Corte Suprema revocó sentencia y acogió acción cautelar de municipio contra autoridades de administración central por no iniciar ejecución de obra de contención cerro

Intendencia y gobernación incumplieron disposiciones reglamentarias al no disponer medidas para ejecutar obra para evitar derrumbes que amenazan vida y propiedad de vecinos

Recientemente la Tercera Sala de la Corte Suprema, por unanimidad, acogió un recurso de apelación interpuesto por un municipio contra la sentencia que no dio lugar a un recurso de protección deducido por un municipio en favor de sus vecinos, ante la omisión de la Intendencia y gobernación regional respectiva, de ordenar el inicio de obras de contención de un cerro ante la amenaza de derrumbe que existe después de ocurrido un incendio forestal que dejó el sector desprovisto de vegetación.

Los sentenciadores observaron que “no obstante lo expuesto, y pese a que un representante de la autoridad central del Estado ha reconocido explícitamente la necesidad de adoptar medidas concretas de resguardo a fin de evitar la ocurrencia de un hecho como el denunciad o por los actores, esto es, un deslizamiento de terreno en el cerro Manquimávida que pueda afectar la vida e integridad física de las personas que viven en sus inmediaciones y que pueda dañar, además, sus bienes, es lo cierto que los recurridos no han llevado a cabo las acciones requeridas para concretar, a la brevedad, las providencias urgentes e indispensables tendientes a lograr dicho fin.
En efecto, aun cuando las partes de este proceso han reconocido de manera expresa la existencia de un importante riesgo de aluvión como consecuencia de la erosión sufrida por el cerro Manquimávida tras el incendio acaecido durante el verano del año 2020, peligro que, por demás, se concretó con ocasión del frente de mal tiempo de los días 26 y 27 de abril pasado, surge de los antecedentes que tanto la Intendencia del Bío-Bío como la Gobernación de Concepción se han limitado a gestionar la realización de reuniones de coordinación entre diversos organismos estatales, para luego señalar que la concreción de las distintas acciones propuestas corresponde a otros entes y, primordialmente, a la Municipalidad de Chiguayante, quien debería, por ejemplo, financiar u obtener el financiamiento necesario para la realización del estudio geotécnico sugerido por el SERNAGEOMIN”.
Además, consideraron que “como resulta evidente, semejante planteamiento es inaceptable, desde que las autoridades recurridas, en cumplimiento de los deberes que los rigen de coordinación y de resguardo de la vida de las personas, han de velar por la seguridad de los habitantes de sus respectivas jurisdicciones, adoptando las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia como la descrita en autos.
En consecuencia, y por existir un riesgo innegable de ocurrencia de una situación de emergencia o catástrofe, los recurridos se encuentran obligados a ejecutar, cuando menos, las acciones precisas para concretar las medidas de carácter urgente que se estimen precisas e inexcusables para evitar los peligros denunciados en el recurso de protección materia de autos.” Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por la municipalidad en contra de la Intendencia y Gobernación Regional por incumplir sus obligaciones reglamentarias y legales en orden a disponer la ejecución de obras de contención en el cerro, omisión que ha generado una grave amenaza a la vida y propiedad de los recurrentes, así como a la vida y propiedad de los vecinos que colindan con ese cerro, debido al riesgo de aluviones en época de invierno. Al respecto, aun cuando las partes han reconocido de manera expresa la existencia de un importante riesgo de aluvión como consecuencia de la erosión sufrida por el cerro Manquimávida tras el incendio acaecido durante el verano del año 2020, peligro que, por demás, se concretó con ocasión del frente de mal tiempo de los días 26 y 27 de abril pasado, surge de los antecedentes que tanto la Intendencia como la Gobernación se han limitado a gestionar la realización de reuniones de coordinación entre diversos organismos estatales, para luego señalar que la concreción de las distintas acciones propuestas corresponde a otros entes y, primordialmente, a la Municipalidad, quien debería, por ejemplo, financiar u obtener el financiamiento necesario para la realización del estudio geotécnico sugerido por el SERNAGEOMIN. Dicho planteamiento es inaceptable, desde que las autoridades recurridas, en cumplimiento de los deberes que los rigen de coordinación y de resguardo de la vida de las personas, han de velar por la seguridad de los habitantes de sus respectivas jurisdicciones, adoptando las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia como la descrita. En consecuencia, y por existir un riesgo innegable de ocurrencia de una situación de emergencia o catástrofe, los recurridos se encuentran obligados a ejecutar, cuando menos, las acciones precisas para concretar las medidas de carácter urgente que se estimen precisas e inexcusables para evitar los peligros denunciados en el recurso de protección.

2.- Pese a que un representante de la autoridad central del Estado ha reconocido explícitamente la necesidad de adoptar medidas concretas de resguardo a fin de evitar la ocurrencia de un hecho como el denunciado por los actores, esto es, un deslizamiento de terreno en el cerro que pueda afectar la vida e integridad física de las personas que viven en sus inmediaciones y que pueda dañar, además, sus bienes, es lo cierto que los recurridos no han llevado a cabo las acciones requeridas para concretar, a la brevedad, las providencias urgentes e indispensables tendientes a lograr dicho fin.

3.- Ambos recurridos incurrieron en una omisión ilegal al no dar cumplimiento a los deberes de coordinación y de resguardo de la vida de las personas, pues, en lugar de obrar conforme a ellos, se han limitado a sugerir la realización de diversas acciones a fin de enfrentar la situación de emergencia o catástrofe que el aluvión denunciado podría provocar, sin llevar a cabo, no obstante, acción concreta alguna con tal fin. Una omisión como la expuesta transgrede la garantía constitucional de igualdad ante la ley, pues al no dar satisfacción al mandato legal de coordinación y de resguardo de la vida de los habitantes del lugar expuesto al riesgo de que se trata, los recurridos han discriminado a los actores al no adoptar, como sí lo hacen otras autoridades ante situaciones de emergencia o de catástrofe equivalentes, las medidas ineludibles para evitar que tales personas padezcan las perniciosas consecuencias que un evento de la naturaleza como el que ha sido denunciado podría causarles, máxime si la efectividad del riesgo en comento no ha sido puesta en duda por las partes y, además, una concreción del mismo se verificó durante el mes de abril del año 2020.

4.- La falta de actuación coloca a los recurrentes en una condición de discriminación en relación a la generalidad de los administrados, quienes, enfrentados a una situación como la descrita, pueden acceder a una oportuna y eficaz actuación de la autoridad, tanto regional como provincial, en cuanto éstas, en cumplimiento de sus deberes propios, llevan a cabo las acciones de coordinación requeridas para que los órganos públicos y, de ser el caso, para que los particulares también, adopten. las medidas precisas e indispensables para enfrentar una situación como la descrita.

Consulte texto completo de la sentencia

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