Corte Suprema revocó sentencia sobre recurso de protección ordenando a municipio resolver solicitud de empresa esencial sobre otorgamiento de patente provisoria

Actuar de municipio no permitió a recurrente acreditar haber subsanado reparos que le formuló infringiendo los principios de celeridad, contradictoriedad, actuación de oficio, economía procedimental, entre otros.

Recientemente la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia que rechazó una acción cautelar de protección interpuesta por una empresa contra el actuar de un municipio que dispuso la caducidad de la patente y la clausura de la actividad  de la recurrente, dedicada a la producción de sulfato de amonio, rubro calificado como esencial dentro del contexto de la pandemia por Covid-19, ordenando al municipio a suspender los efectos del acto, mientras esta resuelven las solicitudes de regularización, factibilidad comercial, otorgamiento de patente provisoria y cualquiera otra ingresada por la recurrente que se encuentre pendiente, toda vez que se constató que la empresa realizó diversas actuaciones destinadas a subsanar las deficiencias decretadas, pagó previamente el importe de la patente y contaba con un certificado de calificación de industria inofensiva. Además, se pudo observar que la Dirección de Obras Municipales, que debía verificar que se subsanaron las deficiencias, se encontraba cerrada al público por un tiempo prolongado, y existía además, una circular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que dispuso una serie de medidas relativas a la prórroga y suspensión de plazos establecidos en la ley y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Los sentenciadores consideraron que «es manifiesto que la recurrida, al no resolver la solicitud de factibilidad comercial para optar a una patente provisoria que especifique la fabricación de sulfato de aluminio, en circunstancias que la patente cuestionada fue pagada con fecha 23 de enero de 2020; que existe un certificado de calificación como industria inofensiva de fecha 13 de enero de 2020 emitido por la autoridad sanitaria; además de antecedentes técnicos favorables (Informe de la ACHS de 30 de enero en curso), ha infringido los principios de celeridad, contradictoriedad, actuación de oficio, economía procedimental, no formalización, inexcusabilidad y conclusivo establecidos en los artículos 4º, 7º , 8º, 9º, 10, 13  y 14  de la Ley N° 19.880 -sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Atos de los Órganos de la Administración del Estado- y 3º, inciso segundo , y 8º de la Ley Nº 18.575 -Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, por lo que dicha omisión resulta ser ilegal».

. Sin embargo, la recurrente no ha permanecido en la pasividad, sino que, muy por el contrario, ha realizado diversas actuaciones tendientes a regularizar las deficiencias y observaciones planteadas por la recurrida. De este modo, pese a haber realizado todas las gestiones pertinentes, la actora no ha podido avanzar en la regularización de las deficiencias y observaciones planteadas por el Municipio, habiendo incluso pagado la patente cuestionada. A mayor abundamiento, se trata de una empresa que desarrolla funciones calificadas como «esenciales» por la autoridad competente, de modo que la paralización de sus actividades afecta los intereses de la colectividad en su conjunto. De esta manera, es manifiesto que la recurrida, al no resolver la solicitud de factibilidad comercial para optar a una patente provisoria que especifique la fabricación de sulfato de aluminio, en circunstancias que la patente cuestionada fue pagada con fecha 23 de enero de 2020; que existe un certificado de calificación como industria inofensiva de fecha 13 de enero de 2020 emitido por la autoridad sanitaria; además de antecedentes técnicos favorables (Informe de la ACHS de 30 de enero en curso), ha infringido los principios de celeridad, contradictoriedad, actuación de oficio, economía procedimental, no formalización, inexcusabilidad y conclusivo establecidos en los artículos 4º , 7º , 8º , 9º , 10 , 13 y 14 de la Ley N° 19.880 -sobre Bases de los Procedimientos Administrativos

SOCIEDAD ECOKORP LIMITADA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ305867

Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA – DECRETO ALCALDICIO – PERMISO DE EDIFICACION – DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES – AUTORIZACION ADMINISTRATIVA – PERMISOS PROVISORIOS – CORONAVIRUS – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

Pese a haber realizado todas las gestiones pertinentes, la actora no ha podido avanzar en la regularización de las deficiencias y observaciones planteadas por el Municipio, habiendo incluso pagado la patente. A mayor abundamiento, se trata de una empresa que desarrolla funciones calificadas como «esenciales» por la autoridad competente, de modo que la paralización de sus actividades afecta los intereses de la colectividad. De este modo, es manifiesto que la recurrida actúa de forma ilegal al no resolver la solicitud de factibilidad comercial para optar a una patente provisoria, en circunstancias que la patente cuestionada fue pagada; que existe un certificado de calificación como industria inofensiva; además de antecedentes técnicos favorables, infringiendo así los principios contemplados en la ley 19.880.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido por la empresa en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección deducido en contra de la municipalidad por por la dictación del Decreto Alcaldicio que dispuso la clausura de la actividad productiva realizada por la recurrente, hasta la obtención de la patente municipal respectiva. Al respecto, no existe controversia respecto de que la actora en el recurso de protección que se examinó efectuó una ampliación de sus dependencias sin tener permiso de edificación ni recepción final, y modificó la forma de producir sulfato de aluminio. Sin embargo, la recurrente no ha permanecido en la pasividad, sino que, muy por el contrario, ha realizado diversas actuaciones tendientes a regularizar las deficiencias y observaciones planteadas por la recurrida. De este modo, pese a haber realizado todas las gestiones pertinentes, la actora no ha podido avanzar en la regularización de las deficiencias y observaciones planteadas por el Municipio, habiendo incluso pagado la patente cuestionada. A mayor abundamiento, se trata de una empresa que desarrolla funciones calificadas como «esenciales» por la autoridad competente, de modo que la paralización de sus actividades afecta los intereses de la colectividad en su conjunto. De esta manera, es manifiesto que la recurrida, al no resolver la solicitud de factibilidad comercial para optar a una patente provisoria que especifique la fabricación de sulfato de aluminio, en circunstancias que la patente cuestionada fue pagada con fecha 23 de enero de 2020; que existe un certificado de calificación como industria inofensiva de fecha 13 de enero de 2020 emitido por la autoridad sanitaria; además de antecedentes técnicos favorables (Informe de la ACHS de 30 de enero en curso), ha infringido los principios de celeridad, contradictoriedad, actuación de oficio, economía procedimental, no formalización, inexcusabilidad y conclusivo establecidos en los artículos 4º , 7º , 8º , 9º , 10 , 13 y 14 de la Ley N° 19.880 -sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado- y 3º, inciso segundo , y 8º de la Ley Nº 18.575 -Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, por lo que dicha omisión resulta ser ilegal, vulnerando el derecho de la recurrente a desarrollar libremente cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público a la seguridad nacional, establecidos en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República.

2.- Considerando las múltiples gestiones realizadas de buena fe por la empresa recurrente, los actos dictados por la recurrida son arbitrarios, toda vez que disponen la caducidad de una patente y la clausura de una actividad productiva declarada «esencial» sin atender a las circunstancias de hecho y sin brindarle a la actora, a lo menos, la posibilidad de obtener una patente provisoria en los términos del artículo 26 del Decreto Ley N° 3.063.

3.- Debido a la situación de pandemia por brote por COVID-19 que afecta al país, la realización de los trámites que se deben verificar tanto ante la Administración del Estado como en el sector privado se ha ralentizado significativamente, cuestión de hecho, que la Corte no puede soslayar. Por otra parte, la recurrente ha probado que la Dirección de Obras de la Municipalidad estuvo cerrada y sin atención de público durante un lapso prolongado, ignorándose su situación actual. Por la misma razón, la autoridad llamada a interpretar la normativa urbanística de acuerdo con el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, esto es, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió la Circular N° 174 de 3 de abril de 2020, por medio de la cual adoptó una serie de medidas relativas a la prórroga y suspensión de plazos establecidos en la ley y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; y al inicio, instrucción y término de los procedimientos a través de medios electrónicos, medidas que son vinculantes para los entes edilicios y, concretamente, para la Dirección de Obras de la Municipalidad recurrida.

Consulte la sentencia a texto completo

 

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