Jurisprudencia Destacada Año 2020 N9

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 9 DE 2020

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

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Ingeniería de Desarrollo Soluciones y Montaje Insodem Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco 

Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – CONSTRUCCIÓN DE OBRA – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – BUENA FE – ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – LUCRO CESANTE – DAÑO MORAL – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – CASACIÓN DE OFICIO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Si bien no puede reprocharse al municipio demandado un incumplimiento de la obligación de solucionar el monto correspondiente al estado de pago N°2, por cuanto no se daba la condición contractual establecida para ello, de rechazarse la demanda se estaría permitiendo un enriquecimiento sin causa en favor del ente edilicio, quien se vería beneficiado por un avance de las obras en un 30%, sin cumplir con su obligación correlativa de pago. Así, corresponde ordenar el pago del saldo insoluto, ajustado al porcentaje de avance del proyecto.

Doctrina:

1.- Corresponde casar de oficio la sentencia que confirmó el fallo de primer grado, rechazando la demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios. Esto, dado que la sentencia incurre en el vicio señalado en el artículo 768 nº 5 , en relación al 170 nº 4 , ambos del Código de Procedimiento Civil, al no contener las consideraciones de hecho y de derecho que le sirvan de fundamento. En efecto, los jueces no razonan sobre el Estado de Pago acompañado en segunda instancia, donde existe un reconocimiento de la demandada respecto de existir obras construidas y no pagadas. Lo anterior es trascendente por cuanto la demanda, en aquella parte en que se exige el pago de un daño emergente, se refiere al monto del Estado de Pago, exigible con un 65% de avance de la obra, mientras que la demandada reconoció en el documento referido, que el avance de la construcción alcanzó un 60%, de lo cual se desprende que una parte de ella – un 30% – no fue pagada a la actora, con el consiguiente enriquecimiento sin causa en favor del municipio.

2.- Si bien no puede reprocharse al municipio demandado un incumplimiento de la obligación de solucionar el monto correspondiente al estado de pago N°2, por cuanto no se daba la condición contractual establecida para ello, de rechazarse la demanda se estaría permitiendo un enriquecimiento sin causa en favor del ente edilicio, quien se vería beneficiado por un avance de las obras en un 30%, sin cumplir con su obligación correlativa de pago. Si bien se acreditó que la demandada puso término al contrato, ello fue sólo con fecha 13 de septiembre de 2012, esto es, después de haber reconocido que la actora construyó un 60% de la obra total. Corresponde, en consecuencia, ordenar el pago del saldo insoluto, ajustado a tal porcentaje de avance (De la sentencia de reemplazo).

3.- Conforme al Ordinario dirigido por el Alcalde de la comuna cuya Municipalidad es demandada al Ministerio de Educación, refiriéndose precisamente a la disminución del presupuesto que esta última repartición pública asignó a las obras en el colegio, expresando: «A nosotros como municipalidad nos parece inaceptable que pasado tanto tiempo con las obras avanzadas en un 60% se nos diga que nosotros como municipalidad deberemos asumir esta diferencia de presupuesto». En consecuencia, existe un reconocimiento expreso de la demandada, en orden a que el estado de las obras, entre la solución del Estado de Pago N°1 – que requería un 30% de avance para hacerse exigible – y la fecha del señalado oficio, había cambiado, progresando la construcción en un 30% adicional, que no fue pagado a la empresa demandante (De la sentencia de reemplazo).

4.- Se demandan distintas cantidades a título de lucro cesante y de daño moral. En relación a estos rubros, basta señalar que la prueba rendida por la parte demandante únicamente resulta apta para dar por establecida la existencia de una serie de deudas que pesan sobre ella y de acciones de cobro en su contra, pero no es suficiente para que estos sentenciadores puedan atribuir tal estado de insolvencia a la falta de pago por parte de la Municipalidad demandada, de la cantidad que se viene estableciendo, motivo por el cual esta parte de la demanda necesariamente ha de ser rechazada (De la sentencia de reemplazo).

 

CLAUSURA – PERMISO PROVISORIOS 

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Sociedad Técnica en Metales Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Requinoa

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA – VIALIDAD – DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD – PERMISOS PROVISORIOS – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Se acreditó que la sociedad recurrente corrigió oportunamente los reparos expresados por la Dirección de Vialidad, sin haber obtenido pronunciamiento definitivo. Así, la decisión de clausura resulta ilegal y arbitraria y atenta en contra del derecho del actor a desarrollar una actividad económica lícita y a la igualdad ante la ley, pues fue adoptada sin siquiera dar respuesta a la solicitud de prórroga de la patente provisoria que fue presentada antes del vencimiento de la autorización original, presentación donde se informó al edil, de manera circunstanciada, las dificultades que la peticionaria debió enfrentar a la hora de satisfacer las exigencias urbanísticas que le fueron impuestas, de manera tal que, atendido el deber de coordinación entre las autoridades, la recurrida se encontraba en el imperativo de haber pedido informe a la Dirección de Vialidad y precaver el conflicto de normas urbanísticas y contributivas que culminó en la decisión impugnada.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido por la empresa contra la sentencia que rechazó su recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por clausurar su establecimiento industrial. Esto, dado que ha escapado a la voluntad del actor el satisfacer las exigencias técnicas formuladas por la Dirección de Obras Municipales, por cuanto se ha asentado que la sociedad recurrente inició oportunamente el procedimiento de autorización de acceso a la Ruta 5 Sur y corrigió oportunamente cada uno de los numerosos y sucesivos reparos expresados por la Dirección de Vialidad, sin haber obtenido, aun, pronunciamiento definitivo. Así, la decisión del alcalde de clausurar el establecimiento industrial del actor resulta ilegal y arbitraria, pues fue adoptada sin siquiera dar respuesta a la solicitud de prórroga de la patente provisoria que fue presentada por la recurrente antes del vencimiento de la autorización original, presentación donde se informó al edil, de manera circunstanciada, las dificultades que la peticionaria debió enfrentar a la hora de satisfacer las exigencias urbanísticas que le fueron impuestas, de manera tal que, atendido el mérito de los antecedentes y a la luz del deber de coordinación entre las instituciones, la recurrida se encontraba en el imperativo de haber pedido informe a la Dirección de Vialidad y precaver el conflicto de normas urbanísticas y contributivas que culminó en la decisión que por esta vía se cuestiona y que, evidentemente, es apta para atentar en contra del derecho del actor a desarrollar una actividad económica lícita y a la igualdad ante la ley.

2.- Uno de los principios estructurantes de todo procedimiento administrativo es aquel que ordena la coordinación entre los diversos órganos que intervienen en él por contar con competencia sobre diversos aspectos de un mismo asunto. En efecto, tal directriz encuentra consagración legal en el artículo 37 bis de la Ley Nº 19.880, regla que expresa: «Cuando un órgano de la Administración del Estado deba evacuar un acto administrativo de carácter general que tenga claros efectos en los ámbitos de competencia de otro órgano, le remitirá todos los antecedentes y requerirá de éste un informe para efectos de evitar o precaver conflictos de normas, con el objeto de resguardar la coordinación, cooperación y colaboración entre los órganos involucrados en su dictación.

 

CONSULTA INDÍGENA – DERECHOS DE AGUA

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Llauca y otros c/ Ilustre Municipalidad de Río Negro

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – COMUNIDADES INDIGENAS – AGUAS – AGUA POTABLE – RECURSOS HÍDRICOS – CONSULTA – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

No se advierte ilegalidad en el actuar del municipio recurrido, al continuar extrayendo las aguas del río y proveer de ellas, por intermedio de los comités de agua potable rural a cinco sectores de la población, ni tampoco ausencia de razonabilidad desde que, por una parte, no existe declaración de agotamiento del caudal ni tampoco denuncias que involucren todo o parte del mismo ante dicha repartición y, por otra, los derechos respectivos se constituyeron a fin de favorecer a los habitantes de una serie de cinco sectores, presentando uno de ellos, una situación de escasez hídrica.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la comunidad indígena contra la sentencia que rechazó su recurso de protección interpuesto contra la municipalidad por la extracción y uso de agua del caudal del río adyacente. Esto, dado que no se advierte ilegalidad en el actuar del municipio recurrido, ni tampoco ausencia de razonabilidad desde que, por una parte, no existe declaración de agotamiento del caudal del río Huellelhue ni tampoco denuncias que involucren todo o parte del mismo ante dicha repartición y, por otra, conforme señaló dicha Corporación, los derechos referidos se constituyeron a fin de favorecer a los habitantes de una serie de cinco sectores, presentando uno de ellos, una situación de escasez hídrica. Así, no se encuentran acreditados, para los efectos de la acción cautelar, los supuestos que habrían hecho necesaria la consulta indígena prevista en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena en virtud del artículo 6 N° 1 letra a) y N° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, toda vez que, en las referidas circunstancias, no resulta posible establecer, para los efectos de la presente acción, que la extracción y uso de agua que se le reprocha a la Corporación recurrida produzca una real y directa afectación a las personas indicadas en el recurso.

2.- Con el mérito de lo informado por la Dirección General de Aguas, es posible establecer lo siguiente: a) Que el recurso hídrico que se extrae del Río corresponde a derechos de aprovechamiento que fueron constituidos siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 131 y siguientes del Código de Aguas. b) Que las etapas de dicho procedimiento fueron respetadas en su integridad, y c) Que ninguna de las personas a cuyo favor se ha deducido la presente acción cautelar, como así tampoco la Comunidad Indígena a la que pertenecen, presentó oposición en él.

 

Rivas Santos, Carlos c/ Ilustre Municipalidad de Tomé

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – PRIMACÍA DE LA REALIDAD – DESPIDO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Sexta

Producto: Municipalidades – Laboral

La acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones al estimarse que las tareas o labores que prestó el demandante al municipio en su calidad de Técnico Profesional en Enfermería, se encuentran dentro del quehacer natural, habitual y permanente del municipio demandado pues resulta impensable que un municipio prescinda de profesionales encargados de la gestión que importa la salud dental impartida en centros de salud familiar enmarcados en el ámbito comunal, lo cual lleva a concluir que las tareas que debía ejecutar eran genéricas, habituales y propias de todo municipio. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues mal puede sostenerse, como lo hace la municipalidad que se trata de actividades accidentales, impropias o no habituales, ni mucho menos dársele el carácter de relaciones contractuales amparadas por la hipótesis excepcional del inciso segundo del artículo 4° de la Ley N°18.883, aplicable precisamente a vínculos de aquellos especiales caracteres, sino más bien a una sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que encuentra amplio cobijo en la contra excepción del artículo 1° de dicho Código.

2.- Si una persona se incorpora a la dotación de una municipalidad bajo la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, como el actor de estos antecedentes, pero en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que señala dicha norma -o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica-, sino que, más bien, satisfaciendo una exigencia que la ley reclama de un órgano público, como en este caso, un Municipio, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque dicho código constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato laboral, el trabajador queda al margen del Estatuto del ramo, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

3.- Resulta trascendente para lo discutido, es qué debe entenderse por «labores accidentales y no habituales de la municipalidad», siendo tales las que, no obstante ser particulares de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; en tanto que cometidos específicos, hipótesis regulada en el inciso segundo del artículo 4° de la ley 18.883, lo constituyen las labores puntuales, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente -en caso alguno de un modo continuo-, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente municipal.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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Rivas Santos, Carlos c/ Ilustre Municipalidad de Tomé

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – PRIMACÍA DE LA REALIDAD – DESPIDO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Sexta

Producto: Municipalidades – Laboral

La acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones al estimarse que las tareas o labores que prestó el demandante al municipio en su calidad de Técnico Profesional en Enfermería, se encuentran dentro del quehacer natural, habitual y permanente del municipio demandado pues resulta impensable que un municipio prescinda de profesionales encargados de la gestión que importa la salud dental impartida en centros de salud familiar enmarcados en el ámbito comunal, lo cual lleva a concluir que las tareas que debía ejecutar eran genéricas, habituales y propias de todo municipio. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues mal puede sostenerse, como lo hace la municipalidad que se trata de actividades accidentales, impropias o no habituales, ni mucho menos dársele el carácter de relaciones contractuales amparadas por la hipótesis excepcional del inciso segundo del artículo 4° de la Ley N°18.883, aplicable precisamente a vínculos de aquellos especiales caracteres, sino más bien a una sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que encuentra amplio cobijo en la contra excepción del artículo 1° de dicho Código.

2.- Si una persona se incorpora a la dotación de una municipalidad bajo la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, como el actor de estos antecedentes, pero en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que señala dicha norma -o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica-, sino que, más bien, satisfaciendo una exigencia que la ley reclama de un órgano público, como en este caso, un Municipio, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque dicho código constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato laboral, el trabajador queda al margen del Estatuto del ramo, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

3.- Resulta trascendente para lo discutido, es qué debe entenderse por «labores accidentales y no habituales de la municipalidad», siendo tales las que, no obstante ser particulares de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; en tanto que cometidos específicos, hipótesis regulada en el inciso segundo del artículo 4° de la ley 18.883, lo constituyen las labores puntuales, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente -en caso alguno de un modo continuo-, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente municipal.

 

DERECHOS DE ASEO – OFICINA VIRTUAL

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Centro de Negocios Gaman SpA c/ Ilustre Municipalidad de Santiago

Voces: RECURSO DE PROTECCION – DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – PATENTE MUNICIPAL – DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE – RESIDUOS DOMICILIARIOS – PRESTACION DE SERVICIOS – CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Undécima

Producto: Municipalidades – MJ – Tributario

La mera circunstancia de estar enrolado en el pago de una patente comercial no necesariamente trae aparejado consigo la obligación de pagar derechos de aseo. Ello porque puede acontecer que quien detenta la patente no reúna, sin embargo, alguna de las calidades que obligan al pago de derechos de aseo. En la especie, si bien es efectivo que los arrendatarios virtuales de la recurrente ejercen una actividad comercial vinculada con un lugar de la comuna, tal vinculación es sólo formal. De esta manera, resulta evidente que ellos no generan los desechos domiciliarios del lugar, que es compartido en esa calidad por muchas personas, sino que lo hace quien mantiene el uso, goce o dominio pleno del mismo, a quien corresponde, como dispone el inciso tercero del artículo 9, el pago de tales derechos.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por la empresa que arrienda oficinas virtuales en contra de la municipalidad por el cobro de derechos de aseo. Esto, debido a que la mera circunstancia de estar enrolado en el pago de una patente comercial no necesariamente trae aparejado consigo la obligación de pagar derechos de aseo. Ello porque puede acontecer que quien detenta la patente no reúna, sin embargo, alguna de las calidades que obligan al pago de derechos de aseo. En el presente caso, si bien es efectivo que los arrendatarios virtuales de la recurrente ejercen una actividad comercial vinculada con un lugar de la comuna, tal vinculación es sólo formal. De esta manera, resulta evidente que ellos no generan los desechos domiciliarios del lugar, que es compartido en esa calidad por muchas personas, sino que lo hace quien mantiene el uso, goce o dominio pleno del mismo. De éste ha de ser de cargo entonces, como dispone el inciso tercero del artículo 9 del Decreto Ley Nº3.063, sobre Rentas Municipales, el pago de tales derechos. De este modo, el proceder ilegal y arbitrario de la recurrida importa dar un trato discriminatorio que afecta el patrimonio de los actuales usuarios de la recurrente, amagando con ello las garantías que los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución les aseguran, porque los conmina a solventar una carga en un supuesto para el cual no está previsto.

2.- No es el acto de establecer domicilio en un inmueble determinado, ni la recepción de correspondencia u otros actos análogos realizados en él, lo que hace nacer la obligación de pagar derechos de aseo. Más bien lo es tener el uso, goce o dominio pleno del inmueble, lo que se explica por la razonable asunción de ser esa tenencia, goce o dominio la generadora de desechos domiciliarios que han de costearse con los derechos de aseo.

3.- Los derechos de aseo se devengan por cada unidad inmueble, con motivo de los desechos domiciliarios que produce; y, a su vez, la patente comercial se devenga por el ejercicio de una actividad comercial en un espacio físico determinado. Existe ciertamente una conexión entre ambas, pues cabe suponer que el ejercicio de una actividad comercial conlleva la generación de desechos domiciliarios en el lugar en que se desarrolla.

4.- La conducta de la recurrida se muestra también carente de fundamento suficiente, ya que si el pago por derechos de aseo responde a la circunstancia real y material consistente en la necesidad de disponer de los desechos domiciliarios, y existe un usuario claramente identificable que mantiene el uso y goce de un lugar, no resulta explicable la pretensión de extender el cobro de los mismos a todos los usuarios de servicios prestados por este último. Se suma a lo anterior la inexistencia de antecedentes en orden a si cada recurrente habría de pagar una misma tarifa de aseo, igual a la del tenedor o poseedor del lugar, o distinta de éste pero igual a la de los demás arrendatarios de la recurrente, o distinta para todos; y los motivos que justificarían tales distinciones, si las hubiere, afectándose con ello el principio de proporcionalidad. En efecto, esta omisión es del todo relevante, porque se advierte fácilmente la posibilidad de generarse un cobro excesivo de derechos de aseo, pues, en un escenario como el descrito en la especie, la cantidad de desechos domiciliarios guarda casi nula relación con la cantidad de usuarios del servicio de oficina virtual.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – LEGITIMACIÓN ACTIVA

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Ilustre Municipalidad de Caldera c/ Cross-Media SpA s/ Legitimación activa – Municipalidades

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – LEGITIMACION ACTIVA – FACULTADES DEL ALCALDE – INTERES EN EL PLEITO – TERCEROS COADYUVANTES – PLAYAS – BLOQUEO DE CALLES Y CAMINOS – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

El recurso de protección no constituye una acción popular, por lo que debe demostrarse por quien lo impetra interés jurídico en su resultado. El recurso impetrado por la alcaldesa, en cuanto se refiere en abstracto a los derechos de los habitantes de la comuna, deducido en contra de tres sociedades comerciales por la obstaculización en el acceso de las personas a las playas, no está en condiciones de prosperar. La circunstancia de que al momento de interponer el recurso se acompañaron documentos que individualizan a las personas afectadas no es suficiente para demostrar el interés directo e inmediato que se pretende cautelar, porque no puede entenderse satisfecha la exigencia de legitimación activa con el mero acompañamiento de documentos dirigidos, a su vez, a la persona que interpone el recurso, pues los intereses subjetivos son directos, personalísimos e inherentes a individuos precisos y determinados.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la municipalidad en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección deducido por la alcaldesa de la Municipalidad en contra de las sociedades por la obstaculización en el acceso de las personas a las playas. Esto, debido que si bien la municipalidad recurrente ha invocado como derechos constitucionales tutelados los consagrados en los N°s 2, 3 inciso primero y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin que haya demostrado un interés directo e inmediato en la protección de las garantías que invoca, razón por la cual carece de legitimación activa para interponer este recurso de protección. Careciendo los recurrentes de legitimación activa, tampoco la tienen quienes han intervenido en el recurso como terceros coadyuvantes.

2.- La circunstancia de que al momento de interponer el recurso de protección se acompañaron documentos que individualizan a las personas afectadas por los actos que se estiman ilegales y arbitrarios no es suficiente para demostrar el interés directo e inmediato que se pretende cautelar con la acción constitucional de protección, porque no puede entenderse satisfecha la exigencia de legitimación activa con el mero acompañamiento de documentos dirigidos, a su vez, a la persona que interpone el recurso, pues los intereses subjetivos son directos, personalísimos e inherentes a individuos precisos y determinados.

3.- Aunque los derechos fundamentales cuya protección se solicita, se corresponden con lo que la doctrina llama «derechos de tercera generación», la circunstancia que se invoque la tutela de intereses colectivos, difusos o indeterminados, no altera las reglas de legitimación activa, pues siempre será necesario que se acredite la existencia de un interés para el ejercicio de la acción. Ciertamente, la protección del medio ambiente constituye un asunto de alta importancia y concierne a la humanidad en su conjunto. Incluso, debe reconocerse que las acciones que hoy se adopten (así como aquellas que se omitan) incidirán en el medio ambiente del que dispondrán las futuras generaciones. Sin embargo, no es claro en lo absoluto que las expresiones «interés difuso» e «interés colectivo» sean términos equivalentes o intercambiables. En segundo lugar, cuando el ordenamiento jurídico ha querido proteger esa clase de intereses lo ha señalado expresamente.

4.- Incluso si se aceptara que la protección general del medio ambiente (que los artículos 53 y 54 de la Ley N° 19.300 circunscriben a la existencia de daño ambiental) admite una especie sui generis de legitimación activa, igualmente sería necesario precisar sus contornos, por cuanto condiciones mínimas de certeza jurídica exigen un cierto grado de vinculación entre la persona natural o jurídica y el interés difuso o colectivo que se busca proteger. Dicho de otro modo, ni siquiera en el caso de la acción de reparación por daño ambiental, puede decirse que ésta tenga el carácter de acción «popular» con legitimados activos amplios, porque el que sufre un daño ambiental es quien padece una pérdida o deterioro del medio ambiente que le es adyacente, interés que es independiente de las acciones indemnizatorias o resarcitorias respectivas.

5.- La atribución contenida en el artículo 4 de la Ley N° 18.695 dice relación exclusivamente con las facultades de orden administrativo que la ley reconoce a los municipios, tales como la proposición y ejecución de medidas relacionadas con el medio ambiente o la aplicación de normas ambientales, sin que se pueda entender que se extiende o abarca la legitimación necesaria para deducir acciones ante los Tribunales de Justicia de manera genérica e innominada, sobre todo cuando se excluye la procedencia de acciones populares.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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Servicios e Inversiones Mar Bravo Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Huechuraba

Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – JUICIO EJECUTIVO – PATENTE MUNICIPAL – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO – RECONVENCIÓN – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – CASACIÓN DE OFICIO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Lo resuelto por los jueces del fondo al acoger el incidente de abandono del procedimiento planteado por la demandante y demandada reconvencional, respecto de la demanda reconvencional es erróneo, toda vez que dicho artículo debió ser desestimado, pues, tratándose de un proceso único e indivisible, no es posible separar los elementos que lo constituyen y, a partir de ello, determinar que una parte del mismo se ha extinguido y que la otra, en cambio, puede continuar tramitándose, por sí sola, hasta su terminación normal.

Doctrina:

1.- Corresponde casar de oficio la sentencia que revocó el fallo de primer grado, acogiendo el incidente de abandono del procedimiento. Esto, dado que los jueces de fondo han incurrido en un error de derecho en cuanto revocar la resolución de primera instancia e hizo lugar al incidente de abandono del procedimiento planteado por la demandante y demandada reconvencional, únicamente respecto de la demanda reconvencional es erróneo, toda vez que dicho artículo debió ser desestimado, pues, tratándose de un proceso único e indivisible, no es posible separar los elementos que lo constituyen y, a partir de ello, determinar que una parte del mismo se ha extinguido y que la otra, en cambio, puede continuar tramitándose, por sí sola, hasta su terminación normal.

2.- La presentación de las demandas que, de manera recíproca han intentado demandante y demandada, ha dado lugar a un proceso único e indivisible, cuya tramitación debe continuar su curso, hasta su terminación, con la intervención de ambas partes y en relación a las dos acciones interpuestas. Así, aun cuando se trata de dos demandas distintas, es evidente que abordan asuntos íntimamente relacionados entre sí, hasta el punto de que tal circunstancia justifica no sólo su reunión en un solo juicio, sino que, además y como lo estatuye el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, que ambas sean substanciadas y falladas en conjunto.

3.- Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante reconvencional en contra de la sentencia que revocó el fallo de primer grado, acogiendo el incidente de abandono del procedimiento. Esto, dado que la resolución objetada no reviste la naturaleza jurídica de las sentencias impugnables a través de un recurso de casación en el fondo, pues no es una sentencia definitiva y tampoco se trata de una interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, desde que, siendo el proceso un todo único e indivisible, debe continuar su curso con ambas partes. En efecto, si las dos acciones intentadas en autos deben ser substanciadas y falladas en conjunto, como lo ordena el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, forzoso es concluir que el proceso a que ambas dieron lugar debe ser entendido como un conglomerado de actos jurídicos procesales inseparables entre sí, cuyos componentes deben avanzar unidos hacia la etapa de sentencia definitiva.

4.- Corresponde acoger a tramitación el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante reconvencional en contra de la sentencia que revocó el fallo de primer grado, acogiendo el incidente de abandono del procedimiento. Esto, dado que, considerando que la decisión impugnada efectivamente pone término a una de las acciones intentadas en autos, puesto que el abandono declarado respecto del juicio que comenzó con la demanda reconvencional deducida por la Municipalidad supone su terminación por una vía anómala, hasta el punto de que esta última ha perdido el derecho de continuar el mencionado procedimiento iniciado por ella y de hacerlo valer en un nuevo juicio (Del voto en contra del abogado integrante sr. Diego Munita L.).

5.- No se verifica infracción a lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento civil pues, si bien este ordena «substanciar y fallar» la reconvención «conjuntamente con la demanda principal», no es menos cierto que tal mandato se encuentra inspirado por el principio de economía procesal y, en consecuencia, no es posible sostener, a partir de su texto, que los procesos de que se trata, reunidos en una sola tramitación por razones de mera conveniencia, han mutado su naturaleza hasta el punto de transformarse en una sola y única causa, cuyos elementos integrantes se han confundido de tal modo que no es dable dividirlos en entidades separadas. Tal conclusión excede los límites y el contenido normativo del artículo 316, pues le otorga un sentido y profundidad que va más allá de la mera ordenación del litigio que su texto trasunta y supone abandonar, además, su claro texto para atender a su espíritu, pese a que el sentido de la norma resulta diáfano (Del voto en contra del abogado integrante sr. Diego Munita L.).

 

PERMISO MUNICIPAL – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO

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Rafael Guajardo Donoso EIRL c/ Ilustre Municipalidad de Antofagasta

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – AUTORIZACIONES MUNICIPALES – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – POTESTAD ADMINISTRATIVA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: MJ

El Decreto Alcaldicio impugnado deja expresamente asentado el valor por el uso del espacio público en el sector centro por cada período anual o proporción, y establece, además, que la reclamante deberá hacer uso de seis metros cuadrados del bien nacional de uso público situado frente a su local comercial. Así, dicho acto administrativo no anula ni pone término al decreto alcaldicio que autorizó originalmente el uso del espacio público de que se trata por parte de la actora, sino que se limita a modificar dicho acto precisando la superficie del bien nacional de uso público de que se trata que podrá usar la empresa de responsabilidad individual actora.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante en contra de la sentencia que rechazó la reclamación, confirmando el decreto alcaldicio que limitó la superficie del permiso municipal para la instalación de sillas y mesas de atención de público. Esto, dado que no se verifica infracción del artículo 53 de la Ley N° 19.880 pues, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, el Decreto Alcaldicio impugnado en autos deja expresamente asentado que el valor por el uso del espacio público en el sector centro asciende a dos Unidades Tributarias Mensuales por metro cuadrado, por cada período anual o proporción, y establece, además, que la reclamante deberá hacer uso de seis metros cuadrados del bien nacional de uso público situado frente a su local comercial. Así, el acto administrativo en comento no anula ni pone término al decreto que autorizó originalmente el uso del espacio público de que se trata por parte de la actora, sino que se limita a modificar dicho acto precisando la superficie del bien nacional de uso público de que se trata que podrá usar la empresa de responsabilidad individual actora.

2.- Corresponde subrayar la contradicción flagrante en que incurre el recurrente, desde que en la presentación en examen califica los efectos del acto reclamado como revocatorios e invalidatorios, a la vez, lo que resulta contradictorio e incomprensible, pues se trata de dos instituciones jurídicas diversas, con características distintivas y que generan consecuencias distintas entre sí; por último, es necesario poner de relieve que, pese a sostener el carácter revocatorio del acto de que se trata, el recurrente no explica de modo alguno por qué sus efectos serían de esa clase, resultando, en consecuencia, ininteligible la invocación de este instituto en la especie.

3.- El acto administrativo impugnado en autos fue dictado con apego a la normativa que rige la situación en examen, puesto que no sólo fue expedido por la autoridad competente en ejercicio de las facultades que le fueran otorgadas en este ámbito, sino que, además, contiene los fundamentos de hecho y de derecho que le otorgan sustento. Asimismo, considerando lo estatuido en el artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, destaca en este particular el carácter precario del permiso, en cuya virtud la autoridad cuenta con atribuciones bastantes no sólo para dejar sin efecto su otorgamiento, sino que, y con mayor mérito, para modificar su contenido, sin que el titular de tal permiso pueda invocar en su favor que dicho acto le ha permitido adquirir derechos de alguna clase, pues el anotado carácter perecedero o transitorio que lo caracteriza impide consolidar derecho alguno a partir de él.

4.- El recurso adolece de un defecto que hace inviable su acogimiento, cual es que ha sido construido, al menos en parte, sobre la base de hechos que no han sido asentados como tales por los juzgadores del mérito. En efecto, pese a que dicha circunstancia fáctica no fue alegada previamente y que, por consiguiente, los sentenciadores no pudieron examinarla y, mucho menos, tenerla por demostrada, el recurrente sostiene que, con ocasión de la dictación del acto administrativo reclamado y de los demás Decretos Alcaldicios mencionados en autos, la autoridad favoreció claramente a otro café del lugar, circunstancia fáctica de la que no existe ninguna otra mención en el proceso. Así, no habiendo sido denunciada la infracción de norma reguladora de la prueba alguna, la Corte de casación se encuentra impedida de examinar la labor que en este ámbito llevaron a cabo los falladores.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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Castro y otros c/ Corporación de Desarrollo Social de Providencia

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO DE PLAZO INDEFINIDO – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – DESPIDO – INDEMNIZACION POR DESPIDO – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Duodécima

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

En el caso de los profesionales de la educación que se encuentren vinculados a una municipalidad en calidad de contratados, que sus contratos se renueven sucesivamente por varios años y que sus servicios terminan por el vencimiento del plazo estipulado, no resulta procedente considerar que tal vínculo ha derivado en uno de carácter indefinido, ni tampoco que proceda el pago de las indemnizaciones propias, atendido que de acuerdo con las normas que le son aplicables -Estatuto Docente- tal desvinculación opera de pleno derecho.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda por despido injustificado y ordenó el pago de las indemnizaciones correspondientes al estimar que si el Estatuto Docente solo establece para el caso en estudio la causa de término de las funciones por la conclusión del período por el cual se efectuó el contrato cuando éste cumple con los requisitos legales, resulta evidente que no reglamenta las sucesivas renovaciones de los mismos, lo que permite aplicar supletoriamente el Código del Trabajo. Al respecto, la sentencia yerra pues en el caso la causal de vencimiento del plazo estipulado en los respectivos contratos de los docentes contratados, al ponérsele término a tal vinculación, no podía sostenerse que tal contrato se transformó en uno indefinido en atención a sus renovaciones; ni tampoco que dicho término corresponda a un despido injustificado que haga procedente el pago de las indemnizaciones respectivas, por cuanto de acuerdo con las normas que le son aplicables, tal desvinculación opera de pleno derecho.

2.- Habiendo sido la causal de término de la contratación de los demandantes la llegada del plazo que se contemplaba en su respectivo instrumento contractual, no podían pretender que se declare el despido como injustificado, ni que en la especie existía una relación laboral única en el tiempo de carácter indefinida, ni que pudieran acceder a las indemnizaciones contempladas en el Código del ramo para el evento de declararse la existencia de una relación regida por el estatuto laboral, porque en el caso sublite no opera la aplicación supletoria prevista en el artículo 71 del Estatuto Docente, desde que, como ya se dijo, la figura de contratados y la forma de término de la misma está regulada expresamente en dicho cuerpo normativo no reconociéndole, bajo esta causal, el derecho a recibir las indemnizaciones que se solicitan, considerando que de las normas estatutarias resulta que solamente los profesionales de la educación municipal que dejan de pertenecer a una dotación docente en virtud de la supresión total o parcial de las horas de clases que sirvan en calidad de titulares pueden percibir una indemnización por el cese de sus funciones. De modo que, en la medida que los actores no expiraron en su empleo en virtud de esa causal, sino por el término del período de su contrato, con arreglo a la mencionada letra d) del artículo 72 del Estatuto, no tiene derecho a impetrar ese beneficio.

3.- Las normas del Código laboral relativas al contrato de trabajo, a la transformación en indefinidos de aquellos a plazo fijo, a las indemnizaciones por años de servicios e incrementos por haberse calificado el despido como injustificado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 168 letra b) del Código laboral, no pueden recibir aplicación supletoria en el caso de los demandantes, ya que el Estatuto Docente establece su propia regulación en torno a las calidades funcionarias a las que se puede pertenecer en una dotación docente municipal, a las causales de expiración en los cargos de titulares y contratados y a los beneficios a que puede dar lugar el cese de funciones, de manera que sus disposiciones rigen con preferencia a quienes integran una dotación docente, excluyendo el imperio del derecho laboral común en esos asuntos.

4.- El vencimiento del período por el cual se suscribió la convención laboral, es una de las causales que taxativamente contempla el artículo 72 del Estatuto Docente para justificar que un profesional de la educación deje de pertenecer a la dotación docente del sector municipal, norma que no prevé ninguna formalidad para perfeccionar el cese de los servicios, como tampoco el resto de los artículos del párrafo VII del Estatuto que trata sobre la terminación de la relación laboral de los profesionales de la educación.

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