Jurisprudencia Destacada Año 2020 N11

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 11 DE 2020

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO

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Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INDIRECTO – HONORARIOS – ACCIÓN DECLARATIVA – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Vásquez c/ Ilustre Municipalidad de San Ramón s/ Cometidos específicos – Municipalidades

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel

Sala: Sexta

Producto: Laboral

Aparece inconcuso, precisamente por la naturaleza y características de la relación existente entre las partes, tratándose de una tarea ocasional y específica, que esta se desarrolló adecuadamente en los términos de una prestación de servicios a honorarios comprendida en lo que prescribe y autoriza el artículo 4 de la Ley 18.883 para la contratación por los entes edilicios, tratándose de una profesional a quién se le encargó labores de apoyo y acompañamiento psicosocial en ciertos programas respecto de organizaciones sociales que implementó la Municipalidad demandada, y de quién en ningún caso se justificó que se encontraba sujeta a horario o a dependencia o subordinación.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de existencia de la relación laboral y nulidad del despido. Esto, debido a que no se configura la infracción de ley alegada al estimar que la contratación no configuraba una relación laboral pues la juez a quo razona que si bien la actora prestó servicios a la Municipalidad lo hizo en virtud de contratos a honorarios a raíz de convenios referidos a programas “Fosis”, renovados año a año, de carácter transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de la municipalidad y destinados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad. A la vez, que los contratos se reiteraron en el tiempo. A partir de dichas circunstancias fácticas aparece inconcuso, precisamente por la naturaleza y características de la relación existente entre las partes, tratándose de una tarea ocasional y específica, que esta se desarrolló adecuadamente en los términos de una prestación de servicios a honorarios comprendida en lo que prescribe y autoriza el artículo 4 de la Ley 18.883 para la contratación por los entes edilicios, tratándose de una profesional a quién se le encargó labores de apoyo y acompañamiento psicosocial en ciertos programas respecto de organizaciones sociales que implementó la Municipalidad demandada, y de quién en ningún caso se justificó que se encontraba sujeta a horario o a dependencia o subordinación.

 

RENTAS MUNICIPALES

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Ilustre Municipalidad de Viña del Mar c/ C y T Inversiones Limitada

Voces: DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – JUICIO EJECUTIVO – EXCEPCIONES – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – TRIBUTO – SOCIEDADES – INVERSIONES – OBJETO SOCIAL – PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ – Tributario

Un detenido estudio del sentido, alcance y ámbito de aplicación del artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, en armonía con los principios de reserva y legalidad que informan la legislación tributaria, ha conducido a definir que para la procedencia del tributo en cuestión, no basta con identificar una actividad lucrativa. Es necesario que se realice una actividad gravada, lo cual en el caso de las sociedades de inversión consistiría en la prestación de un servicio como lo sería una asesoría mediante profesionales que estudien el mercado y guíen a los inversionistas. En contraposición a ello, una sociedad de inversión que adquiere bienes solo con fines rentísticos, sin involucrar producción de bienes ni prestación de servicios, no incurre en el hecho gravado por el artículo 23 del Decreto Ley N°3.063.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte ejecutada en contra de la sentencia que rechazó las excepciones opuestas en procedimiento de cobro de patente municipal. Al respecto, la sociedad no presta servicios a terceros como tampoco ejerce una actividad terciaria, quedando en evidencia el desacierto de los sentenciadores al acudir únicamente al objeto social de la ejecutada para dar por establecido el hecho gravado, con prescindencia del necesario ejercicio efectivo de una actividad gravada, vulnerando así el principio de reserva legal que rige en materia tributaria. Dicha infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues la sentencia impugnada aplica el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales a un caso en que no se acreditó el ejercicio de una actividad gravada, y al razonar de esa manera, arribó a un pronunciamiento equivocado sobre la excepción del artículo 464 N°14 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Un detenido estudio del sentido, alcance y ámbito de aplicación del artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, en armonía con los principios de reserva y legalidad que informan la legislación tributaria, ha conducido a definir que para la procedencia del tributo en cuestión, no basta con identificar una actividad lucrativa. Es necesario que se realice una actividad gravada, lo cual en el caso de las sociedades de inversión consistiría en la prestación de un servicio como lo sería una asesoría mediante profesionales que estudien el mercado y guíen a los inversionistas. En contraposición a ello, una sociedad de inversión que adquiere bienes solo con fines rentísticos, sin involucrar producción de bienes ni prestación de servicios, no incurre en el hecho gravado por el artículo 23 del Decreto Ley N°3.063.

3.- El artículo 23 del Decreto Ley N°3.063 condiciona la obligación tributaria al ejercicio de una profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria; o bien, a que se ejerza una actividad primaria o extractiva. En ninguna de sus partes el artículo 23 del Decreto Ley N°3063 establece que las actividades lucrativas, en forma genérica, deban pagar patente municipal, lo cual debe concatenarse con los principios de la tributación en virtud de los cuales un patrimonio no puede gravarse por el sólo hecho de que exista, menos aún puede imponerse una obligación tributaria por un hecho que no está definido en la ley.

4.- La recta interpretación del artículo 23 del Decreto Ley N°3.063 no puede soslayar que la alusión a las sociedades de inversión solo tiene por finalidad explicitar el lugar de pago de la patente en la hipótesis que no exista un domicilio comercial, pero ello, ciertamente, siempre y cuando se verifique el hecho gravado por el Decreto Ley Nº 3.063. En ningún caso puede entenderse que la referida mención constituya a las sociedades de inversión en sujetos del gravamen municipal, por su sola naturaleza y con prescindencia del ejercicio efectivo de una actividad gravada, teniendo además en consideración que en la historia fidedigna de esta disposición tampoco se advierte una intención en tal sentido.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – COMERCIO AMBULANTE

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Contreras c/ Ilustre Municipalidad de Bulnes

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes -docentes del sector municipal-, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los docentes del sector municipal en contra de la sentencia que rechazó su demanda contra la Municipalidad por el aumento de la bonificación proporcional de la Ley N° 19.933 . Esto, dado que, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada “bonificación proporcional mensual”, pero que la Ley N° 19.933 , como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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Carrizo c/ Ilustre Municipalidad de Arica

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCIÓN DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – PRESCRIPCIÓN – CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN – IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR – IN DUBIO PRO OPERARIO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

El derecho a reclamar el reconocimiento de una relación laboral que es desconocida por el empleador, puede ser impetrada no sólo durante toda su vigencia, sino también después de su finalización, pero en ambos casos, el plazo de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso término, ello, según la correcta interpretación del inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que acogió la excepción de prescripción opuesta por la municipalidad al estimar que la acción declarativa de certeza derivada del inciso primero del artículo 8 del Código del Trabajo se encuentra sujeto al mismo plazo de prescripción que el resto de las acciones laborales contempladas en el artículo 510 del mismo texto, esto es, dos años desde que nace el vínculo jurídico cuyo reconocimiento laboral se pretende, razón por la cual, las deducidas en la especie, se encuentran prescritas. Al respecto, yerra la sentencia impugnada pues la doctrina establecida dicho fallo pugna con la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo en el cual se inserta la discusión concluyéndose que el derecho a reclamar el reconocimiento de una relación laboral que es desconocida por el empleador, puede ser impetrada no sólo durante toda su vigencia, sino también después de su finalización, pero en ambos casos, el plazo de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso término, ello, según la correcta interpretación del inciso primero del artículo 510 del cuerpo legal citado. La problemática en este caso, no gira en torno a la extensión del plazo de prescripción, sino en la determinación del inicio de su cómputo, pues como reconoce la doctrina, no es razonable colocar al trabajador en la obligación de demandar a su empleador encontrándose vigente el contrato de trabajo pues el miedo al despido puede forzar al trabajador a renunciar a parte de sus derechos, y que la renuncia durante la relación laboral no puede ser considerada como la libre expresión de la voluntad negocial del trabajador.

2.- El derecho del trabajo, en cuanto disciplina jurídica especializada y autónoma, surge sobre la base de consideraciones concretas que tienen por objeto reparar el desequilibrio evidente que fluye en las relaciones de trabajo entre el empleador y el trabajador, por cuanto el primero se beneficia de los servicios del segundo a fin de favorecer su emprendimiento, organizando la fuerza de trabajo para la consecución de logros que lo favorecen, mientras que aquel, coloca a su disposición sus esfuerzos físicos e intelectuales, sometiéndose a su subordinación y dependencia, a cambio de un salario o remuneración, que normalmente corresponde a la fuente de su sustento individual o familiar. Dicha asimetría material coloca al trabajador en una posición desmejorada que atenta contra el ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad -base y fundamento de legitimidad del derecho contractual-, lo que justifica la introducción de elementos que buscan equiparar ambas posiciones, y lograr una real alteridad en la dinámica convencional, que, en la especie, se plasman en los denominados principios del derecho del trabajo, y su carácter finalista y tutelar, medidas y principios que buscan otorgar debida protección a la parte estructuralmente débil en la dinámica de las relaciones laborales, reconocida en consideración a la paradigmática falta de isonomía que existe entre un trabajador individual y el empleador, no sólo en materia de negociación del contenido contractual de la relación de trabajo, sino, incluso, en la definición de su naturaleza, contexto en que debe ser analizada la materia de derecho objeto del recurso de unificación, esto es, el cómputo de la prescripción de la acción destinada a obtener la declaración de existencia de un vínculo laboral controvertido, de cuyo éxito depende el pronunciamiento favorable respecto el cobro de los otros derechos cuya condena el actor persigue.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – COMERCIO AMBULANTE

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Mejías y otros c/ Ilustre Municipalidad de Bulnes

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes -docentes del sector municipal-, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los docentes del sector municipal en contra de la sentencia que rechazó su demanda contra la Municipalidad por el aumento de la bonificación proporcional de la Ley N° 19.933 . Esto, dado que, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los docentes en contra de la sentencia que rechazó la demanda pues la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador. (Del voto en contra de los ministros señor Blanco y señor Zepeda).

4.- La sustitución de la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual que establecida en las leyes dictadas con posterioridad a su consagración, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N°19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado. (Del voto en contra de los ministros señor Blanco y señor Zepeda).

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – COMERCIO AMBULANTE

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Acevedo Abarca, Magaly c/ Ilustre Municipalidad de Santiago

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – PATENTE MUNICIPAL – VENTA AMBULANTE – CONYUGES – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PLAZO – PRESENTACION EXTEMPORANEA – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

Pese a que la actora presentó la solicitud fuera de plazo, la negativa de la municipalidad recurrida de otorgarle a la actora el permiso de ocupación para el comercio ambulante del que era titular su cónyuge es, a lo menos, arbitraria, pues carece de razonabilidad otorgar el permiso a una persona que se encontraría en una situación «extremadamente precaria», como ocurrió en otro caso con anterioridad también presentada fuera de plazo y, en cambio, denegarlo respecto de otra que se haya en una situación bastante similar. Ello, sin duda, vulnera la garantía de igualdad ante la ley establecida en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que el Municipio recurrido ha dado un trato diferenciado a la recurrente respecto de otra persona, que se encontraba en una situación del todo análoga, otorgando a esta última el permiso y negándolo en el caso de la actora.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la Municipalidad contra la sentencia que acogió un recurso de protección interpuesto en su contra por su trato discriminatorio respecto del permiso municipal de la recurrente. Esto, dado que la negativa de la municipalidad de otorgar del beneficio denominado “entrega y otorga” que le correspondía a la recurrente luego del fallecimiento de su cónyuge, con el objeto de continuar desarrollando una actividad económica lícita en la vía pública, se fundó en que la recurrente presentó la solicitud en forma extemporánea, señalando que en los casos en que se concedió dicho beneficio la solicitud fue realizada dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la muerte o incapacidad del titular del permiso por lo que no se configuraría un trato discriminatorio respecto de la recurrente. Al respecto, si bien es efectivo lo que sostiene la municipalidad, de que en cuatro de los cinco casos singularizados en el motivo noveno suprimido del fallo impugnado, los interesados solicitaron la renovación del permiso dentro del plazo, no ocurrió lo propio en uno de ellos en que se presentó la solicitud fuera de plazo. No obstante ello, el Municipio igualmente le otorgó el permiso por tratarse de un caso de extrema precariedad económica. De este modo, la negativa de la municipalidad recurrida de otorgarle a la actora el permiso de ocupación para el comercio ambulante del que era titular su cónyuge es, a lo menos, arbitraria, pues carece de razonabilidad otorgar el permiso a una persona que se encontraría en una situación «extremadamente precaria», como ocurrió en otro caso con anterioridad también presentada fuera de plazo y, en cambio, denegarlo respecto de otra que se haya en una situación bastante similar. Ello, sin duda, vulnera la garantía de igualdad ante la ley establecida en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que el Municipio recurrido ha dado un trato diferenciado a la recurrente respecto de otra persona, que se encontraba en una situación del todo análoga, otorgando a esta última el permiso y negándolo en el caso de la actora. para los efectos de la presente acción cautelar, de lo expuesto es posible establecer que la negativa de la recurrida de otorgarle a la actora el permiso solicitado es, a lo menos, arbitraria, pues carece de razonabilidad otorgar el permiso a una persona que se encontraría en una situación “extremadamente precaria” (sin que la misma se haya justificado en autos) y, en cambio, denegarlo respecto de otra que se haya en una situación bastante similar.

2.- Ello, sin duda, vulnera la garantía de igualdad ante la ley establecida en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que el Municipio recurrido ha dado un trato diferenciado a la recurrente respecto de otra persona, que se encontraba en una situación del todo análoga, otorgando a esta última el permiso y negándolo en el caso de la actora. Por esta razón, el recurso de apelación interpuesto por la recurrida no puede ser acogido.

3.- De acuerdo con el informe social de fecha 7 de mayo de 2019, elaborado por la Asistente Social de la Municipalidad de Isla de Maipo doña Marcela Muñoz Verdejo, la recurrente presenta una situación económico-social bastante precaria, puesto que tiene 63 años, cursó sólo hasta 7° año de enseñanza básica, padece artrosis en la rodilla derecha, y vive de allegada en el domicilio de su hija, antecedentes que son coincidentes con aquellos que la propia recurrente aportó en la solicitud de reconsideración de fecha 14 de junio de 2019, ante la corporación recurrida.

 

RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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Valdés Contreras, Pablo c/ Ilustre Municipalidad de Casablanca

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – FUNCIONARIOS PUBLICOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – PRIMACIA DE LA REALIDAD – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Los servicios prestados por el actor no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios y por lo tanto, devienen en la existencia de un vínculo laboral entre las partes, teniendo en consideración que se trata de una prestación de servicios que en la faz de la realidad concreta, no puede entenderse como un cometido específico, dada, principalmente, su extensión temporal, y el hecho de tratarse de la ejecución de tareas cuya descripción contractual da cuenta de funciones de naturaleza genérica, como es la labor de «apoyo» y «coordinación» en la implementación, articulación y coordinación de una política comunal de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo y control de drogas, lo que da cuenta de un sinnúmero de labores imposibles de precisar, y que otorgan al empleador un abanico de posibilidades que inciden, necesariamente, en un poder de mando y disposición amplio y que constituyen una relación sujeta a dependencia y subordinación.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral, pero sólo respecto de un período de los servicios prestados y no respecto de la duración completa de la prestación de servicios. Al respecto, yerra la sentencia impugnada pues los servicios prestados por el, durante toda la extensión de su duración, esto es, desde la suscripción del primer convenio de honorarios, no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, y por lo tanto, devienen en la existencia de un vínculo laboral entre las partes, teniendo en consideración que se trata de una prestación de servicios que en la faz de la realidad concreta, no puede entenderse como un cometido específico, dada, principalmente, por su extensión temporal, y el hecho de tratarse de la ejecución de tareas cuya descripción contractual da cuenta de funciones de naturaleza genérica, como es la labor de “apoyo” y “coordinación” en la “implementación, articulación y coordinación de una política comunal de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo y control de drogas”, lo que da cuenta de un sinnúmero de labores imposibles de precisar, y que otorgan al empleador un abanico de posibilidades que inciden, necesariamente, en un poder de mando y disposición amplio, por lo que dicha relación, claramente configura una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía en cambio una remuneración. Tal conclusión se evidencia tomando en consideración, principalmente, la circunstancia de tratarse del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad por más de 10 años, lo que impide estimar que se desarrollaron conforme las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883.

2.- Se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia respecto de la aplicación de la sanción de nulidad del despido, pues no yerra la sentencia impugnada al rechazar la sanción toda vez que si bien es indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, siendo la regla general en esta materia la procedencia de la sanción de la nulidad del despido en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base. Sin embargo, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado – entendida en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.575-, pues en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

 

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