Corte de Antofagasta rechazó reclamo de ilegalidad ante multa interpuesta por municipio

Sanción se encontraba debidamente fundamentada ante retardo de proyecto de pavimentación circunstancia prevista en las bases de licitación.

En días recientes la primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta no dio lugar al reclamo de ilegalidad interpuesto por una empresa constructora en contra del decreto alcaldicio que le aplicó una multa por el retardo en las obras de pavimentación, toda vez que el acto administrativo se encontraba suficientemente fundado, al preverse dicha situación en las bases de licitación y en la circunstancia que se constató el incumplimiento por parte de la Contraloría General de la República. Consulte sentencia analizada a continuación por Microjuris.

CONSTRUCTORA Y COMERCIAL ASERCOP SPA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA – PRIMERA SALA –

Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ305694
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – MULTA – CONSTRUCCIÓN DE OBRA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

El decreto Alcaldicio impugnado cumple con el requisito o elemento de motivación que se exige a los actos administrativos, cual es, que la multa aplicada a la reclamante se cursó en virtud de lo instruido en el informe final emitido por la Contraloría Regional dentro del marco de la fiscalización del contrato de construcción del paseo peatonal, en el que el ente contralor determinó la existencia de retardo en el desarrollo del proyecto de pavimentación, obra integrante del proyecto de obra mayor antes mencionado. Así, conforme al inciso final del artículo 6 de la Ley 10.336, las decisiones y dictámenes del ente contralor en materias de su competencia son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización e imperativos para el caso concreto, constituyendo su incumplimiento infracción de los deberes funcionarios de quienes deben adoptar las medidas para aplicarlos.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad municipal interpuesto por la empresa constructora en contra del decreto Alcaldicio que curso la multa. Esto, dado que el decreto Alcaldicio impugnado cumple con el requisito o elemento de motivación que se exige a los actos administrativos, cual es, que la multa aplicada a la reclamante se cursó en virtud de lo instruido en el informe final emitido por la Contraloría Regional dentro del marco de la fiscalización del contrato de construcción del paseo peatonal, en el que el ente contralor determinó la existencia de retardo en el desarrollo del proyecto de pavimentación, obra integrante del proyecto de obra mayor antes mencionado.

2.- Lo que efectivamente cuestiona el reclamante es el contenido del Informe Final 502/2017 emitido por el ente contralor, de lo cual se colige que debía recurrir directamente a contar de este último a través de los recursos que la ley le franquea con tal, instancia en la cual resulta procedente demostrar los presuntos errores e inconsistencia que alega contendría tal documento, mas no en contra del municipio reclamado, el que, como se dijo se ajustó a la normativa que le rige al dictar el acto administrativo sub lite.

3.- La motivación que lleva al rechazo de la apelación, está constituida por la instrucción de la Contraloría pues estaba legalmente obligada a cumplirla, toda vez que la Constitución Política de la República, en su artículo 98 otorga al Contralor General de la República el ejercicio de la función de control de legalidad de los actos de la Administración, lo que ejecuta, entre otros medios, mediante la toma de razón de los decretos y resoluciones, así como la facultad de representar la ilegalidad de que puedan adolecer, establecida en los artículos 99 de la Constitución y 10 de la ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por toda resolución u omisión de funcionarios, que se estimen ilegales, unido a que los dictámenes de la Contraloría General de la República tienen fuerza obligatoria para los organismos de la Administración Estatal afectos a su control, en el caso de los entes municipales, con arreglo a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la ley 18.695.

4.- De la revisión del decreto Alcaldicio impugnado, aparece que su fundamento es el informe final 502/2017 sobre la construcción de la obra paseo peatonal, de la Contraloría Regional, referido en el informe de asesoría jurídica municipal de 24 de septiembre de 2019, parte integrante del decreto en cuestión, en que se indica que la unidad técnica impuso la multa aplicada al reclamante en cumplimiento de una instrucción del ente contralor contenida en dicho informe que señala: «Por consiguiente la jefatura edilicia deberá ordenar que se practique el cálculo respectivo, con el objeto de determinar las multas correspondientes por incumplimiento de instrucciones emanadas de la inspección técnica de obras, en relación con la presentación del proyecto de pavimentación al SERVIU, teniendo en consideración que esta última entidad manifestó en su respuesta, que el consultor no presentó originalmente un proyecto conforme a lo exigido por la normativa legal vigente, lo que ha provocado demora en su revisión y aprobación»; de allí que la Municipalidad se encontraba en el imperativo de imponer la multa en cuestión.

5.- Conforme al inciso final del artículo 6 de la Ley 10.336, las decisiones y dictámenes del ente contralor en materias de su competencia son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización e imperativos para el caso concreto, constituyendo su incumplimiento infracción de los deberes funcionarios de quienes deben adoptar las medidas para aplicarlos. Citando diversos dictámenes de la Contraloría General, el decreto alcaldicio añade que no existe norma legal que faculte a la entidad edilicia para renunciar al ejercicio de las acciones para resguardar los derechos y el patrimonio municipal, por lo que habiéndose configurado los supuestos que hacían procedente la multa resultaba obligatorio para el municipio a través de la inspección técnica, perseguir su cobro, estimándose, en consecuencia, razonable la sanción cursada porque da cumplimiento a lo instruido por la Contraloría en el mentado informe final tendido el retraso en la entrega del proyecto de pavimentación.

6.- El reclamante señala de manera expresa que dirige su reclamo contra el Decreto Alcaldicio de 09 de octubre de 2019, que rechazó la apelación interpuesta en contra de la multa impuesta, como también reconoce en su presentación que dicho acto administrativo le fue notificado con fecha 10 de octubre de 2019. Por otra parte, consta de la respectiva carpeta digital que este reclamo de ilegalidad se ingresó con fecha 06 de enero de 2020. En ese contexto, resulta evidente que, a la fecha de interposición del reclamo de marras, el plazo de quince días contado desde la notificación al reclamante del rechazo de la apelación deducida ante el municipio para ejercer la acción que consagra el artículo 151 de la Ley 18.695, se encontraba vencido.

Consulte sentencia a texto completo

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