Corte de Santiago ordena corporación municipal entregar información solicitada por ley de transparencia

En fallo unánime, Undécima Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de reclamación deducido en contra del Consejo para la Transparencia, que ordenó a la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef) entregar información sobre contratos con medios de comunicación.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación deducido en contra del Consejo para la Transparencia, que ordenó a la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef) entregar información sobre contratos con medios de comunicación.

En fallo unánime (causa rol 313-2020), la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Fernando Carreño y la abogada (i) Paola Herrera– rechazó la reclamación de ilegalidad interpuesta en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia, tras establecer que la información solicitada es de carácter público.

«Que, en consecuencia, habiéndose establecido el carácter de órgano de la Administración del Estado de la reclamante, conviene poner de relieve lo preceptuado en los incisos 1° y 2° del artículo 28 de la Ley N°20.285, la que dispone:
‘En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.
Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21′.
Por su parte, el N°1 del artículo 21 de la norma en análisis señala: ‘Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:
a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales'», cita el fallo.

Para la Corte de Santiago: «(…) de la atenta lectura de la pretensión contenida en el libelo en estudio se advierte que, precisamente, la causal invocada como fundamento de la reclamación de ilegalidad es la contenida en el inciso 1° del artículo 21, circunstancia que no puede ser objeto de la impugnación efectuada, atendido el carácter de órgano de la administración como se ha señalado y sobre la base de dichos preceptos, la presente reclamación no puede prosperar, desde que la recurrente adolece de legitimación activa para impetrar el arbitrio intentado, debiendo ser desestimadas sus alegaciones conforme se señalará en lo resolutivo del presente fallo».

«Que, atendido a que se ha acogido la primera alegación formulada por la recurrida, se omitirá pronunciamientos sobre las restantes», añade.

«Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, o dispuesto en los artículos 21 y 28 de la Ley N°20.285, SE RECHAZA, SIN COSTAS, la reclamación de ilegalidad interpuesta por la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y RECREACIÓN DE LA FLORIDA en contra de la Decisión de Amparo N°C8346-2019 emanada del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA», concluye.

(Fuente: pjud)

 

 

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