Corte Suprema acogió apelación y ordena a municipio la reincorporación de inspectora a colegio

La pérdida de confianza por expirar el período de nombramiento del director no lleva aparejada necesariamente la desvinculación, más aún si la recurrente se encontraba embarazada

En días recientes, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de apelación interpuesto por inspectora de un colegio en contra de la sentencia que no dio lugar a una acción cautelar de protección deducida contra el acto administrativo del municipio sostenedor del colegio que terminó su contrato con el colegio mientras se encontraba embarazada, fundada en que su cargo expiró al expirar el de dirección, al tratarse de un cargo de exclusiva confianza de la Dirección del Establecimiento Educacional de conformidad el artículo 34 C de la Ley N° 19.070, de Estatuto Docente. Los sentenciadores consideraron que: «resulta posible colegir que el cargo de Inspector General, si bien es de exclusiva confianza del Director del Establecimiento Educacional conforme con el artículo 34 C de la Ley N° 19.070, no necesariamente ha de expirar con el vencimiento del plazo asignado por la ley al Director del establecimiento, el cual es del cinco años de acuerdo con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 32 bis de dicho Estatuto. En efecto, la expiración del período legal de nombramiento del Director no conlleva necesariamente la «pérdida de la confianza» a que se refiere el artículo 34 C, puesto que es evidente que el nuevo Director que designe el sostenedor puede ratificar en su cargo al Inspector General, con lo cual desaparece el principal argumento esgrimido por la recurrida para oponerse a la presente acción constitucional«.

Además, agregaron: «incluso si la recurrida acertara en la interpretación de los artículos 32 bis y 34 C de la Ley N° 19.070, la pérdida de confianza no se traduce necesariamente en la desvinculación del docente, toda vez que el inciso tercero de la última de las disposiciones es claro al señalar que, en ese evento (pérdida de la confianza del funcionario contratado conforme el artículo 34 C), el sostenedor puede optar entre dos alternativas: a) que continúe desempeñándose en caso de que exista disponibilidad, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º de esta ley en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación Municipal; o b) poner término a su relación laboral con una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de once, descontada la asignación que establece el artículo 51 de esa ley.
Lo anterior es relevante, pues evidencia que la sola pérdida de la confianza no trae consigo la desvinculación automática del docente, siendo necesario que el sostenedor ejerza el derecho de opción establecido en el inciso 3° del artículo 34 C. En este caso, de acuerdo al propio razonamiento de la recurrida, el vencimiento del plazo de la actora se verificaría el 31 de julio de 2019, lo cual significa que -a la fecha en que se emite el acto cuestionado- la actora todavía contaba con la confianza de la Directora y no se encontraba desvinculada«.

Por último agregaron que «al no reconocerse el derecho a fuero maternal que amparaba a la actora, la recurrida ha cometido un acto ilegal, al desatender lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo, siendo, además, arbitrario porque la negativa se sustenta en un dictamen de la Contraloría que no resultaba aplicable al caso, afectándose la garantía de igualdad ante la ley, pues ha dado a la recurrente un trato diferenciado en relación con aquellas trabajadoras embarazadas a quienes sí reconoce el derecho a fuero maternal». Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación:

AHUMADA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ305527
Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – PROTECCION DE LA MATERNIDAD – FUERO MATERNAL – PERDIDA DE CONFIANZA – PLAZO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La expiración del período legal de nombramiento del Director no conlleva necesariamente la «pérdida de la confianza» a que se refiere el artículo 34 C del Estatuto Docente, puesto que es evidente que el nuevo Director que designe el sostenedor puede ratificar en su cargo al Inspector General. Además, la sola pérdida de la confianza no trae consigo la desvinculación automática del docente, siendo necesario que el sostenedor ejerza el derecho de opción establecido en el inciso 3° del artículo 34 C. En la especie, a la fecha en que se emite el acto de expiración del cargo, la actora todavía contaba con la confianza de la Directora y no se encontraba desvinculada, por lo que al no reconocerse el derecho a fuero maternal que amparaba a la actora, la recurrida ha cometido un acto ilegal, al desatender lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por la Inspectora General en contra de la municipalidad por el acto consistente en la expiración del contrato de trabajo como inspectora general que desempeñaba, en circunstancias que a esa fecha se encontraba embarazada. Al respecto, en la especie, de acuerdo al propio razonamiento de la recurrida, el vencimiento del plazo de la actora se verificaría el 31 de julio de 2019, lo cual significa que -a la fecha en que se emite el acto cuestionado- la actora todavía contaba con la confianza de la Directora y no se encontraba desvinculada. De modo que al no reconocerse el derecho a fuero maternal que amparaba a la actora, la recurrida ha cometido un acto ilegal, al desatender lo dispuesto en el artículo 201 (REf:LEG8568.201) del Código del Trabajo, siendo, además, arbitrario porque la negativa se sustenta en un dictamen de la Contraloría que no resultaba aplicable al caso, afectándose la garantía de igualdad ante la ley, pues ha dado a la recurrente un trato diferenciado en relación con aquellas trabajadoras embarazadas a quienes sí reconoce el derecho a fuero maternal.

2.- El cargo de Inspector General, si bien es de exclusiva confianza del Director del Establecimiento Educacional conforme con el artículo 34 C de la Ley N° 19.070, no necesariamente ha de expirar con el vencimiento del plazo asignado por la ley al Director del establecimiento, el cual es del cinco años de acuerdo con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 32 bis de dicho Estatuto. En efecto, la expiración del período legal de nombramiento del Director no conlleva necesariamente la «pérdida de la confianza» a que se refiere el artículo 34 C, puesto que es evidente que el nuevo Director que designe el sostenedor puede ratificar en su cargo al Inspector General, con lo cual desaparece el principal argumento esgrimido por municipalidad. Además, la sola pérdida de la confianza no trae consigo la desvinculación automática del docente, siendo necesario que el sostenedor ejerza el derecho de opción establecido en el inciso 3° del artículo 34 C.

3.- El Estado de Chile ha adquirido el deber de proteger la maternidad a través de reglas universales, esto es, que resulten aplicables a la totalidad de las trabajadoras del país que prestan servicios personales bajo vínculo de subordinación y dependencia, independiente de si el trabajo se ejecuta en el ámbito público o privado. El Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto de 2018 del Contralor General va en la misma dirección al reconsiderar su jurisprudencia anterior y extender el derecho a fuero maternal en favor de trabajadoras que han sido contratadas por la Administración en calidad de reemplazo, esto es, para desempeñar funciones transitorias y mientras dure la ausencia del titular. Así las cosas, no se divisa ninguna razón para no extender el mismo derecho en favor de las docentes contratadas al amparo del artículo 34 C del Estatuto Docente.

4.- La Ley N° 19.070 sobre Estatuto Docente no contiene ninguna disposición especial referida al fuero maternal. En consecuencia, y por expreso mandato de su artículo 71 , se deben aplicar supletoriamente las normas sobre protección de la maternidad establecidas en el Código del Trabajo.

Consulte fallo a texto completo

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