Corte de Apelaciones de Santiago acoge prescripción de deuda tributaria

Que, de ese modo, contabilizando el término desde la notificación y requerimiento de pago efectuado el 19 de mayo de 2009 y 03 de mayo de 2011, respectivamente y no habiéndose llevado a cabo actividad alguna del órgano fiscal tendiente a continuar la ejecución hasta el 26 de abril de 2016 y 19 de febrero de 2016, fechas en las que se notificó nuevamente la notificación y requerimiento de pago del deudor, ya habían transcurrido íntegramente los plazos de prescripción».

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió íntegramente la prescripción de deuda de impuestos territoriales.

En fallo unánime (causa rol 11.926-2019), la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Fernando Carreño, María Inés Lausen y Mauricio Rettig– revocó la sentencia impugnada, tras establecer que en la especie no se ha interrumpido la prescripción de la deuda.

«Que, para una adecuada resolución del presente conflicto y, ante el silencio normativo que se deriva del artículo 201 del Código Tributario, en cuanto a que no haya expresado que empieza a correr un nuevo plazo una vez producida la interrupción de la prescripción en virtud de un requerimiento judicial, ni haya señalado la extensión de ese nuevo plazo, de ninguna manera autoriza para sustentar la hipótesis de que, en lo sucesivo, no pueda iniciarse una nueva prescripción, pues ello equivaldría a consagrar en la situación descrita la imprescriptibilidad perpetua o permanente de la acción de cobro tributario», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «Es menester recordar a tal respecto que la prescripción extintiva, como institución vinculada al interés colectivo implícito en la mantención de la estabilidad y certeza en las relaciones jurídicas y de la paz social, tiene aplicación general dentro del ordenamiento. Bajo tal premisa, la imprescriptibilidad reviste carácter excepcional y debe fundarse en el texto expreso de la ley o surgir de la naturaleza de la materia a que se refiere la acción correspondiente».

«Asentado como principio que a la interrupción de la prescripción por el requerimiento judicial puede seguir una nueva prescripción, procede dilucidar en qué circunstancias y condiciones ello habrá de ocurrir», añade.

«En lo que interesa, en aquellos casos donde la interrupción ha producido el efecto que le es propio, a saber, detener el curso de la prescripción, como ocurre en las situaciones en que sólo existe requerimiento judicial al que no sigue actividad alguna del órgano fiscal tendiente a continuar la ejecución –como se observa en la especie–, la prescripción se inicia de nuevo desde la data del requerimiento. La nueva prescripción ha de iniciarse a partir del tiempo indicado y, necesariamente, debe conservar la naturaleza y caracteres de la precedente, teniendo en consecuencia su misma duración, por lo que el plazo durante el cual habrá de extenderse no puede ser otro que el señalado en el artículo 201 del Código Tributario», razona el tribunal.

«Que, de ese modo, contabilizando el término desde la notificación y requerimiento de pago efectuado el 19 de mayo de 2009 y 03 de mayo de 2011, respectivamente y no habiéndose llevado a cabo actividad alguna del órgano fiscal tendiente a continuar la ejecución hasta el 26 de abril de 2016 y 19 de febrero de 2016, fechas en las que se notificó nuevamente la notificación y requerimiento de pago del deudor, ya habían transcurrido íntegramente los plazos de prescripción de la acción de cobro, los que comenzaron a computarse desde los respectivos requerimientos de pago, siendo el único plazo a considerarse el establecido en el artículo 201 del Código Tributario, por tratarse de acciones de cobro de impuestos», afirma la resolución.

«Que, en tales circunstancias, la presente acción debe ser acogida íntegramente, ya que de sostenerse lo razonado en la sentencia recurrida, se conculcaría, además, lo dispuesto en el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, en relación con la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable, la que se integra al ordenamiento jurídico nacional por aplicación del inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental», concluye.

(Fuente: pjud)

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