Corte de Santiago confirma multa a clínica por exigir depósito para procedimiento programado

Undécima Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de la resolución que aplicó una multa de 20 UTM a la Clínica Indisa S.A. por exigir a paciente el depósito de $1.000.000 para realizar procedimiento programado.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de la resolución que aplicó una multa de 20 UTM a la empresa Clínica Indisa S.A. por exigir a paciente el depósito de $1.000.000 para realizar procedimiento programado.

En la sentencia (causa rol 183-2020), la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Jorge Zepeda y Fernando Carreño– confirmó la multa y rechazó el decaimiento del procedimiento sancionatorio.

«Que, en cuanto a la alegación de la reclamada de la inadmisibilidad del reclamo, ésta petición se rechaza, pues, de los antecedentes se comprueba que se cumple con el plazo para reclamar la multa impuesta, equivalente a 20 Unidades Tributarias Mensuales, atento con lo dispuesto en el artículo 113 del D.F.L: Nº 1 de Salud, de 2008; por cuanto, en contra de las resoluciones o instrucciones que dicte la Superintendencia de Salud podrá deducirse recurso de reposición ante esa misma autoridad y, en contra de la resolución que deniegue la reposición, el afectado podrá reclamar, dentro de quince días hábiles siguientes a su notificación, ante la Corte de Apelaciones que corresponda», sostiene el fallo.

La resolución agrega: «Que, en relación con el supuesto decaimiento del procedimiento sancionatorio, se debe considerar que aquél guarda relación con el artículo 27 de la Ley 19.880, en tanto el plazo de seis meses establecido en él lo es en función de los procedimientos administrativos únicamente, pero no es atinente aplicarlo en el caso de ejercerse la facultad administrativa sancionadora, la que no tiene plazo fatal fijado por la ley, por lo que se debe concluir que la Superintendencia de Salud, ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones, sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad al disponer la sanción que es objeto del reclamo, en tanto no lo hizo fuera de término legal alguno».

Para el tribunal de alzada: «(…) en este orden, dicha disposición legal no establece efecto extintivo al plazo superior a seis meses, por lo que, por este capítulo, no existe decaimiento en relación con la impugnación de la resolución administrativa que confirma la multa impuesta y que, conforme al artículo 57 de la citada ley, no suspende la ejecución del acto impugnado».

«Que –prosigue–, por otro capítulo de la reclamación, tampoco se divisa que en la especie haya existido la supuesta falta de causa para sancionar, como lo denuncia el reclamante; en efecto las circunstancias de hecho y su calificación fueron fijadas y resueltas en la etapa administrativa tanto de prueba, de resolución y de impugnación, correspondientes; donde quedó establecido que la reclamante realizó la conducta prohibida descrita por la norma, elevando con su actuar el riesgo más allá de lo permitido por la ley, lo que se verificó en el resultado con consecuencias dañosas para la parte denunciante».

«Por lo que, conforme a lo razonado y concluido precedentemente, no ha habido aquel comportamiento ilegal, ni existen fundamentos para concluir un actuar caprichoso o arbitrario de la parte reclamada», concluye.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Zepeda Arancibia.

(Fuente: pjud)

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