Corte Suprema rechaza recursos de casación y mantiene fallo que ordenó al fisco y a empresa indemnizar por viviendas inundadas

En la sentencia (causa rol 1.539-2019), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Arturo Prado, Ángela Vivanco y los abogados integrantes Rafael Gómez y Antonio Barra– mantuvo la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación deducidos en contra de la sentencia que condenó al Fisco y a la empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A. a pagar de manera simplemente conjunta una indemnización total de $442.300.000 por concepto de daño moral a grupo de vecinos de Chiguayante cuyas casas resultaron inundadas por el desborde del canal Papen, en junio de 2005.

En la sentencia (causa rol 1.539-2019), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Arturo Prado, Ángela Vivanco y los abogados integrantes Rafael Gómez y Antonio Barra– mantuvo la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Respecto del recurso de casación interpuesto por el Fisco, la Corte Suprema descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, que estableció la falta de servicio del Estado en el cumplimiento de su obligación de fiscalizar los trabajos encargados a la empresa.

“Que, al comenzar el examen del recurso de nulidad sustancial fiscal, se puede apreciar que éste se construye a partir de una premisa imprecisa, consistente en entender limitada la falta de servicio que se imputa al Estado de Chile a la omisión de su deber de fiscalización de la obra que se construía el día y en el lugar en que acaeció el hecho dañoso”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Por el contrario, según se lee en los motivos 30º y siguientes de la sentencia recurrida, se tuvo por concurrente el deficiente actuar fiscal verificando que el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas ‘eran los órganos del Estado que estaban obligados a intervenir’ de conformidad a los artículos 2 y siguientes de la Ley Nº 19.525, deber cuyo cumplimiento exigía, no sólo la fiscalización de la recta ejecución de un contrato puntual, sino que se extendía a la planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, acciones que, en su conjunto, fueron ejecutadas de manera imperfecta causando perjuicios en contra de los demandantes”.

“(…) a mayor abundamiento, es necesario precisar que los jueces de instancia en ningún caso han considerado la responsabilidad del Estado como objetiva, sino que, por el contrario, han exigido -y tenido por configurada- la falta de servicio como presupuesto indispensable de la pretensión indemnizatoria”, aclara.

Fuerza mayor

Con relación al recurso presentado por la empresa Claro Vicuña Valenzuela, el máximo tribunal del país descartó infracción de ley en la sentencia que rechazó la excepción de caso fortuito o fuerza mayor alegada por la recurrente.

“Que, como se lee de lo reseñado, dentro del cuestionamiento al rechazo de la excepción de caso fortuito o fuerza mayor, son dos los aspectos jurídicos objeto de controversia por la recurrente”, platea el fallo.

“El primero de ellos –prosigue–, consistente en la imposibilidad de prever el resultado dañoso, debe ser descartado pues se contrapone a una serie de hechos asentados en el considerando trigésimo sexto de la sentencia recurrida, consistentes en el conocimiento, por parte de los demandados, ‘que el canal perfectamente podría colapsar como en los hechos ocurrió, debido al estado y condiciones en que se encontraba, y a los problemas que ya se habían detectado derivados de su data de construcción y a la cantidad de poblaciones aledañas a éste, y a lo que, entre otras cosas, obedece el ‘Plan Maestro Drenaje y Evacuación de Aguas Lluvias de Chiguayante PM -14 DOH 2002′, sumado a ello la época estacional del año -invierno-, y a la existencia de las obras de pavimentación de calles y veredas que se estaban realizando en ese mismo sector, y cuyos desechos iban a parar al Canal’, circunstancias, todas, que indefectiblemente llevan a concluir que el fenómeno era susceptible de ser adelantado por los llamados a prevenir sus consecuencias”.

Para la Tercera Sala: “(…) lo anterior resulta suficiente para determinar el rechazo del recurso de nulidad sustancial en examen, puesto que, cualquiera sea la conclusión a la que se arribe respecto del segundo aspecto controvertido, consistente en la irresistibilidad del resultado dañoso, al no concurrir el primero de sus requisitos ha de entenderse que la excepción de caso fortuito o fuerza mayor fue correctamente desechada”.

Asimismo, se rechazó el recurso de casación interpuesto por los demandantes que buscaban que se estableciera la responsabilidad solidaria y no simplemente conjunta de las demandadas.

“Que, en este aspecto, no cabe sino coincidir con el razonamiento vertido por la Corte de Apelaciones de Concepción, pues la fuente de solidaridad invocada por los demandantes, limitada a la aplicación del artículo 2317 del Código Civil, requiere la concurrencia de un presupuesto normativo ineludible: La comisión de un delito o cuasi delito civil por dos o más personas”, razona el fallo.

“En este orden de ideas, esta Corte Suprema desde hace ya bastante tiempo ha venido diciendo, de manera uniforme, que la responsabilidad del Estado tiene origen en normas de derecho público, contenidas en la Carta Fundamental, en la Ley N° 18.575 y, en ciertos casos, en otros cuerpos normativos que regulan actividades específicas de los órganos de la Administración, diferenciándose de la regulación común, entre otros aspectos, al exigir la concurrencia de un elemento de imputación especial, como lo es la falta de servicio, institución jurídica diversa y excluyente a la noción de delito o cuasi delito civil”, reitera.

Rechazo del recurso de casación en el fondo de la parte demandante, adoptada con el voto en contra del ministro Muñoz, quien estuvo por establecer la responsabilidad solidaria de las demandadas.

(Fuente: pjud)

 

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