Corte de Santiago desechó reclamo de ilegalidad interpuesto contra empresa a la que municipalidad dio término anticipado a su contrato

Municipio adoptó dicha determinación al constatar circunstancia que afectaba a la reclamante descritas en las bases administrativas y técnicas

En días recientes, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en voto dividido, desechó un recurso de ilegalidad interpuesto por una empresa en contra de la decisión de un municipio de dar término anticipado al contrato administrativo de servicios que los vinculaba, atendido al hecho de haber tomado conocimiento que la reclamante incurrió en una serie de conductas, prohibidas por las bases administrativas y cuya ocurrencia tenía como consecuencia el término anticipado. En este sentido la sentencia indica que: «la correcta interpretación de la normativa contractual que alumbró la relación entre las partes, debe hacerse a la luz tanto del contrato mismo como de las Bases Administrativas de Licitación, pues ellos deben interpretarse de forma conexa o conjunta, esto es, integradamente, sin que se pueda pretender considerar que uno de aquellos instrumentos solo resulta aplicable en la etapa previa a la suscripción del contrato, en tanto ello carece de sentido al tenor de las reglas contenidas en las Bases que son también las llamadas a regir la ejecución del acuerdo.
[]el citado artículo 10.4 [de las bases administrativas] -por mandato del artículo 10 inciso 3° de la Ley 19.886- autoriza a la municipalidad para en dos etapas diversas del proceso:
rechazar de plano la propuesta (previa a la adjudicación) o poner término a la contratación anticipadamente (ya en ejecución el contrato), sin resolución judicial previa, en los casos que la referida norma prevé, siendo de especial interés, cuando exista una «práctica fraudulenta», entendiendo por esta, conforme lo define la convención , «toda tergiversación de los hechos con el fin de influir en la ejecución de un Contrato en perjuicio del Municipio. Conforme a lo dicho, resulta cierta la facultad/deber que recae en el municipio ante la detección de determinadas situaciones, preestablecidas en el propio contrato que le permite poner término anticipado al mismo; ello en concordancia el interés público del servicio que envuelve su ejecución.
Es por ello que la aseveración de que la Administración infraccionó el artículo 79 ter del Reglamento de la Ley 19.886 carece de sustento, pues el contradictorio que exige la sociedad reclamante no se encuentra contemplado para este caso específico».

El fallo contó con el voto disidente del ministro Sr. Gray, quien estuvo por acoger la reclamación toda vez que «la Municipalidad recurrida, al no tramitar un procedimiento sancionatorio previo, antes de aplicar la sanción de término anticipado, conforme lo ordena la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, en particular el artículo 79 ter del DS N° 250, de 2004, incurrió en una ilegalidad, pues por sí y ante sí, decidió poner término a los contratos que la ligaba con la recurrente, sin que la reclamante, en un procedimiento administrativo legalmente tramitado, pudiera defenderse o hacer valer sus derechos».

Consulte fallo analizado por Microjuris, a continuación:

SEMKAT LTDA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO – CUARTA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ305704
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – LICITACIÓN PÚBLICA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS – DECRETO ALCALDICIO – RESOLUCIÓN ANTICIPADA – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La municipalidad calificó fundadamente como fraudulenta la práctica realizada por la empresa prestadora de servicios que emitió dobles facturaciones, realizó factorizaciones y cobros por los mismos períodos contractuales, con posibilidades ciertas de ocasionar graves perjuicios a su parte, lo que la faculta para terminar anticipada y administrativamente los respectivos contratos.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de reclamación de ilegalidad interpuesto por el recurrente en contra del decreto alcaldicio que puso término anticipado a los contratos de prestación de servicios. Esto, debido a que el acto administrativo por el cual se puso término a los contratos ha sido dictado por la autoridad competente, en el ejercicio de sus atribuciones, además de encontrarse debidamente fundado, no sólo desde un punto de vista formal, sino que de fondo, por cuanto los pilares del mismo han guardado relación con las bases de licitación que unían a las partes, limitándose la autoridad a ejercitar libremente las facultades y poderes discrecionales de que está investida. Las Bases Administrativas Generales y Especiales que se entienden incorporadas al contrato son conocidas del contratante, quien es libre para firmarlo o para rehusar suscribirlo. En el caso en estudio, el artículo 10.4 de las Bases Administrativas de Licitación, sobre Fraude y la Corrupción, dispone que «En el evento que se comprobare que el Adjudicatario o diversos Oferentes han incurrido en Prácticas Corruptas, Prácticas Fraudulentas o Prácticas Colusorias, sea con respecto al proceso de selección o con respecto a la adjudicación, el Municipio rechazará de plano la propuesta o la adjudicación o pondrá término a la contratación anticipadamente, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento en forma administrativa, sin necesidad de resolución judicial previa. A su turno, los artículos 6.8 y 6.11 de las mismas bases estatuyen que el contrato se podrá resolver administrativamente por las causales que señala, o por cualquier otra causa calificada como grave fundadamente por la Municipalidad. Así las cosas, habiendo la municipalidad calificado las acciones realizadas por el contratante como prácticas fraudulentas, atendiendo a las dobles facturaciones y cobros por los mismos períodos contractuales, siendo luego factorizadas para posteriormente anularlas imperfectamente sólo mediante una nota de crédito, y emitir, luego, una nueva factura por ese mismo período contractual, con los respectivos dobles cobros y con posibilidades ciertas de ocasionar graves perjuicios a su parte, queda perfectamente facultada la Municipalidad para ejercer la facultad de poner término anticipado a los contratos, en la forma que lo ha hecho, conforme a lo dispuesto en las Bases de Licitación y los contratos.

2.- La terminación anticipada de un contrato de suministro de bienes o prestación de servicios regulada por la Ley N° 19.886, motivada por causales previstas en las bases distintas al incumplimiento de obligaciones, queda entregada no al artículo 79 ter del Reglamento de la Ley N° 19.886, sino al artículo 77 del mismo, que regula las causales de modificaciones y término anticipado señalando, en lo pertinente, que los contratos administrativos podrán modificarse o terminarse anticipadamente por las causales que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato.

3.- El artículo 141 la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) consagra dos recursos distintos entre sí: por una parte, en las letras a), b) y c) regula el reclamo de ilegalidad municipal que se interpone ante el Alcalde y por otra, en las letras d) a i) establece el reclamo de ilegalidad municipal que se intenta ante la Corte de Apelaciones respectiva. Ambos recursos, si bien comparten la denominación, difieren sustancialmente en cuanto a su naturaleza. Mientras el primero es un recurso administrativo o gubernativo, caracterizado por el hecho de que el administrado lo deduce ante el propio órgano administrativo, sin que se origine una contienda entre partes; el segundo es de aquellos que en el derecho administrativo se denominan recursos contencioso administrativos, dado que facultan a los administrados de reclamar ante un tribunal cuando sus derechos han sido lesionados por un acto de la Administración, con el objeto de obtener la revisión del acto impugnado.

4.- Corresponde acoger el recurso de reclamación de ilegalidad interpuesto por el recurrente en contra del decreto alcaldicio que puso término anticipado a los contratos de prestación de servicios, porque la municipalidad recurrida, al no tramitar un procedimiento sancionatorio previo antes de aplicar la sanción de término anticipado, conforme lo ordena la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, en particular el artículo 79 ter del DS N° 250, de 2004, incurrió en una ilegalidad, pues por sí y ante sí, decidió poner término a los contratos que la ligaba con la recurrente, sin que la reclamante, en un procedimiento administrativo legalmente tramitado, pudiera defenderse o hacer valer sus derechos. Dicho procedimiento no se suple, en concepto de este disidente, con la referencia a las bases de licitación o a las cláusulas del contrato, pues lo que se requiere es que el afectado pueda defenderse y expresar sus puntos de vista ante los reproches de incumplimiento que se le formulan. (Del voto de disidencia del Ministro Sr. Gray).

Consulte sentencia a texto completo

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