Jurisprudencia Destacada Año 2019 N16

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 16 DE 2019

CONTRATACIÓN PÚBLICA – MUERTE DEL ADJUDICATARIO 

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Pineda c/ Ilustre Municipalidad de Palena

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL – LICITACIÓN PÚBLICA – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – EXTINCIÓN DEL CONTRATO – MUERTE DEL SOCIO – FIADOR – HEREDEROS – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Siendo el contratista una persona natural, cuya existencia termina por la muerte de conformidad con lo prevenido en el artículo 78 del Código Civil, no es posible entender que el contrato adjudicado mediante licitación pública a dicha persona natural, pueda mantenerse vigente en tales circunstancias. De este modo, la municipalidad recurrida se ha limitado a hacer aplicación de una cláusula del contrato habido entre las partes y del cual el recurrente era fiador, tratándose de un acto dictado dentro de la esfera de sus competencias, por lo que no se advierte un actuar ilegal o arbitrario, considerando además que el actor detenta todas las herramientas administrativas y judiciales para defender sus intereses frente al acto administrativo impugnado.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido por la muncipalidad contra la sentencia que acogió un recurso de protección en su contra por poner término anticipado al contrato y ordenar practicar la liquidación del mismo. Esto, dado que la recurrida puso término anticipado al contrato, mediante el acto recurrido, esto es, el Decreto Alcaldicio Nº212 de 18 de enero de 2019, invocando la causal del punto 22.1 letra o) de las Bases Administrativas Generales conforme al cual se contempla como causal de terminación administrativa del contrato, la muerte del contratista o socio que implique término del giro de la empresa constructora. En la especie, el contrato fue adjudicado a una personal natural, quien falleció el 16 de enero de 2019. Así, siendo el contratista una persona natural, cuya existencia termina por la muerte de conformidad con lo prevenido en el artículo 78 del Código Civil, no es posible entender que el contrato adjudicado mediante licitación pública a dicha persona natural, pueda mantenerse vigente en tales circunstancias. Cosa distinta son aquellos trámites que puedan ser necesarios o aconsejables iniciar ante el Servicio de Impuestos Internos a fin de aclarar la situación tributaria de la persona fallecida, sus herederos y de sus negocios. Por lo demás, la recurrida se ha limitado a hacer aplicación de una cláusula del contrato habido entre las partes y del cual el recurrente era fiador. El acto recurrido ha sido dictado dentro de la esfera de sus competencias, fue debidamente notificado e incluso en él se ordenó notificar a los herederos del contratista. En estas condiciones, no se advierte acto ilegal ni arbitrario de la recurrida y, por lo demás, el actor detenta todas las herramientas administrativas y judiciales para defender sus intereses frente al acto administrativo impugnado.

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PAGO DE PATENTE MUNICIPAL –  JUICIO EJECUTIVO 

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Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea c/ Agrícola y Forestal Agamenón Ltda.

Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – JUICIO EJECUTIVO – EXCEPCIONES – MÉRITO EJECUTIVO DEL TÍTULO – CERTIFICADO DE DEUDA – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PATENTE MUNICIPAL – OBJETO SOCIAL – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

No se acordó como parte del giro de la reclamante (ejecutada) alguna de las actividades que deben pagar patente municipal, sin que resulte acertado estimar como lo hizo el fallo recurrido, que la referencia a la «explotación» sea de tal amplitud que autorice colegir que dicho objeto incluya algún proceso de elaboración del producto que, a su vez, implique la ejecución de labores que correspondan a una etapa ajena y diversa de trabajos propios de la agricultura. Por ello, como la actividad no reúne las exigencias previstas en el inciso 2° del artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, no existe el hecho gravado que podría originar el cobro que se pretende.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la ejecutada en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia, rechazando las excepciones opuestas a la ejecución. Esto, dado que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 464 nº 7 del Código de Procedimiento Civil al afirmar que la actividad que realiza la recurrente está afecta al pago de patente municipal. En efecto, si bien el certificado del secretario municipal que sirvió de título a la demanda cumple los requisitos formales para dar inicio a la ejecución, no da cuenta de una obligación que lo respalde, al no existir el hecho gravado que podría originar el cobro.

2.- Del tenor de la cláusula tercera de la escritura de constitución social, es posible advertir que no se acordó como parte del giro de la reclamante alguna de las actividades que deben pagar patente municipal, sin que resulte acertado estimar, como lo hizo el fallo recurrido, que la referencia a la «explotación» sea de tal amplitud que autorice colegir que dicho objeto incluya algún proceso de elaboración del producto que, a su vez, implique la ejecución de labores que correspondan a una etapa ajena y diversa de trabajos propios de la agricultura, como lo sería la transformación de la materia prima en otros productos manufacturados como tampoco que se lleve a cabo la venta de estos productos al público en general en locales, puestos o quioscos.

3.- La actividad realizada por la recurrente de explotación de predios agrícolas o forestales, cuya materia prima no es objeto de un proceso de elaboración, que necesariamente alude a la manufactura de productos o transformación de materias, que no forman parte de las actividades desplegadas por la recurrente, ni es vendida directamente al público, no puede estar afecta al pago de contribución municipal, desde que no reúne las exigencias previstas en el inciso 2° del artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales.

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