Jurisprudencia Destacada Año 2020 N19

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 19 DE 2020

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – FUNCIONARIOS A CONTRATA – 

_______________________________________________________

FERNÁNDEZ TORRES, CARMEN C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306014
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – FUNCIONARIOS PUBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – DESPIDO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA –

El acto impugnado se relaciona exclusivamente con la decisión de no renovar la contrata de la parte recurrente, la cual se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los servicios y a los efectos propios de las vinculaciones a contrata, esto es, que llegado el plazo previsto para su término, éstas se extinguen naturalmente, sin que sea procedente imponer a la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un período posterior. De este modo, la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la funcionaria, puesto que la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y rechazar el recurso de protección interpuesto por la funcionaria en contra de la institución por la terminación de su contrata. Esto, debido a que el acto impugnado se relaciona exclusivamente con la decisión de no renovar la contrata de la parte recurrente, la cual se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los servicios y a los efectos propios de las vinculaciones a contrata, esto es, que llegado el plazo previsto para su término, éstas se extinguen naturalmente, sin que sea procedente imponer a la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un período posterior. En consecuencia, la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente, puesto que la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa, razón por la que el acto impugnado no puede ser tildado de ilegal o arbitrario.

2.- Corresponde confirmar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección toda vez que la circunstancia que la parte recurrente ha permanecido laborando continuamente para la recurrida por dos anualidades, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, de modo tal que sólo se puede terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita. (Del voto en contra del Ministro Sr. Muñoz).

 

PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – MUNICIPALIDADES

_______________________________________________________

T.R.A.Z. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ305978
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PÚBLICA Y HONRA DE LA PERSONA Y LA FAMILIA – ACOSO SEXUAL – DENUNCIA – OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR – OBLIGACION DE SEGURIDAD – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – DEMANDA ACOGIDA –

La demandante fue objeto de contacto físico innecesario y no deseado. Si bien en principio no configuran acoso sexual laboral las conductas de carácter sexual o de implicancias sexuales indeseadas por el sujeto pasivo, aun cuando fueran ejecutadas por compañeros de trabajo, si se producen fuera del ámbito espacial en que el empleador organiza y dirige los factores productivos, como ocurrió en la especie -fuera de la jornada y lugar de trabajo-, lo cierto es que los hechos denunciados se desarrollaron en el marco de una actividad de camaradería organizada por el personal, en un recinto municipal, en la cual estuvo presente el Director de la unidad quien vio al menos parte de los hechos, por ende, estaba en situación de haber podido ejecutar acciones tendientes a evitar que un subalterno mantuviera un comportamiento indecoroso con integrantes de su unidad, circunstancia que permite concluir que se trató de un acoso sexual laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la demanda de tutela de derechos interpuesta por la trabajadora por vulneración al derecho a la integridad psíquica y a la honra. Esto, debido a que los hechos acreditados calzan con la figura de acoso sexual puesto que la demandante fue objeto de contacto físico innecesario y no deseado. Si bien en principio no configuran acoso sexual laboral las conductas de carácter sexual o de implicancias sexuales indeseadas por el sujeto pasivo, aun cuando fueran ejecutadas por compañeros de trabajo, si se producen fuera del ámbito espacial en que el empleador organiza y dirige los factores productivos, no hay que perder de vista que los hechos ocurrieron fuera la jornada y lugar de trabajo, pero en el marco de una actividad de camaradería organizada por el personal de la Secretaría Comunal de Planificación de la Comunidad de la Municipalidad que tuvo lugar en un recinto municipal, cuyo fin era dar la bienvenida a un nuevo integrante, en la cual estuvo presente el Director de dicha unidad quien vio al menos parte de los hechos de que fue víctima la actora, por ende, estaba en situación de haber podido ejecutar acciones tendientes a evitar que un subalterno mantuviera un comportamiento indecoroso con dos integrantes de su unidad, circunstancia que permite concluir que se trató de un acoso sexual laboral, pues en las condiciones descritas no es posible exonerar al empleador o a quien lo represente del deber consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo consistente en adoptar medidas eficaces para proteger la vida y salud del trabajador, por la sola circunstancia de estar fuera del horario de trabajo y del lugar en que los protagonistas del incidente desempeñan sus labores.

2.- La trabajadora se vio expuesta a actos que invadieron su espacio corporal, que solo es franqueable por individuos con muchísima confianza, atropellándose de esa forma su dignidad, atropello que el empleador perpetuó al no ampararla oportuna y eficazmente, todo ello con la agravante que los hechos ocurrieron en presencia de sus compañeros de trabajo.

3.- La demandante en el lugar de trabajo informó verbalmente los hechos de que fue víctima a su jefe directo y al Alcalde, sin embargo, la empleadora no adoptó medidas encaminadas a protegerla, particularmente en cuanto a su integridad psíquica, ya que con posterioridad a los hechos la demandante y quien cometió los actos de acoso, después de haber compartido oficina con prácticamente todos los integrantes de la Secretaría, fueron trasladados a otra oficina que compartían únicamente ellos, en circunstancias que la primera medida de resguardo era precisamente separarlos de puesto de trabajo.

4.- Se acoge la demanda de declaración de relación laboral pues si bien la actora fue contratada para desarrollar tareas asociadas a la ejecución de un programa financiado por el Ministerio de la Vivienda, lo cierto es que dichas labores no se enmarcan dentro del artículo 4 de la ley N° 18.883, puesto que son habituales para la Municipalidad en atención a las atribuciones y deberes que le corresponden conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pues dicen relación con el Plan de Desarrollo Comunal, con la promoción del desarrollo comunitario, el turismo, la recreación, la urbanización y el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local, prueba de ello son los proyectos que se mencionan en los informes de actividades elaborados por la demandante.
___________________________

COBRANZA LABORAL – SUBVENCIÓN ESCOLAR – EMBARGABILIDAD

_______________________________________________________

CRUZ BLANCA S.A C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306034
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL – JUZGADOS DEL TRABAJO Y DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL – EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – BIENES INEMBARGABLES – NATURALEZA JURIDICA – RECURSO DE APELACION – RECURSO DE HECHO – RECURSO ACOGIDO –

La resolución que resuelve rechazar una incidencia de nulidad por inembargabilidad de la subvención escolar general, no se encuentra contenida en el artículo 8 de la Ley Nº 17.322, por cuanto, no es una sentencia definitiva, ni tampoco declara negligente el cobro judicial realizado por alguna institución de previsión o seguridad y no es de aquellas cautelares en que la Tesorería General de la República deba retener los fondos para el pago de cotizaciones de la seguridad social.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de hecho interpuesto por la parte ejecutada en contra de la resolución que concedió el recurso de apelación en forma subsidiaria en contra de la resolución que rechaza el incidente de nulidad por inembargabilidad de la subvención escolar general sin costas por existir motivo plausible para litigar. Esto, debido a que la resolución que resuelve rechazar una incidencia de nulidad por inembargabilidad de la subvención escolar general, no se encuentran contenidas en el artículo 8 de la Ley Nº 17.322, por cuanto, no es una sentencia definitiva, ni tampoco declara negligente el cobro judicial realizado por alguna institución de previsión o seguridad y no es de aquellas cautelares en que la Tesorería General de la República deba retener los fondos para el pago de cotizaciones de la seguridad social. En consecuencia, no encuadrando la resolución impugnada en alguna de aquellas que específicamente indica la norma, no resulta impugnable por medio del recurso de apelación.

 

SALUD IRRECUPERABLE

_______________________________________________________

SANTANA C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DALCAHUE EDUCACIÓN Y SALUD – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Puerto Montt
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: JJ306044
Compendia: Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – SALUD INCOMPATIBLE – COMISIONES MÉDICAS – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

No declarándose la irrecuperabilidad de la salud del trabajador, pero sí que posee una salud recuperable, faculta la ley sin ambages al jefe superior del servicio, para determinar que la salud resulta incompatible con el desempeño del cargo por parte del funcionario, y declarar la vacancia del mismo en virtud de lo estatuido en el artículo 151 de la Ley 18.834, como correctamente se hizo en el caso.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda al estimar que en cuanto a salud, existen dos procedimientos para cesar el cargo, uno que dice relación con la salud incompatible con el cargo, y otra, es la salud irrecuperable concluyendo que la actora confunde los procedimientos, requisitos legales y alcance de la declaración de salud incompatible con el desempeño de un cargo con salud irrecuperable de un trabajador al que se aplica la normativa del estatuto administrativo. Al respecto, no yerra la sentencia pues ambas calificaciones son excluyentes entre sí, tienen procedimientos y fines distintos, tal como concluyó la juez del grado y contrario a lo que afirma la demandante. La diferencia entre ambos procedimientos estriba en que, de ser irrecuperable la salud del funcionario, el jefe superior del servicio no puede declarar vacante su cargo por no tener salud compatible con el servicio, por cuanto en ese caso – de ser su salud irrecuperable- se adopta otro procedimiento claramente pro operario para el funcionario en esa condición – de irrecuperabilidad de su salud-, ceñido a lo dispuesto en artículo 152 de la Ley 18.834 en relación con el artículo 16 transitorio de la misma ley. Ello es tan evidente que el inciso final del artículo 152 de la referida ley prescribe que «A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador». De esta forma, no declarándose la irrecuperabilidad de la salud del trabajador, pero sí que posee una salud recuperable, faculta la ley sin ambages al jefe superior del servicio, para determinar que la salud resulta incompatible con el desempeño del cargo por parte del funcionario, y declarar la vacancia del mismo en virtud de lo estatuido en el artículo 151 de la Ley 18.834, como correctamente se hizo en el caso.

2.- De considerarse que para aplicar lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.834 debió mediar una declaración de salud irrecuperable, tendría que aceptarse entonces que sus incisos 1° y 3° serían contradictorios, pues el primero daría la potestad al jefe de servicio de declarar vacante el cargo por salud incompatible, siempre y cuando no haya una declaración de salud irrecuperable; y el segundo le exigiría la existencia de salud irrecuperable para poder declarar vacante el cargo por salud incompatible. Esta interpretación a que quiere llegar la recurrente significaría que no tendría efecto alguna aquella facultad que la ley otorga al jefe de servicio, para ejercer la prerrogativa de declarar vacante el cargo por salud incompatible de su servidor, lo que generaría contradicciones irresolubles.

3.- La declaración del COMPIN determina cual es el procedimiento a aplicar: si el estado de salud es recuperable, corresponde el señalado en el 151 de la Ley N° 18.834; si es irrecuperable el indicado en el artículo 152, por cuanto comienza indicando que «Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario», el que tiene un plazo de seis meses, con goce de remuneraciones, para retirarse del servicio, y ante su omisión, se declarará la vacancia del cargo por salud irrecuperable, quedándole la opción de tramitar su pensión por invalidez. Estos beneficios no los tiene el funcionario cuando la salud es recuperable.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: