Jurisprudencia Destacada Año 2020 N10

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 10 DE 2020

 

NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO – PERMISO DE EDIFICACIÓN

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Schellman Jaramillo, Pamela c/ Inmobiliaria e Inversiones Hornitos y otros

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO – PERMISO DE EDIFICACIÓN – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – ACTO ADMINISTRATIVO – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: MJ

Atendido que no se indican específicamente las ilegalidades del permiso de edificación y su modificación, no se ha podido determinar que dichos actos administrativos han desatendido la normativa urbanística aplicable, y que por ello han sido dictados contra ley. Así, al no configurarse el supuesto que permite concluir que se ha obrado por el órgano administrativo con infracción al artículo 7º de la Constitución Política de la República, no puede accederse a la acción de nulidad de derecho público interpuesta respecto de los actos administrativos de autos.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primer grado, rechazando la acción de nulidad de derecho público. Esto, dado que no se verifica infracción a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, toda vez que, atendido que no se indican específicamente las ilegalidades del permiso de edificación y su modificación, no se ha podido determinar que dichos actos administrativos han desatendido la normativa urbanística aplicable, y que por ello han sido dictados contra ley, por lo que al no configurarse el supuesto que permite concluir que se ha obrado por el órgano administrativo con infracción al artículo 7º citado, no puede accederse a la solicitud impugnatoria.

2.- Lo resuelto por los sentenciadores, se ajusta plenamente a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 19.880, puesto que el Permiso de Edificación y la resolución modificatoria, como actos administrativos otorgados por el competente funcionario, gozan de presunción de legalidad, esto es, que resultan ajustados a la ley, por lo que quien alega que son contrarios a derecho, debe no sólo fundamentar aquello sino que especificar los hechos en que se funda la impugnación, así como la forma en que ello ocurre, sea por no aplicación de determinadas normas o por su aplicación improcedente o por una interpretación distinta a la pertinente, cuestión que no ocurre en la especie.

3.- La exigencia de no solo fundar la acción de nulidad de los actos administrativos, sino de especificar cómo se configuran las infracciones que requieren de dicha nulidad, resulta de toda concordancia con la presunción de legalidad de los actos administrativos, puesto que no es suficiente para poner en entredicho la eficacia de la referida presunción, esbozar que el acto administrativo infringe la normativa legal y en el presente caso, la normativa urbanística y el plan regulador comunal vigente, sin explicar ni señalar cuales son las normas que fueron transgredidas y que llevarían a concluir que los actos administrativos impugnados son ilegales.

4.- Para que un error de derecho pueda influir de manera substancial en lo dispositivo del fallo, como lo exige la ley, aquél debe consistir en una equivocada aplicación, interpretación, o falta de aplicación de aquellas normas destinadas a decidir la cuestión controvertida, situación que no ocurre en la especie, desde que no se denuncian como infringidas disposiciones legales de orden sustantivo relacionadas con el fondo de la cuestión litigiosa, cuya es la situación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones ni se describen los vicios de que adolecen los actos administrativos impugnados, en relación con las exigencias normativas allí contenidas.

 

 

 

ESTATUTO DOCENTE – SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

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Salazar c/ Ilustre Municipalidad de Chillán

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – SUMARIO ADMINISTRATIVO – DESPIDO – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán

Sala: Primera

Producto: Laboral

Estando expresamente regulada la modalidad de contratados en el Estatuto Docente, debe ser sometida a ese cuerpo legal y, en forma supletoria, al Código del Trabajo, solo para el caso de los asuntos no regulados por el Estatuto y en la medida en que las normas del Código Laboral no fueran contrarias a las de esa normativa especial, se aplicarán las del primero, lo que no acontece en la especie dado que el Estatuto Docente contiene su propia regulación para dicha modalidad, estableciendo las condiciones, labores, causales de su expiración y los beneficios a que puede dar lugar el cese de funciones, de manera que sus disposiciones se deben aplicar con preferencia a quienes integran una dotación docente municipal, excluyendo el imperio del derecho laboral común en esos asuntos.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales y demanda subsidiaria de despido indebido y cobro de prestaciones en contra de la municipalidad al estimar el tribunal a quo que existiendo reglas expresas en caso de terminación del vínculo laboral en el Estatuto Docente, no resulta necesario recurrir a las normas del Código del Trabajo. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues estando expresamente regulada la modalidad de contratados en el Estatuto Docente, debe ser sometida a ese cuerpo legal y, en forma supletoria, al Código del Trabajo, solo para el caso de los asuntos no regulados por el Estatuto y en la medida en que las normas del Código Laboral no fueran contrarias a las de esa normativa especial, se aplicarán las del primero, lo que no acontece en la especie dado que el Estatuto Docente contiene su propia regulación para dicha modalidad, estableciendo las condiciones, labores, causales de su expiración y los beneficios a que puede dar lugar el cese de funciones, de manera que sus disposiciones se deben aplicar con preferencia a quienes integran una dotación docente municipal, excluyendo el imperio del derecho laboral común en esos asuntos, al tenor de lo preceptuado tanto en el artículo 71 del mismo Estatuto Docente, como en los incisos 2º y 3º del artículo 1º del Código del Trabajo, sin perjuicio de considerarse, además, el artículo 13 del Código Civil, porque la normativa especial reglamenta la contrata en su integridad.

 

TRANSPARENCIA – DOCUMENTOS TRIBUTARIOS DE PRESTADOR

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Servicio de Impuestos Internos c/ Consejo para la Transparencia

Voces: DERECHO TRIBUTARIO – TRANSPARENCIA – BOLETAS DE HONORARIOS – PRESTACIÓN DE SERVICIOS – MUNICIPALIDADES – DEBER DE INFORMACIÓN – SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS – ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Novena

Producto: MJ – Tributario

El acceso a los datos referidos al número de boletas y fechas de emisión de las emitidas por un prestador de servicios a honorarios a la municipalidad no está cubierta por el secreto tributario, en tanto no importa permitir conocer la situación tributaria particular de ese contribuyente u otro, sino sólo la prestación de servicios y la realización de determinadas actividades lucrativas, relacionadas a un órgano de la Administración del Estado.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad deducido por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar la información relativa a copias de boletas de honorarios emitidas por un prestador de servicios a la municipalidad durante cuatro años. Al respecto, sin perjuicio que el reclamo de ilegalidad fue presentado fuera de plazo, lo que es motivo suficiente para su rechazo, en el presente caso, la información que se ha ordenado entregar al requirente consiste en el número y fecha de las boletas de honorarios emitidas a la Municipalidad por un determinado emisor, información que se encuentra expresamente consignada como un caso de transparencia activa en las letras d) y e) del artículo 7 de la Ley de Transparencia, obligación que rige para todos los órganos de la Administración del Estado, se trata de una información que no está cubierta por el secreto tributario, en tanto no importa permitir conocer la situación tributaria particular de ese contribuyente u otro, sino sólo la prestación de servicios y la realización de determinadas actividades lucrativas, relacionadas a un órgano de la Administración del Estado.

2.- El secreto tributario consiste entonces en la prohibición de la enunciación de antecedentes que permitan conocer la cuantía o fuente de la renta de los contribuyentes y su finalidad no es otra que impedir el acceso público a aspectos patrimoniales de las personas naturales o jurídicas, susceptibles de revelar la cuantía o fuente de sus rentas, pérdidas, gastos o cualquier otro dato relativo a ellas.

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BONOS POR INCENTIVO AL RETIRO – FINIQUITO

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Vargas c/ Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – ACOSO LABORAL – DISCRIMINACION LABORAL – DOCENTES – TRABAJADORES TRANSITORIOS – RECHAZO DE LA DEMANDA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel

Producto: Laboral

El actor fue contratado conforme a las disposiciones contempladas en la Ley Nº 19.070 y Ley 19.410, referida a contrataciones de docentes en funciones transitorias. Ello,no permite configurar en relación a dicha contratación alguna infracción a la normativa legal vigente a la fecha de contratación del actor ni tampoco que dicha decisión sea constitutiva de un acto de discriminación o de acoso laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda de vulneración de derechos interpuesta por el docente al no configurarse indicios de acoso o discriminación laboral. Esto, debido a que el actor fue contratado conforme a las disposiciones contempladas en la Ley Nº 19.070 y Ley 19.410 , referida a contrataciones de docentes en funciones transitorias razón por la cual no es posible establecer algún indicio de acoso laboral que tenga como fundamento lo anterior pues la demandada en el ámbito de sus funciones y conforme a la normativa estatutaria vigente contrató al actor en forma transitoria para cumplir funciones de docente en reemplazo de otra trabajadora.

2.- La demandada se encontraba por ley facultada para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 25 del estatuto docente, a docentes en calidad de docentes. En el caso del actor aquello se produjo conforme se desprende de los actos administrativos mencionados y conforme al cual se decidió su contratación en calidad de docente para reemplazar en sus funciones a otra trabajadora quien se encontraba con licencia médica. Todo lo anterior, no permite configurar en relación a dicha contratación alguna infracción a la normativa legal vigente a la fecha de contratación de la actora ni tampoco que dicha decisión sea constitutiva de un acto de discriminación o de acoso laboral en los términos descritos por el actor.

3.- En lo que respecta a la vulneración del artículo 19 Nº16 inciso 3º de la Constitución Política de la República ha de indicarse que el actor alegó que atendida su posición política fue desvinculado por parte de la demandada decidiendo ésta que no continuaría prestando sus servicios. Al respecto, si bien el demandante no rindió prueba que acredite dicha alegación la misma en todo caso no resulta ser efectiva conforme a los antecedentes vertidos en este proceso por cuanto el actor luego de terminado su contrato de reemplazo incluso continuo prestando labores en labores SEP tal y como se desprende del mérito de la declaración de los testigos de la parte demandada, pagando incluso por dicho periodo las respectivas cotizaciones de seguridad social. Por ello no se puede dar por establecida dicha vulneración en los términos sostenidos por la parte demandante.

 

BONOS POR INCENTIVO AL RETIRO – FINIQUITO

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Espinoza c/ Ilustre Municipalidad de Tomé s/ Incentivo por retiro

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DE COBRO – REMUNERACION – DOCENTES – ASIGNACIÓN POR INCENTIVO – RETIRO VOLUNTARIO – CAUSALES DEL RECURSO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Segunda

Producto: Laboral

Es efectivo que el empleador puso la totalidad de la bonificación que correspondía a disposición del profesional de la educación en la fecha en que se firmó el finiquito, esto es el día 6 diciembre de 2018, pero también quedó establecido, como hecho inamovible, que en el finiquito se determinó como fecha de cese efectivo de los servicios el 30 de noviembre de 2018. De este modo, no incurre en error la sentencia impugnada al rechazar la demanda por cobro de las remuneraciones correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero. En efecto, basándose todo el razonamiento lógico del sentenciador en que el cese fue con esa fecha consignada en el finiquito y por renuncia voluntaria, no se puede, por intermedio de una causal de derecho, artículo 477 del Código del Trabajo, llegar a una interpretación distinta, para ello era necesario previamente que se alteraran aquellos hechos, y para lo cual la causal pertinente era la del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó íntegramente la demanda de cobro de prestaciones. Esto, debido a que es efectivo que el empleador puso la totalidad de la bonificación que correspondía a disposición del profesional de la educación en la fecha en que se firmó el finiquito, esto es el día 6 diciembre de 2018, por lo que en un primer análisis el término de la relación laboral se habría producido en esa fecha. Pero también quedó establecido, como hechos inamovibles, que en el mismo finiquito se estableció que el cese efectivo de los servicios personales data del 30 de noviembre de 2018; y que según reza la sentencia «no ha sido objeto de cuestionamiento la existencia de una renuncia voluntaria para optar al pago de la bonificación especial consagrada en la ley 20.822 que otorga a las profesionales de la educación una bonificación por retiro voluntario». De esta manera basándose todo el razonamiento lógico del sentenciador en que el cese fue con esa fecha consignada en el finiquito y por renuncia voluntaria, no se puede ahora, por intermedio de una causal de derecho, artículo 477 del Código del Trabajo, llegar a una interpretación distinta, para ello era necesario previamente que se alteraran aquellos hechos, y para lo cual la causal pertinente era la del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, única que para estos efectos le hubieran permitido al actor modificar los hechos, porque esta causal incide directamente sobre la apreciación de la prueba conforme a la sana crítica y mediante ella se debió objetar que en el razonamiento del juez existió infracción manifiesta a los principio de la lógica y a las reglas de la sana crítica y, por ende, la conclusión del sentenciador de que el cese ocurrió en aquella fecha y la renuncia fue voluntaria eran erróneas y la correcta correspondía a la del 6 diciembre de 2018 y que no fue voluntaria la de 30 de noviembre de 2018, para luego concluir que la relación laboral se había prorrogado, con la existencia de un contrato vigente al 1 de diciembre de 2018, y eventualmente obtener los derechos reclamados.

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BONOS POR INCENTIVO AL RETIRO – FINIQUITO

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Fisco Tesorería Regional Concepción c/ Inmobiliaria San Pedro S.A.

Voces: DERECHO TRIBUTARIO – COBRO EJECUTIVO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS – IMPUESTO TERRITORIAL – TRANSFERENCIA DE DOMINIO – EXCEPCIÓN DE NO EMPECER EL TÍTULO – INALTERABILIDAD DE HECHOS DE LA INSTANCIA – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Segunda

Producto: MJ – Tributario

No incurre en error la sentencia impugnada al acoger la excepción de no empecer el título al ejecutado, pues se determinaron como hechos establecidos que el inmueble correspondiente al rol en cuestión no era de propiedad de la ejecutada a la fecha en que se giraron los impuestos cobrados, debiendo la municipalidad, quien era la nueva dueña, informar al Servicio de Impuestos Internos del cambio de propietario y solicitar la exención del impuesto territorial por ser un bien municipal.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Tesorería en contra de la sentencia que, en procedimiento de obligaciones tributarias, acogió la excepción de no empecer el título al ejecutado. Esto, debido a que dados los hechos establecidos se determinó que el inmueble correspondiente al rol en cuestión no era de propiedad de la ejecutada a la fecha en que se giraron los impuestos cobrado, debiendo la municipalidad, quien era la nueva dueña, informar al Servicio de Impuestos Internos del cambio de propietario y solicitar la exención del impuesto territorial por ser un bien municipal. Al respecto, el recurso denuncia únicamente la vulneración de preceptos sustantivos, como son aquél que se refiere a la excepción de no empecer el título ejecutivo, el que regula los requisitos para su procedencia en el juicio ejecutivo de obligaciones tributarias, y los que prescriben la forma en que se incorporan al dominio nacional de uso público y al dominio municipal, las obras de urbanización o edificación de los bienes que se comprenden en ellos. De este modo, este tribunal sólo debe resolver una cuestión de derecho relativa a su eventual transgresión, partiendo de la base de los presupuestos fácticos asentados en el fallo, por cuanto no se ha denunciado la transgresión de las normas reguladoras de la prueba, cuestión que deja firmes los hechos de la causa. Sin embargo, el recurso se articula sobre la base de presupuestos de hecho diferentes a los establecidos en la sentencia. En efecto, en lo relativo a la excepción opuesta, se afirma que el ejecutado reconoció extrajudicialmente que parte del inmueble no ha sido transferido, en circunstancias que la sentencia tuvo como acreditada la entrega y traspaso del dominio del bien raíz a la Municipalidad.
2..- Al no constituir la sede de casación instancia, la revisión de los hechos asentados en el juicio o el establecimiento de otros diversos a los fijados, y que determinan la aplicación de las normas sustantivas dirigidas a dirimir lo debatido no es posible, salvo que se denuncie que al resolver la controversia los jueces del fondo se han apartado del onus probandi legal, han admitido medios de prueba excluidos por la ley o han desconocido los que ella autoriza, o que se ha alterado el valor probatorio fijado por la ley a las probanzas aportadas al proceso.

 

IMPUGNACIÓN DE DECRETO ALCALDICIO

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Miranda Arenas, Mariela y otro c/ Ilustre Municipalidad de Olivar

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – RECURSO DE ILEGALIDAD – DECRETO ALCALDICIO – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – SUMARIO ADMINISTRATIVO – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – LEGITIMACIÓN ACTIVA – NATURALEZA JURÍDICA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – DEBIDO PROCESO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: s/ Reclamación – Naturaleza jurídica

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

La interpretación armónica del artículo 151 de la Ley Nº 18.695, junto a los incisos 1° y 2° del artículo 15 de la Ley Nº 19.880, deja de manifiesto la intención del legislador de imponer límites a la impugnación, que sólo procede en contra de los actos decisorios y de aquellos actos trámite que produzcan determinados efectos, esto es, que pongan fin al procedimiento o produzcan indefensión. El Decreto Alcaldicio impugnado, configurando un acto trámite, no causa, empero, ninguno de los dos efectos mencionados, razón por la que no es impugnable a través del contencioso administrativo de la especie.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por los reclamantes en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad municipal interpuesto en contra del decreto alcaldicio. Esto, dado que no se verifica infracción a lo dispuesto en el artículo 19 nº 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que, atendida la inviabilidad del reclamo previsto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, letra b), por parte de empleados municipales, como el hecho de que los reclamantes invisten semejante condición, no cabe sino concluir, que el arbitrio no resulta jurídicamente procedente, por cuanto los actores carecían de legitimación para proponerlo, sin que pueda permitirse que se discutan por cuestiones que necesariamente han de ventilarse en la sede y procedimientos que correspondan, pues admitir lo contrario implicaría desnaturalizar el reclamo de ilegalidad, permitiendo su utilización para fines ajenos a aquellos para los que está previsto en la ley, que no son otros que evitar agravios o arbitrariedades de funcionarios municipales en contra de particulares.

2.- La interpretación armónica del artículo 151 de la Ley Nº 18.695, junto a los incisos 1° y 2° del artículo 15 de la Ley Nº 19.880, deja de manifiesto la intención del legislador de imponer límites a la impugnación, que sólo procede en contra de los actos decisorios y de aquellos actos trámite que produzcan determinados efectos, esto es, que pongan fin al procedimiento o produzcan indefensión. El Decreto Alcaldicio impugnado, configurando un acto trámite, no causa, empero, ninguno de los dos efectos mencionados, razón por la que no es impugnable a través del contencioso administrativo incoado en autos.

3.- La naturaleza de acto trámite, del decreto alcaldicio por el cual se desecha la solicitud de implicancia formulada por los actores de estos autos en contra de la fiscal, encargada de la instrucción del sumario administrativo en el que ambos están siendo investigados, queda en evidencia por su sólo contenido, toda vez que por su intermedio fueron rechazados los incidentes de nulidad, defensas que, a su vez, fueron planteadas de manera previa a las alegaciones de fondo esgrimidas por cada uno de los funcionarios demandantes, quienes formularon sus descargos en subsidio de las peticiones de nulidad.

4.- No existen elementos de juicio que permitan acoger la tesis del recurrente, en tanto no se advierte la vulneración de la garantía del debido proceso ni la indefensión invocada por éste en su defensa. No es efectivo que no exista posibilidad de atacar el vicio de ilegalidad cuya concurrencia acusan los actores, sino que, por el contrario, es lo cierto que, dictada la resolución que ponga término al sumario administrativo, su defensa podrá ejercer los recursos y acciones que estime pertinentes, para el caso de que ello fuere procedente, con el objeto de salvaguardar sus intereses, todo lo cual pone de relieve que, en lugar de la referida indefensión, lo que ha sucedido en la especie es que se ha diferido, y no impedido, la impugnación de los defectos de que se trata.

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