Juzgado Civil Ordena al fisco indemnizar a víctima de suplantación de identidad

En la sentencia (causa rol 14.418-2018), la magistrada acogió la acción por el error judicial cometido al condenar al demandante, lo que fue establecido por la Corte Suprema al anular la sentencia condenatoria, por ser injustificadamente errónea.


El Duodécimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $65.000.000 (sesenta y cinco millones de pesos) a demandante, quien fue condenado como autor de un delito de robo con intimidación. Ilícito cometido por un tío de la víctima que suplantó su identidad.

El fallo señala que, las probanzas particularizadas en el motivo anterior, apreciadas conjunta e individualmente, como asimismo, en atención al valor comparativo de los mismos, conforme a las reglas contenidas en los artículos 343 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 1700 y siguientes del Código Civil, permiten dar por establecidos los siguientes hechos:

1. Que, con fecha 12 de diciembre del año 2011, se dictó sentencia condenatoria por robo con violencia, en contra de don M.A., en la causa RUC N.° 1101208061-3, RIT N.° 19434-2011 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago;

2. Que, el demandante fue víctima de una suplantación de identidad.

3. Que, el fallador penal, no tomó las medidas mínimas para cerciorarse de la identidad del sujeto que era objeto de sentencia condenatoria, lo que condujo al error judicial.

4. Que, la mencionada sentencia del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, fue anulada por la sentencia de revisión, de fecha 3 de abril de 2017, dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol ingreso: 100739-2016, por ser injustificadamente errónea, con declaración de la existencia de error judicial.

5. Que, M.A. presenta daño emocional, a partir de experiencia de suplantación de su identidad por parte de un delincuente convicto, y la nula protección que los organismos judiciales estatales le han brindado, generándose situaciones concretas, lo que en definitiva le genero estrés postraumático y estados depresivos intermitentes”, detalla el fallo.

La resolución agrega que, corresponde enseguida determinar cuál es el estatuto de responsabilidad aplicable al caso en concreto, recordando que el actor postula que éste sería por falta de servicio y que también sostiene que resultan aplicable las normas del que regulan el derecho de daños contenidas en el Código Civil.

Para el tribunal: “En nuestro país, la responsabilidad de la Administración del Estado evolucionó hasta reconocer la responsabilidad del Estado-Administrador, siendo pacífico en la actualidad que aquella tiene como factor de imputación la ‘falta de servicio’, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, siendo del caso destacar que esta responsabilidad tiene su fundamento normativo en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 38 de la Constitución Política de la República, 4° y 42 de la Ley 18.575”.

“En este sentido –continúa–, la evolución del Derecho Público, en especial del Derecho Administrativo, permite sostener que existe un conjunto de principios que orientan la actuación de la autoridad, que son diferentes de los que se encuentran presentes en relaciones regidas por el Derecho común, y ello es perfectamente lógico, desde que naturaleza de las relaciones e intervinientes en ellas parten desde un hecho indesmentible: uno de ellos está investido de autoridad. El reconocimiento de los derechos que tiene el administrado frente a la administración resulta fundamental para la validación democrática de un país, lo que a entender de esta sentenciadora resulta reconocido normativamente y por ende materializando el principio de responsabilidad de los órganos del Estado, en los citados artículos 6, 7 y 38 de la Carta Fundamental y 4° y 42 de la Ley 18.575”.

Por tanto, se resuelve: “Que, se acoge parcialmente la demanda deducida a folio 1, sólo en el sentido de que se condena al demandado FISCO DE CHILE, a pagar al actor, la suma de $65.000.000, a título de daño moral, suma que deberá ser pagada debidamente reajustada conforme la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede en estado firme o ejecutoriada y la fecha del pago efectivo, con los intereses corrientes operaciones reajustables sobre las sumas así actualizadas, desde la misma fecha y su efectiva solución”.

Fuente: PJUD.

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