Juzgado acogió demanda por despido indirecto deducida contra el municipio por no tramitación de licencias médicas

Recientemente, un juzgado de letras acogió una demanda por autodespido deducida por un docente en contra de un municipio fundado en el cumplimiento de ésta al no tramitar las licencias médicas presentadas por la trabajadora y no reintegrarla posteriormnete. “La obligación de pago de la remuneración por parte de la Municipalidad durante el tiempo que la actora estaba con licencia médica, no solamente deriva de su obligación de tramitar estas, sino de la generación de una jornada pasiva por parte de la trabajadora que estando, teóricamente, a disposición de su empleador para reintegrarse al trabajo, en virtud de la no tramitación de las licencias médicas por la señora Maso, no fue requerida para aquello”, dice el fallo. Consulte fallo analizado por Microjuris a continuación.

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – ESTATUTO DOCENTE – DESPIDO INDIRECTO – PAGO DE REMUNERACIÓNES – LICENCIA POR ENFERMEDAD – IUS VARIANDI – NULIDAD DEL DESPIDO – DEMANDA ACOGIDA

Partes: Urbina c/ Ilustre Municipalidad de San Antonio s/ Despido indirecto – Tramitación de licencia médica

Tribunal: Primer Juzgado de Letras de San Antonio

Producto: MJ – Laboral

Debe accederse a la demanda de despido indirecto, toda vez que la Municipalidad escondió licencias de la actora, sin tramitarlas como corresponde a su obligación. Así, pese a estar entregadas las licencias al empleador, no se pagó remuneración alguna desde el momento en que se omitió tramitarlas, evidenciándose un incumplimiento de una obligación esencial del contrato de trabajo constituida por el pago de la remuneración, más aun considerando la regla especial del artículo 38 de la Ley Nº 19.070.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la acción de despido indirecto y cobro de prestaciones laborales interpuesta por la trabajadora. Esto, dado la Municipalidad escondió las licencias médicas de la actora, sin tramitarlas como corresponde a su obligación, ocultándolas dolosamente en un cajón. Así, y pese a estar entregadas las licencias según los comprobantes acompañados, no se pagó remuneración alguna de la actora en lo sucesivo. Así, resulta aplicable el artículo 38 de la Ley Nº 19.070, que establece una diferencia especial en materia de licencias médicas y remuneraciones a favor de los docentes, asegurando el derecho del docente a licencia médica, asegurando expresamente que, durante dicho lapso, el docente seguirá percibiendo el total de su remuneración.

2.- Aun teniendo en si la demandada no hubiera recibido las licencias médicas de la actora, y por ende, no supiera que ella se encontraba sometida a descanso, era su deber como empleadora reintegrarla a su empleo luego de terminado aquel o exhortarla a que lo hiciera, cuestión que no hizo, y que no resulta imputable a la trabajadora. En este sentido, la obligación de pago de la remuneración por parte de la empleadora durante el tiempo que la actora estaba con licencia médica, no solamente deriva de su obligación de tramitar estas, sino de la generación de una jornada pasiva por parte de la trabajadora que estando, teóricamente, a disposición de su empleador para reintegrarse al trabajo, en virtud de la no tramitación de las licencias médicas por la encargada, no fue requerida para aquello. Así, la Municipalidad estaba obligada al pago de la remuneración, obligación que fue incumplida por más de dos años, fruto de la dolosa negativa del DAEM a tramitar las que le fueron presentadas en conformidad a la ley.

3.- En cuanto a la existencia de acoso laboral, esto no se ha acreditado en estrados, desde que los hechos que la actora levanta como constitutivos del auto despido, consistentes en el constante traslado y la desidia de sus empleadores en su auxilio al momento de sufrir los incidentes relatados en la demanda no se alzan en tal calidad. En el caso del traslado, es dable señalar que el traslado de la trabajadora entre diferentes establecimientos del municipio resulta ser una facultad propia del empleador en ejercicio del ius variandi que contempla el artículo 12 del Código del Trabajo, por lo que atribuir dichos traslados a un acoso amerita un estándar de prueba superior al de autos, en el sentido que dicho ejercicio, prima facie legítimo, haya tenido un fin específico de menoscabar al trabajador, lo que no ha sido acreditado.

4.- Respecto de la omisión de ayuda por el empleador al momento de ser la trabajadora golpeada por una alumna, más que constituir un acoso laboral, como fue alegado en la carta de despido indirecto, constituye una negligencia por parte de su empleador en la protección de sus trabajadores, desde que el acoso laboral, en su acepción del artículo 2° del Código del Trabajo, exige actos positivos en perjuicio del trabajador; teniendo presente además, que dicha negligencia puede ser acogida por la vía del incumplimiento anotado en el artículo 160 N° 7 del cuerpo legal citado, en cuanto incumplimiento grave del deber de seguridad.

5.- No puede acogerse la pretensión indemnizatoria del daño moral propuesta por la actora por las siguientes razones: Una primera, porque éste se encuentra levantado sobre la base de la ocurrencia del acoso laboral cuya existencia no ha resultado acreditada; en segundo lugar porque tampoco se ha levantado prueba para determinar su procedencia y cuantía, en cuanto se ha pretendido verificar por la demandante como una lesión y dolor permanentes que han devenido en una incapacidad total de la actora para desempeñarse en el mundo laboral, que por de pronto resulta no ser efectiva, toda vez que se encuentra nuevamente empleada, esta vez en un colegio particular.

6.- La indemnización del daño moral dentro de la relación laboral sin duda es procedente en materia de vulneración de derechos fundamentales, toda vez que la ley autoriza expresamente la intervención de esta judicatura en dicha materia, excepcionalmente ajena a la relación laboral, pero que se erige como una herramienta especial de protección de derechos dentro de la legislación laboral, cuyas normas resultan ser especiales y no aplicables por analogía. Así, en el caso del despido injustificado como el de autos, lo discutido resulta ser, ciertamente, el cumplimiento o término del contrato de trabajo y las consecuencias que de ello derivan; siendo la ocurrencia de un daño extrapatrimonial, o de un daño por repercusión, o de cualquiera de cualquier otra especie, ajeno al ámbito contractual.

7.- No se podrá acceder a la solicitud de la actora en lo referente al pago de la indemnización adicional del artículo 87 inciso tercero del Estatuto Docente, en primer lugar, porque dicha indemnización es solamente procedente por aplicación por parte del empleador de alguna de las causales del artículo 161 del Código del Trabajo, cuyo no es el caso; y porque, en virtud del efecto meramente declarativo de la presente sentencia, es el autodespido el que ha puesto término al contrato con esa misma fecha, la que resulta anterior al término del año calendario que la norma antes citada exige. Además, se accederá al cumplimiento forzado de la obligación que precisamente ha motivado el despido indirecto, cual es el pago de las remuneraciones adeudadas a la docente, incumplimiento que se ha extendido desde septiembre de 2016 hasta diciembre de 2018, fecha en que la docente se autodespide, y que hacen un total de 28 remuneraciones.

8.- Respecto de la procedencia del despido indirecto en caso de los funcionarios sometidos a la Ley N° 19.070, dicha institución es procedente desde que el Estatuto Docente, en sus artículos 72 a 77 , que regulan precisamente la terminación del contrato de trabajo de los docentes del escalafón municipal, no contempla la institución del autodespido, por lo que, conforme a los artículos 71 de la Ley N° 19.070 y 1° inciso tercero del Código del Trabajo, debe estarse a lo dispuesto en este último cuerpo legal en aquello no contemplado por aquel Estatuto. En virtud de esta remisión, los profesionales de la educación pueden ejercer el derecho que tiene todo trabajador a exigir el cumplimiento de las obligaciones que a su empleador empecen; una interpretación contraria importaría vulneración de los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria que consagra el artículo 19 de la Constitución Política de la República en su numeral 2°.

9.- Corresponde rechazar la acción de tutela de derechos fundamentales, toda vez que dicho procedimiento especial resulta incompatible con el autodespido o despido indirecto. Ello, por cuanto el texto del artículo 489 inciso primero del Código del Trabajo, consagra la acción de tutela cuando la vulneración “se hubiere producido con ocasión del despido”, esto es, en aquella situación en que el empleador toma la decisión de desvincular al trabajador, lo que se ve reforzado, además, por la redacción de la parte final de la misma norma, en cuanto confiere la acción exclusivamente al “trabajador afectado”, es decir, el que ha sido sujeto del despido atentatorio. Por otra parte, y realizando una interpretación lógica de las normas sobre el estatuto en comentario, si la ley ha dotado al trabajador de una acción de tutela alternativa, que puede ejercerse también durante la relación laboral conforme al artículo 486 del Código del Trabajo, es porque ha querido impedir que el trabajador deba soportar vulneraciones de tal envergadura que lo lleven a autodespedirse sin lograr la protección efectiva de sus derechos.

10.- Respecto de la excepción de caducidad invocada, los actos vulneratorios que la actora denuncia, a saber, acoso y discriminación laboral, sin perjuicio de su acreditación, han sido, entre otros, fundantes de su decisión de autodespido, desde que sirven de base al acoso laboral alegado, razón por la cual se encuentran, al contrario de lo señalado por la demandada, dentro de la hipótesis de plazo del artículo 489 del Código del Trabajo, propia de la vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido; dicho término del contrato se materializa, por parte de la trabajadora, el día 26 de diciembre del año 2018, por lo que, interpuesta la denuncia el 6 de marzo del presente año, ella no se encuentra caduca.

11.- La defensa de la demandada objetó, en su oportunidad, los documentos presentados por la actora consistentes en un reporte de su válvula cardíaca, signado con el numeral 24 de la documental de la demandante, y el informe de cuotas morosas de un crédito tomado por la actora en la Caja de Compensación, bajo fundamento de ser prueba impertinente, desde que no guarda relación alguna con los puntos de prueba fijados por el Tribunal. Sin embargo, la objeción será rechazada, toda vez que los documentos reseñados resultan ser relevantes para la resolución solicitada a esta judicatura, pues dan antecedentes de contexto a las circunstancias cuya prueba se ha solicitado, contenidas en los puntos de prueba, desde que guardan correlato con la presunta vulneración de derechos fundamentales sufrida por la actora y la efectividad de concurrencia de daño moral.

Consulte texto completo de la sentencia

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