Jurisprudencia Destacada Año 2020 N6

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 6 DE 2020

 

ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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Contreras c/ Corporación Municipal de Ancud

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO – TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO DE PLAZO INDEFINIDO – DESPIDO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Laboral

La contratación de personal a plazo fijo para desempeñarse en funciones de la atención primaria de salud municipal, aparece como una de las formas para ingresar al sistema, por un período limitado, modalidad que no tiene la aptitud de conducir al funcionario a un estadio que le permita acceder a la carrera funcionaria y gozar de estabilidad en sus funciones, en la medida que la única vía prevista para tal efecto, pasa por ingresar a través de concurso público de antecedentes, tras el cual la vinculación con la entidad empleadora se materializa por medio de la contratación indefinida.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda por despido injustificado al estimar que la Ley N° 19.378 , al regular la cesación de funciones del personal sometido a dicho régimen estatutario, impide la aplicación supletoria del Código del Trabajo, y que el actor, al pertenecer a una de las categorías funcionarias de dicho estatuto, el término de sus funciones necesariamente debía ser por alguna de las razones contempladas en su artículo 48, como sucedió en la especie, al invocarse la causal contenida en su literal c) , que corresponde a la del vencimiento del contrato. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues la contratación de personal a plazo fijo para desempeñarse en funciones de la atención primaria de salud municipal, aparece como una de las formas para ingresar al sistema, por un período limitado, modalidad que no tiene la aptitud de conducir al funcionario a un estadio que le permita acceder a la carrera funcionaria y gozar de estabilidad en sus funciones, en la medida que la única vía prevista para tal efecto, pasa por ingresar a través de concurso público de antecedentes, tras el cual la vinculación con la entidad empleadora se materializa por medio de la contratación indefinida.

2.- El sistema contemplado respecto del personal que conforma la dotación de los establecimientos municipales de atención primaria de salud, resulta ser uno que prevé la presencia de funcionarios con contrato indefinido, que deben ingresar, necesariamente, a través de concurso público de antecedentes y que, de esa manera, accederán a la carrera funcionaria y gozarán de estabilidad en el empleo; y la de otros, contratados a plazo fijo, para ejecutar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario, cuyo porcentaje total no podrá ser superior al 20% de la dotación.

3.- La ausencia de regulación respecto al régimen aplicable a una persona que celebra sucesivos contratos a plazo fijo por períodos iguales o inferiores a un año, es más aparente que real, ya que el sistema está diseñado de esa forma, al ser trabajadores que tienen la calidad de funcionarios del sistema público de atención primaria de salud municipal, circunstancia que impide generar una vía no contemplada en el estatuto vigente para transformar un contrato de plazo fijo en uno de carácter indefinido, pues implicaría alcanzar dicha condición estatutaria obviando los requisitos legales previstos para hacerlo.

4.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante toda vez que en la especie no se discute la naturaleza inicial del vínculo que ligó a las partes, esto es, la existencia de una relación de trabajo, sino que la controversia radica en la cuestión de su naturaleza indefinida, frente a la renovación sistemática de la misma, mediante sucesivos contratos a plazo fijo. En tal entendido, tratándose de un régimen de naturaleza laboral, no cabe duda que en tal vínculo presiden los principios propios del Derecho del Trabajo, entre los cuales se distinguen con particular importancia, el de la primacía de la realidad, el de la estabilidad del empleo: y, especialmente, aquel principio que ordena que la interpretación de la ley, en estos casos, debe estar dirigida por el afán protector del trabajador, en cuanto derivación del principio pro persona. De este modo, no obstante la existencia de norma estatutaria específica, se hace evidente que en tal ordenamiento especial no se regula con la precisión necesaria, la eventualidad de la reiteración sucesiva de contratos de plazo fijo, silencio que provoca un vacío legal, que necesariamente debe ser cubierto por las disposiciones generales contenidas en el código laboral, cuerpo legal que por naturaleza regula las relaciones de trabajo. (Del voto en contra de los ministros señor Ricardo Blanco y señor Jorge Zepeda)

 

TALA DE ÁRBOLES – RECURSO DE PROTECCIÓN

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Gellona Wright, Renzo c/ Ilustre Municipalidad de Talagante y otro

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA – IGUALDAD ANTE LA LEY – ÁRBOLES EN LA VÍA PÚBLICA – TALA DE ÁRBOLES – VIALIDAD – DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Tanto la Dirección de Vialidad de la Región como la Municipalidad recurrida, los dueños de los predios aledaños a la vía pública aludida por el actor y la Compañía General de Electricidad, en su carácter de empresa concesionaria del servicio eléctrico respectivo, se encuentran obligadas a coordinarse para mantener los árboles existentes tanto en la vía referida como en los predios particulares en buen estado de conservación de manera de evitar que ocurran incidentes como desenganches de ramas y troncos, fricción o corte de cables eléctricos u otros que puedan implicar peligro para la vida y seguridad de las personas y bienes. Por lo anterior, la omisión de dicha coordinación importa una omisión no sólo ilegal sino también arbitraria por carecer de toda razonabilidad, dado el peligro que ella supone para las seguridad y vida de las personas y sus bienes.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección en contra de la Dirección de Vialidad y de la Municipalidad, por haber omitido su deber de mantención, mediante la poda y en su caso corte de los árboles ubicados en la Avenida que denuncia el actor lo que incluso generó la caída de una rama de árbol sobre un vehículo. Al respecto, tanto la Dirección de Vialidad de la Región como la Municipalidad recurrida, los dueños de los predios aledaños a la vía pública aludida por el actor y la Compañía General de Electricidad, en su carácter de empresa concesionaria del servicio eléctrico respectivo, se encuentran obligadas a coordinarse para que cada una de ellas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y deberes, lleven a cabo las gestiones pertinentes para mantener los árboles existentes tanto en la vía referida como en los predios particulares en buen estado de conservación de manera de evitar que ocurran incidentes como desenganches de ramas y troncos, fricción o corte de cables eléctricos u otros que puedan implicar peligro para la vida y seguridad de las personas y bienes. Por lo anterior, la omisión de dicha coordinación, que resulta evidente a partir de la lectura de los informes agregados a la causa, importa una omisión no sólo ilegal sino también arbitraria por carecer de toda razonabilidad, dado el peligro que ella supone para las seguridad y vida de las personas y sus bienes, y que deviene además en vulneradora del derecho garantizado en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como así también de aquel contemplado en el numeral 2 del mismo artículo, en tanto importa una discriminación del actor en relación con otras personas que viven en sectores en que dichos deberes son diligentemente cumplidos por todas las autoridades y entidades involucradas.

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CADUCIDAD DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN – RECURSO DE CASACIÓN

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Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Recoleta

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – CONSTRUCCIÓN DE OBRA – PERMISO DE EDIFICACIÓN – NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS – PLAZOS DE CADUCIDAD – TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Se conforma a derecho la resolución que rechaza el permiso de obra preliminar basado en la caducidad del permiso de edificación que lo sustentaba, esto último, por la paralización de las obras por un plazo mayor a 3 años, previsto en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Así, las obras preliminares comenzadas antes del término plazo de caducidad no tuvieron el efecto de interrumpirlo, pues fueron comenzadas sin los permisos correspondientes y, además, sólo las excavaciones conforme a los planos del proyecto, unido a la realización de sus trazados, permite tener por iniciada la obra.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la reclamante en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia, rechazando el reclamo de ilegalidad municipal. Esto, dado que no se verifica infracción a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 19.880 por la falta de notificación al nuevo domicilio de la reclamante, toda vez que se asentó como hecho de la causa que, en su primera presentación, se estableció como domicilio de la actora uno determinado, sin que conste que en el procedimiento administrativo antes referido éste haya sido modificado, razón por la que la notificación, tal como lo establecieron los sentenciadores de fondo, es plenamente válida.

2.- Aun cuando se hubiese notificado la sentencia que rechaza la denuncia en la causa del Juzgado de Policía Local en el nuevo domicilio de la actora, no obsta a la validez de la notificación de la resolución reclamada, en el procedimiento administrativo referente al permiso de edificación, en el domicilio antiguo de la reclamante. Esto, pues se trata de procedimientos distintos, siendo el primero un procedimiento infraccional de carácter jurisdiccional, en que la Municipalidad tiene la calidad de denunciante -denuncio que se notifica en la obra- por lo que el señalamiento del domicilio indicado por la reclamante en esos autos, tiene efectos intraprocesales, sin que pueda extrapolarse a otro tipo de procedimientos administrativos pendientes y menos aún cambiar el que fuera debidamente fijado en ellos, máxime si se considera que nuestra legislación admite pluralidad de domicilios tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas.

3.- Aun cuando fuera efectivo que el acto administrativo se notificara en un domicilio distinto del correspondiente, aquello no podría tener el efecto esgrimido por la actora, esto es que no exista caducidad, toda vez que el la modificación de la resolución impugnada, lo que hace es constatar que se produjo la caducidad del Permiso de Edificación en cuestión y, en base a aquello, devuelve a la actora la solicitud de Permiso de Obra Preliminar por Excavación e Instalación de Faenas, toda vez que no tenía un permiso en el cual asilarse. Así, la notificación de tal acto administrativo tiene por finalidad poner en conocimiento del administrado tal circunstancia, naciendo ahí el derecho a impugnarlo, cuestión que la sociedad reclamante realizó, oportunamente, a través del ejercicio de la presente acción.

4.- La sola lectura del segundo capítulo del recurso evidencia que se construye contrariando los hechos del proceso establecidos y que se intenta su éxito proponiendo supuestos fácticos diversos de aquellos. En efecto, existe un hecho fundamental sobre cuya base se erige el arbitrio, esto es que la construcción de la Etapa III no sólo se inició, sino que, además, se realizaron las obras de excavación y que estaban en plena ejecución en febrero del año 2016, razón por la que no puso producirse el plazo de paralización de 3 años previsto en la norma. Tal hecho no fue asentado por los sentenciadores, debiendo enfatizar que las circunstancias de facto sentadas por los magistrados referidos no pueden ser variadas por el tribunal de casación. Así, la única forma en que los hechos podrían ser revisados por la Corte de casación sería mediante la denuncia y comprobación de infracción de disposiciones reguladoras de la prueba, reglas que determinan parámetros fijos de apreciación de su mérito, cuestión no denunciada en la especie.

5.- Subyace en el recurso, como cuestión jurídica fundamental, la alegación de la recurrente de no ser necesaria ninguna autorización para iniciar la obra -referida a la III Etapa- razón por la que su parte así lo hizo; sin embargo, tal afirmación, contradice sus propias actuaciones, toda vez que consta en estos antecedentes que la reclamante solicitó en dos ocasiones el otorgamiento de un Permiso de Obra Preliminar. En efecto, una vez rechazado el primer requerimiento, dicho acto no fue cuestionado por la empresa, sino que solicitó el retiro del expediente y, entendiendo que subsanó las observaciones que fundaron el primer rechazo, nuevamente solicitó un tal permiso, rechazado, a su vez, al constatarse la caducidad del permiso que sustentaba el requerimiento. Así, no puede sostener la recurrente, sin contradecir sus propios actos, que no se requería de ninguna autorización para iniciar las obras, pues ella misma se sometió al procedimiento para obtener la autorización de obras preliminares.

6.- El hecho básico sobre cuya base se erige el recurso, no sólo no ha sido establecido, sino que, además, no resulta probado con la documentación acompañada, lo que se busca acreditar es que a la par que se requiere la autorización de obras preliminares, las mismas ya habían comenzado a ejecutarse, configurándose la hipótesis del inciso segundo del artículo 1.4.17 de la OGUC, toda vez que se realizaron los trazados e iniciaron las excavaciones; no obstante, aquello soslaya que las excavaciones vinculadas a las obras preliminares, son distintas a las excavaciones reguladas dicha norma, toda vez que éstas deben cumplir una exigencia concreta, esto es, deben ser las excavaciones contempladas en los planos del proyecto.

7.- Mientras el artículo 1.4.17. de la OGUC expresa que una obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto, el artículo 5.1.3. , en cambio, alude a la ejecución de excavaciones, entibaciones y socalzados, pero referidas a la realización de obras preliminares al proyecto mismo, cuestión que, en los términos de la controversia de autos es relevante, pues la ejecución de las obras preliminares, de modo alguno suspende o interrumpe el plazo de caducidad establecido en el artículo 1.4.17 de la OGUC, pues sólo las excavaciones conforme a los planos del proyecto, unido a la realización de sus trazados, permite tener por iniciada la obra, mientras este hito no se produzca, se debe computar el plazo de tres años, en el caso concreto, desde el término de la Etapa II (atendido que se trata de una obra construida por Etapas). Si tal hito se produce, habrá de estar al plazo de tres años, pero de paralización de las obras.

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FUNCIONARIOS MUNICIPALES – REAJUSTE PREVISIONAL

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Abatto Segura, Rosa y otros c/ Ilustre Municipalidad de Chillán y otro

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – REAJUSTE PREVISIONAL – AUMENTO DE LA REMUNERACIÓN – NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO – MEDIDAS PRECAUTORIAS – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Es contrario a derecho la orden de pago de sumas correspondientes al incremento previsional, a pesar que los actos administrativos que constituyen su fundamento inmediato y que autorizan el pago de aquél fueron declarados nulos de derecho público, sin que exista otro antecedente que permita jurídicamente sustentar el pago de aquellos dineros, los que fueron debidamente precautoriados para evitar que durante la secuela del juicio se realizaran desembolsos ilegales, cuestión que es abiertamente desconocida por el fallo impugnado. Así, respecto de la pretensión de pago, el artículo 2 del Decreto Ley N° 3.501 estableció el incremento materia del juicio sólo para las asignaciones vigentes al 28 de febrero del año 1980, lo que no concurre en la especie.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primer grado, acogiendo la demanda y ordenando el pago del incremento previsional a los funcionarios demandantes. Esto, dado que la sentencia infringe lo dispuesto en los artículos 63 N° 14 y 65 N° 4 de la carta Fundamental en relación al artículo 2 del Decreto ley N° 3501, al ordenar el pago de sumas correspondientes al incremento previsional, a pesar que los actos administrativos que constituyen su fundamento inmediato y que autorizan el pago de aquél fueron declarados nulos de derecho público, sin que exista otro antecedente que permita jurídicamente sustentar el pago de aquellos dineros, los que fueron debidamente precautoriados para evitar que durante la secuela del juicio se realizaran desembolsos ilegales, cuestión que es abiertamente desconocida por el fallo impugnado.

2.- Al menos desde la contestación de la acción de nulidad de derecho público, los funcionarios municipales tenían pleno conocimiento respecto de la pretensión del Consejo de Defensa del Estado respecto de la improcedencia del pago del incremento previsional. Es más, tal acción fue contestada por aquellos el 12 de agosto de 2013. Pues bien, la medida precautoria fue decretada mucho tiempo después de aquella data, el 2 de septiembre de 2014. Lo anterior determina que la supuesta vulneración de la buena fe de los funcionarios municipales y de la confianza legítima no es tal, toda vez que aquellos dineros corresponden a pagos que se devengaron después de notificada y contestada la demanda, razón por la que ya no les asistía la convicción absoluta de su derecho, que es el requisito indispensable de la buena fe.

3.- Al establecerse que el efecto de la nulidad determina que el acto anulado jamás existió, resulta que aquellos actos que arrancan directa y exclusivamente de él, carecen de efectos, cuestión que por sí sola permitiría acoger el presente arbitrio, pues se establece la procedencia del pago de dineros correspondientes al incremento previsional, al margen del ordenamiento jurídico, sin que exista un acto administrativo generado válidamente que admita tal desembolso, el que, como se determinó en la causa de derecho público, contraviene directamente el régimen remuneracional establecido para los funcionarios públicos y además conculca la norma específica que establece tal incremento previsional, el que sólo se establece en relación a las remuneraciones vigentes al 28 de febrero de 1980.

4.- Los sentenciadores incurren en un error de derecho al aludir a las potestades revocatorias de la administración, las que lógicamente no puede afectar derechos adquiridos y surten efectos sólo hacía el futuro, toda vez que en el caso de autos se está ante actos base inválidos, que no surten efectos y que han servido de único fundamento para dictar el acto jurídico que es invocado como antecedente que avala el cobro de los dineros requeridos en autos.

5.- Resulta improcedente acceder a la pretensión de pago de los dineros que envuelve la demanda presentada en autos, toda vez que más allá de no haberse demandado específicamente la nulidad del Decreto Alcaldicio, lo cierto es que la declaración de nulidad de sus únicos antecedentes determina que este último acto administrativo, que arranca de aquellos, carezca de causa que justifique el pago, quedando así el acto administrativo desprovisto de motivación, razón por la que sólo cabe concluir que no puede hacerse pago de los dineros requeridos, máxime si aquellos fueron objeto de una medida precautoria que justamente fue decretada para asegurar los resultados del juicio, en tanto buscaba impedir que se pagara a los funcionarios municipales el incremento previsional de forma ilegal (De la sentencia de reemplazo).

6.- Acceder a la pretensión de pago de los dineros implicaría desconocer que los funcionarios municipales están sometidos a un régimen de Derecho Público, cuyas normas se encuentran establecidas en un estatuto administrativo especial, esto es, la Ley N° 18.883, cuerpo normativo que materializa lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley N° 18.695. Sus remuneraciones requieren de una ley que las instituya y que disponga su pago, de suerte que aquéllos sólo tienen derecho a impetrar los beneficios pecuniarios que expresamente les conceden los respectivos textos legales por los períodos que ellos indican. Por ello, corresponde rechazar la acción, toda vez que el artículo 2 del Decreto Ley N° 3.501 estableció el incremento materia de autos sólo para las asignaciones vigentes al 28 de febrero del año 1981, cuestión que la parte pretende desconocer, a través del ejercicio de la presente acción y, a pesar que ya existe un fallo judicial que zanjó tal controversia.

 

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