Jurisprudencia Destacada Año 2020 N8

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 8 DE 2020

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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García c/ Ilustre Municipalidad de Conchalí y otros

Voces: RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PUBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DESPIDO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

La municipalidad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la actora, puesto que la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa, razón por la que el decreto alcaldicio impugnado no puede ser tildado de ilegal o arbitrario, como así tampoco, por ende, el Oficio de Contraloría que no advirtió irregularidad en el accionar del municipio.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido por la institución contra la sentencia que acogió un recurso de protección interpuesto en su contra por la no renovación de la contrata de la funcionaria. Esto, dado que la municipalidad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la actora, puesto que la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa, razón por la que el decreto alcaldicio impugnado no puede ser tildado de ilegal o arbitrario, como así tampoco, por ende, el Oficio de Contraloría que no advirtió irregularidad en el accionar del municipio y desestimó la presentación formulada por la recurrente.

2.- El acto impugnado se relaciona exclusivamente con la decisión de no renovar la contrata de la parte recurrente para el período del año 2019, la cual se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los servicios y a los efectos propios de las vinculaciones a contrata, esto es, que llegado el plazo previsto para su término, éstas se extinguen naturalmente, sin que sea procedente imponer a la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un período posterior.

3.- Corresponde rechazar el recurso de apelación, teniendo presente la circunstancia que la parte recurrente ha permanecido laborando continuamente para la recurrida por más de dos anualidades, generándose a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, de modo tal que sólo se puede terminar su relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita (Del voto en contra del Ministro señor Muñoz y del Ministro Suplente señor Zepeda).

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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Bravo c/ Ilustre Municipalidad de Maipú

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la municipalidad en contra de la sentencia que, desestimando el recurso de nulidad deducido por la misma parte, acogió la demanda de declaración de existencia de relación laboral y despido injustificado, rechazando aplicar la sanción de nulidad del despido. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

2.- Si bien es indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base. Sin embargo, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado – entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, pues en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

3.- La aplicación -en estos casos-, de la sanción referida, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor.

4.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante, pues la controversia central de la cuestión discutida no se vincula propiamente con la naturaleza de la sentencia, esto es, de si es declarativa o constitutiva. El punto es diverso, tal como mantuvieron las partes la relación antes del despido, más allá de sus características, ninguna pareció entender que la demandada debía descontar de la remuneración (u honorario) la cotización respectiva. Y aun cuando así lo hubieran entendido, así no se condujeron, que es lo que cuenta para el derecho. El artículo 162 del Código del Trabajo, parte de la base de que esta obligación existe, no de que surja de una relación indisputada pero que puede disputarse y por ende, develarse como una relación laboral. Lo que tanto el artículo 13° de la Ley N°17.322 como el artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, razonan, es castigar la apropiación o distracción de los dineros provenientes de las cotizaciones que se hubieren descontado de la remuneración del trabajador, lo que en este caso no ha ocurrido. (De la prevención del ministro señor Silva Cancino)

5.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante pues de acuerdo a la modificación introducida por la Ley N° 19.631 al artículo 162 del Código del Trabajo, se impuso al empleador la obligación, en el caso que proceda a despedir a un trabajador, de mantener íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales, de lo contrario, dicho despido carece de efectos -es nulo-,correspondiendo entonces que el empleador, no obstante la separación del trabajador, siga pagando las remuneraciones y capítulos pertinentes hasta que se subsane el incumplimiento referido, convalidando el despido. La procedencia de tal obligación, atendida la naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la existencia de un vínculo de trabajo, no depende de sí el empleador retuvo o no lo correspondiente a las cotizaciones de seguridad social, ni tampoco a la naturaleza jurídica del empleador, por lo tanto, procedía acoger el recurso, invalidar el fallo de base en el extremo referido, y dictar sentencia de reemplazo que declare que la demandada también queda obligada al pago de los emolumentos devengados desde la separación del trabajador hasta la convalidación del despido. (Del voto en contra de la ministra señora Chevesich).

 

PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA – RECURSO DE PROTECCIÓN

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Club Hípico de Santiago S.A. c/ Ilustre Municipalidad de La Cisterna

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: MJ

El acto de clausura recurrido se ajusta a la ley, en especial a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en relación con el artículo 145 inciso 1º, toda vez que estas normas facultan al municipio justamente para disponer la clausura de los establecimientos o locales que no cumplan con las disposiciones de la misma ley, entre las que se encuentra aquella que prohíbe el uso de las obras que no cuenten con recepción definitiva, ya sea total o parcial, como ocurre en la especie.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que acogió el recurso de protección interpuesto por la sociedad anónima en contra de la Municipalidad por el acto consistente en haber clausurado el local comercial que la recurrente opera desde 1989. Al respecto, la parte recurrente no ha controvertido el hecho que el inmueble objeto de la medida de clausura contra la cual reclama no cuenta con recepción definitiva, total o parcial, y tampoco acompaña antecedente alguno que permita establecer lo contrario. De este modo, el acto de clausura recurrido se ajusta a la ley, en especial a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en relación con el artículo 145 inciso 1º , toda vez que estas normas facultan al municipio justamente para disponer la clausura de los establecimientos o locales que no cumplan con las disposiciones de la misma ley, entre las que se encuentra aquella que prohíbe el uso de las obras que no cuenten con recepción definitiva, ya sea total o parcial, cuyo es el caso de la que es objeto de la acción cautelar; medida que, por lo demás, no puede ser tildada de arbitraria desde que se funda precisamente en lo que disponen aquellos preceptos legales, que pretenden cautelar que las obras cumplan con las normas urbanísticas que les son aplicables, conforme al respectivo permiso otorgado.

2.- Para resolver se atiende a lo dispuesto en el artículo 145 inciso 1º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que establece que «Ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total», agregando su inciso final que «Sin perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20° , la infracción a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo podrá sancionarse, además, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el Alcalde, a petición del Director de obras Municipales» y además al artículo 161 del mismo cuerpo legal establece lo siguiente: «La Alcaldía podrá clausurar los establecimientos o locales comerciales o industriales que contravinieren las disposiciones de la presente ley, de la Ordenanza General y de las Ordenanzas Locales».

 

DERECHOS DE ASEO – OFICINA VIRTUAL

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VictorMedia SPA c/ Ilustre Municipalidad de Santiago

Voces: RECURSO DE PROTECCION – DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – PATENTE MUNICIPAL – DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE – RESIDUOS DOMICILIARIOS – PRESTACION DE SERVICIOS – CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Partes: VictorMedia SPA c/ Ilustre Municipalidad de Santiago s/ Oficina virtual – Derechos de aseo

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ – Tributario

El usuario de una oficina virtual no es, en los términos del artículo 9 del Decreto Ley N°3.063, sobre Rentas Municipales, el dueño u ocupante de la propiedad, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, obligado al pago de derechos de aseo, sino un arrendador de servicio de quien sí detenta alguna de esas calidades. Así, la situación del usuario de una oficina virtual no se diferencia sustancialmente de la de otras personas que arriendan servicios análogos o, incluso, que subcontratan procesos productivos, y que, incuestionablemente, no son sujetos pasivos del pago de derechos de aseo por los desechos generados en el lugar en que se prestan esos servicios.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido por la empresa afectada contra la sentencia que rechazó su recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por cobro ilegal de derechos de aseo municipal. Esto, dado que, la conducta de la recurrida se muestra carente de fundamento suficiente. Si el pago por derechos de aseo responde a la circunstancia real y material consistente en la necesidad de disponer de los desechos domiciliarios, y existe un usuario claramente identificable que mantiene el uso y goce de un lugar, no resulta explicable la pretensión de extender el cobro de los mismos a todos los usuarios de servicios prestados por este último. Se suma a lo anterior la inexistencia de antecedentes en orden a si la recurrente habría de pagar una misma tarifa de aseo, igual a la del tenedor o poseedor del lugar, o distinta de éste pero igual a la de otros eventuales usuarios del servicio, o distinta para todos ellos; y los motivos que justificarían tales distinciones, si las hubiere.

2.- Esta omisión es relevante, porque se advierte fácilmente la posibilidad de generar un cobro excesivo de derechos de aseo, pues, en un escenario como el descrito en la especie, la cantidad de desechos domiciliarios guarda casi nula relación con la cantidad de usuarios del servicio de oficina virtual. Este proceder ilegal y arbitrario de la recurrida importa dar un trato discriminatorio y que afecta el patrimonio de la recurrente, amagando las garantías que los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución les asegura, porque la conmina a solventar una carga en un supuesto para el cual no está previsto.

3.- El contrato no tiene por objeto una porción física del lugar, es decir, una parte de la cosa raíz, sino un «domicilio tributario», que es una dirección registrable ante el Servicio de Impuestos Internos, además de otros servicios que comprenden, por ejemplo, la recepción de correspondencia y la mantención de una carpeta con antecedentes para fiscalizadores (cláusula tercera numeral 3 del contrato de prestación de servicios). Lo anterior pone de relieve que el usuario de una oficina virtual no es, en los términos del antes citado artículo 9, el dueño u ocupante de la propiedad, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, obligado al pago de derechos de aseo, sino un arrendador de servicio de quien sí detenta alguna de esas calidades. Así, la situación del usuario de una oficina virtual no se diferencia sustancialmente de la de otras personas que arriendan servicios análogos o, incluso, que subcontratan procesos productivos, y que, incuestionablemente, no son sujetos pasivos del pago de derechos de aseo por los desechos generados en el lugar en que se prestan esos servicios.

 

DESPIDO INDEBIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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Muñoz, Amparo c/ Ilustre Municipalidad de Romeral

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – DESPIDO INJUSTIFICADO – CARTA DE DESPIDO – DEFENSA JURIDICA – NECESIDADES DE LA EMPRESA – INDEMNIZACION POR DESPIDO – CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN – BONO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

En la especie, en la comunicación del despido que la demandada remitió a la trabajadora se indicó la causal por la que era desvinculada -necesidades de la empresa- y los hechos en que se fundaba, era la necesidad de rebajar y redistribuir los recursos económicos que se gastaban en la escuela, asumiendo dicha función otra funcionaria. Sin embargo, en el juicio la demandada rindió prueba testimonial para los efectos de explicar por qué se decidió desvincular a la actora, y no a algunas de las otras dos empleadas que desempeñaban idéntica función, circunstancia que se tradujo en indefensión de la demandante, en tanto tales hechos no se encontraban contenidos en la carta de despido, y por ende, no pudieron ser desvirtuados o impugnados por la trabajadora en el juicio.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, acogiendo el recurso de nulidad de la demandada, rechazó la demanda de despido improcedente, revocando el fallo de primera instancia que había acogido la acción. Al respecto, en el caso, en la comunicación del despido que la demandada remitió a la trabajadora se indicó la causal por la que era desvinculada -necesidades de la empresa- y los hechos en que se fundaba, «necesidad de rebajar y redistribuir los recursos económicos que se gastan en la escuela, la función de asistente de la educación será asumida por otra funcionaria del mismo establecimiento, ya que actualmente existe una sobredotación de la misma función, en comparación a otras áreas donde faltan recursos económicos». Sin embargo, en el juicio la demandada rindió prueba testimonial para los efectos de explicar por qué se decidió desvincular a la actora, y no a algunas de las otras dos empleadas que desempeñaban idéntica función, circunstancia que se tradujo en indefensión de la demandante, en tanto cuanto, tales hechos no se encontraban contenidos en la carta de despido, y por ende, no pudieron ser desvirtuados o impugnados por la trabajadora en el juicio. En estas condiciones, yerra la Corte de Apelaciones al acoger el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, desestimando la demanda de despido indebido, teniendo en consideración que la comunicación de despido no cumple los requisitos previstos en el artículo 454 N° 1 del mismo cuerpo legal.

2.- Cobra vital relevancia los términos de la misiva por la que se da noticia del despido, en el sentido que debe reflejar fielmente los hechos que lo motivaron, atendido que la prueba que los litigantes deseen rendir para acreditar sus respectivos asertos necesariamente ha de recaer sobre ellos, lo que autoriza concluir que se erige como un instrumento con una finalidad precisa y determinada fijar los hechos que el empleador debe acreditar en sede judicial, sin perjuicio que el trabajador también tiene la carga probatoria para refutarlos.

3.- El legislador impuso la exigencia de señalar los hechos para que quedara establecido, de manera previa, el hecho sobre el cual debe recaer la prueba del empleador, esto es, el sustento fáctico de la comunicación de desvinculación, léase conducta, comportamiento o circunstancias que configuraron la o las causales de término del contrato de trabajo, y así evitar su corrección o complementación a posterioridad, en el transcurso del juicio, situación esta última, que deja al trabajador en estado de indefensión, porque, en definitiva, al no tener certeza acerca de la causa de su separación de la fuente laboral no está en condiciones de defenderse, ofreciendo prueba para rebatirla. También debe indicarse la norma que la consagra y, finalmente, debe ser notificada al trabajador, personalmente o mediante su envío por carta certificada al domicilio registrado en el contrato, lo que ha de perfeccionarse dentro de tercero día hábil siguiente a la cesación, con copia a la Inspección del Trabajo, dentro del mismo plazo.

4.- Si el empleador pretende desvincular a un trabajador tiene que indicar en la carta de despido tanto la causal legal como los hechos en que se funda, los que han de ser específicos y no genéricos, pues la última norma citada, que regula cómo debe rendirse la prueba en los juicios sobre despido, señala que tiene que ofrecerla, en primer lugar, el demandado, quien debe acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos 1 y 4 del artículo 162 , sin que pueda alegar otros distintos como justificativos del despido, lo que confirma que es lo que en ellas se expresa lo que determina qué hechos deben probarse en la audiencia de juicio, por lo que tiene que ser suficientemente explícita para dar lugar a la etapa probatoria. Solo de esta manera, el trabajador estará en condiciones de reclamar ante el juzgado competente la decisión del empleador de desvincularlo solicitando que se la declare indebida, injustificada o improcedente y se lo condene al pago de las indemnizaciones legales que sean procedentes, lo que se vería imposibilitado si desconoce las circunstancias fácticas reales y precisas que se tuvieron en consideración para poner término a su fuente laboral, dificultad que experimentaría si se concluye que es suficiente que mencione solo la causal legal de término de contrato de trabajo, o que no se describan todos los hechos que la fundamentan.

 

RENTAS MUNICIPALES – COBRO DE PATENTES MUNICIPALES

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Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea c/ Forestal Los Alerces Limitada

Voces: DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PATENTE MUNICIPAL – HECHO GRAVADO – SOCIEDADES – OBJETO SOCIAL – EXCEPCIONES – CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO – RECURSO DE CASACION EN LA FORMA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – MJ – Tributario

El artículo 23 del D.L. N° 3063 condiciona la obligación tributaria a que se ejerza una profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, o que se ejerza una actividad primaria o extractiva. En ninguna parte, se establece que las actividades lucrativas -en forma genérica- se encuentren afectas al pago de patente municipal. En la especie, la sociedad tiene por objeto la inversión en bienes inmuebles rústicos y su explotación, y todas las actividades propias del negocio agrícola, ganadero y forestal, concluyéndose que no se acordó como parte del giro de la reclamante alguna de las actividades que deben pagar patente municipal.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en la forma interpuesto por la parte ejecutada en juicio ejecutivo de cobro de patente municipal, en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primera instancia rechazó las excepciones opuestas por la sociedad ejecutada que «tiene por objeto la inversión en bienes inmuebles rústicos y su explotación, y todas las actividades propias del negocio agrícola, ganadero y forestal». Al respecto, la sentencia carece de las consideraciones de hecho y derecho, por cuanto al confirmar sin modificaciones el fallo de primer grado, la sentencia censurada ha hecho suyos los razonamientos desarrollados en aquella, pronunciamiento que examinado al tenor de las exigencias previstas en la causal de nulidad formal recién enunciada evidencia que los sentenciadores no analizan la totalidad de las probanzas rendidas, en tanto consideran únicamente los estatutos sociales de la recurrente y el documento agregado que enseña que la actividad de cría y engorda de ganado no está afecta al tributo de la especie. Y, por otra parte, sobre la base del giro desarrollado por la ejecutada, los juzgadores sugieren que efectúa actividades de «intermediación financiera» y que la amplitud de ese giro permite «presumir» la existencia de otras actividades comerciales gravadas con patente municipal. Tales asertos, sin embargo, no solo constituyen meras afirmaciones al carecer de una mínima fundamentación, sino que, además, son asentados sin considerar la totalidad de las probanzas rendidas en juicio, lo que también sucede en segunda instancia. En consecuencia, la decisión se adopta sobre la base de hechos cuyo establecimiento no aparece justificado con arreglo a la ley, careciendo de los razonamientos necesarios que permitan comprender las razones por las cuales los elementos probatorios rendidos no han podido acreditar los planteamientos de la ejecutada, omisión que constituye la falta de un análisis pormenorizado y detallado de las probanzas aportadas y, consecuencialmente, de una fundamentación adecuada, pertinente y suficiente, tanto para el establecimiento de los hechos del proceso cuanto para la justificación de la decisión adoptada.

2.- La sociedad «tiene por objeto la inversión en bienes inmuebles rústicos y su explotación, y todas las actividades propias del negocio agrícola, ganadero y forestal». De dicho tenor es posible advertir que no se acordó como parte del giro de la reclamante alguna de las actividades que deben pagar patente municipal. Desde luego, de esa enunciación no es posible colegir, como lo hace la sentenciadora de primer grado, que la demandada realice actividades de «intermediación financiera». Tampoco existe prueba que permita justificar esa conclusión. Igualmente, la descripción del giro no autoriza a presumir la existencia de otras actividades comerciales gravadas con patente municipal, es decir, que dicho objeto incluya algún proceso de elaboración del producto que, a su vez, implique la ejecución de labores que correspondan a una etapa ajena y diversa de trabajos propios de la agricultura, como lo sería la transformación de la materia prima en otros productos manufacturados – que implicaría el ejercicio de una actividad secundaria – como tampoco que se lleve a cabo la venta de estos productos al público en general en locales, puestos o quioscos. (De la sentencia de reemplazo)

3.- El artículo 23 del D.L. N° 3063 condiciona la obligación tributaria a que se ejerza una profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, o que se ejerza una actividad primaria o extractiva. En ninguna parte, se establece que las actividades lucrativas -en forma genérica- se encuentren afectas al pago de patente municipal. Luego, a la luz de los principios de la tributación -principio de reserva de ley y de legalidad- un patrimonio no puede gravarse por el sólo hecho de que exista, y menos aún puede imponerse una obligación tributaria por un hecho que no está definido en la ley. (De la sentencia de reemplazo)

4.- para que la ejecutada se encuentre afecta al tributo en mención ha debido efectuar actividades gravadas con la referida contribución, lo que no se ha establecido en autos. Por el contrario, existe prueba que da cuenta que por las actividades de explotación propias de su giro, la demandada no debe soportar el impuesto en referencia. (De la sentencia de reemplazo).

 

SALUD INCOMPATIBLE – ESTATUTO DOCENTE

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Vega Ibañez, Mario c/ Ilustre Municipalidad de Combarbalá

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DESPIDO INJUSTIFICADO – SALUD INCOMPATIBLE – COMISIÓN PREVENTIVA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de La Serena

Sala: Única

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

Acierta la sentencia impugnada al acoger la demanda de despido injustificado y concluir que resulta necesario el informe previo del Compin respecto de la «incompatibilidad» de la salud del docente, pues con dicha decisión materializa la voluntad del legislador expresada en la Ley 21.093, haciendo obligatoria y vinculante para los Alcaldes o sostenedores la evaluación que el inciso tercero del artículo 72 bis del Estatuto Docente impone para emitir el pronunciamiento sobre el cese de funciones del personal docente municipal por la causal de salud irrecuperable o incompatible.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda subsidiaria de despido injustificado al estimar que era necesario el informe previo del Compin respecto de la «incompatibilidad» de la salud del docente, lo que no ocurrió. Al respecto, considerando la finalidad buscada por los legisladores al generar la Moción Parlamentaria que concluyó con la modificación del Estatuto Docente que se concretó con la Ley 21.093 solo cabe concluir que la interpretación efectuada por el juez del juicio oral no es errada sino por el contrario con ella se materializa la voluntad del legislador expresada en la Ley 21.093, haciendo obligatoria y vinculante para los Alcaldes o sostenedores la evaluación que el inciso tercero del artículo 72 bis del Estatuto Docente impone para emitir el pronunciamiento sobre el cese de funciones del personal docente municipal por la causal de salud irrecuperable o incompatible. La aplicación de ley que se cuestiona, vía la interpretación efectuada por el juez, no es antojadiza pues sobre esta causal de cese de funciones, que se replica tanto en el Estatuto Docente como en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Administrativo Municipal.

2.- La discusión nace a partir de una supuesta incompatibilidad entre la parte final del inciso primero del artículo 72 bis del Estatuto Docente, aquella que dice «….sin mediar declaración de salud irrecuperable», y el inciso tercero del mismo artículo en cuanto si, el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respecto a la condición de irrecuperabilidad de la salud y que no le permite desempeñar el cargo, es necesario y vinculante para hacer la declaración de salud incompatible con el cargo del profesional docente del ámbito municipal. Para resolver el tema se considera el principio de protección del trabajador que, en nuestro país, según sentencia del Tribunal Constitucional, tiene rango constitucional como también las normas de interpretación legal y, además, la regla de interpretación «in dubio pro operario»- corolario del principio protector- según la cual cuando se está frente a varias interpretaciones posibles de una norma el sentenciador debe preferir la más favorable al trabajador.

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