Corte Suprema rechaza demanda de funcionarios municipales por pago de fondos retenidos por medida precautoria

En la sentencia (causa rol 32.838-2018), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– estableció que la acción perdió efectividad, debido a que el acuerdo fue anulado por la dictación de una sentencia de nulidad de derecho público.

La Corte Suprema acogió recurso de casación y rechazó la demanda presentada por 154 funcionarios de la Municipalidad de Chillán por el pago de incremento previsional que fue anulado por sentencia previa.
En la sentencia (causa rol 32.838-2018), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– estableció que la acción perdió efectividad, debido a que el acuerdo fue anulado por la dictación de una sentencia de nulidad de derecho público.
«Que, en este orden de consideraciones, se debe precisar que el fallo recurrido hace referencia a la buena fe y al principio de confianza legítima que asistía a los actores, cuestión que debe dilucidarse a través de análisis específico del devenir de la causa N° 1693-2013 y de la especial circunstancia de haberse decretado en tales antecedentes una medida precautoria de retención respecto de los dineros cuyo pago se demanda», plantea el fallo.
Resolución que agrega: «Las medidas cautelares se establecen para asegurar que la sentencia definitiva que se dicte en un determinado proceso no se torne ineficaz por la imposibilidad de cumplirse, razón por la que se ha establecido en la doctrina que éstas tienen un carácter provisional e instrumental. Provisional desde una doble perspectiva, toda vez que pueden dejarse sin efecto por el mismo juez que las dictó en cualquier momento del juicio y, en segundo lugar, porque sólo tiene un tiempo de duración determinado, esto es, mientras no se dicte sentencia definitiva en la causa».
«Además, son instrumentales, porque ‘nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual aseguran preventivamente. Nacen, por decirlo así, al servicio de una providencia definitiva, con el oficio de preparar el terreno y aprontar los medios más aptos su éxito’ (CALAMANDREI, ‘Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares’, Buenos Aires 1945, Pág. 44)», añade.
«Específicamente –continúa– la medida precautoria de retención decretada en los autos Rol N° 1693-2013, corresponde a una medida cautelar conservativa que son aquellas que buscan conservar una determinada situación para garantizar que la sentencia definitiva que se dicte no sea ineficaz. El fin u objeto de este tipo de medidas es ‘inmovilizar, inhibir, generar una situación de hecho que evite la consumación del periculum in mora; las medidas de esta clase aspiran a evitar -directa o indirectamente- que desaparezcan bienes de dominio del deudor; que en definitiva frustren el cumplimiento de la sentencia judicial a que da lugar la admisión de la acción’ (Alejandro Romero Seguel, ‘Curso de derecho procesal Civil’ I, Tomo I., Editorial Jurídica de Chile, Pág. 59)».
Para la Corte Suprema: «(…) más allá de los fines conservativos de la medida precautoria decretada, que buscaba evitar que se pagaran dineros correspondientes al incremento previsional durante la secuela del juicio, toda vez que aquello, a juicio de la parte demandante, cuestión confirmada por el fallo dictado, constituía un acto ilegal, lo determinante es que la demanda de nulidad de derecho público incoada en los autos Rol N° 1693-2013 fue notificada a la Municipalidad el 22 de agosto de 2014 y al menos se tuvo por notificados tácitamente a los funcionarios municipales el 12 de agosto de 2013».
«Lo anterior –ahonda– es trascendente, toda vez que desde aquella data los funcionarios municipales tenían pleno conocimiento respecto de la pretensión del Consejo de Defensa del Estado respecto de la improcedencia del pago del incremento previsional. Es más, tal acción fue contestada por aquellos el 12 de agosto de 2013. Pues bien, la medida precautoria fue decretada mucho tiempo después de aquella data, el 2 de septiembre de 2014. Lo anterior determina que la supuesta vulneración de la buena fe de los funcionarios municipales y de la confianza legítima no es tal, toda vez que aquellos dineros corresponden a pagos que se devengaron después de notificada y contestada la demanda, razón por la que ya no les asistía la convicción absoluta de su derecho, que es el requisito indispensable de la buena fe».
«(…) en consecuencia, solo cabe constatar que efectivamente los jueces del grado incurrieron en el error de derecho denunciado, vinculado a la infracción de los artículos 63 N° 14 y 65 N° 4 de la Carta Fundamental en relación al artículo 2 del Decreto ley N° 3501, al ordenar el pago de sumas correspondientes al incremento previsional, a pesar que los actos administrativos que constituyen su fundamento inmediato y que autorizan el pago de aquél fueron declarados nulos de derecho público, sin que exista otro antecedente que permita jurídicamente sustentar el pago de aquellos dineros, los que fueron debidamente precautoriados para evitar que durante la secuela del juicio se realizaran desembolsos ilegales, cuestión que es abiertamente desconocida por el fallo impugnado, razón por la que el arbitrio en estudio será acogido».
Sentencia de reemplazo
Al dictar sentencia de reemplazo, la Corte Suprema consideró: «Que, en las condiciones descritas, resulta improcedente acceder a la pretensión de pago de los dineros que envuelve la demanda presentada en autos, toda vez que más allá de la circunstancia de no haberse demandado específicamente la nulidad del Decreto Alcaldicio N° 202/3055/2011 en los autos 1693-2013, lo cierto es que la declaración de nulidad de sus únicos antecedentes determina que este último acto administrativo, que arranca de aquellos, carezca de causa que justifique el pago, quedando así el acto administrativo desprovisto de motivación, razón por la que sólo cabe concluir que no puede hacerse pago de los dineros requeridos, máxime si aquellos fueron objeto de una medida precautoria que justamente fue decretada para asegurar los resultados del juicio, en tanto buscaba impedir que se pagara a los funcionarios municipales el incremento previsional de forma ilegal, respecto de ítems que no estaban previstos al 28 de febrero del año 1980».
Por ello: «(…) cualquier decisión en contrario implicaría desconocer que los funcionarios municipales están sometidos a un régimen de Derecho Público, cuyas normas se encuentran establecidas en un estatuto administrativo especial, esto es, la Ley N° 18.883, cuerpo normativo que materializa lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley N° 18.695. Sus remuneraciones requieren de una ley que las instituya y que disponga su pago, de suerte que aquéllos sólo tienen derecho a impetrar, como se dijo en el fallo de casación que antecede, los beneficios pecuniarios que expresamente les conceden los respectivos textos legales por los períodos que ellos indican», asevera.
«En razón de lo anterior, no puede disponerse el pago de las sumas pretendidas, toda vez que el artículo 2 del Decreto Ley N° 3.501 estableció el incremento materia de autos sólo para las asignaciones vigentes al 28 de febrero del año 1981, cuestión que la parte pretende desconocer, a través del ejercicio de la presente acción y, a pesar que ya existe un fallo judicial que zanjó tal controversia», concluye.
(Fuente: pjud)

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