Corte de Santiago acogió recurso de reclamación de ley de calidad de educación por imposición de sanción de privación de subvención de liceo

Instancia administrativa de reclamación excedió sus facultades al aumentar la sanción

En días recientes, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de reclamación de la ley sobre aseguramiento de la calidad de la educación interpuesto por un municipio contra la decisión del Superintendente de la Educación que rechazando la reclamación administrativa aumentó la sanción de privación temporal de la subvención, toda vez que éste último, excedió sus facultades las que autorizan a revisar si era procedente revisar la procedencia de la sanción, pero no a modificar su extensión, infringiendo el principio de “reformatio in peius”.
Los sentenciadores razonaron en torno a que; “se está en presencia de un procedimiento administrativo sancionador, incoado con motivo que el administrado ha incurrido en una infracción a la normativa educacional, existiendo un procedimiento sumario que se inicia por un fiscal designado por el Director Regional, se formularon cargos, eventualmente se hicieron los descargos y que finalizó con la proposición de una sanción por parte del fiscal instructor al Director Regional, quien procede a aprobarla o descartarla dictando la correspondiente resolución. La ley también contempla la posibilidad de reclamar, en forma administrativa, en contra de esta resolución, cuyo conocimiento le corresponde al Superintendente de Educación, o del fiscal para el caso que se delegue esta facultad, como ocurrió en el caso sublite. Así entonces, el señor Superintendente de Educación sólo va a conocer de ésta, para el caso que se deduzca el reclamo que contempla el artículo 84 de la Ley 20.529.
…”resulta lógico que la determinación de la competencia otorgada a la Superintendencia de Educación para el conocimiento del asunto, se encuentra restringida exclusivamente a lo argüido por el sancionado en su respectivo reclamo, sin que pueda, entonces modificarse la sentencia en su perjuicio, esto es, no puede -a menos que la ley lo permita expresamente, no siendo éste el caso – infringir el principio de la reformatio in peus; aun cuando, como se señala por la reclamada, la sanción impuesta no haya considerado una circunstancia agravante que afectaba al infractor y que la Directora Regional no contempló al momento de aplicar la multa, lo que ameritaba- en su concepto-elevarla”. Consulte fallo analizado por Microjuris a continuación:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO C/ SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN – SÉPTIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Séptima
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306287
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – EDUCACION – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – MULTA – COMPETENCIA ADMINISTRATIVA – RECURSO DE RECLAMACION – RECURSO ACOGIDO –

La determinación de la competencia otorgada a la Superintendencia de Educación para el conocimiento del asunto, se encuentra restringida exclusivamente a lo argüido por el sancionado en su respectivo reclamo, sin que pueda, entonces modificarse la sentencia en su perjuicio, esto es, no puede -a menos que la ley lo permita expresamente, no siendo éste el caso – infringir el principio de la “reformatio in peus”; aun cuando, como se señala por la reclamada, la sanción impuesta no haya considerado una circunstancia agravante que afectaba al infractor y que la Directora Regional no contempló al momento de aplicar la multa, lo que ameritaba- en su concepto-elevarla. Así, era improcedente que el Superintendente de Educación aumentara la multa impuesta por el Director Regional de privación temporal y parcial de la subvención general de un 1% por un mes, a un 2% de la subvención general por tres meses.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el reclamo interpuesto por la municipalidad en contra de las resoluciones exentas de la Superintendencia de Educación que junto con rechazar las reclamaciones, elevaron la sanción aplicada de multa a beneficio fiscal de privación parcial y temporal del 2% de la subvención general por tres meses. Al respecto, la discusión radica en si la Superintendencia de Educación está facultado para modificar la sanción impuesta por el Director Regional, agravando la situación inicial del reclamante, como ocurre en el caso en estudio, al elevar la multa impuesta por la Directora Regional de privación temporal y parcial de la subvención general de un 1% por un mes, a un 2% de la subvención general por tres meses. Al respecto, el recurso se acoge pues era improcedente que el Superintendente de Educación aumentara la multa impuesta por el Director Regional. En efecto, determinación de la competencia otorgada a la Superintendencia de Educación para el conocimiento del asunto, se encuentra restringida exclusivamente a lo argüido por el sancionado en su respectivo reclamo, sin que pueda, entonces modificarse la sentencia en su perjuicio, esto es, no puede -a menos que la ley lo permita expresamente, no siendo éste el caso – infringir el principio de la “reformatio in peus”; aun cuando, como se señala por la reclamada, la sanción impuesta no haya considerado una circunstancia agravante que afectaba al infractor y que la Directora Regional no contempló al momento de aplicar la multa, lo que ameritaba- en su concepto-elevarla. Ello aparece corroborado con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41 de la Ley 19.880, por aplicación supletoria a la ley especial, el que dispone que la resolución que se dicte, debe ajustarse a lo pedido por el interesado y que, en caso alguno, pueda agravar su situación inicial, salvo la facultad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento, cuyo no es el caso.

2.- En la especie, se está en presencia de un procedimiento administrativo sancionador, incoado con motivo que el administrado ha incurrido en una infracción a la normativa educacional, existiendo un procedimiento sumario que se inicia por un fiscal designado por el Director Regional, se formularon cargos, eventualmente se hicieron los descargos y que finalizó con la proposición de una sanción por parte del fiscal instructor al Director Regional, quien procede a aprobarla o descartarla dictando la correspondiente resolución. La ley también contempla la posibilidad de reclamar, en forma administrativa, en contra de esta resolución, cuyo conocimiento le corresponde al Superintendente de Educación, o del fiscal para el caso que se delegue esta facultad, como ocurrió en el caso. Así entonces, el señor Superintendente de Educación sólo va a conocer de ésta, para el caso que se deduzca el reclamo que contempla el artículo 84 de la Ley 20.529.

Consulte texto completo de la sentencia

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