Jurisprudencia Destacada Año 2020 N5

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 5 DE 2020

 

PERMISO DE EDIFICACIÓN – RECLAMO DE ILEGALIDAD

_______________________________________________________

Santa Cruz Eyzaguirre, Juan y otros c/ Ilustre Municipalidad de Vitacura

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – PLAN REGULADOR COMUNAL – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

El permiso de edificación no pudo ser concedido porque no se ajustó a la normativa vigente a la fecha de su otorgamiento, esto es, del Plan Regulador Comunal, en virtud del cual la Municipalidad, tanto en el certificado de información previa como en el acta de observaciones referidas ambas a la solicitud de aprobación del anteproyecto de la inmobiliaria, expresamente señaló que la zona donde se pretendía emplazar el edificio de oficinas, no permitía dicha construcción atendido el uso del suelo que la norma reglamenta.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación interpuesto por los reclamantes en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad, confirmando el otorgamiento del permiso de edificación. Esto, dado que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 24, letra a), numeral segundo , de la Ley N° 18.695, 57 y 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el 1.1.3. de la Ordenanza General Urbanismo y Construcciones y el 52 de la Ley N° 19.880, al desestimar la reclamación en comento, toda vez que los sentenciadores no advirtieron que el permiso de edificación no pudo ser concedido porque no se ajustó a la normativa vigente a la fecha de su otorgamiento -y hasta la presentación del reclamo-, esto es, el artículo 43 cuadro N° 48 del Plan Regulador Comunal, norma en virtud de la cual la Municipalidad tanto en el certificado de información previa y en el acta de observaciones de referidas ambas a la solicitud de aprobación del anteproyecto de la inmobiliaria, expresamente señaló que la zona donde se pretendía emplazar el edificio de oficinas, no permitía dicha construcción atendido el uso del suelo que la norma reglamenta.

2.- Para que el permiso de edificación otorgado genere los efectos de imperatividad, obligatoriedad y exigibilidad, propios de su naturaleza, es necesario que su contenido se ajuste a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es decir, debe respetar el principio de supremacía constitucional y enmarcarse dentro del principio de legalidad, procurando satisfacer el interés general de la colectividad encausando su acción de la manera más eficiente y eficaz. Todos requisitos que no se cumplen en la especie porque el permiso de edificación, para su concesión no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 43 cuadro N° 48 del Plan Regulador Comunal y, consecuentemente, quebrantó el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y en los artículos 1.1.3, 1.1.4 y 1.4.11 de la Ordenanza del ramo, que ordenan que las solicitudes de aprobación de anteproyectos presentadas a la Dirección de Obras Municipales deben ser resueltas conforme a las normas vigentes a la fecha de su ingreso.

3.- La estabilidad de la inversión particular descansa en el análisis de la autoridad para la concesión de un permiso de edificación, ceñido a la legislación vigente a la fecha de su otorgamiento, circunstancia que se encargó de precisar y reglamentar expresamente el legislador, remarcando los conceptos generales de presunción de legalidad, confianza legítima y hecho propio de la autoridad administrativa. Tanto es así que el artículo 119 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para evitar cualquier interpretación, consignó en términos imperativos que toda obra de edificación deberá ejecutarse «con sujeción estricta a los planos, especificaciones y demás antecedentes aprobados por la Dirección de Obras Municipales». Esta misma disposición regula las posibles modificaciones a los proyectos ya aprobados expresando que ante tal necesidad, éstas se tramitarán en la forma se indique la Ordenanza General.

4.- Mediante el otorgamiento del permiso de edificación de autos se desconoce una obligación legal, cual es que la construcción de obras de cualquier naturaleza, requerirán de un permiso de la autoridad competente, el que deberá otorgarse si de acuerdo con los antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las normas urbanísticas vigentes a la fecha de presentación de su solicitud, todo lo cual no acontece en la especie y siendo labor de la jurisdicción velar porque los actos administrativos se ajusten a la ley, con el fin de resguardar entre otros, los principios de certeza, seguridad jurídica y en especial de debido proceso, se accederá al reclamo interpuesto (De la sentencia de reemplazo).

5.- El Director de Obras sólo puede otorgar los permisos de Edificación respecto de proyectos que cumplan las exigencias previstas en la ley, debiendo tal funcionario ceñirse estrictamente por el principio de legalidad en materia urbanística, sin que aquel tenga facultades para interpretar la ley de manera laxa o analógica, puesto que el carácter técnico de aquella, determina por sí sola una interpretación restrictiva. Lo anterior fluye, además, de lo estatuido en el artículo 9 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que establece que corresponde a la referida autoridad estudiar los antecedentes y dar los permisos de ejecución de obras, de acuerdo a las disposiciones sobre construcción contempladas en esta ley, la Ordenanza General, los Planes Reguladores, sus Ordenanzas Locales y las Normas y Reglamentos respectivos aprobados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, vigentes a la época del otorgamiento (De la sentencia de reemplazo).

6.- Los dictámenes de la Contraloría General de la República son obligatorios y vinculantes para los órganos de la Administración del Estado, entre los que se encuentran las Municipalidades, pero no vinculan de modo alguno a los Tribunales de Justicia, pues no sólo no existe norma alguna que así lo disponga, sino que, además, la actividad jurisdiccional en este ámbito está destinada a controlar, precisamente, las decisiones de la autoridad administrativa, de manera que puede adoptar sus determinaciones con plena independencia del parecer que, en una materia particular, sostenga el órgano contralor (De la sentencia de reemplazo).

__________________

PERMISO DE EDIFICACIÓN – PARALIZACIÓN DE OBRAS

_______________________________________________________

Aguas del Valle S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Ovalle

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – RECURSO DE ILEGALIDAD – PERMISO DE EDIFICACIÓN – CONSTRUCCIÓN DE OBRA – SERVICIOS PÚBLICOS – ORDEN DE PARALIZACIÓN – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – SANA CRÍTICA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Independiente de la forma jurídica con la que realiza sus operaciones, las obras de infraestructura que construye una concesionaria de un servicio público, como ocurre en la especie con el estanque de agua cruda, deben considerarse, a efectos de determinar si requieren o no permiso de la Dirección de Obras Municipales respectiva, obras construidas por el Estado desde que se ha realizado por un ente privado a quien el Estado le entregó la concesión de un servicio público. Por lo tanto, lleva razón el tribunal de fondo al eximir a dicha construcción del permiso municipal referido, según lo prescrito en el artículo 116, inciso cuarto, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la reclamada en contra de la sentencia que acogió la reclamación de ilegalidad, dejando sin efecto resolución que dispuso la paralización de las obras de construcción del estanque de acumulación de aguas, ordenando la indemnización de los perjuicios producidos por dicha resolución. Esto, dado que no se verifica infracción al artículo 116, inciso cuarto , de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pues las obras de infraestructura que construye una concesionaria de un servicio público, como ocurre en la especie con el estanque de agua cruda, deben considerarse, a efectos de determinar si requieren o no permiso de la Dirección de Obras Municipales respectiva, obras construidas por el Estado desde que se ha realizado por un ente privado a quien el Estado le entregó la concesión de un servicio público.

2.- La reclamante es concesionaria de un servicio público y, en tal calidad, lleva adelante la prestación de un servicio público, independiente de la forma jurídica con la que realiza sus operaciones. Además, sus instalaciones se encuentran destinadas exclusivamente al servicio público respectivo. Estas concesiones de un servicio público son otorgadas por el Estado, en la especie, a través de un acto dictado por el Ministerio de Obras Públicas.

3.- Respecto del reclamo consistente en que los sentenciadores han incurrido en error al darle mayor valor a la Circular N°295 del Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por la sobre la disposición de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, aun de ser efectiva la concurrencia de dicho error, este no tendría influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. Esto, pues por aplicación de la excepción del inciso 4° del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la obra de infraestructura construida por la reclamante, debe considerarse como una obra construida por el Estado, de modo que no ha requerido la obtención de un permiso de la Dirección de Obras Municipales.

4.- Respecto de la vulneración de las normas que regula la sana crítica, el recurrente atribuye a los jueces de la instancia dicha infracción aduciendo que no consideraron el valor probatorio del Memorandum Interno N°187 acompañado por ese litigante. Así las cosas, se observa, en las alegaciones del recurrente, que no se discurre sobre la forma en que el razonamiento de los sentenciadores ha desatendido las normas científicas, simplemente lógicas o de la experiencia que la sana crítica ordena respetar, sino que su planteamiento más bien apunta a una discrepancia con el proceso valorativo de este medio de convicción y con las conclusiones que, como consecuencia de dicho ejercicio, han extraído los jueces del fondo y que los han llevado a acoger el reclamo incoado, lo que resulta suficiente para desechar el recurso, en esta parte.

________________

JUICIO EJECUTIVO – PATENTE MUNICIPAL

_______________________________________________________

Ilustre Municipalidad de Vitacura c/ Yarur Sabal, Diana

Voces: DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – JUICIO EJECUTIVO – EXCEPCIONES – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – TRIBUTO – SOCIEDADES – INVERSIONES – OBJETO SOCIAL – PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ – Tributario

Para la procedencia del tributo en cuestión no basta el ejercicio de una actividad lucrativa, sino que es necesario que el obligado tributario realice alguna de las actividades gravadas por la ley. Tratándose de una persona natural o jurídica que adquiera bienes con fines rentísticos, esto es, que exclusivamente invierta en títulos mobiliarios, sin involucrar producción de bienes ni prestación de servicios, no se está frente al concepto de actividad que grava el artículo 23 del D.L. N° 3063.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la ejecutada en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia, desestimando las excepciones y ordenando seguir adelante con la ejecución. Esto, dado que la sentencia infringe los artículos 23 , 24 y 27 de la Ley de Rentas Municipales al desatender el hecho que lo pretendido por la municipalidad demandante es el cobro de patente municipal respecto de una persona natural que, si bien explota una actividad económica, lo hace sin organizarse como persona jurídica y, por ende, no es sujeto pasivo del pago de patente municipal. El principio de legalidad en materia tributaria determina que no se reúnen los presupuestos contemplados en los artículos 23 y siguientes de la Ley de Rentas Municipales para que proceda el cobro del mencionado tributo, pues la recurrente no es un contribuyente obligado al pago de tal gravamen, acarreando la nulidad de la obligación cuya ejecución se persigue.

2.- Para la procedencia del tributo en cuestión no basta el ejercicio de una actividad lucrativa, sino que es necesario que el obligado tributario realice alguna de las actividades gravadas por la ley. Tratándose de una persona natural o jurídica que adquiera bienes con fines rentísticos, esto es, que exclusivamente invierta en títulos mobiliarios, sin involucrar producción de bienes ni prestación de servicios, no se está frente al concepto de actividad que grava el artículo 23 del D.L. N° 3063.

3.- De una revisión del artículo 23 del D.L. N° 3063 es posible afirmar que dicho precepto condiciona la obligación tributaria a que se ejerza una profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, o que se ejerza una actividad primaria o extractiva. En ninguna parte se establece que las actividades lucrativas -en forma genérica- se encuentren afectas al pago de patente municipal. Luego, a la luz de los principios de la tributación- de reserva de ley y de legalidad- un patrimonio no puede gravarse por el sólo hecho de que exista, y menos aún puede imponerse un gravamen tributario por un hecho que no está definido en la ley.

4.- Las personas naturales pueden efectuar iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos para los efectos de acogerse a los regímenes de tributación establece el artículo 14 del Decreto Ley N° 824, sin que tal circunstancia, para otros efectos que no sean los descritos en dicha disposición, permita considerar que constituyen una persona jurídica distinta a la persona natural. Es decir, no produce consecuencias en otros ámbitos del Derecho, por ejemplo, no modifica el patrimonio del causante en lo relativo a la aplicación de las normas sobre sucesión por causa de muerte, ni altera el derecho general de prenda de los acreedores, puesto que los bienes que quedarán comprendidos en la iniciación de actividades seguirán radicados en el patrimonio de la persona natural. Cabe descartar entonces que la persona natural que realiza inicio de actividades para los efectos de tributación de las rentas que aquéllas le generen, pueda calificarse, por ese solo hecho, como persona jurídica, ni ser tratada, en la especie, como una sociedad de inversión.

_________________________

 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN – INVALIDEZ

_______________________________________________________

Ilustre Municipalidad de Santiago c/ Contraloría General de la República

Voces: RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – IGUALDAD ANTE LA LEY – PERSONAL NO DOCENTE – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – PENSIÓN POR INVALIDEZ – DESPIDO – INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

El criterio aplicado por la Contraloría que dispuso que en la desvinculación de la asistente de educación, a quien se le otorgó una invalidez total y definitiva, no resulta aplicable el artículo 149 de la Ley N° 18.883, ordenándole a la municipalidad regularizar el término de la relación laboral y pagar las indemnizaciones de rigor, si procedieren, se encuentra ajustado a derecho, por cuanto el artículo 4 de la Ley N° 19.464 hace aplicables las disposiciones de la Ley N° 18.883 solo en lo relativo a «permisos y licencias médicas». Así las cosas, el único artículo que se refiere a la presentación de licencias médicas -y a las consecuencias jurídicas de exceder el plazo de seis meses en dos años- es el aludido artículo 148, toda vez que el artículo 149 se refiere a una situación diversa, no sujeta necesariamente a la presentación de licencias médicas por el plazo que indica el artículo 148.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y rechazar el recurso de protección deducido por la municipalidad en contra del Oficio dictado por la Contraloría quien dictaminó que en la desvinculación de la asistente de la educación, a quien se le declaró una invalidez total y definitiva, no resulta aplicable el artículo 149 de la Ley N° 18.883, ordenándole regularizar el término de la relación laboral y pagar las indemnizaciones de rigor, si procedieren. Al respecto, el criterio aplicado por la Contraloría se encuentra ajustado a derecho, por cuanto el artículo 4 de la Ley N° 19.464 hace aplicables las disposiciones de la Ley N° 18.883 solo en lo relativo a «permisos y licencias médicas». Así las cosas, el único artículo que se refiere a la presentación de licencias médicas -y a las consecuencias jurídicas de exceder el plazo de seis meses en dos años- es el aludido artículo 148, toda vez que el artículo 149 se refiere a una situación diversa, no sujeta necesariamente a la presentación de licencias médicas por el plazo que indica el artículo 148 . Asentado lo anterior, esto es, que no resulta aplicable en la especie el artículo 149 de la Ley N° 18.883, se torna evidente que la decisión del Municipio de terminar el contrato de trabajo que la vinculaba con la funcionaria es contraria a derecho, pues justamente se asilaba en la precitada disposición. Así las cosas, y atendiendo al claro tenor del artículo 161 bis del Código del Trabajo, es inconcuso que la desvinculación no se ajustó a derecho al terminarse su contrato de trabajo por una causal distinta de aquellas establecidas en el Código Laboral, razón por la cual las declaraciones del órgano de control contenidas en el no son ilegales ni arbitrarias.

2.- La Contraloría General de la República posee atribuciones para pronunciarse respecto de las causales de desvinculación de un asistente de la educación que presta servicios para un municipio conforme a las disposiciones de la Ley N° 19.464, pues el acto atacado no es sino el corolario del ejercicio de los poderes dictaminantes de los que se encuentra investida la Contraloría General de la República, es menester dejar en claro que la inteligencia jurídica que en el evento sub lite realiza el ente contralor sobre cuestiones de su incumbencia, la habilitan para precisar, en el orden administrativo, la hermenéutica de las disposiciones legales y reglamentarias de su injerencia. La intervención del ente contralor responde, entonces, al desempeño de las facultades mencionadas y lo obrado concierne a la interpretación de preceptos legales contenidos en el Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales.

3.- La declaración del órgano de control en orden a que el municipio debe proceder al pago de la indemnización por años de servicio establecida en el Código del Trabajo, no es sino una consecuencia directa y necesaria del reconocimiento de su potestad dictaminante. Concluir lo contrario, llevaría al contrasentido de reconocer que la Contraloría puede fijar el sentido y alcance de las normas del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales -las que resultan vinculantes para la Administración-, pero que no puede emitir órdenes que se siguen directa, natural y necesariamente de la interpretación que realiza el órgano de control. Por lo demás, la orden de la recurrida se refiere a la indemnización por años de servicio «si ello resultare procedente», de lo cual fluye con toda claridad que no se ha arrogado funciones jurisdiccionales, sino que se ha limitado a sostener que -dado que el artículo 149 de la Ley N° 18.883 no resulta aplicable al caso de la asistente de educación- dicho precepto no puede ser invocado como justa causa de término de su contrato de trabajo, cuestión que debe ser resuelta en la sede correspondiente.

____________________

JUICIO EJECUTIVO – PATENTE MUNICIPAL

_______________________________________________________

Ilustre Municipalidad de Vitacura c/ Inversiones y Asesorías Iculpe Limitada

Voces: DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – MÉRITO EJECUTIVO DEL TÍTULO – PRESCRIPCION – COMPUTO DE LA PRESCRIPCION – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ – Tributario

Cuando la obligación es dividida en cuotas para su pago, como ocurre en la especie con el pago de la patente municipal, cada cuota tiene su individual plazo de vencimiento y, por tanto, su propio día en que es iniciada su exigibilidad. Por tanto, no pudiendo el acreedor cobrar la cuota respectiva antes de su vencimiento, no es posible estimar que esté corriendo el plazo de prescripción. De este modo, los sentenciadores no han incurrido en los errores denunciados al declarar que no están configurados los presupuestos para declarar prescrita la acción de cobro de la patente municipal correspondiente, por no haber transcurrido el plazo de tres años de inactividad que la ley exige a partir de esa fecha hasta la notificación de la demanda (y menos hasta su presentación).

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte ejecutada en contra de la sentencia que acogió parcialmente la excepción de prescripción de la acción de cobro de patente municipal al estimar que ella resulta procedente sólo respecto del giro rol 0/10417 con vencimiento al 31 de julio de 2013, atendido lo dispuesto en el artículo 2521 del Código Civil y el allanamiento expreso de la ejecutante. En cuanto al giro 0/10417 con vencimiento al 31 de enero de 2014 observa que el impuesto municipal es una obligación dividida en cuotas y, en consecuencia, cada una de ellas debe ser considerada como una deuda con vencimiento independiente y el cómputo del plazo de prescripción se inicia para cada cuota desde que el acreedor puede perseguir el cobro de cada una, así concluye que tratándose de la cuota con vencimiento al 31 de enero de 2014 y habiendo sido notificada la demanda al ejecutado (contribuyente) con fecha 29 de octubre de 2016, no ha operado la prescripción invocada a su respecto al no haber transcurrido el término de tres años que dispone la ley. Al respecto, la prescripción supone necesariamente la exigibilidad de la obligación (como está dispuesto en el artículo 2514 inciso 2° del Código Civil) de modo cuando la obligación es dividida en cuotas para su pago, como ocurre en el caso, cada cuota tiene su individual plazo de vencimiento y, por tanto, su propio día en que es iniciada su exigibilidad. Por tanto, no pudiendo el acreedor cobrar la cuota respectiva antes de su vencimiento, no es posible estimar que esté corriendo el plazo de prescripción. Por lo anterior, los sentenciadores no han incurrido en los errores denunciados al declarar que no están configurados los presupuestos para declarar prescrita la acción de cobro de la patente municipal correspondiente al giro rol 0/10417, cuya exigibilidad comienza el 31 de enero de 2014, por no haber transcurrido el plazo de tres años de inactividad que la ley exige a partir de esa fecha hasta la notificación de la demanda (y menos hasta su presentación).

2.- La propia ley confiere al contribuyente la opción de fraccionar en dos cuotas el pago de la deuda; tomándose esa alternativa, como el curso de la prescripción está determinado por la exigibilidad, el cómputo del plazo previsto por la ley para la prescripción es iniciado desde que vence el plazo previsto por el legislador para el pago de cada cuota. En el mismo sentido, conforme a lo establecido en el artículo 1496 del Código Civil, que obliga al acreedor a respetar el plazo concedido, no es posible para la Municipalidad acreedora la práctica de gestiones tendientes al cobro de la segunda cuota de patente municipal antes del 31 de enero; ese cobro implicaría desconocer el término que beneficia al deudor.

__________________

ESTATUTO DOCENTE –

_______________________________________________________

Salazar c/ Ilustre Municipalidad de Chillán

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – FALTA DE PROBIDAD – CONDUCTA INMORAL GRAVE – SUMARIO ADMINISTRATIVO – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – DESPIDO – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – RECHAZO DE LA DEMANDA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán

Producto: Laboral

Existiendo reglas expresas en caso de terminación del vínculo laboral en el Estatuto Docente, no resulta necesario recurrir a las normas del Código del Trabajo. Por lo anterior, el término del empleo de un profesional de la educación no puede asimilarse a un despido indebido de un trabajador afecto al Código del Trabajo, de modo que lo reclamado en la demanda no puede ser reconocido porque se trata de derechos derivados de las relaciones laborales regidas por ese cuerpo legal.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la acción subsidiaria de despido injustificado interpuesta por el docente en contra de la municipalidad. Esto, dado que, en la especie, el actor se desempeñó como docente por más de 27 años, fecha en que se inició un sumario administrativo en contra del actor, por denuncia; tramitado el sumario administrativo, en la vista del Fiscal, se propuso la sanción de término del contrato de trabajo, en virtud de la causal señalada en el articulo N° 72 de la ley 18.070 Estatuto Docente, esto es; falta de probidad, conducta inmoral, establecida fehacientemente en un sumario. Al respecto, existiendo reglas expresas en caso de terminación del vínculo laboral en el Estatuto Docente, no resulta necesario recurrir a las normas del Código del Trabajo, pues el primer cuerpo normativo, preceptúa que a los profesionales de la educación no le resultan aplicables las causales de término de la relación laboral contenidas en la legislación laboral, pues dicho estatuto contempla sus propias causales de término del vínculo contractual, por lo tanto la decisión de poner término a los servicios del demandante, corresponde al ejercicio de las facultades otorgadas por la ley a la demandada, que no tiene la obligación legal de invocar las causales de caducidad del vínculo laboral contenidas en el Código del Trabajo. Por lo anterior, el término del empleo de un profesional de la educación no puede asimilarse a un despido indebido de un trabajador afecto al Código del Trabajo, de modo que lo reclamado en la demanda no puede ser reconocido porque se trata de derechos derivados de las relaciones laborales regidas por ese cuerpo legal.

2.- La imputación de indebido de un despido y las indemnizaciones laborales que el código laboral hace consecuente a tal declaración, no pueden ser reclamadas por quienes están bajo régimen estatutario especial, como sucede en la especie, desde que el cuerpo legal específico que regula su vínculo establece sus propios derechos, acciones y obligaciones, de modo que el Código del Trabajo sólo les será aplicable en el caso contemplado en el inciso tercero de su artículo primero , cuyo no es el caso. Reafirma la circunstancia de que no resultan aplicables las disposiciones del Código del Trabajo por ser contraria a los estatutos especiales, que el artículo 168 del Código del Trabajo, establece las consecuencias de una aplicación indebida de las causales del artículo 159 , 160 y 161 del mismo cuerpo normativo, en cambio, el estatuto administrativo tiene sus propias causales de cese de funciones sin que sus hipótesis puedan ser homologables con las del artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, pues esto significaría atribuirle al órgano estatal una manifestación de voluntad que no ha expresado, con las consecuencias pecuniarias que ello implica, lo que se aleja totalmente de los fines del derecho. En consecuencia no se pueden equiparar las causales del estatuto docente con las causales del Código del Trabajo, sin que exista una norma o criterio especifico que nos señale cuando una desvinculación del estatuto administrativo se entenderá como indebida, improcedente o injustificada.

3.- Corresponde rechazar la acción de tutela toda vez que la actividad del empleador considerada por el denunciante vulneratoria de derechos fundamentales, se produce en el desarrollo de todo el proceso disciplinario a que fue sometido pero en especial, en la falta de motivación de la resolución que aplica la medida. Aun cuando la referida resolución no contiene un desarrollo de los razonamientos para imponer la sanción de termino del vínculo laboral, indica expresamente que para ello se ha tenido en cuenta el sumario administrativo llevado a efecto en contra del actor. El Proceso investigativo contiene, tanto en los cargos, como en la vista al fiscal, los razonamientos para determinar en definitiva la medida dispuesta, motivo por el cual es posible concluir que los actos objetados, se encuentran fundados, al remitirse al proceso respectivo con todos sus antecedentes. Del examen del sumario y los demás antecedentes allegados al proceso, se observa que el denunciante hizo uso de todas las instancias de defensa que contempla la normativa legal, presentando oportunamente sus descargos y un recurso de reposición. De esta manera sus actuaciones en defensa de sus derechos dan cuenta de un detallado conocimiento de las imputaciones formuladas en su contra.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: