Aprueban en general proyecto que suspende cobro de aranceles en la educación superior por Covid-19

La moción fue aprobada  en un debate marcado por la admisibilidad del texto legal, que llevó a los parlamentarios a precisar que, en el debate en particular, se buscaran mecanismos de ayuda que impidan la pérdida de recursos para los centros educacionales.

La Comisión de Educación respaldó, por siete votos a favor y cuatro en contra, la idea de legislar del proyecto que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia del Covid-19.

El proyecto consagra que, desde la declaración de estado de catástrofe, decretado por el Presidente de la República, se suspenderá el cobro de aranceles y derechos básicos de matrícula por parte de toda institución de educación superior, sea esta estatal o privada, hasta que dicha declaración quede sin efecto, a los estudiantes que no accedan al sistema de gratuidad en la educación superior que consagra la ley número 21.091.

Contenido del proyecto

Establece como un derecho de los estudiantes beneficiados con la suspensión, que la suma adeudada por los aranceles y derechos básicos de matrícula, cuyo cobro haya sido suspendido, sea prorrateado en al menos 24 cuotas iguales y mensuales, que no podrán generar intereses o multas por mora.

Además, prescribe que estará prohibido para las instituciones de educación superior condicionar la rendición de exámenes y otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones al pago de aranceles o cualquier otra exigencia pecuniaria.

Por último, sanciona la infracción de estas reglas como infracción grave, de aquellas enumeradas en la ley Nº 21.091, sobre Educación Superior.

Votación

La instancia votó previamente la admisibilidad de la moción, considerando los desencuentros que el proyecto concitó entre parlamentarios, instituciones de educación superior y el Gobierno en el debate que se desarrolló en sesiones anteriores y que se mantuvieron hasta esta última sesión.

Al respecto, María Fernanda Badrie, jefa del Departamento Jurídico de la División de Educación Superior, explicó que la propuesta se aleja del mandato constitucional. Entre otros puntos, planteó que el proyecto debería ser inadmisible ya que corresponde a atribuciones exclusivas del Presidente de la República.

En dicho sentido, precisó que el estado de catástrofe está regulado en la Constitución y allí se establecen qué acciones se pueden realizar de parte del Presidente, detallando que hay limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, dijo que no quieren desentenderse del problema o mostrarse indolentes al asunto. No obstante. recalcó que se han establecidos medidas en pro de de los estudiantes.

Si bien destacó que hay un grupo de alumnos que no puede hacer pagos -el que eventualmente aumentará producto de la pandemia-, subrayó que un número importante de las casas de estudios se está haciendo cargo de la situación.

Precisó que el 91% de las instituciones han adoptado medidas para flexibilizar aranceles. Además, detalló que, en su minuto, se extendió el periodo de postulación a beneficios estudiantiles hasta el 27 de marzo.

Frente a los hechos, manifestó que han sido diligentes a la hora de las transferencias en términos de gratuidad, becas y renovación del CAE, las que han sido tramitadas con celeridad para entregar apoyo.

La instancia legislativa acordó que, tras la aprobación en general de la moción, se especifique mediante una nota que en el debate en particular se realizarán indicaciones al proyecto que vayan en la línea de buscar otros mecanismos para solucionar el problema que enfrentan los estudiantes, que no impliquen la perdida de recursos para los centros educacionales.

Consulte  boletín 13378.

Fuente: Cámara.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: