Jurisprudencia Destacada Año 2020 N16

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 16 DE 2020

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO

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ESPINOZA ROJAS, JAIME C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ305754
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – ORGANOS DEL ESTADO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

La acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con los artículo 7 y 8 del mismo cuerpo legal y el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el Código del ramo.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral. Esto, debido a que yerran los sentenciadores al concluir que la relación se enmarcó dentro del régimen especial de la Ley N° 18.883 y, estimando, consecuentemente inaplicable el Código del Trabajo, porque la conducta desplegada por el actor en el ejercicio de su labor no cumple los requisitos que la norma especial exige. Esto, debido a que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

2.- La acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con los artículo 7 y 8 del mismo cuerpo legal y el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el Código del ramo.

3.- Si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO

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PÉREZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ – DÉCIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Décima
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ305767
Compendia: Municipalidades, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO – COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Si bien se declara la relación laboral entre las partes y se acoge la demanda por despido injustificado y pago de cotizaciones, no corresponde dar lugar a la nulidad del despido. En efecto, el artículo 162 del Código del Trabajo, no regula la situación fáctica que se produce cuando una persona jurídica de derecho público, que sólo puede realizar aquello que le está expresamente permitido por ley, no puede retener aquella parte de lo que percibe un servidor público, y con ello enterar sus cotizaciones previsionales o de salud, por estimar dicho ente administrativo, que lo hacía bajo la modalidad de un contrato a honorarios, determinándose posteriormente por aplicación del principio de primacía de la realidad, que el único vínculo que siempre unió a las partes, fue uno de naturaleza laboral.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que declaró la relación laboral entre las partes, acogió la demanda de despido injustificado y nulidad del despido. Al respecto, yerra la sentencia pues el artículo 162 del Código del Trabajo, no regula la situación fáctica que se produce cuando una persona jurídica de derecho público, que sólo puede realizar aquello que le está expresamente permitido por ley, no puede retener aquella parte de lo que percibe un servidor público, y con ello enterar sus cotizaciones previsionales o de salud, por estimar dicho ente administrativo, que lo hacía bajo la modalidad de un contrato a honorarios, en los casos que le permite el artículo 11 del Estatuto Administrativo, determinándose posteriormente por el Juzgado del Trabajo -en virtud del principio de primacía de la realidad-, que el único vínculo que siempre unió a las partes, fue uno de naturaleza laboral, por desbordar la ejecución práctica que las partes hicieron del contrato, aquel supuesto fáctico que excepcionalmente contemplaba esta última norma. El sentido y alcance del artículo 162 del Código del Trabajo no es claro a este respecto, por no haber previsto la situación que la sentencia ha declarado, se hace necesario interpretarlo, pudiéndose recurrir para ello, a la historia fidedigna del establecimiento de la Ley 19.631, de 28 de septiembre de 1999, pudiendo señalarse que la única obligación que la ley impone al empleador, es la de actuar como un agente retenedor de aquel porcentaje de las remuneraciones del trabajador, que debe destinar mensualmente al pago de sus cotizaciones previsionales, lo que actualmente también puede realizar de manera voluntaria el trabajador, incluso si se encuentra a honorarios, de forma tal que si el empleador nada retuvo por dicho concepto, no se encuentra en la situación de imponérsele la sanción que el legislador previó sólo para aquellos casos en que se hizo tal retención.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO

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PAISAJISMO CORDILLERA S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA – SEGUNDA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Arica

Sala: Segunda

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ305780

Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – JUICIO EJECUTIVO – TÍTULO EJECUTIVO – FACTURAS – EXCEPCIONES – PAGO – COMPENSACIÓN – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS – DECRETO ALCALDICIO – DEBIDO PROCESO – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO –

No es admisible la excepción de pago interpuesta por la Municipalidad ejecutada respecto de la totalidad de lo adeudado, porque lo efectivamente solucionado es un monto inferior, que no corresponde a la cantidad total cobrada compulsivamente conforme al título ejecutivo. Los descuentos practicados por la Municipalidad tienen origen en causas distintas al pago efectivo de la deuda. Tampoco es admisible la excepción de compensación subsidiaria de la anterior, por cuanto la defensa se refiere únicamente a que la factura tenía descuentos aparejados, sin precisar, oportunamente, su naturaleza ni explicitar de qué manera se habrían generado.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad ejecutada, y confirmar la sentencia apelada, ya que la sentencia de primer grado ha acertado en su análisis y resolución, de acuerdo a la defensa y prueba rendida. La ejecutada opuso la excepción de pago fundada en que éste se efectuó por la suma que en definitiva ella estimó que debía, ascendente a una suma que no alcanzaba al total de lo cobrado compulsivamente, motivo por el cual la sentencia acogió la excepción sólo hasta el monto efectivamente pagado. Lo que se debe conforme al título ejecutivo es una determinada cantidad de dinero superior al efectivamente pagado, no correspondiendo considerar rebajas que puedan tener su origen en causas distintas a la solución efectiva de la deuda, pues aquello podría corresponder a una excepción diversa, mas no a la de pago.

2.- En relación a la excepción de compensación, la ejecutada se limitó en su escrito de defensa a sostener que el crédito cobrado a través de la factura “tenía aparejado descuentos” a favor de su parte por los incumplimientos en la prestación de los servicios respectivos, pero, no singularizó de manera determinada cual era específicamente la obligación líquida y actualmente exigible que la ejecutante le adeudaba, por lo cual los documentos que cita en el cuerpo de su recurso no pueden subsanar las deficiencias en la alegación defensiva formulada en su oportunidad. Las alegaciones relativas a que se trata de aplicación de multas y lo sostenido en cuanto a cómo se originan y establecen las mismas son elementos no introducidos oportunamente al debate al oponer la correspondiente excepción, y sólo han sido invocadas en el arbitrio con que se alza, sobre las cuales la ejecutante no pudo pronunciarse al evacuar su traslado. Admitir la existencia de multas en segunda instancia implicaría incurrir en un vicio de extrapetita dictando una sentencia que infringe el derecho a defensa en la etapa prevista por el legislador afectando así la garantía al debido proceso.

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO

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VILLABLANCA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ305825
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA –

La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes -docentes del sector municipal-, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de cobro de aumento de bonificación proporcional deducida en contra de la municipalidad. Esto, debido a que no yerra la sentencia impugnada pues en relación a la materia de derecho consultada, esto es, si la Ley 19.933 establece el aumento de la bonificación proporcional exclusivamente para el sector particular subvencionado, con exclusión del sector municipal, o corresponde pagar este aumento a todos los profesionales de la educación sin hacer distinción, la Corte Suprema concluye que la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada “bonificación proporcional mensual”, pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715 , por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los docentes toda vez que la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador, lo que no coincide con las conclusiones del fallo impugnado. (Del voto en contra del ministro señor Blanco).

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