Jurisprudencia Destacada Año 2019 N19

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 19 DE 2019

DECLARACIÓN DE INHABITABILIDAD

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Sociedad Eduardo Chamy y cía ltda. c/ Ilustre Municipalidad de Concón

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – BIENES INMUEBLES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

La alegación de la contribución por la reclamada a la situación de riesgo del inmueble, es improcedente en una acción de ilegalidad, que busca velar porque el acto administrativo se ajuste a la ley, bajo la luz de un interés general de protección a la comunidad. Legalidad que se cumple en la especie, desde que el quid del Decreto Alcaldicio impugnado, es resguardar la vida e integridad de las personas que viven aledañas al lugar, que se encuentra en riesgo de derrumbes, de manera que dicho acto administrativo no sólo se ajusta a la legalidad sino que, además, cumple con un mandato constitucional superior.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la reclamante en contra de la sentencia que rechazó la reclamación de ilegalidad, confirmando el decreto alcaldicio que declaró la inhabitabilidad del inmueble. Esto, dado que el argumento consistente en la contribución por la reclamada a la situación de riesgo del inmueble, es improcedente en una acción como la que se estudia, que busca velar porque el acto administrativo se ajuste a la ley, bajo la luz de un interés general de protección a la comunidad y, en este caso, aquello se cumple íntegramente, desde que el quid del Decreto Alcaldicio impugnado, es resguardar la vida e integridad de las personas que viven aledañas al lugar, que se encuentra en riesgo de derrumbes, de manera que en estas condiciones, dicho acto administrativo no sólo se ajusta a la legalidad sino que, además, cumple con un mandato constitucional superior.

2.- Es un hecho no discutido por la partes e incluso reconocido por la reclamante que los inmuebles del sector, entre ellos el suyo, se encuentran en riesgo por los desprendimientos de la quebrada, sólo que éste último considera que aquello se produjo por la desidia de la Municipalidad de adoptar, oportunamente, las medidas pertinentes para ejecutar la construcción del colector de aguas lluvias, que sería la causa de la erosión del suelo.

3.- En relación a la infracción del artículo 5.2.7. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, esta carece de influencia en lo dispositivo del fallo, porque, por un lado los sentenciadores verificaron y reconocieron que la propiedad si cuenta con la recepción final de obra pero, expresaron que aquello, aun cuando es erróneamente consignado en el Decreto, no es trascendente atendida la naturaleza y fines de la acción de ilegalidad.

4.- El artículo 156 de la ley General de Urbanismo y Construcciones, dispone que cuando el peligro de derrumbe de una obra o de una parte de ella sea inminente, la Alcaldía podrá adoptar de inmediato, todas las medidas necesarias para eliminar el peligro, incluso la demolición total o parcial de esta. Así, atendido que es un hecho establecido la indudable existencia de un riesgo evidente o peligro de derrumbe del inmueble que se declaró inhabitable y que no se ha denunciado por la recurrente infracción a normas reguladoras de la prueba, por lo que no pueden modificarse los hechos establecidos en la sentencia recurrida, sólo cabe concluir que los sentenciadores no han incurrido en el yerro que la recurrente denuncia. (Del voto de prevención de la ministra sra. María Sandoval G.).

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Vivanco Aguilar, María y otro c/ Ilustre Municipalidad de Concepción

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – BLOQUEO DE CALLES Y CAMINOS – TRÁNSITO VEHICULAR – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – CONCEJO MUNICIPAL – MINISTERIOS – LEY DE TRANSITO – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – MJ

El proceder del municipio no se ha ajustado a derecho al disponer el cierre de la calle o pasaje, aunque sea parcial, pues ha exorbitado el ámbito sus atribuciones afectando con ello el derecho del recurrente al libre acceso a su propiedad, perturbando el ejercicio de su derecho de propiedad, toda vez que además de no existir constancia del acuerdo municipal necesario, si bien las municipalidades tienen la facultad de aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos dentro de la comuna, dicha atribución debe ejercitarse en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo, de modo que no existe una autorización para que el municipio pueda adoptar cualquier tipo de medidas sino que tan sólo aquellas que guarden armonía con las que haya determinado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por disponer el cierre de una calle excediendo sus facultades legales. Esto, debido a que, uno de los fundamentos para la instalación de unas vallas de hormigón que impiden el libre tránsito por parte de la Municipalidad dice relación con la solicitud de miembros de la junta de vecinos del sector, de que se instalara una barrera tipo «New Jersey» en el lugar, con la sola finalidad de evitar el tránsito de vehículos pesados y prevenir daños a las vías públicas y aumentar la seguridad de los vecinos, encontrándose pendiente el pintado de color amarillo de la misma, para que sea más visible. Al respecto, el proceder del municipio recurrido no es el ajustado a derecho y que al disponer el cierre de la calle o pasaje, aunque sea parcial, ha exorbitado el ámbito sus atribuciones afectando con ello el derecho del recurrente y de aquella por quien concurre al libre acceso a su propiedad, perturbando el ejercicio del derecho de propiedad asegurado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues si bien la municipalidad ha invocado el artículo 5 letra c) de la ley N.º 18.695, que autoriza el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, lo cierto es que esta norma exige acuerdo del concejo respectivo, respecto de lo cual no existe constancia alguna de haberse obtenido, especialmente porque la normativa exige que, en tales casos, la autorización debe ser fundada, especificar el lugar de instalación de los dispositivos de cierre o control, las restricciones a vehículos, peatones o a ambos, en su caso, y los horarios en que se aplicará. Además, aun cuando el artículo 5º letras c) de la ley 18.695, confiere a las municipalidades la facultad para administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, lo cierto es que el ejercicio de dicha atribución está sujeta a la condición de que la administración de dichos bienes no corresponda a otros órganos de la Administración del Estado. Y sucede que, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 de la ley 18.290, sobre tránsito, si bien las Municipalidades pueden dictar normas específicas para regular el funcionamiento de los sistemas de tránsito en sus respectivas comunas, tales normas deben ser complementarias de las emanadas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, no pudiendo contemplar disposiciones contradictorias con las establecidas por dicho Ministerio.

2.- Si bien las municipalidades tienen la facultad de aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos dentro de la comuna, dicha atribución debe ejercitarse en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo, de modo que no existe una autorización para que el municipio pueda adoptar cualquier tipo de medidas sino que tan sólo aquellas que guarden armonía con las que haya determinado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

3.- Respecto a la primera justificación de la municipalidad relativa a que su proceder se debía a los daños producidos por una empresa constructora que se encontraba edificando en el sector, bajo la fiscalización de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, mientras se construía el sistema de evacuación de aguas lluvias del sector, argumentando que el municipio realizó lo trabajos de emergencia necesarios en el referido pasaje y que se encontraban dentro de sus facultades para sellar la abertura de los cajones de drenaje. Se concluye que, prescindiendo de si se dio o no cumplimiento a lo dispuesto en la propia normativa, esto es, si efectivamente tales intervenciones fueron calificadas previamente como reparaciones de emergencia por la respectiva Dirección de Obras Municipales y si en su ejecución se observaron las especificaciones técnicas establecidas para la reparación de pavimentos, de todo lo cual no existe constancia en los antecedentes aportados al proceso, es lo cierto que dicha explicación alcanzaría para justificar el cierre de la calle mientras fueron ejecutadas las obras de reparación del socavón y limpieza del colector ubicado en el pasaje, pero no ampara los actos posteriores a la reparación, destinados a evitar el tránsito de vehículos pesados, toda vez que ello no se relaciona con reparaciones de emergencia, como exige el artículo 77 bis de la ley 8.946, sobre Pavimentación Comunal.

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