Corte Suprema revoca sentencia y acoge recurso de protección interpuesto por comerciantes ambulantes interpuesto contra municipalidad y Club deportivo

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de apelación interpuesto por un sindicato de comerciantes ambulantes contra una municipalidad y un club deportivo, por impedirle vender sus productos en el estadio municipal mientras se desarrollan eventos deportivos, para lo cual contaban con permisos municipales.
Se acreditó que la municipalidad renovó los permisos a los vendedores ambulantes, para que ofrezcan sus servicios, exclusivamente, en el interior del Estadio Regional, y además, arrendó el recinto deportivo, entregando la administración del mismo al club deportivo recurrido. Además que, en el contrato de arrendamiento no se consigna la existencia de los permisos municipales renovados. De este modo, se desprende que la municipalidad creó una situación ambivalente, toda vez que arrienda a un tercero el Estadio Regional, y a la vez, entrega permiso a los miembros del sindicato recurrente, para que presten sus servicios en el interior de este recinto, siendo evidente que la venta de los productos se debe realizar en los eventos para los que el municipio arrienda el estadio, sin que tal cuestión fuera prevista y resuelta en los instrumentos correspondientes. De este modo, tanto el Club Deportivo recurrido, como la Municipalidad han incurrido en un acto arbitrario, habida consideración que el primero, al negar a los actores el desarrollo de sus actividades en el interior del recinto durante la realización de los eventos deportivos. Consulte fallo analizado por Microjuris.

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – CONCESIÓN ADMINISTRATIVA – CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – RECINTO DEPORTIVO – PERMISOS – PATENTE MUNICIPAL – VENTA AMBULANTE – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Partes: Sindicato de Trabajadores Independientes, Comerciantes Ambulantes de Dulces, Pastillas, Helados y Actividades Conexas de Antofagasta c/ Club de Deportes Antofagasta S.A.D.P. s/ Comercio ambulante – Patente municipal

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

La municipalidad creó una situación ambivalente, toda vez que arrienda a un tercero el Estadio Regional, y a la vez, entrega permiso a los miembros del sindicato recurrente, para que presten sus servicios de venta ambulante en el interior de este recinto, sin que tal cuestión fuera prevista y resuelta en los contratos de arrendamiento correspondientes. De este modo, tanto el Club Deportivo recurrido, como la municipalidad, han incurrido en un acto arbitrario, el primero, por negar a los actores el desarrollo de sus actividades en el interior del recinto durante la realización de los eventos deportivos, desconociendo los derechos que a aquellos le asisten en virtud de los permisos vigentes; y la municipalidad, por no regular las condiciones en que se deben prestar los servicios de venta en el interior del estadio, durante los eventos a cargo del arrendatario del recinto.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección interpuesto por el Sindicato de comerciantes ambulantes en contra del Club Deportivo y la Municipalidad por impedirle el Club Deportivo realizar su actividad -vender productos- en el Estadio Regional. Al respecto, consta que la municipalidad, a la par que renovó los permisos a los vendedores ambulantes, para que ofrezcan sus servicios, exclusivamente, en el interior del Estadio Regional, además, arrendó el recinto deportivo, entregando la administración del mismo al club deportivo recurrido. Pues bien, en el contrato de arrendamiento no se consigna la existencia de los permisos municipales renovados. De este modo, se desprende que la municipalidad creó una situación ambivalente, toda vez que arrienda a un tercero el Estadio Regional, y a la vez, entrega permiso a los miembros del sindicato recurrente, para que presten sus servicios en el interior de este recinto, siendo evidente que la venta de los productos se debe realizar en los eventos para los que el municipio arrienda el estadio, sin que tal cuestión fuera prevista y resuelta en los instrumentos correspondientes. De este modo, tanto el Club Deportivo recurrido, como la Municipalidad han incurrido en un acto arbitrario, habida consideración que el primero, al negar a los actores, en las condiciones antes descritas, el desarrollo de sus actividades en el interior del recinto durante la realización de los eventos deportivos, puesto que ha desconocido los derechos que a aquellos le asisten en virtud de los permisos vigentes; en tanto, el ente Municipal, al no regular las condiciones en que se deben prestar los servicios de venta en el interior del estadio, durante los eventos a cargo del arrendatario del recinto, menoscaba la situación de los actores, en tanto desconoce sus derechos, sin ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga para incluso, si lo estima pertinente, no renovar o terminar aquellos.

2.- Se vulnera el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, puesto que, sin fundamento que lo justifique, se impide a los actores ejercer su actividad comercial en el Estadio Regional, mientras que otras personas, beneficiarias de permisos precarios similar al de los actores, pueden ejercerlas en entornos públicos, por lo que es imprescindible entregar la cautela solicitada, debiendo el Club Deportivo entregar a los actores, que tengan permiso municipal vigente, las facilidades para que lleven a cabo su actividad comercial al interior del recinto durante la realización de los eventos deportivos, estableciendo condiciones racionales de ingreso, incumbiendo a aquellos, en todo caso, cumplir con toda la normativa municipal y sanitaria que rige su actividad.

3.- Todo permiso otorgado por la Municipalidad respectiva para hacer uso de un bien municipal o nacional de uso público es, por su propia naturaleza, de carácter precario, hasta el punto de que pueden ser dejados sin efecto sin derecho a indemnización, lo cierto es que mientras tal permiso esté vigente, su titular tiene derecho a desarrollar la actividad amparada por él, ciñéndose, claro está, a la normativa que la regule.

4.- Atendido que no se encuentra discutido que los miembros del sindicato recurrente realizan sus actividades desde el año 1964, la protección de la confianza legítima, impide alterar situaciones de hecho respecto de los administrados que tienen una justa aspiración en la estabilidad de las decisiones administrativas, puesto que existiría en el ordenamiento jurídico una especie de necesidad de permanencia en la regulación y aplicación de las normas jurídicas que obligaría a la Administración a actuar de manera que no provoque una alteración intempestiva en la interpretación que ella misma viene dando a las normas o un cambio en la manera de regular o de resolver. Lo que se pretende proteger no es sólo una especie de invariabilidad de las decisiones públicas sino la buena fe de los administrados que confían legítimamente que aquellas decisiones que les han entregado ciertas ventajas o derechos se mantendrán en el tiempo, conforme a la trascendencia que implica proteger las expectativas que los ciudadanos poseen en la aplicación que las autoridades hacen del ordenamiento jurídico.

Consulte sentencia a texto completo

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