Jurisprudencia Destacada Año 2020 N1

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 1 DE 2020

 

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

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Mazzarelli Stockebrand, Alfonso c/ Ilustre Municipalidad de Lampa

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS A LA OBRA – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades

La referencia hecha en el inciso 8° del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones mencionado a las «subdivisiones afectas y loteos con urbanización garantizada» no ha sido establecida como condición necesaria para la emisión u otorgamiento del certificado de informaciones previas, sino como parámetro para la determinación de su vigencia, lo que lleva a concluir que tal instrumento no puede ser denegado en consideración a la circunstancia invocada por la reclamada, esto es, que el actor no acreditó «que los referidos lotes estén urbanizados o que su urbanización se encuentre garantizada».

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por el reclamante en contra de la sentencia que desestimó la reclamación, rechazando las solicitudes de Certificados de Informaciones Previas. Esto, dado que la sentencia infringe lo dispuesto en el inciso 8° del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en tanto estiman aplicable a la solicitud de entrega de los Certificados de Informaciones Previas de autos una exigencia no prevista en la ley, consistente en la previa ejecución o garantía de obras de urbanización en los inmuebles de que se trata.

2.- Habiendo requerido formalmente el interesado la extensión de los Certificados de Informaciones Previas, la Dirección de Obras Municipales se hallaba obligada a emitir tales documentos, vale decir, a expedir los certificados que indicaran las condiciones aplicables al predio de que se trate de acuerdo con las normas urbanísticas derivadas del instrumento de planificación territorial respectivo, sin que la referencia hecha en el inciso 8° del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones a «subdivisiones afectas y loteos con urbanización garantizada» le permita denegar su extensión, puesto que estas últimas menciones aluden únicamente al período de vigencia del certificado respectivo, el que, a su vez, depende de que «el plano de subdivisión, loteo o urbanización, o las normas urbanísticas legales o reglamentarias» no sean modificados.

3.- La referencia hecha en el inciso 8° del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones mencionado a las «subdivisiones afectas y loteos con urbanización garantizada» no ha sido establecida como condición necesaria para la emisión u otorgamiento del certificado de informaciones previas, sino como parámetro para la determinación de su vigencia, lo que lleva a concluir que tal instrumento no puede ser denegado en consideración a la circunstancia invocada por la reclamada, esto es, que el actor no acreditó «que los referidos lotes estén urbanizados o que su urbanización se encuentre garantizada

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ACOSO LABORAL

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Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente c/ Teatro Municipal Santiago

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – ACOSO LABORAL – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PÚBLICA Y HONRA DE LA PERSONA Y LA FAMILIA – OBLIGACION DE SEGURIDAD – DAÑO MORAL – DEMANDA ACOGIDA

Tribunal: Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Producto: MJ – Laboral

Ningún incumplimiento laboral del trabajador habilita a la ejecución de potestades patronales que exorbiten el mandato del artículo 2 del Código del Trabajo, y menos con una intensidad y lesividad que causa -en dos casos- un padecimiento de salud calificado como enfermedad profesional. La conducta patronal contraviene además de manera manifiesta la posición de garante de la salud e seguridad de los trabajadores que impone al empleador el artículo 184 del Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales de los números 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y 2 del Código del Trabajo. Esto, debido a que se acreditó la existencia de un clima de conflictividad laboral reconocido por múltiples fuentes, el ejercicio de un estilo de liderazgo caracterizado por arrebatos de rabia, intolerancia frente a observaciones y sugerencias de los trabajadores en tormo a la tarea; uso de gritos para dirigirse a los trabajadores del área, instrucciones cambiantes, fiscalización intensa de las tareas encomendadas respecto de los trabajadores y control desmesurado de pausas y permisos, (conducta prototípica del acoso), conductas que además resultaban reiteradas. Por ello, se concluye que dichas conductas configuran una vulneración pluriofensiva de bienes tutelados constitucionalmente. En efecto, ningún incumplimiento laboral del trabajador habilita a la ejecución de potestades patronales que exorbiten el mandato del artículo 2 del Código del Trabajo, y menos con una intensidad y lesividad que causa -en dos casos- un padecimiento de salud calificado como enfermedad profesional. La conducta patronal contraviene además de manera manifiesta la posición de garante de la salud e seguridad de los trabajadores que impone al empleador el artículo 184 del Código del Trabajo.

2.- Las conductas que la empleadora despliega a través de las dos jefaturas del Taller de vestuario, aunadas a la tolerancia y omisión de medidas eficaces adoptadas por los llamados a impedirlas en la estructura de la organización, lesionan específicamente la integridad física y psíquica de los trabajadores, al extremo de diagnosticárseles una enfermedad profesional causada por tales acciones y omisiones y al menos la integridad psíquica de otro trabajador, sometido a los mismos tratos degradantes en un ambiente de trabajo caracterizado por un mal clima laboral y un alto riesgo de lesividad psicolaboral, gatillado y sostenido en el tiempo por la conducta de tales jefaturas.

3.- Respecto de todos los ofendidos, en razón que un extremo acreditado de las conductas ofensivas y extraviadas de un trato respetuoso y los límites del ejercicio legítimo de la potestad de mando, se manifiesta como un cuestionamiento reiterado y desmesurado de las competencias laborales de los trabajadores. Las jefaturas reiteran la ineptitud que -a su juicio- se evidenciaría en el desarrollo y resultados de la tarea (desconsiderando en todos los casos la experiencia y oficio acumulado por años), al tiempo que no despliega estrategias de corrección, ni re-adiestramiento. Las objeciones en este extremo y se dan a conocer con modos desmesurados y vulgares (gritos, ademanes disruptivos e impropios en el ambiente del trabajo, muecas en el caso de una de las jefaturas), vulnerándose la honra de los trabajadores en su dimensión subjetiva, forjada en el contexto del trabajo, la autopercepción de la competencia que tiene cada trabajador, de su idoneidad y el valor como persona sustentado en esas dimensiones; e intersubjetiva, esto es, la concepción que se forma el entorno de la persona, relacionada con la idoneidad y competencias reconocidas en el trabajo.

4.- La existencia de la lesión constitucional pluri ofensiva en el contexto de clima laboral de alta lesividad establecido en el proceso y el sometimiento permanente de los trabajadores a esas condiciones de trabajo, permiten inferir en todos los caso la existencia del daño moral, sin necesidad de evidencia complementaria, determinándose la cuantía de la indemnización compensatoria paliativa del daño sufrido, desde la ponderación de la situación más lesiva hasta le de menor lesividad, considerando las particularidades de cada caso, la existencia de declaración de enfermedad profesional causada por las acciones/omisiones de la empleadora, la mayor intensidad y exposición temporal a episodios de vulneración expresa caracterizados y la retiración de las conductas lesivas/omisivas tras la reincorporación al trabajo de una de las afectadas.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – MALOS OLORES

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Fuentes y otros c/ Ilustre Municipalidad de Olivar y otros

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – ALCANTARILLADO – RELLENOS SANITARIOS – MEDIDAS DE SEGURIDAD – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – MJ

Sin perjuicio de que las recurridas han intentado solucionar de manera colaborativa el problema de los malos olores, habiéndose constituido una mesa técnica a la que se convocó a todos los actores afectados, en la cual se logró un consenso relativo a que sería una de las municipalidades, la que debería asumir los costos de la eventual solución, mediante la ejecución de las obras de mejoramiento pertinentes, la ejecución de dicha obra no finaliza, por lo que debe acogerse la acción de constitucional, pues habiendo sido un hecho pacífico la existencia de, a lo menos, malos olores derivados del funcionamiento del proyecto de mejoramiento sanitario resulta efectivo que los recurrentes han visto afectados sus derechos contemplados en el artículo 19 números 1 y 8 de la Carta Fundamental.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por los vecinos en contra de las municipalidades y las sanitarias por las obras que generan una exposición permanente al riesgo de explosión y a los malos olores, producto de gases de ácido sulfhídrico, que emanan permanentemente de una obra de alcantarillado mal ejecutada. Al respecto, sin perjuicio de que las recurridas han intentado solucionar de manera colaborativa, habiéndose constituido una mesa técnica a la que se convocó a todos los actores afectados, en la cual se logró un consenso relativo a que una de las municipalidades sería la que debería asumir los costos de la eventual solución, mediante la ejecución de las obras de mejoramiento pertinentes, las que se han traducido en la implementación de un sistema de filtro catalizador de olores, el cual ya fue adquirido por la recurrida y cuyas obras civiles y eléctricas se encuentran ejecutadas, restando sólo la tramitación y conexión de empalme eléctrico, según se acreditó con los documentos consistentes en los respectivos Decretos Alcaldicios, durante la vista de la causa aún no finalizaba la ejecución de dicha obra, por lo que la acción constitucional debe ser acogida, pues habiendo sido un hecho pacífico la existencia de, a lo menos, malos olores derivados del funcionamiento del proyecto de mejoramiento sanitario, resulta efectivo que los recurrentes han visto afectados sus derechos contemplados en el artículo 19 números 1 y 8 de la Carta Fundamental.

2.- Se ordena a las municipalidades recurridas, la una en cuyo territorio se generan los actos atentatorios de derecho que han sido conocidos, y la otra, como gestora de las obras de mejora acordadas de manera colaborativa, a adoptar todas las medidas necesarias, a fin de dar pronta y efectiva solución a la emanación de malos olores que ha sido reconocida en estrados, y a evitar nuevas afectaciones a los derechos conculcados de los recurrentes; asimismo y ante la denuncia referida a presunta emanación de gases tóxicos, desde la obra denominada, las recurridas igualmente en la medida que se afecten sus respectivos municipios, deberán adoptar todas las medidas pertinentes a efectos de descartar lo denunciado, o en su defecto, darle pronta e idónea solución.

 

SEGURO DE INVALIDEZ – COTIZACIONES PREVISIONALES

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A.F.P. Cuprum S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Freire

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE SEGURIDAD SOCIAL – COTIZACIONES PREVISIONALES – SEGUROS – MERITO EJECUTIVO DEL TITULO – EXCEPCION DE PAGO – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

El seguro de invalidez y sobrevivencia, regulado en el artículo 59 del Decreto Ley N° 3.500, tiene el carácter de cotización previsional para todos los efectos legales, pues el inciso segundo del artículo 17 obliga a pagar por dicho concepto una «cotización adicional», de manera tal que lo referido por la actora en su demanda, relativo a que la Municipalidad ejecutada adeuda una suma por concepto de «cotizaciones previsionales impagas», resulta suficiente para entender que ésta comprende la pretensión de cobro por concepto del referido seguro.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, acogió la excepción de pago por estimar que la demanda ejecutiva se limitó a referir en su demanda el no pago de «cotizaciones previsionales», lo que se ve desvirtuado por la documental acompañada por la ejecutada en el que consta el pago de las cotizaciones correspondientes al fondo de capitalización individual, sin que pueda desprenderse del libelo que se pretendía el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, pues no fue especificado. Al respecto, yerra la sentencia impugnada por cuanto el seguro de invalidez y sobrevivencia, regulado en el artículo 59 del Decreto Ley N° 3.500, tiene el carácter de cotización previsional para todos los efectos legales, pues el inciso segundo del artículo 17 obliga a pagar por dicho concepto una «cotización adicional», de manera tal que lo referido por la actora en su demanda, relativo a que la Municipalidad ejecutada adeuda la suma por concepto de «cotizaciones previsionales impagas», resulta suficiente para entender que ésta comprende la pretensión de cobro por concepto del referido seguro, por lo que dado que la deuda que se cobra y que dio lugar al mandamiento de ejecución y embargo dice relación con cotizaciones previsionales impagas por concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia, y habiéndose acreditado que este no fue solucionado, la judicatura del fondo, al acoger la excepción de pago, incurrió en error de derecho.

2.- Tratándose en la especie de un título ejecutivo complejo o compuesto, cabe tener presente que el inciso final artículo 3 de la Ley N° 17.322, que regula la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, al regular los requisitos que debe cumplir la resolución que sirve de título ejecutivo, no obliga a señalar con precisión o distinción el tipo de cotización previsional que se pretende cobrar, por lo que al exigir la judicatura del fondo que la actora especifique en detalle lo adeudado por concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia, incorpora un requisito adicional que no encuentra sustento en el ordenamiento jurídico.

3.- La jurisprudencia de la Corte Suprema, a propósito del instituto de la nulidad del despido, ha sido conteste en adherir a una interpretación amplia del concepto «cotizaciones previsionales», incluyendo todas aquellas que se deben enterar para financiar los fondos de pensiones, considerando dentro de ellas el seguro de invalidez y sobrevivencia.

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