Corte Suprema revocó sentencia dando a lugar a recurso de protección de concejales contra omisión de alcalde de dictar decreto de remoción

Recientemente, la Tercera Sala de la Corte Suprema, en fallo dividido, revocó la sentencia que no dio lugar a un recurso de protección interpuesto por un grupo de concejales contra el actual del alcalde quien no dictó un decreto alcaldicio que materializaba el acuerdo del concejo para la remoción de la administradora municipal. El máximo tribunal consideró que el alcalde no debía integrar el concejo para ejecer voto ya que dicha acción alteraba los quórums exigidos en este caso. «la designación del Administrador Municipal depende exclusivamente del Alcalde respectivo, en tanto que su remoción puede ser decidida tanto por aquel que lo nombró como por «acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio», alusión esta última que debe entenderse en el contexto de la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en su artículo 72 precisa que el Concejo está formado por «concejales» y no por el Alcalde; que en su artículo 63 aclara que el Alcalde está facultado para presidir el Concejo, con derecho a voto, lo que denota, más allá de toda duda, que carece de la calidad de Concejal, pues de lo contrario sería innecesario reconocer expresamente su derecho a votar en él; y, por último, que en la historia fidedigna del establecimiento de la Ley N° 19.737, que la modificó en sus artículos 57 y 63 letra m), se indica explícitamente que se integrará al Concejo «el propio alcalde en su calidad de tal», esto es, sin ser Concejal», dice el fallo.
La sentencia contó el voto de disidencia de la Ministra Sra. Vivanco y del Abogado Integrante Sr. Gómez, quienes estuvieron por confirmar la sentencia, considerando que los recurrentes no demostraron tener un interés directo e inmediato en la protección de la garantía que invocan (Art. 19 N° 2 CPR), razón por la que carecían de legitimación activa para interponer este recurso de protección. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – REMOCIÓN DE ADMINISTRADORES, GERENTES O DIRECTORES – CONCEJO MUNICIPAL – FACULTADES DEL ALCALDE – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Partes: Véliz y otros c/ Alcalde de la Comuna de San Pedro de Atacama y otro s/ Concejo Municipal – Quorum

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Con la dictación de la Ley N° 19.737 se separó la elección de Alcalde y Concejales, de manera que a partir del primer proceso eleccionario posterior a la entrada en vigencia de dicha norma legal el primero integra el Concejo Municipal en su calidad de Alcalde y ya no como Concejal. De este modo, el actuar del Alcalde constituye un acto ilegal y arbitrario constituído por la omisión de dictar el Decreto Alcaldicio correspondiente a la materialización del acuerdo del Concejo Municipal que votó la remoción de la Administradora, toda vez, que en la votación de dicho acuerdo se alcanzó la mayoría que la ley establece, habida consideración que él no pudo formar parte del quórum. Dicha actuación vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues discrimina a los recurrentes en el ejercicio de su labor de Concejales.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación de las concejales contra la sentencia que rechazó su recurso de protección contra el Alcalde, por no haber dictado un Decreto Alcaldicio al tenor del acuerdo del Concejo Municipal. Esto, dado que con la dictación de la Ley N° 19.737 se separó la elección de Alcalde y Concejales, de manera que a partir del primer proceso eleccionario posterior a la entrada en vigencia de dicha norma legal el primero integra el Concejo Municipal en su calidad de Alcalde y ya no como Concejal, cuestión que resultó relevante a la hora de decidir el recurso, pues la voluntad del Alcalde considerada de forma autónoma respecto de la remoción del Administrador Municipal, se encuentra contemplada por el legislador quien para adoptar esta determinación podrá, por sí solo disponerla y, en caso contrario la desestimará, pero no resulta adecuado y pertinente que participe en el segundo órgano que puede adoptar tal determinación, puesto que solamente estará afectando el quórum necesario para acordar esta medida, al elevar la cantidad de votos requeridos con tal fin. De este modo, que el actuar del Alcalde constituye un acto ilegal y arbitrario constituído por la omisión de dictar el Decreto Alcaldicio correspondiente a la materialización del acuerdo del Concejo Municipal adoptado, toda vez, que en la votación de dicho acuerdo se alcanzó la mayoría que la ley establece, habida consideración que él no pudo formar parte del quórum. Dicha actuación vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues discrimina a los recurrentes en el ejercicio de su labor de Concejales.

2.- Corresponde confirmar la sentencia apelada y rechazar el recurso por cuanto los recurrentes han invocado como derecho constitucional tutelado el consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin que hayan demostrado un interés directo e inmediato en la protección de la garantía que invocan, razón por la cual carecen de legitimación activa para interponer el recurso de protección. Además, si los recurrentes estiman que el propósito es preservar competencias que son propias de sus cargos, deben acudir a las vías y procedimientos declarativos pertinentes, ejerciendo las acciones legales que correspondan. (Del voto en contra de la Ministra Sra. Vivanco y del Abogado Integrante Sr. Gómez).

Consulte sentencia a texto completo

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