Corte Suprema acogió recurso de casación sentencia que dió a lugar reclamación de ilegalidad contra resolución que modificó permiso de obra

Municipio no contaba con atribuciones para interpretar el Plan Regulador Comunal a fin de establecer la norma urbanística que afectaba el loteo. Dicha potestad radicaba en la Seremi de Vivienda

Recientemente, la Tercera Sala de la Corte Suprema, en fallo unánime, acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto por un municipio contra la sentencia que dio lugar a una reclamación deducida contra su resolución que declaró la imposibilidad de actualizar el Certificado que señale que los inmuebles del Loteo están ubicados en zona urbanizable de la comuna. El máximo tribunal estimó que “los sentenciadores han incurrido en infracción de los artículos 4° y 12 de la LGUC, en relación a los artículos 151 de la Ley N°18.695 y artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República , la cual se traduce en una errada interpretación de las facultades que ostenta la Dirección de Obras Municipales, en tanto aquellas concedidas en el artículo 24 letras a) y g) de la Ley N°18.695 no resultan suficientes para el otorgamiento del Certificado N°19/2008 y, consecuentemente, para su actualización en los términos solicitados, yerro que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo de la decisión impugnada, toda vez que una reclamación que, con arreglo a las normas que rigen la materia, debía ser desestimada, fue erróneamente acogida”. Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación.

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – PLAN REGULADOR COMUNAL – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Ciudad Empresarial S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Huechuraba s/ Facultades de la Dirección de Obras Municipales

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

El municipio reclamado no contaba con atribuciones para interpretar el Plan Regulador Comunal a fin de establecer la norma urbanística que afecta al loteo objeto del reclamo, por cuanto dicha potestad radica únicamente en la Seremi de Vivienda, conforme lo señala el artículo 4° de la LGUC. La conclusión anterior se ve corroborada por el hecho que la misma reclamante dedujo, ante la Secretaría Regional Ministerial, el reclamo regulado en el artículo 12 de este último cuerpo normativo, en contra del mismo acto que en la sede de ilegalidad se reclama. De este modo, la sentencia que acoge el reclamo de ilegalidad incurre en error de derecho, pues se sustenta en una errada interpretación de las facultades que ostenta la Dirección de Obras Municipales, en tanto aquellas concedidas en el artículo 24 letras a) y g) de la Ley N°18.695 no resultan suficientes para el otorgamiento del Certificado y, consecuentemente, para su actualización en los términos solicitados.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la reclamada en contra de la sentencia que acogió el reclamo de ilegalidad municipal, dejando sin efecto la resolución que declaró la imposibilidad de actualizar el certificado. Esto, dado que la sentencia infringe los artículos 4 y 12 de la LGUC, en relación a los artículos 151 de la Ley N°18.695 y artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Toda vez que se sustenta en una errada interpretación de las facultades que ostenta la Dirección de Obras Municipales, en tanto aquellas concedidas en el artículo 24 letras a) y g) de la Ley N°18.695 no resultan suficientes para el otorgamiento del Certificado de autos y, consecuentemente, para su actualización en los términos solicitados.

2.- El municipio reclamado no contaba con atribuciones para interpretar el Plan Regulador Comunal a fin de establecer la norma urbanística que afecta al loteo objeto de estos antecedentes, por cuanto dicha potestad radica únicamente en la Seremi de Vivienda, conforme lo señala el artículo 4° de la LGUC. La conclusión anterior se ve corroborada por el hecho que la misma reclamante dedujo, ante la Secretaría Regional Ministerial, el reclamo regulado en el artículo 12 de este último cuerpo normativo, en contra del mismo acto que en esta sede se reclama.

3.- El pronunciamiento de la Seremi de Vivienda resulta obligatorio para la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad reclamada, en tanto se trata de la decisión del órgano técnico que, por un lado, está expresamente facultado por ley para la interpretación de los Instrumentos de Planificación Territorial y, por otro, ejerce supervigilancia y fiscalización sobre las decisiones adoptadas por las Direcciones de Obras Municipales en la aplicación de las normas constructivas y urbanísticas. Por lo demás, el acto de certificar no constituye más que una comprobación de la realidad, a la luz de los datos con que cuenta la autoridad que lo realiza, en un momento determinado, de modo que no corresponde atribuir al certificad de autos, el carácter de una autorización o una naturaleza invariable, en la medida que se cuente en el futuro con antecedentes que así lo ameriten (De la sentencia de reemplazo).

4.- No obsta a la conclusión de que la Dirección de Obras Municipales no cuenta con las facultades legales para actualizar el certificado de autos, la circunstancia de haberse dictado, por parte del Tribunal Tributario del Servicio de Impuestos Internos, la sentencia que resuelve el reclamo de la sobretasa de Impuesto Territorial aplicada en su oportunidad al Loteo autos, por cuanto, en lo que interesa al presente recurso, ella se limita a concluir que los terrenos se emplazan en la denominada “área urbanizable” de la comuna, al tenor del PRCH, en los mismos términos en que lo ha hecho la autoridad de Vivienda y Urbanismo, siendo esta última quien, conforme a sus facultades legales, ha resuelto el correcto sentido y alcance que correspondía atribuir a dicha calificación (De la sentencia de reemplazo).

Consulte sentencia a texto completo

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