Corte Suprema acogió apelación en recurso de protección por decreto alcaldicio que invalidó nombramiento de recurrente

 

Si bien municipio actuó en virtud de lo dictaminado por Contraloría, invalidó el acto sin escuchar previamente el interesado

Recientemente, la Tercera Sala de la Corte Suprema, acogió un recurso de apelación interpuesto por una funcionaria contra la sentencia que no dio lugar a su acción cautelar de protección, por el actuar ilegal y arbitrario de un municipio al dictar un decreto alcaldicio, que invalidó su nombramiento a un cargo directivo, en cumplimiento de lo ordenado por Contraloría en cuanto a ajustar a derecho el nombramiento, sin haberla oído previamente, condición que se exige para ejercer dicha potestad invalidatoria. Exponen los sentenciadores: “resulta evidente que si la Municipalidad [–], en cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría Regional del Maule, estimó que había incurrido en una ilegalidad al dictar el Decreto Alcaldicio […] que nombró en un cargo grado 8° al recurrente y lo ascendió al Escalafón Directivo, lo que procedía era iniciar un procedimiento de invalidación en el que se otorgara al interesado la posibilidad de ser oído”…”El acto impugnado es ilegal y arbitrario, al contravenir lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, vulnerándose con ello la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, en cuanto se ha dado a la recurrente un trato distinto de aquel que se ha entregado a otras personas que se han encontrado en una situación análoga, circunstancia suficiente para acoger el recurso de la manera que se dirá”…
Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación.

Voces: RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – DEFENSA JURIDICA – REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Partes: Luna c/ Ilustre Municipalidad de San Javier s/ Nombramiento – Municipalidades

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Laboral

Si la Municipalidad, en cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría, estimó que había incurrido en una ilegalidad al dictar el Decreto Alcaldicio que nombró en un cargo grado 8° a la recurrente y la ascendió al Escalafón Directivo, lo que procedía era iniciar un procedimiento de invalidación en el que se otorgara al interesado la posibilidad de ser oído. De este modo, el Decreto impugnado que dejó sin efecto y ordenó retrotraer el nombramiento, resulta ilegal y arbitrario, al contravenir lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, vulnerándose con ello la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, en cuanto se ha dado a la recurrente un trato distinto de aquel que se ha entregado a otras personas que se han encontrado en una situación análoga.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por la funcionaria en contra de la municipalidad por el Decreto Alcaldicio que dejó sin efecto y ordenó retrotraer el nombramiento de la funcionaria como profesional grado 8° de la Escala Única de Sueldos. Esto, debido a que si la Municipalidad, en cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría Regional, estimó que había incurrido en una ilegalidad al dictar el Decreto Alcaldicio, que nombró en un cargo grado 8° a la recurrente y lo ascendió al Escalafón Directivo, lo que procedía era iniciar un procedimiento de invalidación en el que se otorgara al interesado la posibilidad de ser oído. Así, aparece que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, al contravenir lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, vulnerándose con ello la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, en cuanto se ha dado a la recurrente un trato distinto de aquel que se ha entregado a otras personas que se han encontrado en una situación análoga.

2.- No cabe confundir el ejercicio de la potestad de invalidación con la potestad revocatoria de la que se halla investida la Administración. En efecto, por medio de la potestad invalidatoria la Administración -de oficio o a petición de parte- puede y debe retirar los actos administrativos irregulares, contrarios a derecho, pero con dos importantes limitaciones: a) Debe hacerse previa audiencia del interesado, es decir, es necesario oír a quienes puedan verse afectados con la invalidación del acto; y b) No puede ejercerse la potestad invalidatoria si han transcurrido más de dos años desde la fecha de notificación o publicación del acto que se trata de invalidar. Este último plazo es de caducidad y no de prescripción, toda vez que la potestad de invalidación se agota con el hecho objetivo del transcurso del tiempo, sin que pueda alegarse o invocarse la existencia de causales de suspensión o interrupción del plazo, que el legislador de la Ley Nº 19.880 no ha considerado.

3.- La facultad de revisión contemplada en el artículo 61 del mismo texto legal se distingue de la potestad de invalidación en que, siendo ambas causales de retiro de los actos administrativos y de extinción -total o parcial- de sus efectos jurídicos, la revisión supone la facultad de la Administración de volver sobre sus propios actos, a fin de verificar la oportunidad y conformidad de ellos con el ordenamiento jurídico, así como su conveniencia en términos de interés general. Sin embargo, su ejercicio posee limitaciones, entre las que destaca la imposibilidad de ejercer la facultad revocatoria cuando se trata de actos de contenido favorable, los que no pueden ser dejados sin efecto por la autoridad administrativa por razones de oportunidad o conveniencia -revocación- y que solo pueden serlo por razones de ilegalidad – invalidación.

Consulte texto completo de la sentencia, aquí

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