. De este modo, Tal distinción entre la prerrogativa de fumar y el derecho de las personas a gozar de la protección de su salud y de su vida adquiere relevancia, pues define los contornos de la pretensión del recurrente. Consulte fallo analizado en Microjuris.

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – IGUALDAD ANTE LA LEY – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – SALUD – ORDENANZA MUNICIPAL – TABACOS – PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE TERCEROS – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Partes: Jocelyn-Holt c/ Ilustre Municipalidad de Las Condes s/ Tabaco – Espacios públicos
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Fecha: 25-sep-2019
Cita: ROL:18721-19, MJJ288669
Producto: Municipalidades – MJ

A través de la ordenanza impugnada, el municipio ha sido estricto en limitar racionalmente el espacio de autonomía constituido por la libertad a fumar; esto es, no se ha impedido fumar en términos generales, sino únicamente en ciertos lugares cuya cabida no permite asegurar que otras personas no se vean expuestas a la afectación de sus derechos. Así, en el ejercicio de la facultad de administración de los bienes nacionales de uso público, el ente edilicio ha buscado proteger derechos garantizados constitucionalmente, a través de una limitación razonable de libertades.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la municipalidad y rechazar el recurso de protección deducido en su contra por la actuación consistente en la dictación de una Ordenanza Municipal que Determina Áreas o Zonas Libres de Humo en Parques y Plazas de la comuna. Al respecto, no se acreditó la existencia, por parte de la recurrida, de un acto arbitrario o ilegal, pues el acto de fumar es parte del ejercicio de una libertad, esto es, un espacio de autonomía y libre desarrollo de cada sujeto, para ejecutar un acto que, resultando un hecho público y notorio que causa efectos nocivos para la salud, se enmarca en un ámbito de libre decisión, aun cuando ésta pueda tener efectos negativos para quien la adopta. Sin embargo, ninguna libertad individual puede desplegarse de manera absoluta, puesto que su extensión necesariamente encuentra límites que, en lo concerniente al presente recurso, dicen relación con la afectación y protección de los derechos constitucionales de otros, específicamente la vida, salud y un medio ambiente libre de contaminación, los cuales pueden verse afectados por el ejercicio irrestricto de ciertas libertades, a modo ejemplar, fumar en determinados recintos. De este modo, a través del cuerpo normativo impugnado, el municipio ha sido estricto en limitar racionalmente el espacio de autonomía constituido por la libertad a fumar; esto es, no se ha impedido fumar en términos generales, sino únicamente en ciertos lugares cuya cabida no permite asegurar que otras personas no se vean expuestas a la afectación de sus derechos. Así, en el ejercicio de la facultad de administración de los bienes nacionales de uso público, el ente edilicio ha buscado proteger derechos garantizados constitucionalmente, a través de una limitación razonable de libertades.

2.- En aquello que respecta al acto de fumar, se afirma que, en la medida en que importa para las personas una actividad autónoma no penalizada, existe libertad para hacerlo, aunque suponga arriesgar la propia salud; sin embargo, no existe un derecho de exigir compulsivamente su ejercicio ante la posibilidad de poner en peligro la salud de los no fumadores. Ahí radica la diferencia sustancial de esta prerrogativa respecto de los auténticos derechos, puesto que si bien las personas son libres – por ejemplo – de beber alcohol, no realizar actividad física o no alimentarse adecuadamente, todo lo cual también podría afectar su integridad física, tal espacio de decisión no puede transformarse en ocasión de afectar los derechos de otros y, en el evento en que ello pudiere ocurrir, es deber del Estado o de los organismos de administración local poner los límites del caso.

3.- No es posible construir un «derecho a fumar» en aquellos espacios donde está expresamente permitido, sino únicamente una facultad individual para hacerlo, respetando siempre las libertades, derechos de otros y la normativa que válidamente dispongan las autoridades respectivas. En este contexto, la consecuencia jurídica de encontrarse frente a un espacio de autonomía individual y no a un derecho, dice relación con que su restricción o limitación no necesariamente debe tener fuente legal, como sí ocurre al momento de regular el ejercicio de derechos constitucionales; en consecuencia, este tipo de facultades o prerrogativas, admiten reglamentaciones materializadas en normas de rango inferior. De este modo, Tal distinción entre la prerrogativa de fumar y el derecho de las personas a gozar de la protección de su salud y de su vida adquiere relevancia, pues define los contornos de la pretensión del recurrente.

4.- Las razones expresadas por el municipio en la ordenanza misma y que llevaron a su dictación, no expresan sino el ejercicio de las facultades relacionadas con la administración de los bienes nacionales de uso público que se emplazan en el territorio municipal, en virtud de la cual se proponen medidas tendientes al resguardo de la conservación del medio ambiente y salud de la comunidad local. Lo confirma, el hecho que el cuerpo de la Ordenanza no establece una prohibición en términos generales, sino que la regula únicamente para plazas y parques bajo cierta cabida, contemplando también la realización de campañas educativas sobre el particular.

5.- No es posible apreciar que la Municipalidad recurrida hubiere incurrido en una ilegalidad o arbitrariedad que signifique, para el recurrente o terceros, la conculcación de derechos fundamentales. Por el contrario, la Ordenanza busca precisamente que los bienes nacionales de uso público puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por todos los habitantes de la comunidad local, de manera que los no fumadores puedan libremente asistir a parques y plazas, sin que se vean impedidos de ello por la posibilidad de amenaza a su salud o a su derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Por tal razón, tampoco es posible afirmar que se rompa la estructura de estado unitario de nuestro país, por la vía de establecerse prohibiciones distintas a las consignadas en la Ley Nº19.419 , puesto que la recurrida únicamente se ha limitado a la determinación precisa de aquellos lugares abiertos donde, en la comuna, es posible ejercer la libertad de fumar, sin restringirla de la manera absoluta y sin establecer discriminaciones arbitrarias entre sus habitantes. A mayor abundamiento, constituye una adecuada realización de los principios contenidos en el artículo 3º de la Constitución.

6.- En aquello que concierne al derecho de propiedad, un cigarrillo constituye un bien de consumo, sin embargo, su uso, goce y disposición debe ajustarse a la normativa vigente y a la función social del dominio (artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República), más aún cuando su adquisición se realiza a sabiendas de las regulaciones que lo afectan y que dicen relación con la protección de los derechos constitucionales de terceros.

7.- No se observa que la Ordenanza incurra en una infracción del derecho constitucional al debido proceso, al momento de establecer que existe una amplitud de prueba para la acreditación de los hechos infraccionales y que dichas probanzas serán analizadas conforme a las reglas de la sana crítica, por cuanto tales disposiciones no son sino la forma de concretar aquello que ya dispone la Ley que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

8.- El recurso de protección es la vía adecuada para revisar normativa municipal, cuando ésta refiere a materias o establece medidas susceptibles de afectar los derechos de terceros, ello sin perjuicio de que existan diferentes acciones encaminadas a analizar la legalidad de esas normativas. Por tal causa, no hay razón que impida, en instancia de protección, pronunciarse por parte de los sentenciadores sobre una ordenanza municipal, a fin de examinar si puede considerarse alguno de sus preceptos como un acto ilegal o arbitrario que afecte alguno de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución.

Consulte texto completo de la sentencia.

 

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