Jurisprudencia Destacada Año 2020 N13

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 13 DE 2020

 

RECLAMO DE ILEGALIDAD – DESCONTAMINACIÓN

 

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ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ305500
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – IMPUESTOS MUNICIPALES – CONTAMINACIÓN AMBIENTAL – RESIDUOS PELIGROSOS – DESPERDICIOS Y BASURAS – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

Conforme al artículo 14 del Decreto Supremo N°70 del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las termoeléctricas instaladas con anterioridad a la entrada en vigencia del plan de descontaminación, deberían implementar un sistema de medición continuo de emisiones, para ser informadas a la Superintendencia del Medio Ambiente, mensualmente. Por ello, los antecedentes necesarios para la construcción de la base de cálculo y la determinación del monto final a pagar por cada una de las empresas contaminantes, estaban en poder de la Superintendencia del Medio Ambiente y debían solicitársele para determinar el porcentaje de emisiones que tocaba a cada empresa, así arribando al monto que a cada una tocaba cubrir por concepto de aseo especial, proceso que fue precisamente aquel seguido por el municipio reclamado.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por el reclamado en contra de la sentencia que acogió el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto los oficios emanados de la municipalidad. Esto, dado que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N°18.695, por cuanto no concurren en la especie los vicios de procedimiento y fundamentación que se reprochan. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Supremo N°70 del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las termoeléctricas instaladas con anterioridad a la entrada en vigencia del plan de descontaminación, deberían implementar un sistema de medición continuo de emisiones, para ser informadas a la Superintendencia del Medio Ambiente, mensualmente. Por ello, los antecedentes necesarios para la adecuada construcción de la base de cálculo y la determinación del monto final a pagar por cada una de las empresas contaminantes, estaban en poder de la Superintendencia del Medio Ambiente y debían solicitársele para determinar el porcentaje de emisiones que tocaba a cada empresa y, así, arribar al monto que a cada una tocaba cubrir por concepto de aseo especial, proceso que fue precisamente aquel seguido por el municipio.

2.- No puede reprocharse al acto administrativo en cuestión defectos de fundamentación, en tanto éste se basa precisamente en los antecedentes que las propias empresas entregaron a la Superintendencia del Medio Ambiente, en cumplimiento al Plan de Descontaminación y, por tanto, se trata de emisiones que les son conocidas y que, luego de la aplicación de la fórmula contenida en la ordenanza, permiten arribar a los montos que son cobrados, en la forma en que se expresa en el propio acto administrativo impugnado. A mayor abundamiento, los montos totales del gasto por concepto de aseo especial son posteriormente transparentados en el Decreto Exento N°811, que contiene el desglose por cada uno de los semestres que se cobran.

3.- Aun cuando el Plan de Descontaminación de autos habilita, desde el año 2010, la dictación de una ordenanza que regule su implementación, tal potestad fue ejercida y cobró vigencia únicamente a partir del 1 de junio de 2016, de modo que no podía el municipio reclamado realizar un cobro anterior a esa fecha, en tanto su fórmula de cálculo y presupuestos de procedencia no habían sido puestos en conocimiento de los administrados. Por tanto, se observa que, al pretenderse un cobro fundado en las emisiones del año 2015 y del primer semestre de 2016, se grava a las empresas destinatarias de manera retroactiva, defecto que acertadamente advierte el fallo impugnado.

4.- Respecto de la procedencia del cobro, en relación a los periodos a los cuales éste se extiende, este adolece de vicios. Esto, por cuanto resultó un hecho no discutido por las partes que la Ordenanza Municipal que establece el cobro de Derechos Municipales por los servicios que indica, fue aprobada por Decreto Alcaldicio de mayo de 2016, disponiéndose su publicación en la página web del municipio, de modo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto Ley N°3063 sobre Rentas Municipales, su entrada en vigencia fue a partir del 1 de junio de ese año, circunstancia que impide que se extienda en sus efectos a periodos anteriores. (De la sentencia de reemplazo).

5.- Debía el municipio iniciar un procedimiento administrativo en el marco del cual recabara de la autoridad competente, los datos actualizados de las emisiones de las fuentes contaminantes de la comuna, a fin de construir la base de cálculo de los derechos a cobrar por concepto de aseo especial. Tal obligación fue cumplida por la municipalidad, por la vía de solicitar tales antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente que, conforme al Plan de Descontaminación de la comuna, debía recabarlos de manera mensual de las empresas fiscalizadas. Luego de obtener dicha información, el municipio la contrastó con su información interna, pudiendo arribar al monto que correspondía solventar a cada una de las emisoras, todo lo cual fue materializado en el acto impugnado, por el cual se les notifica dicho cobro y sus fundamentos. En consecuencia, no se verifican los vicios reclamados y corresponde el rechazo de la acción en esta parte (De la sentenciad de reemplazo).

6.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por el reclamado en contra de la sentencia que acogió el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto los oficios emanados de la municipalidad. Esto, dado que adolece de falta de fundamentación el acto impugnado, que tiene el carácter de acto administrativo terminal del procedimiento, por cuanto en él únicamente se menciona el monto final semestral a pagar por cada una de las empresas contaminantes, pero no se contiene un detalle de cómo estarían constituidos los factores a emplear dentro de la base de cálculo, a la luz de la ordenanza dictada por el propio municipio, esto es, las emisiones de cada fuente, el total de emisiones y el costo total del servicio con sus debidos respaldos y partidas (Del voto de minoría del ministro sr. Raúl Mera M.).

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE NULIDAD

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ESPARZA MUÑOZ, JORGE R. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS  

Sala: Primera

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ305478

Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ACCIÓN DECLARATIVA – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – DESPIDO INJUSTIFICADO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

El demandante, en su calidad de profesional, ejecutó su trabajo de modo constante y sostenido por alrededor de seis años, con un claro sentido de ser parte de la Municipalidad demandada, quedando al margen el concepto de realizar labores accidentales con cometidos específicos, apartándose de las variables que permiten una contratación a honorarios en los términos del artículo 4 de la Ley 18.883, lo que permite calificar la relación existente como un vínculo laboral regido por el Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que acogió la acción declarativa de relación laboral y despido injustificado. Esto, dado que no se configura infracción a lo dispuesto en los artículos 1 del Código del Trabajo y 4 de la Ley 18.883, toda vez que a pesar de que es correcta la calificación del juez de fondo, pues el demandante, en su calidad de profesional, ejecutó su trabajo de modo constante y sostenido por alrededor de seis años, con un claro sentido de ser parte de la Municipalidad demandada, quedando al margen el concepto de realizar labores accidentales con cometidos específicos, apartándose de las variables que permiten una contratación a honorarios en los términos del artículo 4 de la Ley 18.883 y que la calificación jurídica de la relación existente importa un vínculo laboral regido por el Código del Trabajo.

2.- Independiente al hecho que una persona se incorpore a un órgano de la Administración del Estado, bajo la modalidad del artículo 11 de la Ley 18.834, si se demuestra que, en los hechos y en la práctica, presta servicios determinados que no se desarrollan en condiciones de temporalidad sino, por el contrario, se ejecutan dichas funciones en forma permanente y bajo determinados supuestos fácticos, como vínculo de subordinación y dependencia que conlleva el cumplimiento de instrucciones y órdenes directas, bajo condiciones y modalidades propias de un contrato laboral, con jornada de trabajo determinadas, pago de remuneraciones periódicas y labores específicas, no puede sino entenderse que la relación entre estos actores es de carácter laboral, lo que además, constituye la regla general.

3.- En cuanto a las costas decretadas por el juez de fondo, en la sentencia definitiva dictada se hizo lugar a la demanda y sólo se excluyó del fallo dictado unas eventuales remuneraciones, por lo que todas las demás pretensiones que la demandante persiguió le fueron reconocidas en su totalidad siendo efectivamente aceptadas éstas, particularmente en lo sustancial y fundamental, dado que se reconoció y declaró la existencia de una relación laboral regida por el Código del Trabajo, entre demandante y demandada, que fue lo que ésta última negó y, además, se declaró que el despido era injustificado, reconociéndosele todas las demás prestaciones laborales que fueron pedidas, por lo que debe considerarse que la recurrente sí fue efectivamente vencida en el juicio.

4.- El artículo 1° del Código del Trabajo consigna una excepción a la aplicación del Código Laboral que dice referencia con el personal de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, caso en los cuales no se aplica el estatuto laboral pero siempre que estos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Sin embargo, la disposición indicada, contiene también una contraexcepción que comprende a todos los trabajadores de los órganos ya señalados, quienes de todas maneras quedan sometidos al Código Laboral, o se vuelve a él, pero en aquellos aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos y cuando no sean contrarios a estos últimos.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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CORRIAL ZÚÑIGA, CARLA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ305523

Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – DESPIDO INJUSTIFICADO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

La acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el código del ramo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado. Esto, debido a que yerra la sentencia al rechazar la demanda pues en la especie, la actora se desempeñó para la municipalidad a través de sucesivos contratos a honorarios en labores de técnico social en el departamento de asistencia social, dependiente de la dirección de desarrollo comunitario, recibiendo pagos mensuales y sucesivos, y que debía cumplir una jornada de determinadas horas a la semana, de lunes a viernes, en un horario también preestablecido. De este modo, aparece que se trata de una modalidad a través de la cual la Municipalidad cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello, sino que a aquellos que sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión, en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual sirve, que en este caso se ejecuta por medio de la demandada en forma permanente y habitual, tarea de ordinario cumplimiento que por ley se le encomienda, de modo que no puede sostenerse que la relación existente entre las partes se enmarcó dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 4 de la ley N° 18.883.

2.- Corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en tanto que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente. Tal decisión no implica desconocer la facultad de la Administración para contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 4 de la Ley N° 18.883, por la que no se vislumbran problemas de colisión entre las preceptos del citado código y del estatuto funcionario aludido, sino sólo explicitar los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en cada caso para discernir la regla pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 4 siempre que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado, pueda contar con la asesoría de expertos en asuntos precisos, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habituales.

3.- Si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, el Código del Trabajo constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

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TRÁNSITO – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

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ARAS RAMÍREZ, FERNANDO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ305565

Compendia: Microjuris

VOCES: – CIVIL – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – ACCIDENTES DE TRÁNSITO – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – EXCEPCIONES – EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONERÍA – LEGITIMACIÓN ACTIVA – IGLESIAS Y ENTIDADES RELIGIOSAS – DERECHO CANÓNICO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

La calidad de Párroco confiere al actor la facultad de actuar en representación de la Parroquia propietaria del vehículo, con facultades de administración en relación a los «bienes temporales» de su propiedad debiendo actuar con la diligencia de un buen padre de familia, por lo que de acuerdo a las normas internas las que son reconocidas por la Ley N° 19.638 ha quedado establecida, tanto la representación del actor como la legitimación activa para ejercer la pretensión indemnizatoria.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante en contra de la sentencia que revocó el fallo de primer grado, rechazando la acción por acogerse la excepción de falta de legitimación activa. Esto, dado que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 303 n°2 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el demandante, en cuanto a la reparación de los daños ocasionados al vehículo patente a raíz del accidente, ha actuado en su calidad de Párroco dentro de las facultades que ostenta y que le imponen la obligación de conservar los bienes que administra. Ahora bien, en cuanto al resarcimiento del daño moral éste lo ha fundado en el hecho de verse involucrado en el accidente, por lo que ha justificado ser titular del interés para accionar.

2.- Explicitadas las normas pertinentes del Código de Derecho Canónico relativas a la personalidad jurídica, en los cánones 460 a 572 se regula la «Ordenación Interna de las Iglesias Particulares» entre ellas las Parroquias, en cuyo canon 515 § 3, se le reconoce personalidad jurídica. Conforme al canon 532 «El párroco representa a la parroquia en todos los negocios jurídicos, conforme a la norma del derecho; debe cuidar de que los bienes de la parroquia se administren de acuerdo con la norma de los  cc. 1281-1288.»

3.- Una vez constituida, la parroquia tiene, por derecho, personalidad jurídica y su representante es el párroco. Cada parroquia tiene su iglesia parroquial que es la cabeza de todas las demás iglesias del territorio (rectorales, iglesias de religiosos, etc.). El párroco, como pastor propio de la comunidad parroquial, ejerce diversas funciones parroquiales, entre ellas administra los bienes.

4.- La sentencia en alzada en cuanto a la legitimación activa, tuvo por acreditado que el actor es sacerdote y Párroco de la Parroquia propietaria del vehículo siniestrado. Así, la calidad de Párroco confiere al actor la facultad de actuar en representación de la Parroquia propietaria del vehículo, con facultades de administración en relación a los «bienes temporales» de su propiedad debiendo actuar con la diligencia de un buen padre de familia, por lo que de acuerdo a las normas internas las que son reconocidas por la Ley N° 19.638 ha quedado establecida, tanto la representación del actor como la legitimación activa para ejercer la pretensión indemnizatoria (De la sentencia de reemplazo).

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RECURSO DE PROTECCIÓN – PÉRDIDA DE CONFIANZA – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

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GODOY FIERRO, RAÚL C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Y OTRA 

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Colección: Jurisprudencia

Cita: ROL:20184-19, MJJ305550

Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – PROFESIONALES DE LA EDUCACION – PÉRDIDA DE CONFIANZA – ESTATUTO DOCENTE – DESPIDO – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO –

Las recurridas no han cometido un acto ilegal o arbitrario al dictar el Decreto Municipal que puso término a la relación laboral del recurrente, pues ante la decisión del Director del Colegio de designar a otra persona en el cargo de Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, el sostenedor del establecimiento educacional, esto es, la municipalidad, se limitó a ejercer el derecho de opción previsto expresamente en el artículo 34 C de la Ley N° 19.070. El principio de confianza legítima no resulta procedente tratándose de cargos de exclusiva confianza, de manera que el recurrente tenía derecho a mantenerse en el cargo sólo mientras contara con la confianza del Director del Colegio, y una vez que esta desapareció, para el sostenedor surgió el derecho de opción.

Doctrina:

1.- Corresponde confirmar la sentencia apelada y rechazar el recurso de protección deducido por el Jefe de UTP en contra del Decreto Municipal que puso término a la relación laboral con los recurridos, por aplicación de la causal prevista en el artículo 34 C de la Ley N° 19.070 sobre Estatuto Docente, esto es, por haber perdido la confianza del director del establecimiento educacional, tratándose de un cargo de exclusiva confianza. Al respecto, resultó asentado que el actor decidió acogerse al artículo 5° transitorio de la Ley N° 20.903, razón por la cual no cuenta con asignación a un tramo de desarrollo profesional, requisito exigido expresamente por el legislador para acceder al cargo de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. De este modo, las recurridas no han cometido un acto ilegal o arbitrario al dictar el Decreto Municipal que puso término a la relación laboral del recurrente, pues ante la decisión del Director del Colegio de designar a otra persona en el cargo de Jefe de U.T.P., el sostenedor del establecimiento educacional, esto es, la Municipalidad, se limitó a ejercer el derecho de opción previsto expresamente en el artículo 34 C de la Ley N° 19.070, toda vez que al ser el cargo de Jefe de U.T.P uno de exclusiva confianza
del Director del establecimiento educacional desde el año 2011, la precitada norma faculta al sostenedor para optar entre las siguientes alternativas: a) que continúe desempeñándose en el Colegio, en caso que exista disponibilidad, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º de esta ley en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación Municipal; o b) poner término a la relación laboral con una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de once descontada la asignación que establece el artículo 51 de la Ley N° 19.070.

2.- Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.501 de 2011, el cargo de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica -que entonces desempeñaba el actor- pasó a ser, por el sólo ministerio de la ley, un cargo de exclusiva confianza del Director del respectivo establecimiento educacional, y así quedó plasmado en el texto del actual artículo 34 C de la Ley N° 19.070. Todavía más, el artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.501 señala expresamente que el referido cargo duraba, como máximo, hasta el 26 de febrero de 2014, cuestión que sin duda era de conocimiento del recurrente o, al menos, éste no podía alegar ignorancia, de acuerdo con la presunción de derecho establecida en el artículo 8 del Código Civil.

3.- El principio de confianza legítima no resulta procedente tratándose de cargos de exclusiva confianza, de manera que el recurrente tenía derecho a mantenerse en el cargo sólo mientras contara con la confianza del Director del Colegio, y una vez que esta desapareció, para el sostenedor surgió el derecho de opción previsto en el artículo 34 C del Estatuto Docente.

 

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