Jurisprudencia Destacada Año 2020 N12

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 12 DE 2020

 

ABANDONO DE PROCEDIMIENTO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – DESARCHIVO

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García c/ Ilustre Municipalidad de Viña del Mar

Voces: CIVIL – INCIDENTES – ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO – IMPULSO PROCESAL – DESARCHIVO DEL EXPEDIENTE – GESTION UTIL – NOTIFICACIONES PROCESALES – RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: MJ

La solicitud de desarchivo fue formulada antes de que se completaran seis meses cabales, y debe ser considerada como un acto útil para dar curso progresivo a los autos, desde que es la única diligencia cuya realización habría de permitir que se verificase la notificación a la parte demandada de la resolución que recibe la causa a prueba, con lo que no se han satisfecho los parámetros del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil. De este modo, los sentenciadores, al declarar el abandono del procedimiento, se han apartado de la hipótesis que responde a los elementos basales que cimentan esa figura jurídica, puesto que en la especie no alcanzó a completarse el término de seis meses que el legislador contempla para tal efecto.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando la de primer grado, acogió el incidente de abandono del procedimiento en juicio por indemnización de perjuicios por falta de servicio. Esto, dado que, el día 29 de noviembre del año 2017 el tribunal de primer grado recibió la causa a prueba, en tanto que con fecha 28 de mayo de 2018 la parte demandante solicitó el desarchivo de los antecedentes, a la vez que se dio por notificada de la referida interlocutoria, actuaciones que revisten una manifiesta utilidad, pues son necesarias para avanzar en el proceso una vez terminada la etapa de discusión, a la vez que denotan clara e inconfundiblemente la voluntad del actor en orden a proseguir con la tramitación del juicio. Al respecto, los sentenciadores de alzada, al declarar el abandono del procedimiento, se han apartado de la hipótesis que responde a los elementos basales que cimentan esa figura jurídica, puesto que en la especie no alcanzó a completarse el término de seis meses que el legislador contempla para tal efecto.

2.- La solicitud de desarchivo de 23 de noviembre 2018 fue formulada antes de que se completaran seis meses cabales, contados desde el 28 de mayo de 2018, y debe ser considerada, además, como un acto útil para dar curso progresivo a los autos, desde que es la única diligencia cuya realización habría de permitir que se verificase, enseguida, la siguiente actuación, esto es, la notificación a la parte demandada de la resolución que recibe la causa a prueba, con lo que no se han satisfecho en la especie los parámetros previstos en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, pues es evidente que no pudo estar motivada por otro interés que el de arribar con posterioridad a un estado procesal apto para la decisión de la pretensión contenida en la demanda, máxime si en su texto se expresa de manera formal y categórica que es planteada precisamente con ese fin. En consecuencia, y conforme a lo razonado, aparece con nitidez que la resolución de 23 de noviembre de 2018, por cuyo intermedio se resolvió el mencionado escrito, es la última recaída en alguna gestión útil destinada a dar curso progresivo a los autos y, por ende, determina el inicio del cómputo del plazo del abandono del procedimiento alegado. Conforme a tales antecedentes, forzoso es concluir que entre el 23 de noviembre de 2018, fecha de la citada resolución, y la formulación del incidente de abandono del procedimiento, que fuera presentado el 5 de diciembre de ese mismo año, no transcurrió el plazo de seis meses previsto en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

3.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, pues la sentencia recurrida aplica correctamente la normativa que regula esta materia al acoger el incidente de abandono del procedimiento de que se trata, considerando que en la especie transcurrieron más de seis meses sin que las partes hayan concretado diligencias útiles para que el proceso progresara a su siguiente etapa; en efecto, habiendo sido dictada sentencia interlocutoria de prueba con fecha 29 de noviembre de 2017, el único medio procesal útil para dar inicio a la etapa probatoria estaba constituido por la notificación de dicha resolución a todas las partes del juicio, diligencia que, como es evidente, queda comprendida en la esfera del impulso procesal de parte, precisamente del actor, quien, sin embargo, no cumplió con dicha carga de manera oportuna. (Del voto en contra del Ministro suplente señor Zepeda)

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO

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Miranda c/ Ilustre Municipalidad de San Miguel

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – CALIFICACION LEGAL – PONDERACION DE LA PRUEBA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

Acierta la sentencia impugnada al concluir que las labores que desempeñó el actor se condicen con un contrato a honorarios, celebrado con la municipalidad, en el ámbito de las facultades que le confiere el artículo 4° de la Ley 18.883. En efecto, el funcionario desempeñó determinados cometidos, de carácter transitorio y que dicen relación con programas desarrollados en beneficio de la comunidad, que debían ser aprobados anualmente, dictándose el correspondiente decreto alcaldicio.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de existencia de relación laboral y despido injustificado al estimar que las labores que desempeñó el actor se condicen con un contrato a honorarios, celebrado con la municipalidad, en el ámbito de las facultades que le confiere el artículo 4° de la Ley 18.883. En efecto, el funcionario desempeñó determinados cometidos, de carácter transitorio y que dicen relación con programas desarrollados en beneficio de la comunidad, que debían ser aprobados anualmente, dictándose el correspondiente decreto alcaldicio. Al respecto, acierta la sentencia pues la municipalidad se encontraba especialmente facultada para haber contratado al actor sobre la base de honorarios, puesto que de conformidad a la plataforma fáctica precedentemente reseñada, no controvertida por quién recurre su vinculación se desarrolló dentro de los presupuestos que exige el marco legal que se establece para el caso el artículo 4° de la Ley N°18.883 y, en consecuencia se rige por las reglas que establece el respectivo contrato, como se consigna en el fallo impugnado.

2.- La circunstancia de tratarse de una función privativa de la municipalidad, no se contrapone a que la actividad de promoción de desarrollo comunitario sea contratada a honorarios.

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RECLAMO DE ILEGALIDAD – LICITACIÓN PÚBLICA

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Cosemar S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Arica

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – LICITACIÓN PÚBLICA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – SERVICIOS PÚBLICOS – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Arica

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – MJ

A pesar de lo alegado por el reclamante, no se ha establecido por parte de la reclamada, una nueva facultad en orden a fijar frecuencias diferentes -superiores o inferiores- a las determinadas de antemano en las bases, sino que únicamente su reprogramación, resultando evidente que en relación a las mentadas bases de licitación, los rangos en que está expresada la frecuencia de las acciones de limpieza, no es posible de mutar, materia que es distinta a la cantidad de veces que la Municipalidad puede fijar y exigir para desarrollar las acciones de aseo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto por la empresa reclamante en contra de la resolución administrativa. Esto, dado que no se ha establecido por parte de la reclamada, como alega el reclamante, una nueva facultad en orden a fijar frecuencias diferentes -superiores o inferiores- a las determinadas de antemano en las bases, sino que únicamente su reprogramación, resultando evidente que en relación a las mentadas bases de licitación, los rangos en que está expresada la frecuencia de las acciones de limpieza, no es posible de mutar, materia que es distinta a la cantidad de veces que la Municipalidad puede fijar y exigir para desarrollar las acciones de aseo.

2.- Las bases técnicas de la licitación establecieron de forma axiomática las frecuencias, con que se deben desarrollar las acciones de aseo y limpieza, utilizándose la formula «de» y «hasta» lo que significa, en la práctica, que existe un rango limitado por acciones mínimas y máximas, no habiendo podido la Municipalidad exigir una cantidad inferior o superior a ésta. Las aludidas bases, establecieron una categoría, dentro del cual la empresa deberá actuar, rango en que se ha fijado un número de acciones a realizar, por lo que la reclamante debe realizarlas de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad en su plan de trabajo, lo que implica que se pueda requerir efectuar el mínimo de número de acciones, el máximo, o bien, una cantidad intermedia, siempre con la limitación de encontrarse en el intervalo que se ha fijado en las condiciones pactadas, siendo una cuestión distinta, el horario en que dichas acciones deberán ejecutarse, que no aparece fijado en las bases de licitación.

3.- El acto que se reclama de una manera parcial no sólo no tiene el carácter de ser contrario a derecho, sino que se limita a cumplir lo que mandata el artículo 10 de la Ley N° 19.886, que contiene las bases sobre las contrataciones administrativas de suministro de bienes y prestación de servicios, el cual refiere que: «Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán siempre aprobadas previamente por la autoridad competente». De esta forma, se deduce que, en lo consignado en el acto en cuestión, se alude únicamente a una análoga temática contenida en las bases de licitación, que evidentemente la reclamante conocía y que tuvo en cuenta al momento de participar en la respectiva licitación, sin que la Municipalidad reclamada, en el referido acto, haya mutado la sustancia de dichos presupuestos técnicos.

4.- En las mismas bases administrativas se consignó que las frecuencias y modalidades de limpieza, podrían ser modificadas por la Municipalidad por razones fundadas, debiendo quedar reflejado en el plan de trabajo de dicho municipio, lo que guarda concordancia con lo preceptuado en el punto 1.8. de las referidas bases, que se denomina «Facultad de Interpretación de la Municipalidad», donde se refiere: «la Municipalidad estará siempre facultada, durante todo el proceso licitatorio incluida la etapa de ejecución del contrato, para efectuar la interpretación de las presentes bases administrativas, bases técnicas, sus anexos, y/o formularios, el contrato suscrito, así como del resto de documentos que de acuerdo al punto 1.4., se entienden formar parte de la presente licitación, siempre que ello no implique la modificación del contenido de las mismas.», y agrega «Para estos efectos, la normativa y antecedentes de la licitación indicados en el punto 1.4. de las presentes bases, servirán de base principal para la solución en caso de discrepancia, debiendo ser interpretados en forma armónica con los objetivos, naturaleza de los servicios objeto de la presente licitación y/o los intereses de la Municipalidad.», y se añade que en caso de contradicción con el contenido de la oferta, primarán las bases administrativas.

5.- La Municipalidad reclamada suscribió un contrato con la reclamante, por la cual esta última se obligó a prestar el servicio integral de aseo en las vías públicas de la comuna, todo ello en conformidad a las bases administrativas, técnicas y económicas que rigieron la Propuesta Pública. Por otro lado, se debe considerar que el acto reprochado de ilegal, estampa que, para establecer la periodicidad que en definitiva se hará exigible a la ahora reclamante, el plan de trabajo establecido por la Municipalidad y al cual refiere el número seis de las bases técnicas del pliego de condiciones, establecerá no solo los horarios en que se deben prestar los servicios, sino puede establecer el punto de partida y el término de los trayectos, las medidas y compensaciones que debe entregar la empresa y las reprogramaciones de frecuencia.

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DOCENTES – DESCUENTO DE REMUNERACIÓN – PARALIZACIONES

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Arriagada y otros c/ Ilustre Municipalidad de Valdivia

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – DOCENTES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – DESCUENTO EN LAS REMUNERACIONES – HUELGA – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

Los descuentos realizados por el municipio recurrido revisten una manifiesta antijuridicidad, puesto que no hubo una indagación previa a fin de determinar la identidad precisa de aquellos que tuvieron participación en la paralización a nivel nacional en la que participaron los docentes, en cuya resolución firme y una vez afinada se basaran los descuentos a sus remuneraciones, debiéndose haber dilucidado los hechos que originaron la sanción a través de la instrucción de una investigación en la que se determinaran completamente las identidades de los involucrados y los hechos constitutivos de la infracción y de aquellos elementos que agraven o mitiguen la falta cometida o que los eximieran de responsabilidad, en su caso.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por los docentes en contra de la municipalidad por el acto consistente en efectuar descuentos en sus remuneraciones producto de su participación en una paralización nacional. Al respecto, las circunstancias que motivaron la medida cuestionada no consisten en el incumplimiento de la obligación de los recurrentes de asistir a su jornada de trabajo, sino que en la paralización de actividades con ocasión de un paro de los docentes a nivel nacional, hechos que habrían constituido una infracción a la prohibición de «dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales», que establece el artículo 82 letra i) de la Ley Nº 18.883. La diferencia destacada conduce a entender las ausencias como una circunstancia distinta de lo cotidiano, con trascendencia más allá de lo puramente personal. Así, configurándose una eventual falta a los deberes funcionarios, ello podría traer aparejado para los profesores infractores posibles medidas disciplinarias, para cuya imposición se requiere necesariamente que la responsabilidad administrativa se acreditara mediante una investigación sumaria o sumario administrativo que en el caso no fue realizada, de modo que el municipio recurrido vulneró la garantía del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que se privó a los recurrentes de una parte de sus remuneraciones al atribuírseles una presunta responsabilidad administrativa que no fue previamente establecida mediante una completa investigación disciplinaria.

2.- Los descuentos realizados por el municipio recurrido revisten una manifiesta antijuridicidad, puesto que no hubo una indagación previa a fin de determinar la identidad precisa de aquellos que tuvieron participación en los hechos denunciados en el recurso de protección, en cuya resolución firme y una vez afinada se basaran los descuentos a sus remuneraciones, debiéndose haber dilucidado los hechos que originaron la sanción a través de la instrucción de una investigación en la que se determinaran completamente las identidades de los involucrados y los hechos constitutivos de la infracción y de aquellos elementos que agraven o mitiguen la falta cometida o que los eximieran de responsabilidad, en su caso.

3.- Corresponde confirmar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección toda vez que los recurrentes no han acreditado la existencia de un derecho indubitado y preexistente de aquellos cuyo imperio la Corte debe proteger por esta vía cautelar de urgencia, razón suficiente para concluir que la presente acción debió ser rechazada, sin perjuicio de otras acciones que puedan corresponder a los actores. (Del voto en contra del Abogado Integrante señor Quintanilla).

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PROBIDAD ADMINISTRATIVA – DESTITUCIÓN

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A. c/ Ilustre Municipalidad de Paine

Voces: RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PUBLICOS – HONORARIOS – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – MÉDICOS – PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO – SUMARIO ADMINISTRATIVO – DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ – Laboral

Si bien las personas contratadas a honorarios están sujetas a un régimen especial, igualmente desempeñan una función pública y, en consecuencia, es aplicable el Estatuto del Derecho Administrativo, y en lo que interesa al recurso, las normas generales y especiales sobre probidad administrativa. En la especie, el sumario administrativo que se realizó al médico por no haber examinado exhaustivamente ni realizado exámenes mínimos a la paciente quien falleció posteriormente en su domicilio, fue tramitado en plena observancia de las normas legales, específicamente conforme a los requerimientos de la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, con pleno respeto de la garantía del debido proceso, en un procedimiento racional y justo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el profesional contra la sentencia que rechazó su recurso de protección interpuesto contra la institución por la resolución que dispone el término de sus servicios por infracción a la probidad administrativa. Esto, dado que, el sumario administrativo llevado a cabo en contra del recurrente (por no haber examinado exhaustivamente los antecedentes ni realizado exámenes mínimos requeridos para el motivo de ingreso de la paciente, que presentaba dolor al pecho no traumático, sin indagarse respecto de las caracteristicas del dolor, esencial para un diagnóstico certero, ni indicado un electrocardiograma, recurso disponible en el servicio, respecto de la persona que falleció posteriormente en su domicilio) ha sido tramitado en plena observancia de las normas legales, específicamente conforme a los requerimientos de la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, con pleno respeto de la garantía del debido proceso, en un procedimiento racional y justo, sustanciado por autoridad competente que en el ejercicio de sus facultades legales, dispuso la terminación de la relación laboral para un caso en que se configuró la causal de infracción grave al principio de probidad administrativa que justifica dicha medida. De este modo, aparece que el recurrido se ha ajustado en su actuar al orden legal, de modo que no se ha podido acreditar en su obrar la existencia de alguna ilegalidad o arbitrariedad que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección.

2.- Si bien las personas contratadas a honorarios como acontece con el recurrente, están sujetas a un régimen especial, igualmente desempeñan una función pública y, en consecuencia, le es aplicable el Estatuto del Derecho Administrativo, y en lo que nos interesa al recurso las normas generales y especiales sobre probidad administrativa, entre las cuales están las causales de cesación de funciones.

3.- El artículo 123 de la Ley Nº18.883 que contiene el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales establece expresamente la sanción de destitución, al definirla como la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario, cuya procedencia, además de los casos taxativos que la referida norma indica, concurre también «sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa». Aun cuando el legislador no entrega una definición precisa de probidad, sí se encarga de señalar circunstancias que nunca pueden dejar de ser consideradas las que, si faltan en las conductas respectivas, podrán ser consideradas como una falta a la probidad. Dicho concepto no se agota pues, en la enunciación de tales circunstancias, por lo que corresponde su determinación en definitiva a la valoración del órgano sancionador que debe ser tomada conforme a las reglas que rigen los procedimientos administrativos, cuando los hechos que la configuran representen un grave quebranto del proceder recto y honesto que siempre ha de ser exigido en toda actividad.

4.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por el médico, pues la Municipalidad recurrida incurrió en un acto ilegal y arbitrario, al poner término a la relación contractual derivada de un contrato de honorarios celebrado con el actor, por la vía de un sumario administrativo. (Del voto en contra de la Ministra Sra. Sandoval y del Abogado Integrante Sr. Lagos)

5.- El recurrente, como profesional contratado a honorarios -hecho no controvertido en la causa- por la Municipalidad recurrida, no tiene la calidad de funcionario público y su relación con esta última, se rige exclusivamente por las estipulaciones del contrato a honorarios celebrado con ella y por las correspondientes normas civiles de arrendamiento de servicios inmateriales, no aplicándose las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. (Del voto en contra de la Ministra Sra. Sandoval y del Abogado Integrante Sr. Lagos).

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RECURSO DE QUEJA – JUICIO DE CUENTAS – TRANSACCIÓN

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Álvarez Sapunar, Emilia y otras c/ González Vargas, Odette y otros

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – RENDICIÓN DE CUENTAS – TRANSACCIÓN – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – PLAZOS DE CADUCIDAD – RECURSO DE QUEJA – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – MJ

En cumplimiento del contrato y de la resolución que lo aprobó, la Municipalidad se encontraba legalmente obligada a erogar el monto cuya restitución se pretende imponer a los cuentadantes mediante el reparo formulado, de manera tal que, en caso de no haberlo hecho, habría incurrido en una conducta contraria a derecho. Incluso entendiendo que el acuerdo del Concejo Municipal que autorizó al Alcalde para transigir no se ajustó a la recta interpretación de lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.501, éste se concretó en un contrato cuyo cuestionamiento escapa al ámbito de la competencia de la Contraloría General de la República.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de queja interpuesto por las demandadas (concejales de la municipalidad) en juicio de cuentas en contra de los ministros que dictaron la sentencia que confirmó el fallo de primer grado, acogiendo el reparo formulado por el Contralor Regional. Esto, dado que los recurridos han incurrido en falta o abuso grave al omitir que el reparo desconoció los efectos de un equivalente jurisdiccional capaz de producir cosa juzgada. Así, en cumplimiento del contrato y de la resolución que lo aprobó, la Municipalidad se encontraba legalmente obligada a erogar el monto cuya restitución se pretende imponer a los cuentadantes mediante el reparo formulado, de manera tal que, en caso de no haberlo hecho, habría incurrido en una conducta contraria a derecho.

2.- Incluso entendiendo que el acuerdo del Concejo Municipal que autorizó al Alcalde para transigir no se ajustó a la recta interpretación de lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.501, lo cierto es que éste se concretó en un contrato, plenamente vigente, y cuyo cuestionamiento escapa al ámbito de la competencia que la Constitución Política de la República y la ley entregan a la Contraloría General de la República.

3.- El egreso ilegal que se pretende reparar supuso la previa consolidación de dos actos diversos: (i) El contrato de transacción celebrado por el Alcalde, previa aprobación por el Concejo Municipal integrado por los quejosos; y, (ii) la resolución judicial que lo tuvo por aprobado. Sin embargo, es un hecho inconcuso que ambos actos se mantienen plenamente vigentes. En este orden de ideas, el acuerdo del Concejo Municipal y el contrato de transacción no han sido objeto de declaración de nulidad de derecho público, mientras que, intra proceso, no ha existido impugnación alguna en contra de la resolución citada.

4.- Corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por las demandadas en contra de los ministros que dictaron la sentencia que confirmó el fallo de primer grado, acogiendo el reparo formulado por el Contralor Regional. Esto, dado que no concurre falta o abuso grave, por cuanto el contrato de transacción resulta contrario a derecho, ya que su objeto era jurídicamente improcedente. Por lo demás, la resolución que lo tuvo por aprobado lo hizo en todo lo que no fuere contrario a derecho, y así, en la especie, se está dentro de la situación de excepción prevista por el propio tribunal (Del voto de minoría del abogado integrante sr. Álvaro Quintanilla P.).

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