Jurisprudencia Destacada Año 2019 N21

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 21 DE 2019

FINIQUITO – ENFERMEDAD PROFESIONAL

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Rabuzin c/ Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago

Voces: LABORAL – EXCEPCIONES – FINIQUITO – TRANSACCION – ENFERMEDAD PROFESIONAL – OBLIGACION DE SEGURIDAD – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Décima
Producto: MJ – Laboral

En el caso, el finiquito fue expreso en indicar que se incluía el no tener el trabajador reclamo u objeción alguna con materias contempladas en la Ley 16.744, de modo que no incurre en error la sentencia al acoger la excepción, considerando además que el trabajador a la fecha del finiquito, tenía pleno conocimiento que su patología le causaba una incapacidad permanente y aún así liberó a su empleador de todo reclamo referido con materias contempladas en la ley 16.744.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que acogió la excepción de finiquito opuesta por la empresa. Esto, debido a que no incurre en causal de nulidad la sentencia impugnada, toda vez que el objeto del finiquito no pudo ser otro que dejar constancia del término de la relación laboral y del pago de las indemnizaciones y prestaciones derivadas directamente del mismo, pudiendo solo en el caso de dejarse expresa constancia, a otros derechos diferentes, de índole laboral. En el caso, en lo que resulta pertinente, el finiquito fue expreso en indicar que se incluía el no tener el trabajador reclamo u objeción alguna referido con materias contempladas en la Ley 16.744 . Dicha Ley trata sobre los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de esta forma si bien luego el finiquito agrega «especialmente en relación a todo tipo de accidentes del trabajo», tal mención especial no descarta que el término expreso con que se refiere a «materias contempladas en la Ley 16.7442 excluya las enfermedades profesionales». Por lo demás, el trabajador a la fecha de su finiquito el 10 de abril de 2014, tenía pleno conocimiento que su patología le causaba una incapacidad permanente y aún así liberó a su empleador de todo reclamo referido con materias contempladas en la ley 16.744. Así por lo demás el considerando décimo de la sentencia, deja como hecho acreditado y por tanto inamovible por medio de esta causal, el que el trabajador a la fecha del finiquito tenía conocimiento de su enfermedad profesional.

2.- La transacción que regula el artículo 177 del Código del Trabajo es un contrato que tiene de acuerdo al artículo 2446 del Código Civil, por objeto, precaver precisamente un litigio eventual, produciendo de acuerdo al artículo 2460 del mismo Código, los efectos de cosa juzgada en última instancia, sin perjuicio de que pueda pedirse su nulidad o la rescisión, cuestión que en el caso no ha sido impetrada.

3.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante toda vez que si bien es cierto que el demandante tenía conocimiento de la enfermedad que padecía con anterioridad a la suscripción del finiquito, solo adquirió certeza desde el momento en que se resolvió el último reclamo ante la autoridad administrativa pertinente, esto es después de la suscripción del finiquito, de esta manera que la ausencia de reserva de derechos no puede imputarse a su mala, lo que justifica que ante la incerteza sobre la incapacidad declarada, tal asunto no fuera una materia a transigir y por lo mismo no puede estimarse incluida en el finiquito celebrado por las partes, pues respecto de lo único que confluyó las voluntades de los litigantes fue respecto de la causal de despido. (Del voto en contra de la ministra Lilian Leyton Varela)

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DERECHOS DE ASEO – PRESCRIPCIÓN

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Yauad Riquelme, María c/ Ilustre Municipalidad de La Cisterna

Voces: DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – TRIBUTO – NATURALEZA JURIDICA – IMPUESTOS MUNICIPALES – RESIDUOS DOMICILIARIOS – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PRESCRIPCIÓN – CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ – Tributario

En el concepto de impuesto a que se refiere el artículo 2521 del Código Civil no se encuentra incluida la tarifa que se cobra por el servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios, porque precisamente existe una correlación directa entre el servicio prestado por la municipalidad y el cobro de la tarifa, y tal contraprestación descarta toda posibilidad que se trate de un impuesto.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, acogió la demanda subsidiaria de declaración de prescripción aplicando el artículo 2515 del Código Civil y no el plazo contemplado en el artículo 2521 del Código Civil. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada, toda vez que en el concepto de impuesto a que se refiere el artículo 2521 del Código Civil no se encuentra incluida la tarifa que se cobra por el servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios, porque precisamente existe una correlación directa entre el servicio prestado por la municipalidad y el cobro de la tarifa, y tal contraprestación descarta toda posibilidad que se trate de un impuesto. Por consiguiente, la sentencia impugnada ha aplicado correctamente la regla general sobre plazo de prescripción . establecida en el artículo 2515 del Código Civil, descartándose el error de derecho denunciado.

2.- Si bien el concepto de impuestos consignado en el artículo 2521 del Código Civil no ha sido definido por el legislador, la doctrina ha conceptualizado el término como el gravamen que se exige para cubrir los gastos generales del Estado, sin que el deudor reciba otros beneficios que aquel indeterminado que obtienen todos los habitantes de un país por el funcionamiento de servicios públicos. En relación al mismo punto se ha señalado que se trata de aquel tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Es decir, en el impuesto la prestación exigida al obligado es independiente a toda actividad estatal relativa al contribuyente, por lo que surge como De acuerdo a las definiciones anteriores, emerge como característica fundamental del impuesto, la falta de contraprestación directa por parte del Estado.

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DESCUENTO APORTES SEGURO DE CESANTÍA – NECESIDADES DE LA EMPRESA

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Pérez Gajardo, Paola c/ Ilustre Municipalidad de Tomé

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – NECESIDADES DE LA EMPRESA – INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO – SISTEMA DE SUBSIDIO DE CESANTÍA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Laboral

Cuando la sentencia definitiva declara injustificado el despido por necesidades de la empresa, excluye uno de los presupuestos para que opere el inciso segundo del artículo 13 de Ley N°19.728 por lo que no es admisible imputar a la indemnización de los montos enterados por el empleador por concepto de seguro de cesantía.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda por despido injustificado declarando improcedente el descuento del empleador de su aporte al seguro de cesantía y se ordenó su devolución. Al respecto, cuando la sentencia definitiva declara injustificado el despido por necesidades de la empresa, excluye uno de los presupuestos para que opere el inciso segundo del artículo 13 de la ley 19.728 por lo que no es admisible imputar a la indemnización de los montos enterados por el empleador por concepto de seguro de cesantía. De este modo, el juez a quo al declarar improcedente el descuento a los montos de la indemnización por concepto de aportes al seguro de cesantía realizados por el empleador, ha hecho una correcta aplicación de la normativa aplicable al caso.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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Pérez c/ Ilustre Municipalidad de Lampa

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – FUNCIONARIOS PUBLICOS – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Duodécima

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

Si una persona se incorpora a la dotación bajo la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley 18.883, pero no obstante ello en la práctica, presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral. Esto, debido a que, en la especie, la labor encomendada al actor era la de «arquitecto revisor de la Dirección de Obras», con cargo al ítem «Prestación de Servicios en Programas Comunitarios», sin que en ninguno de los contratos a honorarios se especificara en qué consistía esas tareas. Sin embargo, de acuerdo a los informes de desempeño que fueron tenidos a la vista por la juzgadora, según se desprende de los razonamientos del fallo, se aprecia que esa función de revisor que se menciona como cometido específico, no es más que el escrutinio o examen de expedientes relativos a las diversas obras que se desarrollan en el municipio, cuyas autorizaciones pasan por dicha autoridad, así como también a actividades relativas a la recepción de obras, elaboración de observaciones y en general, tal como se evidencia del nombre del programa, los servicios no se encuentran acotados ni en el tiempo ni en el cometido, pues se trata de servicios a la comunidad, lo que permite concluir que la labor encomendada al actor no es más que una modalidad a través de la cual la municipalidad cumple sus fines normativos, no empleando solo personal propio, sino que a aquellos que sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en consideración el carácter esencial, final y central de la actividad, necesaria para el cumplimiento del propio servicio, cuya naturaleza supone una actividad permanente y habitual, con carácter ordinario, por lo que se escapa al alcance del cometido específico respecto de la cual pueda sostenerse enmarcada dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 4° de la ley N° 18.883, y que define la naturaleza de la contratación. De este modo, la sentenciadora incurrió en una errónea aplicación del derecho alegado, en tanto se aplicó una normativa no llamada a regir la materia.

2.- Las labores encomendadas al actor por ser funciones propias, habituales y permanentes de la demandada, ordenadas y reguladas por la normativa que la creó, y en ningún caso accidentales o ajenas a ella, mal puede sostenerse que se trate de una relación contractual amparada por la norma aludida, sino, más bien, una sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que, así, encuentra amplio cobijo en la hipótesis de contra excepción del artículo 1° de dicho Código.

3.- Si una persona se incorpora a la dotación bajo la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley 18.883, pero no obstante ello en la práctica, presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque el Código del Trabajo constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

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