Corte de Santiago rechazó recurso de reclamación contra actos de alcalde y DOM de invalidar permisos de edificación

Actuar de los recurridos tuvo como finalidad cumplir un imperativo dado por la Contraloría General de la República

En días recientes, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de reclamación interpuesto por una inmobiliaria contra el acto del alcalde y la directora de obras municipales por haber invalidado dos permisos de edificación concedidos previamente en su favor, y no haber dado respuesta al reclamo de legalidad en sede municipal, toda vez que los actos invalidatorios se realizaron en cumplimiento de lo dictaminado por la Contraloría General de la República quien determinó que dichos permisos no se ajustaron a derecho al contravenir una Circular de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que resultaba imperativo para la recurrida., por lo anterior Además, el tribunal descarta la hipótesis de confianza legítima alegada por la reclamante

El tribunal expresó que: «la invalidación de los permisos de edificación se deben, a la existencia de pronunciamientos de otros órganos de la administración del Estado, como son la DDU N°313 de mayo de 2916 y el dictamen N°27.918 de fecha 12 de noviembre de 2018 de la Contraloría General de la República, actos administrativos que gozan de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad al tenor del artículo 3° de la ley N°19.880 y el municipio se encontraba en el imperativo legal de acatarlos«. Además, agrega: «si bien es efectivo que el instrumento de planificación territorial no regulaba la altura de edificación, fundamento del reclamante de no existir límite para el levantamiento de dos torres de gran altura, bajo el sistema conocido como edificación de agrupación continua, de igual forma, se hace necesario determinar la conveniencia de localizar un desarrollo inmobiliario y determinar sus impactos, tales como la relación del proyecto con la red vial existente, las condiciones de conectividad, la accesibilidad universal, la operación, movilidad, lo que está dado por la decisión técnica a cargo del organismo competente, la que contenida en un acto administrativo – que goza de la presunción de legalidad- no puede desconocerse, todo ello en orden a evitar impactos negativos en la ciudad.»
Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación

INMOBILIARIA LOJA II SPA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ305639
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – PLAN REGULADOR COMUNAL – CONSTRUCCIÓN DE OBRA – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSO DE RECLAMACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO –

La invalidación de los permisos de edificación se debe a la existencia de pronunciamientos de otros órganos de la administración del Estado, que gozan de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad al tenor del artículo 3° de la ley N° 19.880 y el municipio se encontraba en el imperativo legal de acatarlos. Además, si bien es efectivo que el instrumento de planificación territorial no regulaba la altura de edificación, fundamento del reclamante de no existir límite para el levantamiento de dos torres de gran altura, bajo el sistema conocido como edificación de agrupación continua, de igual forma, se hace necesario determinar la conveniencia de localizar un desarrollo inmobiliario y determinar sus impactos, lo que está dado por la decisión técnica a cargo del organismo competente, la que contenida en un acto administrativo no puede desconocerse, todo ello en orden a evitar impactos negativos en la ciudad.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto por la inmobiliaria en contra del alcalde y la directora de obras municipales, por la invalidación de dos permisos de edificación y el rechazo de ilegalidad en sede municipal por no resolverse dentro de plazo. Esto, dado que no se puede desatender los Dictámenes Contraloría General de la República, en orden a que deben ser considerados como una instrucción para que el municipio iniciara el procedimiento invalidatorio, sin embargo, no resulta posible ignorar la clara instrucción perentoria de invalidar. En efecto, la invalidación de los permisos de edificación se debe a la existencia de pronunciamientos de otros órganos de la administración del Estado, como son la DDU N°313 de mayo de 2016 de Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y el dictamen N°27.918 de fecha 12 de noviembre de 2018 de la Contraloría General de la República, actos administrativos que gozan de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad al tenor del artículo 3° de la ley N°19.880 y el municipio se encontraba en el imperativo legal de acatarlos.

2.- La reclamante señala que la autoridad no se hizo cargo ni se pronunció, especialmente, respecto de las alegaciones que efectuó en torno a su buena fe, infringiendo los artículos 17 letra f) y 41 de la Ley N° 19.880. Sin embargo, según da cuenta las resoluciones invalidatorias, estas si se hacen cargo de las alegaciones de la reclamante, y si bien no se refiere concretamente a la buena fe que invoca, sí señala la normativa aplicable al acto que se quiere invalidar y, las razones por las cuales la Municipalidad decidió invalidar el Permiso de Edificación, no siendo un acto arbitrario, sino por el contrario una obligación legal.

3.- El reclamante se atribuye la calidad de tercero de buena fe, en relación al proyecto inmobiliario, por no haber tenido intervención alguna, ya sea en los anteproyectos y permisos de edificación, puesto que otorgados éstos, adquirió el terreno y permisos, con el convencimiento, en virtud del principio de confianza legítima, de la viabilidad del mismo. Sin embargo, la alegación debe ser rechazada pues no puede obviarse la conexión con la anterior propietaria, lo que conduce a que el reclamante tenía perfecto conocimiento de la normativa en materia de edificación, más aun cuando se trató de una materia muy discutida y conocida a nivel nacional, y que justamente estaba relacionada con el giro y proyecto de la Inmobiliaria, y aun así, un año luego de la emisión de la Circular N° 203, persevero en llevar adelante el proyecto a sabiendas de estar en contravención con aquella.

4.- Si bien es efectivo que el instrumento de planificación territorial no regulaba la altura de edificación, fundamento del reclamante de no existir límite para el levantamiento de dos torres de gran altura, bajo el sistema conocido como edificación de agrupación continua, de igual forma, se hace necesario determinar la conveniencia de localizar un desarrollo inmobiliario y determinar sus impactos, tales como la relación del proyecto con la red vial existente, las condiciones de conectividad, la accesibilidad universal, la operación, movilidad, lo que está dado por la decisión técnica a cargo del organismo competente, la que contenida en un acto administrativo no puede desconocerse, todo ello en orden a evitar impactos negativos en la ciudad.

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